LA HABANA, Cuba.- Una difícil semana están viviendo los cuentapropistas que en la capital se dedican a la gestión comercial de alimentos agrícolas. Y es que una nueva disposición adoptada por los Consejos de Administración (CAM) del Poder Popular en los municipios citadinos suspendió el ejercicio de la principal fuente de ingresos para estas personas.
A primera hora de la jornada del lunes, inspectores de diferentes cuerpos anunciaron a los carretilleros –vendedores ambulantes de productos agrícolas– que hasta nuevo aviso queda prohibida su actividad comercial, según comunicaron afiliados a esta figura del trabajo privado.
La ley, orienta la abogada Laritza Diversent, indica que una vez obtenida la licencia operativa se puede ejercer el trabajo privado de manera indefinida en tanto no se legisle algo que contradiga lo establecido.
No obstante, confiere una facultad a los CAM para limitar en determinadas áreas o circunstancias, dentro del territorio que fiscalizan, la actividad que consideren pertinente, de acuerdo con Diversent, quien dirige la asociación de asesoría legal CUBALEX.
“Se trata de una facultad discrecional, y siempre que se aplique y no se publique, coloca en riesgo el desarrollo de la actividad y la economía individual y familiar –de los cuentapropistas–. Tiene que ser presentada y explicada con antelación. Además, va en sentido contrario con lo que se establece en los Lineamientos –del Partido Comunista–“, aclara.
Vendedores ambulantes entrevistados, exponen que recibieron la mala nueva en la jornada del lunes. La mayoría desconoce el motivo del “parón” y el tiempo que durará.
José María Carreño, carretillero del municipio La Habana Vieja, sostiene que “esto viene por los precios, hace días nos están presionando –los inspectores– para que los bajemos. Pero no se puede, esto es una cadena y estamos en el eslabón final”.
Solicitando anonimato en su colaboración, una Inspectora General Integral informó que la medida se implementa solo en los municipios Cerro, Centro Habana y La Habana Vieja, donde persiste la “especulación más alta con los precios de los productos agrícolas”.
Explica que la suspensión se puede extender a otros municipios.
El miércoles, añade, se comenzó a anunciar un nuevo ‘candado’ para la venta de carne de cerdo, cuya cotización máxima se fijó en 18 pesos la libra. La devaluación supone un descuento de más de diez pesos por libra.
“Estamos esperando algo similar con los productos agrícolas, entonces seguro las carretillas volverán a circular”, adelantó.
El efecto dominó
La mayoría de los carretilleros acusan no poder bajar los precios a la población hasta que los mercados mayoristas ofrezcan ofertas más económicas.
En busca de posibles respuestas este reportero visitó el Agro Mercado Mayorista de Abasto El Trigal, ubicado en la conjunción de los municipios Arroyo Naranjo y Boyeros.
La funcionaria al frente de la Cooperativa de Servicios que administra el recinto, rehusó identificarse o suministrar información si no se presentaba una acreditación de la prensa oficial. Además, con amenazas de expulsión, prohibió tomar imágenes o entrevistar empleados. Bajo un ambiente hostil, finalmente se consiguió contactar a trabajadores, intermediarios y compradores.
Según un miembro del equipo de Seguridad, la afluencia de comerciantes mayoristas –intermediarios que cubren la oferta a los carretilleros y dueños de tarimas– disminuyó considerablemente en lo que va de año.
“Veinte días atrás los camiones de mercancías tenían que pasar horas de cola hasta entrar. En las últimas jornadas la vía y la plataforma permanecen libres para los que llegan”, comentó.
Señala que solo los lunes y viernes, “cuando vienen los intermediarios del Oriente”, las tarimas del mercado se llenan de mercancías. Producto de esa situación, la Cooperativa decidió no abrir sus puertas los martes y jueves.
“Hay rumores de que pueden cerrar el negocio si no logramos resolver que los precios bajen rápido”, resaltó.
Eric Galván, carretillero del municipio Cotorro que acude una vez por semana al Trigal para abastecer su puesto, destacó que desde que Raúl Castro anunció la disposición de topar los precios, estos parecen resistirse a la gravedad.
“La libra de malanga subió de seis a nueve y diez pesos. El plátano “macho” de 1.50 a 2.50 cada uno, la caja –40 libras aproximadas– de tomate de ensalada subió de 400 a 650 pesos. El saco –cercano a las 50 libras– de pepino de 220 se montó en 270 pesos, el de pimientos –30 libras aproximadas– de 200 a 250. Una macito de 4 o 5 zanahorias subió de 5 a 10 pesos, igual que la remolacha”, describe Galván.
Leonardo González, carretillero de Boyeros, puntualizó que El Trigal existe, “y más aún en esas condiciones”, porque “el gobierno no permite opciones de competencia de ningún tipo, por lo que obligatoriamente hay que morir aquí. Quiere que compremos en la oferta y demanda que impone y que vendamos con precios topados”.
A Dios rezando y con el mazo dando
Paralelo a los carretilleros, los vendedores mayoristas o intermediarios, reciben la presión gubernamental para que comercien con precios menos agresivos.
Al pie de un tráiler, Dagoberto Escudero vende los plátanos que trajo desde la provincia de Artemisa. Mientras tomaba un aire, argumentó que la inseguridad sobre el futuro de los precios anunciados por Castro, marcó la arrancada en la nueva escalada.
“Ahora todo el mundo quiere vender a full la mercancía que le cae. Nadie sabe lo que va a pasar mañana, quizás este negocio desaparezca”, espetó. “Por otro lado tienes que cómo no bajamos los precios, las patrullas y los inspectores están cerrando el paso y día por día son más los decomisos y las multas. Eso provoca que precisamente vengan menos mayoristas, y por lo tanto los que si llegan pueden imponer más fácil sus precios”.
Asimismo, alega que los productores se oponen a colaborar con la disminución de los precios.
“Todos con los que yo negocio dicen que si tienen que perder, prefieren no sembrar las tierras. Así que no sé cómo esta gente –el gobierno– le va a poner el cascabel al gato”, dijo.
