LA HABANA, Cuba.- La noticia sobre el traslado de la presa política Aimara Nieto a una prisión de Las Tunas, a más de 500 kilómetros de La Habana, se ha perdido en medio de la preocupación por la pandemia de COVID-19. Nieto ―tal como la Dama de Blanco Xiomara Cruz Miranda el 5 de octubre de 2018― fue transferida para redoblar su castigo, que ya cumplía en el centro penitenciario para mujeres del Guatao por supuestos delitos construidos por la policía política cubana.
La noticia del traslado de Aimara Nieto incluye la confirmación por parte de sus familiares de que permanece en celda de castigo “para doblegarla”. A Xiomara también intentaron doblegarla y aún se debate entre la vida y la muerte.
Nieto fue condenada a cuatro años de privación de libertad por los supuestos delitos de atentado, daño y desacato. Xiomara recibió la licencia extrapenal después de haber sido condenada a un año y medio por el presunto delito de amenaza. Las dos comenzaron a batallar vivas, sanas. No se han rendido, pero ¿cuál ha sido el costo?
La lista es larga. Las mujeres, si no son mayoría en los 3 157 casos de represión denunciados por el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos en el 2019, o entre los 154 casos de periodistas reprimidos durante el mismo año, sí son las más visibles porque a la par de la violencia contra ellas va la violencia contra su familia, contra sus parejas, contra sus hijos.
Xiomara Cruz Miranda, Aimara Nieto, Yolanda Santana, Nieves Matamoros y Marta Sánchez son solo la punta del iceberg cuando se habla de violencia política contra las mujeres. La intimidación y los represores no interrumpen su trabajo, aun cuando la COVID-19 amenaza con mermar a la humanidad.
En menos de una semana han sido citadas a interrogatorio una activista y una periodista: Marthadela Tamayo y Regina Coyula. No importa que convivan con personas en grupos de riesgo o que ellas mismas puedan contraer el virus en una de las oficinas de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR); el poder tiene que mostrarse, hacer uso y abuso de su fuerza.
No asistir a una citación tiene consecuencias: oficiales en la puerta de tu casa obligándote a subir a una patrulla, una multa, o una amenaza directa para advertirte lo que pasará por tu desobediencia. Para estas mujeres no habrá una prórroga de la Oficina Tributaria, ni una palabra condescendiente del Ministerio de Salud Pública, reafirmando que todas las salidas no esenciales están prohibidas, sin importar quién las ordene.
Para las mujeres que se rebelan por razones políticas, no reciben piedad ni sororidad.
“¿Cómo se atrevieron a meterse con el Gobierno?”, “ahora que se las arreglen solas”, parecen ser las justificaciones argüidas por algunas personas, incluso mujeres, que no consideran violencia de género los actos represivos contra las activistas.
Pero, ¿cómo se resuelve el conflicto violencia de género versus violencia política? Será mejor analizar un caso con varias víctimas.
A las periodistas Iliana Hernández y Camila Acosta, a la realizadora Fabiana Salgado, a las activistas Marthadela Tamayo, Nancy Alfaya, María Elena Mir, Kirenia Yalit Núñez Pérez, Yaquelín Madrazo y a seis mujeres más, las acosa un mismo agente de la Seguridad del Estado.
“El mayor Alejandro es natural de San Luis, Pinar del Río”, asegura Iliana Hernández, aunque no haya manera de corroborar esta información. “Allí tiene a su mujer y a su hija. Aquí vive en un albergue”. Hernández sugiere la necesidad de este oficial de conseguir sus objetivos “sumando méritos represivos contra las mujeres activistas”, lo que lo hace “un misógino”.
Igual que ella, las demás han podido crearse una idea del represor a partir de los encuentros que no pidieron ni desearon.
Para Fabiana Delgado, “a través de las amenazas el mayor Alejandro quiere hacerte creer que estás haciendo algo malo y que él es capaz de todo, que tiene el poder, sobre todo, de tu vida”.
La activista del Comité Ciudadano por la Integración Racial (CIR), Marthadela Tamayo, lo conoció la primera vez que salió sola después de haber regresado de un viaje de capacitación. “Me tuvieron cuatro horas sentada en una estación de policías, solo para darse a conocer”, denuncia.
Contra la sindicalista María Elena Mir “el mayor Alejandro” organizó un registro a su vivienda donde le fueron confiscados incluso algunos productos básicos como jabones y papel sanitario. Para la sindicalista, Alejandro es “el fruto de una nueva generación de agentes, sin ética ni principios, un déspota que puede ser otra víctima del sistema”.
Mir alcanza a ver la deformación de una generación de hombres que ha centrado su masculinidad en la fuerza y en el poder que le asigna un Estado totalitario y machista.
Kirenia Yalit Núñez Pérez, coordinadora de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cuba y graduada de Psicología, asegura que no puede ofrecer una “valoración profesional” sobre el agente. Por eso, su análisis se dirige hacia la política seguida por el régimen durante años contra las activistas.
“Hombres reprimiendo mujeres. Me hace preguntarme, ¿no son tantas las mujeres que entran a la Seguridad del Estado?”, dice. Para la psicóloga esa pudiera ser una primera cuestión. “Lo otro es que están apelando a que las mujeres debemos responder de forma más efectiva ante la autoridad de los hombres”.
Núñez Pérez no cree que esta estrategia sea azarosa, pero está segura de que la oposición política en Cuba incluye entre sus consecuencias la violencia de género.
El análisis habría que extenderlo a otras provincias, a todo el país. ¿Quiénes serán los represores de las activistas en Pinar del Río, Santa Clara, Camagüey o Santiago de Cuba? ¿Serán en su mayoría hombres? De lo que se tiene certeza es de que golpean, amenazan con quitar la patria potestad de hijos, con el tratamiento médico de familiares, con encarcelamiento y, en muchas ocasiones, pasan de la amenaza a los hechos.
Nancy Alfaya lo tiene muy claro: “Da lo mismo que se hagan llamar Juan, Pedro o Alejandro; siempre buscan destruir no solo a los que ellos llaman contrarrevolucionarios, sino a la familia”, lo dice después de llevar seis meses de represión sostenida por su trabajo con mujeres afrodescendientes.
Para estas mujeres no se trata de resistir o no, de tener miedo o no, si no de defender lo que creen. El estruendo que ha provocado la COVID-19 puede aplastarlas. Un día podríamos saber que Aimara Nieto está tan delgada o enferma como Xiomara Cruz, o que otra de ellas entró saludable a un interrogatorio y salió con tos seca y fiebre alta. Es hora de llevar varias peleas de sobrevivencia al unísono, y una de ellas tendrá que ser la de acompañar a las mujeres activistas.
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