LA HABANA, Cuba.- Las fiscalizaciones y controles realizados en el año 2015 por la Contraloría General de la República en el sector de la construcción y particularmente en su industria de materiales, detectaron robo de recursos y hechos de corrupción cometidos por directivos de empresas y trabajadores, según ha trascendido inclusive en medio oficiales.
Las principales ilegalidades registradas han estado asociadas al robo de materiales y de combustible en obras e instalaciones fabriles.
Los débiles mecanismos de control existentes han dado lugar al trasiego clandestino dirigido al mercado negro de productos muy demandados, como herrajes, cabillas, cables eléctricos y telefónicos, áridos, cemento, los cuales son muy bien pagados por quienes ejecutan obras de la construcción privadas.
Las direcciones de las empresas de la industria de materiales de la construcción no han podido ponerle coto a estas ilegalidades y delitos.
De la producción local de materiales de la construcción depende la edificación de viviendas por esfuerzo propio, ya sea por la compra directa o por créditos y subsidios. Pero todavía persisten escollos que impiden alcanzar mejores resultados.
A menudo se anuncia que se cumplieron los planes físicos de construcción y reparación de viviendas, pero la realidad es que no se acaban de resolver los problemas de la población en este delicado aspecto.
Hay una disminución de la capacidad constructiva en las empresas del ministerio de la Construcción en la mayoría de las provincias, provocada por el éxodo de personal especializado y trabajadores a las brigadas constructivas privadas y a las cooperativas no agropecuarias, donde devengan salarios que nunca cobrarían si trabajan para empresas del Estado.
El asunto de las ilegalidades que se registran en la industria de materiales de la construcción y la producción local de estos materiales, fueron analizados por los diputados pertenecientes a la comisión de Industria, Construcción y Energía, antes del VI Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su VIII Legislatura, celebrado el pasado 30 de diciembre.
Dicha comisión analizó las acciones de fiscalización realizadas en ocho provincias y 33 municipios. Los resultados indicaron que las provincias Matanzas, Santiago de Cuba, Ciego de Ávila, Las Tunas, Villa Clara y Granma tienen un buen desempeño en la producción y venta de materiales, pero no así Guantánamo, Camagüey, Cienfuegos, Mayabeque, y La Habana que reportan serios problemas.
Entre las deficiencias que salieron a flote sobresalen las malas condiciones de trabajo en los locales de producción, la carencia de medios de protección para los trabajadores, la insuficiente venta de cemento y los trámites engorrosos para adquirir este producto.
El panorama que confronta la producción de materiales de la construcción no es halagüeño.
Algunas provincias no poseen centros de producción de materias primas y dependen de otros lugares para adquirirlos. Los materiales que se ponen a la venta, por su poca cantidad y tardanza en los suministros, por lo general no pueden satisfacer la demanda de las personas que los necesitan. Apenas hay divulgación de los que se comercializan en los establecimientos dedicados a ese fin.
En las señaladas fiscalizaciones se detectó que algunos municipios no cuentan con un sistema que permita dar seguimiento a la construcción y terminación de las viviendas que han sido financiadas con subsidios concedidos a sus propietarios. En muchos casos, el beneficiario de ese subsidio invierte el 100% de la cifra otorgada sin que haya terminado el inmueble.
Debido a la baja calidad de las producciones de las industrias locales de materiales de la construcción, sus productos son rechazados por las personas que concurren a comprarlos en los establecimientos habilitados al efecto, lo que provoca un gasto innecesario de materias primas y dinero.
Se pudo conocer en los análisis de la comisión que al finalizar 2015 se habían fabricado unos 30 millones de bloques y alrededor de un millón de metros cuadrados de losas de piso. Si bien es una cifra cuantitativamente significativa, la calidad de los productos terminados continúa siendo una asignatura pendiente.
Es significativa la creciente presencia de emprendedores privados dedicados a la producción de materiales de la construcción, lo que ha contribuido al aumento de los surtidos en venta, como piezas y conexiones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, pero sus altos precios no se corresponden con el acabado que exigen los clientes.
Las empresas productoras de materiales de la construcción dirigidas por los Consejos de la Administración Provincial y Municipal se encuentran descapitalizadas.
La red de establecimientos de ventas minoristas de materiales de la construcción no ha avanzado en organización al mismo ritmo en que han crecido las capacidades productivas.
Los empleados de las tiendas que venden los materiales de la construcción deben ser los encargados de exigir por la calidad y surtido de los productos y son los que pueden detectar y denunciar cualquier ilegalidad o indisciplina.
Para que esto se logre resulta imprescindible que a estos empleados se les apliquen sistemas de pago estimulantes. De no hacerlo, seguirán los casos de contubernio de estos trabajadores con los revendedores de estas mercancías, que les dejan un por ciento de los negocios ilegales que realizan.
Como estos empleados están mal pagados, no ponen interés en la labor que realizan. Solo les interesa buscar la mayor cantidad de dinero, sin importarles los métodos que empleen para adquirirlo.
A pesar de que las personas subsidiadas por el Estado tienen prioridad en la compra de materiales de construcción, en la práctica no ocurre así. Empleados inescrupulosos y corruptos los productos destinados a las personas con subsidios los venden por la izquierda, a quienes les pagan el doble y más, sin importarle lo más mínimo que los subsidiados se queden sin ellos.
Los Consejos Provinciales y Municipales tienen que ser más exigentes y controlar como es debido los puntos de venta de materiales, plagados de ilegalidades.
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