LA HABANA, Cuba.- Zaida Bauta tiene 86 años y padece de diabetes, vive sola con su hijo y cobra 200 pesos de jubilación. A veces no saben cómo sobreviven pero ellos prefieren no pedir ningún tipo de asistencia al Gobierno.
“La verdad es que no se me ha ocurrido pedirla porque son demasiados los cuentos de terror”, dice Abenamar, el hijo de Zaida, y agrega: “Pueden pensar que como soy pintor tengo dinero, así que preferimos ahorrarnos el mal rato y la humillación”.
Zaida dice sentir un poco de amargura cuando ve cómo ha terminado su vida después de años de trabajo en el periódico Granma como mecanógrafa y más tarde en Cubana de Aviación como economista: “Todavía tengo la máquina de coser donde mi hermana y yo hacíamos los brazaletes del 26”, recuerda Zaida. “Lo hicimos, pero no para esto ni para todo lo que nos pasó después”.
El caso de Zaida Bauta no es el único ni es de los peores, pero no hablar de ella o de muchos otros similares, sería aceptar que el Gobierno no tiene responsabilidad en los niveles pobreza que padecen las familias con miembros en la tercera edad.
“A la única persona que conozco que ha obtenido alguna ayuda es a Deisy”. Abenamar se refiere a una vecina suya. “Pero no me queda claro qué tan ayuda es en realidad”.
Según Deisy, ella primero “consiguió a una persona” y luego que le aprobaran la ayuda “tengo la posibilidad de pagar unos 15 CUC extras al pago que recibe como cuidadora”.
En la dirección de Trabajo y Seguridad Social del municipio Plaza, una funcionaria explica a quien pueda estar interesado cuál es el procedimiento a seguir.
“Enviamos un trabajador social a su casa para que evalúe la necesidades reales”, instruye la funcionaria. “Después se hace un expediente, se eleva a la Provincia para ver si clasifica para o una chequera para el anciano o para la aprobación de un asistente o cuidador”, y continúa: “Nosotros no ponemos trabajadores sociales para evitar cualquier tipo de reclamación en caso de alguna conducta impropia, pero el pago a la persona que consiga la familia para cuidar al anciano sí lo controlamos con cartas mensuales que debe enviarnos lo mismo el abuelo que el familiar como que se ha cumplido con el horario que negociaron entre ellos”.
Por ocho horas de trabajo diarias la institución paga 335 pesos mensuales, pero “el pago de horas extras lo asume el familiar”, concluye la funcionaria.
“Conseguir esa ayuda no es tan sencillo como parece”. Deysi sabe a qué se refiere. “Para que ellos te den este tipo de asistencia tiene que estar bien justificado por un geriatra y uno de los requisitos para que me lo dieran fue que mi madre no se puede valer por sí misma, si no, no me la dan”.
Otra de las razones fue que Deisy también entró en la tercera edad y no tiene hijos ni familiares que puedan colaborar con ellas.
Pero la cuestión para Abenamar sigue siendo de escepticismo o de desconfianza. Él, como otros que fueron consultados y que tienen una situación similar a la suya, prefieren no pasar por el escrutinio del Gobierno para recibir algún tipo de subsidio.
“Uno pudiera hacerse el de la vista gorda y decir que ‘no, no estamos tan mal’, si no fuera por la cantidad de viejos que hay en la calle en unas condiciones pésimas”.
Abenamar describe lo que no quiere para su madre: “Los hay por montones y donde quiera: te los encuentras los miércoles cuando entra el medicamento a las farmacias haciendo cola desde la madrugada; en Obispo todo mea’os y con ánimo solo para pedir un peso; en los parques esperando a que les llegue la hora o caminando bajo este sol del carajo vendiendo tarjetas de Internet o maní o lo que encuentren con tal de ganarse un peso, cuando debieran estar descansando después de haberlo dado todo por este país. Esa gente está peor que Zaida”. Y se hace preguntas que posiblemente no tengan respuestas: “Después de contarte esto, ¿qué me puede hacer creer que a nosotros nos ayudarán? ¿Quiénes clasifican realmente para recibir ayuda? ¿Cómo se puede terminar tan jodi’o así como está toda esta gente?”
Abenamar, junto a otros entrevistados, coincide en que no se puede creer en la “propaganda” de la ayuda “al adulto mayor” porque “simplemente es mentira”, debido a que “la ayuda” y la “responsabilidad del Gobierno” tiene que ser para todos, no solo para “los que tengan un familiar que lo solicite”.
“¿Es que ellos no tienen ojos en la cara como nosotros?”, son las inquietudes de otros entrevistados respecto a las autoridades.
Por último, Abenamar aclara lo que para muchos puede ser una duda: “La jubilación no es una ayuda, es un derecho, por cierto, para que no me vengan a decir que es suficiente, pero así y todo no creo que valga la pena pasar por el proceso”.
Como a Abenamar, la desconfianza le gana a muchos cuando se detienen ante el panorama paupérrimo que ofrecen las familias cubanas cuando tienen un anciano que cuidar. Los maltratos de los funcionarios en las instituciones gubernamentales encargadas de solventar estas situaciones —como es el caso del Poder Popular de Plaza, que goza de muy mala fama entre los vecinos del municipio— también tiene su parte ante el escepticismo de la gente y las posibilidades que pudiera brindar el Gobierno. En Cuba la vejez suele ser sinónimo de miseria.
