LA HABANA, Cuba. -El peligro ante un desplome del céntrico edificio Morales- Santa Cruz, en el Vedado, cuya construcción data de 1920, mantiene horrorizados a todos los inquilinos del inmueble.
Ya a finales del 2013 la Unidad Inversionista de la Vivienda del Municipio Plaza (UMIV) había dictaminado que el estado técnico de esta edificación la convertía en inhabitable. Pero la incompetencia de las autoridades locales pesó más que el peligro de accidente fatal.
“La edificación posee 22 apartamentos, distribuidos en 7 plantas, y sólo con los desplazamientos del elevador, por la falta de mantenimiento y por lo viejo del inmueble, los pisos y las paredes vibran como si fueran a venirse abajo”, declararon varios residentes.
Cubanet tuvo acceso al mencionado dictamen de la UMIV, a través de Licet del Pino González, quien convive con su esposo, dos hijos y un hermano, operado del corazón, en uno de los apartamentos más deteriorados y con mayor peligro de derrumbe en el edificio.
Ella nos muestra el documento firmado por la Ingeniera Bárbara Gallo Romero, y por la Jefa del departamento, Ingeniera Haydee García, donde en una parte de este dictamen dice: “Se deben tomar todas las medidas preventivas y de ejecución que corresponda tanto para el inmueble, colindante, para los convivientes y la vía pública. El trabajo se realizará con personal calificado de mutuo acuerdo con los vecinos. Medidas Urgentes: Orden de demolición, apuntalamiento, orden de albergue y orden de peligrosidad”.
A decir de Licet, allí no se han tomado las medidas indicadas para preservar la vida de los residentes de este edificio. “A mi apartamento, en la 7ma planta, llegó una brigada y apuntalaron rápidamente el techo con tablones de madera para evitar que la placa pandeada y con rajaduras se nos viniera encima, y enseguida se retiraron del lugar”.
El caso de la familia del Pino, quien ha enviado más de una veintena de cartas a todas las instancias de gobierno alertando del peligro que corre su hogar, es el más crítico de todos. Pero hasta el momento, su reclamo por una nueva vivienda ha sido infructuoso, y ni siquiera le han resuelto la posibilidad de un albergue de tránsito.
Consta en poder de Licet un documento donde el presidente del Instituto de la Vivienda y la Unidad de Atención a Comunidades de Transito (UMACT) le han planteado resueltamente que las recientes modificaciones de la Ley General de la vivienda a partir del Decreto-Ley 288-11, dan al traste con la demanda de necesidades de ubicación en capacidades o albergues o en vivienda con carácter definitivo, culminando este asunto, sin solución y sin razón.
En cuanto a las demandas dirigidas al Departamento de Atención a la Población del Consejo de Estado, éste se limitó en responder que el caso de la familia del Pino había sido trasladado al Gobierno provincial. Según Licet, el Consejo de la Administración Pública (CAP) del citado gobierno no tenía conocimiento de su caso.
Al sentirse defraudada, envía una nueva carta a María del Carmen Cedeño Rodríguez, Jefa del Departamento de Atención a la población del Consejo de Estado, donde le comunica del engaño y el peloteo de que ha sido víctima, no solo por parte de su departamento, sino además por los funcionarios del Gobierno Provincial.
Y concluye Licet en la misma carta: “…después de acudir a todos los organismo e instituciones del gobierno sin obtener el interés que requiere nuestro problema, ¡que están esperando, que nos caiga la casa encima y lamentar tragedias como la de Infanta! Con la excepción que nosotros sí lo hemos informado. Sepa usted que si esto sucede, familiares, amigo, conocidos y hasta grupos de derechos humanos los demandaran hasta donde se pueda”.
Lo cierto es que mientras hoy en este municipio existen decenas de casa cerradas o destinadas a la FAR o al MININT, como las existente en el edificio Focsa y otras, además de los locales cerrados deteriorándose como el ubicado en la calle 25 entre N y O perteneciente al MINAZ, centenares de personas viven bajo el riesgo de morir aplastados por un derrumbe.
