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GUANTÁNAMO, Cuba.- Los testaferros del castrismo no acaban de ponerse de acuerdo sobre a quién le corresponde la medalla de oro si de prácticas democráticas se trata.
Cuando hablan de Venezuela y sus elecciones no se cansan de repetir que es el país más transparente, justo y democrático del mundo. Cuando aquí se realizan las votaciones los elogios absolutos son para nuestro sistema. ¿En qué quedamos? Al menos algo hay que reconocer: hasta ahora excluyen de la competencia a Corea del Norte.
Escribo “votaciones” pues aquí no hay elecciones. Ahora no me detendré en la fundamentación de este criterio, sólo me interesa abordar algo que está ocurriendo desde que hemos sido convocados a participar masivamente para nominar a los candidatos a delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular en cada circunscripción. Me refiero a las reuniones de vecinos que la mayoría de las veces se realizan con un 50% de asistencia y hasta menos, pues el sistema está tan desacreditado que sus convocatorias provocan gran apatía entre los ciudadanos.
Pero en esta ocasión algunas asambleas de nominación de candidatos a delegados del poder popular parecen estar marcadas por un fenómeno nada agradable para el régimen, que surgió hace dos años y medio, cuando tres opositores pacíficos fueron nominados por sus vecinos. La señal de alarma fue bien registrada por el castrismo, cuyos órganos represivos han aumentado las detenciones y registros arbitrarios contra los opositores pacíficos, como lo demuestran los informes que mensualmente ofrece la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN).
El único e incipiente vestigio de democracia que existe en estas votaciones —y a ello habrá que referirse también en otra ocasión— ocurre precisamente cuando los vecinos, por mayoría simple de votos, nombran a su candidato. Luego el nominado deberá contender con otros cuando se realicen las votaciones para conformar las Asambleas Municipales del Poder Popular. Por eso las fuerzas represivas dirigen su accionar contra aquellas personas que se han convertido en líderes naturales dentro de su comunidad y que desafían el poder omnímodo del Partido y el Gobierno comunistas.
Una de ellas es el guantanamero Raúl Martínez Caraballo, feligrés de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y coordinador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), en el poblado de Héctor Infante, municipio Manuel Tames.
Desde hace más de dos años Raúl ha sido objeto de maltratos, discriminaciones, detenciones arbitrarias, mítines de repudio y daños a su propiedad, delitos que están contemplados en la legislación cubana; pero él no puede obtener un recurso jurídico efectivo contra esos abusos pues tanto la Fiscalía General de la República como los tribunales están subordinados de facto a la Seguridad del Estado y Raúl es otro cubano sin derechos.
El pasado 5 de septiembre de 2017 varios miembros del Departamento de Seguridad del Estado (DSE) y de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) entraron a su domicilio, sito en la calle 6, No.67, poblado de Héctor Infante, sin mostrar una orden de registro —algo común en Guantánamo— y le ocuparon una computadora, un radio de onda corta, documentos personales y libros, objetos que los represores calificaron como “subversivos”. Luego fue esposado y conducido la Unidad de Operaciones de la Seguridad del Estado.
Raúl expuso a CubaNet que durante su traslado fue amenazado de muerte por el policía Eusebio Barzaga, quien, según la fuente, ya cuenta en su historial como agente de la dictadura con un muerto y dos lesionados. También lo amenazó otro agente nombrado Orlando Castillo. El opositor estuvo detenido desde las 11:00 a.m. del martes 5 de septiembre hasta el viernes 8 de septiembre a las 11:00 a.m., momento en que fue liberado. Raúl ha denunciado que lo acusan por la presunta comisión de un delito de difusión de noticias falsas contra la paz internacional, aunque primero lo acusaban de la presunta comisión de un delito de tráfico ilegal de personas.
En el operativo también fue detenido su hijo Noé Martínez Avilés, quien es menor de edad, acusado por la presunta comisión de un delito de Atentado pues, según los gendarmes, le lanzó una piedra a uno de los policías que participaron en el registro, lo cual niegan el joven y su madre, la señora Yoraida Avilés Calzada. A pesar de tener 16 años de edad estuvo detenido en la unidad de la policía de Manuel Tames desde el cinco de septiembre hasta el jueves 7, cuando fue liberado alrededor del mediodía. Según su madre ha denunciado, se le negó asistencia médica a pesar de que una doctora del municipio informó a las autoridades que debía ser llevado ante un especialista en Ortopedia. Esto constituye una violación de varios de los artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la propia legislación cubana, así como una prueba del nivel que está alcanzando la represión en Cuba.
Este registro sufrido por la familia Martínez Avilés tuvo como objetivo atemorizarla y, de paso, mostrar a sus vecinos lo que les espera si se atreven a actuar según el dictado de sus conciencias. Pero, sobre todo, intentó desacreditarlos ante la comunidad y dañar su prestigio, porque, “casualmente”, ese mismo 5 de septiembre, mientras Raúl y su hijo estaban detenidos, se realizó la asamblea de nominación de candidatos a delegados del poder popular en su barrio, donde algunos vecinos habían expresado que nominarían a Raúl. No en balde el oficial Sergio le dijo al opositor que no iban a permitir que ningún contrarrevolucionario fuera nominado.
Esta es una nueva arista de nuestra “democracia”. Claro, ninguno de los periodistas del régimen se atreverá a investigar lo ocurrido, mucho menos a publicarlo, aunque seguirán repitiendo que nuestro sistema es el más democrático del mundo… hasta que no le toque el turno a Venezuela.