LA HABANA, Cuba – Los lineamientos del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) referidos a la política agroindustrial, aunque de forma tímida, parecían propiciar un acercamiento a los resortes del mercado y un mayor papel de los productores privados.
Sus efectos limitaban la circulación centralizada a algunos renglones, dándole un papel más activo a la libre concurrencia e indicaban la transformación del sistema de acopio y comercialización incluyendo la posibilidad de que los productores concurrieran al mercado con sus propios medios. Incluso preveían reducir las tierras improductivas, elevar la entrega de tierras en usufructo y limitar el papel del Estado en la formación del precio de acopio, en renglones específicos. Solo faltaba esperar en qué forma se materializarían esas declaraciones.
El sector estaba urgido de transformaciones debido a las desacertadas políticas precedentes. Vale destacar que tanto Vietnam como Cuba, por la caída del campo socialista y la desintegración de la Unión Soviética, se vieron en una situación difícil y muy en particular en el sector agropecuario; y en 1993 en ambas naciones se adoptaron decisiones, pero en Vietnam fueron –muy a fondo– con una amplia apertura al mercado.
En este país asiático se promulgó la Ley de Tierras que garantizaba a los productores cinco derechos en su uso: de cambio, de transferencia, de alquiler, de herencia y de hipoteca; así como poder utilizar libremente los productos para su propio consumo o venderlos en el mercado, lo que les permitía a los propietarios agrícolas disponer de sus tierras sin restricciones.
Sin embargo en Cuba no se tomó ninguna medida en el orden de la propiedad y solo se transformó una parte de las granjas estatales en unas “supuestas” cooperativas denominadas Unidades Básicas de Producción Cooperativas (UBPC), dependientes totalmente del Estado; hubo entrega de tierras en usufructo a personas y familias con la amenaza latente de rescindir ese derecho y la reapertura de un mercado libre campesino para las producciones residuales de los compromisos con el Estado.
Los resultados fueron bien contrapuestos y se pueden constatar de forma clara en tres renglones importantes para la exportación de ambas naciones. La producción de arroz en el país asiático se incrementó de 1995 a 2005 en un 45,8 %, en Cuba en el mismo período se redujo en un 7,2 %. La producción de café en ese lapso en Vietnam pasó de 218 mil a 720 mil toneladas; mientras en Cuba disminuyó desde 2000 a 2005, de 13,2 a 5,0 mil toneladas y todavía en 2014 era solamente de 6,2 toneladas.
Más alarmante fue el contraste entre las dos naciones en el renglón azucarero, que en Vietnam pasó de 517 mil toneladas a 1,12 millones en el período, mientras que en Cuba disminuyó desde 3,3 a 1,3 millones. Y este año solo se logró 1,9 millones; muy lejos de los 7 u 8 millones que se producían en la década de los 80.
Más significativa era –en 2005– la diferencia entre ambas naciones en el rendimiento agrícola de la caña: Vietnam, 51 toneladas por hectárea, mientras solo 22 toneladas por hectárea en Cuba, según informan los anuarios estadísticos.
Sin embargo la terquedad oficial es tal, que llegó a publicarse un largo artículo, que fijaba una posición contraria; indicando que Cuba no seguiría el camino de China de economía de mercado socialista, ni el de Vietnam, que optó por un máximo aprovechamiento de las relaciones mercantiles.
Pero aunque parecía que los “Lineamientos” trazaban un camino de una modesta transformación, este año, en el XI Congreso de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), se hizo notar un retroceso. Marino Murillo Jorge, ministro de Economía y Planificación, informó que a 43 mil usufructuarios se les había rescindido el derecho al uso de la tierra, lo que representa algo más de la quinta parte de los que se les había otorgado. Esto no fue un aliento al resto de los usufructuarios a introducir mejoras en sus predios, sino a exprimir sin misericordia ese recurso.
Por otra parte, el ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero –para completar– declaró: “…las cooperativas deben cumplir con el encargo estatal de manera inequívoca, y luego participar libremente en el mercado…”
En un larguísimo discurso de clausura, el segundo secretario del PCC, José Ramón Machado Ventura, dijo: “Ustedes saben que el intermediario existe y puede existir, porque digamos, Acopio es un intermediario y debemos reforzar también esa función (…) Lo primero que hay que perfeccionar y mejorar es el acopio”.
Pero ya acostumbrados a ir para adelante y para atrás, en el II Pleno de la ANAP, del pasado 7 de noviembre rectificó la plana expresando: “Tal vez la entidad conocida como Acopio, a pesar de sus dificultades, como intermediario no estaba tan equivocada”. Además, añadió que no se debía “tener miedo si algunas fórmulas viejas demuestran ser más factibles que otras jóvenes”.
También arremetió contra una supuesta cadena de especulación que a su entender generaba acaparamiento y encarecía los productos e indicó que debían examinarse los márgenes de ganancia, analizando intermediarios y formas de comercio minorista, para que la cadena no lleve precios tan elevados.
No obstante, los campesinos se quejan de que los insumos los vende el Estado muy caros y eso incide en los precios. Un litro de combustible diesel se fijó en 3 CUP; pero para poder adquirirlo deben vender al Estado a los precios oficiales 4,3 libras de papas ó 2,5 libras de tomate, ó 5 libras de boniato.
De la misma forma un molino de viento fijado en 7 435 pesos moneda nacional, les costaría 12 392 libras de boniato, ó 10 621 libras de papas. Para adquirir una tonelada de pienso porcino deberían venderle al Estado 1918 libras de tomate ó 3 835 libras de boniato, según el semanario oficialista “Trabajadores”.
Un análisis de los costos le explicaría al señor Machado Ventura la razón del nivel de los precios agropecuarios, que jamás podrían estar acorde con el ridículo salario medio de 23 dólares mensuales del país.
Sin embargo, los jerarcas del régimen no se preocupan por los exagerados niveles de precios de los artículos en las Tiendas Recaudadoras de Divisas (TRD); no tendrían que hacer una investigación para encontrar al culpable, ya que es el propio Estado, que en su calidad de monopolio, los fija muy por encima de su costo de adquisición, sin tener en cuenta las regulaciones de mercado.
Esta satrapía tiene un terror tan grande a perder el control absoluto de la sociedad, que se niega a aceptar realidades evidentes y fórmulas de la economía de mercado que han aplicado con éxito otros regímenes totalitarios como China y Vietnam.
(Arnaldo Ramos Lauzurique)