LA HABANA, Cuba.- La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) no publica aún la lista parcial de condenados o procesados por motivos políticos, pero se estima que ronde la centena de encarcelados.
Gerardo Sánchez, vicepresidente de la Comisión, espera sacar una lista similar, con el mismo nivel de prolijidad, que la del año pasado que incluía a los 77 condenados internados en prisiones, un caso de prisión domiciliaria y los 11 que estaban, hasta el momento de la publicación, bajo licencia extrapenal.
En conversación con CubaNet, Sánchez cuenta sobre el trabajo que están haciendo mensualmente con las detenciones arbitrarias, brinda algunas recomendaciones para hacer más efectiva la denuncia y comparte sus preocupaciones por lo que cataloga como una trivialización de la represión.
“El trabajo de llevar la lista de las detenciones arbitrarias mensuales ha sido muy tenso. Es una manera de seguir, en la medida de lo posible, cómo se comportan los actos de represión. Lo que se hace casi imposible en esta sociedad tan cerrada tanto de la parte de las autoridades como por parte de los afectados, que a veces están aterrados”, apunta el activista.
A lo que agrega: “Estamos seguros que a finales de año, diciembre sobre todo, hubo un buen número de detenciones que simplemente no se informaron y eso nos dificulta el trabajo. En Holguín, por ejemplo, con motivos de las exequias del que era presidente, al menos diez personas han estado sometidas a procesos judiciales y de ellas hay cuatro con las que es imposible hablar con la familia, porque a pesar de que las personas han sido sancionadas por los tribunales, la policía política los ha intimidado”.
Ante la pregunta de cómo estima que estén para este año los números de encarcelados, responde: “Los prisioneros por motivos políticos están rondando el centenar. Cifra que es mucho más baja que años atrás porque con este sistema de detenciones arbitrarias por cortos plazos de tiempo, ellos logran aplastar la sociedad civil”, y analiza: “Lo otro es que cambian los métodos. Ellos están utilizando unas multas totalmente desproporcionadas para encubrir actos de represión política”.
“Es muy difícil porque algunas de las instituciones disidentes les dicen a sus miembros que no las paguen, pero la fotocopia de las multas arbitrarias puede ser una prueba aunque diga que es una actividad económica no autorizada, como le pasó a alguien que le impusieron una de 1 500 pesos por pegar pegatinas”, cuenta Sánchez, continuando con que “la denuncia es importante porque hay leyes y términos que ellos tienen que cumplir lo mismo en la Fiscalía Militar que en la Fiscalía Civil y cuando usted denuncia y va en el plazo que establece la ley —que es claro, 60 días—, cuando usted vaya y diga, ‘bueno, y mi respuesta qué’, ya ha generado dos noticias”.
Gerardo Sánchez recomienda pedir nombres porque es un derecho de todos recibir una información completa y porque él cree que en esos lugares también hay personas que piensan igual que “esto debe cambiar”, pero que tienen mucho miedo y esa puede ser una manera de obligarlos a participar, para que aprendan a “administrar el miedo”, dice, citando al poeta Raúl Rivero.
Por lo general, el procedimiento para ser incluido en el listado de denuncias es a través de las organizaciones, o a través de los observadores y colaboradores de la Comisión, y como a veces hay casos que no son denunciados por nadie, la observación es parcial “porque la realidad es mucho más fea”, dice el vicepresidente de la organización y comparte su preocupación ante “cierta tendencia a trivializar las denuncias de violaciones de derechos humanos”.
“Estas detenciones arbitrarias, conforme a las leyes cubanas, no a las leyes internacionales, no tienen un seguimiento por parte de las organizaciones disidentes. Hay que acudir a las instancias nacionales que existen, que se suponen que deben velar por la legalidad que está instituida en el país. Yo coincido en la tendencia pesimista de qué pueden hacer las autoridades; pero si usted denuncia, tiene la documentación donde consta esa denuncia, y esas instituciones internacionales sabrán que además de la legislación que divulga el Gobierno cubano por el mundo, hay una realidad y es que violan de manera flagrante sus propias leyes. Y que la Fiscalía, el Ministerio del Interior y los tribunales son una máquina macabra, porque ni los jueces ni los abogados tienen independencia y el aparato represivo funciona sin cortapisas”, expresa, resumiendo lo que ha visto desde su organización en muchas ocasiones.
“Hace unas semanas alguien de Amnistía Internacional dijo: ‘Es que no tenemos tiempo para comprobar las alegaciones de violaciones de derechos humanos en Cuba a la hora de adoptar prisioneros de conciencia’”.
Sánchez profundiza en el tema: “Claro, que si usted lo compara con la situación en Siria, en Turquía, o en Palestina, que detengan a alguien cuatro horas para que no vaya a la iglesia o dos horas para que no participe en una reunión de su organización, parece un juego de muchachos. Pero nosotros somos una masa inerme en manos de un gobierno que no pone límites a la represión para garantizar su permanencia en el poder y las personas en Cuba a veces temen hasta pensar. Ha sido un gran trabajo del régimen y creo que ha sido exitoso, eso de meternos el policía dentro”.
Gerardo Sánchez está convencido de que una buena estrategia puede ser “ahogar en papeles a la administración, porque la arbitrariedad no la ponemos nosotros sino las autoridades cuando lo toman a usted, lo montan en un vehículo policial y lo llevan a casa del diablo”.
“Eso se llama desaparición forzosa aunque, en general, y afortunadamente hasta ahora, no se puede decir que culminan en homicidios”, agrega.
Y termina haciendo un poco de historia: “Los que mataban en las dictaduras anteriores no eran coreanos ni chinos, eran cubanos; es decir, que el ser cubano puede ser convertido en una máquina de matar si se dan las condiciones. Este gobierno ha sido hábil, hay que reconocerlo, ha tratado de no repetir los errores de las otras dictaduras pero los hechos son tozudos y esa cosa de no permitir el libre juego de las ideas, el respeto a los derechos humanos elementales, ya deja mucho que desear”.
Recuerda el caso del poblado de Máximo Gómez en la provincia de Matanzas, en el que un oficial de la Seguridad del Estado baleó a un hombre por la espalda y lo mató. “Nadie puede decirme que el día de mañana ningún fanático de estos, tontos, se les vaya la mano y empiece a matar. ¿Qué harán?”, concluye Gerardo Sánchez.
