Un abogado cubano, un país sin ley

“No puede ser que el Tribunal Supremo dicte dos sentencias distintas, una a favor y otra en contra”

Julio Ferrer Tamayo (foto del autor)
Julio Ferrer Tamayo (foto del autor)

LA HABANA, Cuba.- Una de las características más constantes en las diferentes etapas del régimen castrista ha sido la violación de todo tipo de leyes, incluyendo las que él mismo ha impuesto arbitrariamente.

El caso del abogado Julio Ferrer Tamayo es un ejemplo más que elocuente del irrespeto institucionalizado de la legalidad, pues con él y con su esposa se han violado tantas leyes y normas, y se han cometido tantas irregularidades y arbitrariedades por parte de los mismos que deben administrar la justicia, que es casi imposible enumerar las infracciones.

Ya sobre este caso se ha escrito en varios medios no oficiales, pero las amenazas contra Ferrer crecen constantemente y por ello, hace poco, varios periodistas nos reunimos con el abogado para que nos actualizara sobre su situación.

Problemas de un abogado que se apega a la ley

Tras licenciarse en derecho en la Universidad capitalina, Julio Ferrer comenzó a trabajar en el Tribunal Municipal de Guanabacoa y llegó lego a presidir la Sala Sexta del Tribunal Provincial de La Habana, pero en 1993 renunció a ser juez por no aceptar muchas decisiones ni la influencia del Ministerio del Interior (MININT) sobre la administración de justicia en desacuerdo con la ley.

Después, trabajando en los Bufetes Colectivos, fue de los pocos abogados que asumió la defensa de personas acusadas de prostitución y tráfico de drogas y que se opuso a las violaciones e irregularidades que se cometían durante los procesos, logrando incluso éxito con varios procedimientos de habeas corpus.

Y hasta logró que, a causa de actuaciones incorrectas, se abriera una investigación contra el juez del Tribunal Provincial Tomás Fernández Malvares, quien resultó amonestado públicamente por el Presidente del Tribunal Supremo. Por cierto, en 2003, Fernández Malvares presidió el juicio sumarísimo contra los secuestradores de la lancha Baraguá, que terminó con el fusilamiento de tres de ellos. Ferrer Tamayo está convencido de que el calvario que viven su esposa y él tuvo su origen en los problemas con este juez: “A partir de ahí, «ellos» se lanzaron tras de mí.” Finalmente, en 2005, fue expulsado de los Bufetes Colectivos.

Ya sin vículos con el Estado, entró en 2009 en la Asociación Jurídica Cubana, volviendo a convertirse en un blanco de sus perseguidores, pues ante todo propuso que esta organización de abogados independientes realizara el proceso para su legalización, y él mismo se encargó, por su experiencia, de dirigir los pasos legales correspondientes, que desde el principio fueron obstaculizados, sobre todo por la falta de respuesta a las solicitudes.

Por esta violación, llamada “silencio administrativo”, Ferrer realizó una serie de demandas que implicaron incluso la apertura de dos procesos contra la Ministra de Justicia, aunque en definitiva el Tribunal Supremo lo declaró todo sin lugar, alegando que “ningún derecho ni garantía de la Constitución podían ser usados por ningún ciudadano en contra de los intereses y los fines de este Estado, y que hacerlo era punible.”

Las represalias de la “justicia”

Es entonces, en junio de 2012, cuando su esposa, Marienys Pavó Oñate —también miembro de la Asociación y trabajadora de la Dirección Municipal de la Vivienda del Cerro—, es detenida y acusada de estafa por un tribunal que, a la vez, reconocía la falsificación de los documentos que servían de base para la acusación.

Sin embargo, el Tribunal Provincial tuvo que aceptar una demanda de Ferrer Tamayo por “daños, perjuicios y actos ilícitos” contra su esposa, pero los papeles se perdieron misteriosamente. Él volvió a presentarla. El Fiscal General, general de brigada Darío Delgado Cura, anuló el proceso. Aun así, Ferrer logró reactivarlo con un recurso de casación y decidió asumir la defensa de su esposa.

Tras varios complejos incidentes y procedimientos, el Tribunal le negó el derecho a ejercer la defensa de Pavó Oñate por pertenecer a una organización ilegal “constituida contra los fines del Estado y la Revolución”. El juicio se celebró a puertas cerradas en julio de 2014 y le pidieron seis años de prisión. Optó entonces Julio Ferrer por presentar una demanda contra los jueces de la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Tribunal Supremo, acusándolos de prevaricación —por emitir una resolución contraria a la ley para perjudicar a la acusada—, pero esto le valió ser acusado de desacato y condenado a seis meses de prisión, con la prohibición de ejercer su profesión por cuatro años.

Ferrer Tamayo salió en libertad en septiembre de 2015 y ahora enfrenta una nueva acusación, más absurda, pero más grave. Le dicen que la propiedad de su casa, donde vive desde 1999, es falsa porque hay datos que la Dirección Municipal de la Vivienda no comprobó. No importa que eso no sea responsabilidad suya y que el asunto corresponda, en todo caso, a la jurisdicción administrativa y no a la penal.

Inerme ante la maquinaria represiva

“Ahora estoy en medio de tres procesos”, resume Ferrer: “lo de mi esposa, que ya lleva casi cuatro años presa; lo de mi acusación de falsificación, que debe decidirlo el Tribunal Supremo, y la suspensión de mi ejercicio como abogado”.

Cuenta el letrado que la Seguridad del Estado maneja por detrás todos los hilos: “Ellos le dicen al Tribunal lo que hay que hacer para ganar, pero no conocen la ley. Quienes la conocen son los jueces, que debieran decirles: ‘Esto no se puede hacer; hay que buscar otra opción’. Porque no puede ser que el Tribunal Supremo dicte dos sentencias distintas, una a favor y otra en contra de mi esposa.”

En la Prisión de Mujeres de La Habana, donde está Marienys, designaron a una nueva directora, la Teniente Coronel Mercedes Luna Rodríguez. Ferrer le hizo saber que su esposa estaba condenada por una sentencia falsa y le demostró que en el expediente de ella no existía ningún documento, aunque en verdad constaba que la prisión se los había exigido al Tribunal Supremo.

La funcionaria reconoció que se estaba tratando injustamente a Marienys, que, aun si ella hubiera cometido el delito y se estuvieran observando todas las reglas legales, ya podía estar en un campamento, saliendo de pase: “No sometida a ese régimen, porque se están violando sus derechos, incluso como interna. Me pidió los documentos donde queda clara la responsabilidad del Tribunal Supremo, Silvia Jerez Marimón, presidenta de la Sala Segunda, del Fiscal Jefe Provincial, Edward Robert Campbell, y yo se los entregué. Me aseguró que ahora todo quedaba en sus manos. Luego mi esposa me llamó para decirme que la directora ya se había reunido con ella. Hay que ver qué sucede”.

El abogado cree que la razón principal de todo es que él fue el principal organizador de las solicitudes de legalización, no solo de la Asociación Jurídica Cubana, sino también de otras organizaciones que la policía política persigue, como UNPACU, FANTU, Arco Progresista, Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, y ha conducido los pasos legales del proceso tanto ante el Ministerio de Justicia como ante los tribunales.

Lo inaudito de Julio Ferrer, cuando uno lo ve hablar sobre su caso, es que no se inmuta, no se cansa, no se irrita, no pierde la confianza en lo que debe ser la justicia. No una justicia divina ni abstracta, sino una justicia concreta de acuerdo con la ley.

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