‘Tengo la ley de mi parte, pero las manos atadas’

‘Tengo la ley de mi parte, pero las manos atadas’

El desamparo legal de los favorecidos por la ley

Por falta de amparo legal, Yolanda lleva nueve años viviendo fuera de su casa (Foto: Marelys Fonseca)

GRANMA, Cuba.- Yolanda Reyes Salazar tiene 67 años y hace nueve le fue practicada una masectomía, resultado de un golpe recibido en una riña por la vivienda donde residía. Al volver a casa, luego del alta médica, le habían cambiado el llavín: “Mi propia hija me dejó en la calle. Nunca más ha podido entrar a su casa, tampoco ha recuperado sus pertenencias”.

Yolanda y su hija Yannis Castillo Reyes son copropietarias legales del apartamento 19 del edificio 31, ubicado en Calle 3, reparto Jesús Menéndez, Bayamo.

“Subí con mi familia y con el CDR (miembros del Comité de Defensa de la Revolución), pero no quiso abrir”, cuenta Yolanda. “Desde entonces estoy rodando por las calles. Pasé tres años durmiendo en las terminales, a veces ni me bañaba y pasaba días sin comer, luego, unas veces rodando y otras agregada por temporadas cortas, en casa de amistades y familia. No me gusta ser una carga y al pasar un tiempo, me voy para otro lado”.

Ante su desamparo, Yolanda acudió a la ley, reclamando sus derechos al apartamento; personalmente o contratando abogados, ha navegado por el inexorable laberinto burocrático de Vivienda (Oficinas Municipal y Provincial), tribunales, Policía, Fiscalía, bufetes colectivos.

“Es lleva papeles, busca firmas, ponle cuños, dale de un lado para otro y es lo de nunca acabar, ya ni caso me hacen. Es como arar en el mar, tienes la razón, pero no encuentras apoyo para sostenerla”, se lamenta.

Fragmento de Resolución que ampara la copropiedad, sin valor por falta de apoyo legal para hacrela efectiva (Foto: Marelys Fonseca)

Las respuestas recibidas son coincidentes: “Legalmente, ambas tienen igual derecho de ocupar la vivienda, usted puede ir para allá cuando quiera, que si ella le niega la entrada o le agrede, tendrá que asumir consecuencias legales por incumplir la ley”.

Pero la anciana teme enfrentar a su hija, para evitar ser agredida desventajosamente. Entre lágrimas, cuenta: “Nuestra relación está muy deteriorada, ha llegado a golpearme salvajemente y hasta brujería me ha buscado. Mi familia tiene miedo de que en uno de sus arranques, me tire por el balcón”.

“Pero no quiere permutar ni vender y no encuentro modo legal para convencerla”, agrega.

La Ley General de Vivienda reconoce igualdad de derechos y obligaciones de los copropietarios de viviendas y establece el procedimiento a seguir en casos de conflictos por reconocimiento, concesión o reclamación de derechos.

La mencionada ley faculta a la Dirección Municipal de la Vivienda para conocer, velar y resolver la solicitud de permuta obligatoria que pueden presentar los propietarios, con el objetivo de liquidar la copropiedad (Artículo 67), quedando obligada a ejecutar las resoluciones que dicten los tribunales, aunque tenga que recurrir al auxilio de la Policía Nacional Revolucionaria si fuere necesario (Artículo 124).

La Dirección Municipal de la Vivienda no actúa ante las permutas obligatorias presentadas (Foto: Marelys Fonseca)

Las soluciones más viables ante problemas de convivencia se reducen a división del inmueble, venta o permuta, pero requieren el consentimiento de ambos copropietarios y no existe funcionario, ni institución legal, que medie las negociaciones conciliatorias entre las partes y garantice el cumplimiento de la ley.

Ariel Zaldívar Reyes, un bayamés en similar situación, refiere: “Me dijeron en la fiscalía: ‘Vaya y métase en su casa, que usted está en todo su derecho, pero cuídese de no ejercer violencia física contra su exesposa, porque si lo acusan será sancionado’”.

“¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo logro meterme allí por las buenas si ella no reconoce mi derecho?”, pregunta Ariel, y continúa: “Tengo la ley de mi parte, pero las manos atadas; después de tanto papeleo, gestiones, denuncias y acusaciones, que incluyen hasta un juicio, es imposible lograr una convivencia pacífica, porque aunque logre ejercer mi derecho a la casa, el conflicto continúa”.

“Sin protección legal o mediación de terceros, no es posible negociar una venta o permuta…, la única opción que me dejan es o dejarme matar por ella o matar yo a la madre de mis hijos. Uno muerto y otro preso, ¿De qué justicia estamos hablando entonces?”, se queja.

Sonia Batista Piña es otra bayamesa desamparada por la ley. Fue beneficiada con una vivienda por herencia paterna pero al intentar ocuparla, fue desalojada violentamente por sus ocupantes (en este caso ilegales). Todos terminaron detenidos. En la estación le reconocieron la razón a Sonia, pero al ser liberada después que sus agresores estos ocuparon la casa nuevamente, dejando a Sonia en la calle. Ahora vive agregada en casa de su madre, sin poder tomar posesión de lo suyo, por falta de mediación legal para expulsar los usurpadores.

Yolanda teme entrar a su apartamento y no encuentra medio legal que le represente (Foto: Marelys Fonseca)

En Cuba los contratos de abogados son considerados entre las últimas alternativas por la elevada cuantía en el cobro de servicios y el descontento por inutilidad de resultados. En muchos casos han contribuido a la pérdida o extravío de documentos de sus representados. Su función solo contempla la gestión de documentos o representación legal y defensa, en caso de juicio. Tampoco prestan servicios de mediador.

Situaciones similares de favorecidos desamparados son comunes. Otras personas, involucradas en el cobro de cosechas, resarcimientos, subsidios, tramitación de chequeras, herencias y soluciones judiciales, entre otras gestiones, también aran el mismo mar de burocracia y desprotección legal.

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