MIAMI, Florida, 2 de mayo (Agencias, 173.203.82.38) – La ley que firmó el martes en Miami el gobernador de la Florida, Rick Scott, se ha quedado en punto muerto hasta que el Congreso estadounidense y el presidente Barack Obama permitan a los estados tomar medidas relacionadas con la política exterior de la nación.
El propio gobernador reconoció el obstáculo en un comunicado que emitió después que saliera de la Torre de la Libertad, en Miami, donde firmó la ley.
“Debido a que este conflicto podría existir, las restricciones no entrarán en efecto a menos y hasta que el Congreso apruebe, y el presidente Obama firme, una ley que permita a los estados imponer independientemente ese tipo de sanciones contra Cuba y Siria”, indicó Scott, quien solicitó a la actual administración que permita a la Florida imponer sus limitaciones al intercambio comercial con la isla.
El congresista republicano de Florida, David Rivera, expresó su descontento con el giro que tomaron los acontecimientos: “Como contribuyente de la Florida que no quiere que su dinero de los impuestos vaya a las empresas que hacen negocios con regímenes terroristas, estoy más que dispuesto a demandar al gobernador y al estado de Florida para forzar la aplicación de esta ley”, manifestó Rivera en declaraciones que reprodujo El Nuevo Herald.
“Estoy seguro de que el gobernador ha sido engañado por su personal y esperamos que reconsidere su posición para que no dé lugar a una demanda”, agregó Rivera.
Cuba de inmediato acusó al gobernador Rick Scott de “reforzar” el embargo mediante esta nueva ley.
El diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba (único, en el poder) indicó que la ley “ha recibido numerosas críticas de los dos principales socios comerciales del estado, Brasil y Canadá, que alertaron que la nueva ley puede ahuyentar la inversión extranjera en ese territorio estadounidense”.
La ley impide a cualquier instancia de los gobiernos estatales o locales en la Florida contratar a empresas que comercien con Cuba o Siria, directamente o a través de filiales. También incluye la toma de medidas “correctivas” que pudieran invalidar acuerdos vigentes o en desarrollo si se descubre que una empresa tiene operaciones comerciales con cualquiera de esos países.
La Cámara de Comercio estatal se había opuesto a esta ley por su posible efecto sobre firmas brasileñas y canadienses, los principales socios comerciales de Florida.