LA HABANA.- Enrique Pérez González es sordo y lleva “rodando en la calle” junto a su familia desde 1999 cuando, descubrieron en el albergue donde vivía que era opositor. Su residencia oficial era Neptuno 256, habitación 10 entre Águila y Amistad, en Centro Habana, pero ese edificio se cayó el 1 de enero de 1996, aunque desde el 13 de enero de 1982 estaban considerados damnificados tras el paso de un huracán.
“Mi número de expediente es 4689/82 y cuando el edificio se cae en el 96 estuvimos 11 días en la calle”, recuerda Pérez González. “Después nos llevaron para Poey 1, que era un albergue de mampostería muy bueno para los que no tienen nada: con baño y cocina dentro de los cubículos”.
Pero entonces “se filtró que estaba haciendo oposición” y por eso le quitaron “el derecho de estar allí, porque los albergues son comunidades de tránsito del Estado”.
Su caso ha tenido muchas irregularidades y apenas en el 2017, a mucha insistencia, ha comenzado a recibir respuestas de los organismos estatales a los que lleva años escribiendo. En total son 35 años en condiciones de damnificado, 18 de ellos “rodando en la calle”, como él mismo dice. Casi toda su vida siendo una persona sorda y que sea opositor es solo una característica más.
En el 2011 se le otorgó una casa a quien fuera, en el momento del derrumbe, su esposa.
“Y no sé si hubo soborno, pero se pronunciaron en contra de lo que está legislado. La madre de mi primer hijo recibió una vivienda en Playa y cogió el expediente mío para beneficiarse ella”, asegura, antes de agregar: “Yo estoy casado con ella legalmente todavía y la ley dice que incluso este beneficio, dentro del matrimonio es divisible”, pero no ha logrado hacerlo efectivo pese a su discapacidad auditiva y a que tiene otros dos hijos de otra unión sentimental, ni pese a que necesita que su actual compañera tenga que ser su intérprete entre su silencio y el mundo, porque su sordera es casi absoluta.
En algún momento pudo entrar a la Asociación Nacional de Sordos de Cuba (ANSOC) porque un amigo le hizo los trámites sin hacerle verificaciones.
“Fui electo al congreso de la ANSOC en el 2013”, y ese mismo año lo expulsaron. “Ellos pueden decir lo que quieran, pero tengo mis papeles de mi trayectoria impecable”, porque aun perteneciendo a la organización progubernamental de discapacitados quisieron condenarlo por un delito administrativo del que salió sin cargos, porque logró demostrar que el almacén que estaba bajo su responsabilidad no tenía faltantes.
Llegó a ser administrativo de la ANSOC porque durante su presidencia en los municipios de Regla y Habana Vieja, “mi lenguaje era muy difícil y me enfrentaba a los presidentes del Gobierno para tratar de solucionar los problemas” de los asociados que representaba. “Y eso que no les decía las palabras que a ellos les duelen, pero yo llevaba a otros sordos conmigo y ellos sabían que soy un látigo”.
Durante el Congreso le registraron la habitación para robarle la información que llevaría, sin contar con la buena memoria de Enrique. “Por eso había que sacarme”, explica. “Cuando llegué del Congreso me estaba esperando en la provincia con un carro patrullero”.
La primera respuesta con respecto a su situación de vivienda la recibieron en 2015 cuando la Fiscalía General de la República les notificó que debían dirigirse a la Dirección Municipal de Albergue de Centro Habana, aunque le aseguraron que en ese momento no existía “disponibilidad alguna para darle una solución inmediata”. En ese mismo documento, la Fiscalía expone los motivos que arguyeron para expulsar a Enrique Pérez González del albergue.
“Me pusieron que yo trabajaba en un contingente y que había pedido la baja del albergue”, comenta el activista. “Les envié una carta de riposta, pero no me sirvió de nada”.
El 12 de mayo del 2016 lo agredieron físicamente en una de las salas del Tribunal Provincial de La Habana.
“Después que la tía de mi hijo me dio la ‘galleta’ me dijo: ‘Yo tengo amigos en el MININT y te voy a mandar a matar’. Me costó seis horas que me aceptaran la denuncia”, y cuenta que querían tergiversado todo y que recibió amenazas de todo tipo, porque no querían aceptar que una oficial del MININT lo había amenazado directamente.
A este calvario se suma que su actual compañera pudo haber recibido en herencia la casa de su abuela en Regla y con esto pudo haberse solucionado el problema de la familia entera; sin embargo, ambos cuentan que apareció un testamento en el que ella quedaba fuera y otro era el beneficiado.
A finales del 2017 comenzaron a recibir respuestas más definitivas.
La Dirección Provincial de Vivienda, a través de la Unidad Municipal de Atención a Comunidades de Tránsito de Centro Habana; los poderes populares Municipal y Provincial; el Consejo de Estado; la Fiscalía General y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, les dijeron que “no hay solución” para su caso.
A Enrique no le extraña la respuesta de la Fiscalía y del Consejo de Estado porque en el primer lugar “ya me conocen”, de tantas quejas que ha puesto, y en el segundo, “llevé hace tres meses una carta y me la rayaron porque tenía las palabras ‘derechos humanos’ y estaba remitida también a las Naciones Unidas”.
Pero el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social debió haberse pronunciado y no remitir su caso al Ministerio del Interior, como le hicieron saber en otra carta.
“Parece que hay un departamento nuevo en el Ministerio del Interior que atiende a discapacitados”, jaranea con una situación que es para llorar. “Eso, en contradicción con la Ley 116 del Código de Trabajo en Cuba, donde la Comisión del Derecho al Ciudadano debe proteger a las personas con discapacidad, pero vieron la denuncia en los documentos”, y no entendieron que su situación, es de bienestar social y no de política, como tampoco lo entendió la fiscal Yaquelín, en Control y Fiscalización del Gobierno de La Habana, quien prefirió seguir politizando una situación humanitaria. Enrique cuenta que le dijo: “Esto es revolución, no capitalismo. Mírame bien que yo sé que tú oyes”.
“Ha agotado todos los recursos”, termina diciendo Pérez González. “Dejé pasar muchos años esperando una respuesta concreta, pero finalmente la recibí. No hay solución para mí, pero cómo no la va a haber si yo soy un ciudadano de este país”. No se resigna a aceptar que los cubanos, mientras más integrados al socialismo, más acceso tenemos a los servicios que el Gobierno ha confundido con beneficios. En su caso eso significa que solo si pertenece a la ANSOC, la única organización que puede certificar su discapacidad, puede entonces acceder a lo que debiera ser su derecho de recibir una atención especial.
