LA HABANA.- “Debo estar en dos meses y medio en mi casa, sin que nadie me moleste nunca más”, afirma la abogada Mariennys Pavo Oñate quien en su fin de semana de pase se reúne con CubaNet.
“De una sanción de seis años, llevo seis años y siete meses, contando mi año completo de rebaja por mi conducta. Así que nadie me va a dar nada que no sea mío ya”, añade, consciente de que las tres veces que ha ido a juicio y con las que no ha resuelto nada, aunque el último declaró nula las sentencias anteriores porque los documentos que se presentaron contra ella eran falsos.
“Todo lo que ha vivido es por represalia contra su esposo”, dice este último, el abogado Julio Ferrer de Cubalex.
“El talón de Aquiles de Julio somos su hija y yo”, dice “Mayi”, como llaman cariñosamente a Mariennys.
“El tribunal y los jueces que me condenaron debieran pasar un proceso de revisión en el que a muchos les debiera costar el cargo”, afirma Pavo Oñate, de sobrada experiencia jurídica también. “Pero las autoridades involucradas pretenden que permanezca en prisión sin justificación alguna porque el proceso al que deben ser sometidos ellos es independiente a mi liberación”, explica.
“Ellos se dijeron: ‘Ahora la pasamos para una granja y este (Julio Ferrer) se está tranquilo’”, analiza. Sin embargo, Ferrer “no puede estarlo”, y ya ha interpuesto una demanda contra varios funcionarios: la mayor Liduvina Gay Pérez, directora de la Prisión de Mujeres del Guatao, el primer teniente Yoanni Álvarez, jefe del Registro Legal del mismo lugar, el coronel Antonio Ayra Áreas, jefe de provincial del Departamento de Prisiones, y a la mayor Nirma Batista Méndez, jefa de registro legal de la dirección provincial, quienes también son responsables.
Además de no poder asistir el nacimiento de su nieto, o de cuidar a su madre enferma ni llevarle flores a su tumba más tarde, Mayi ha “vivido de todo” en la cárcel y cuenta su testimonio.
“He vivido seis cambios de dirección estando en este centro, casi uno por año”. El más complejo ha sido “este último, porque ha traído aparejado disgustos y es una representación de la indolencia”.
Narra la situación de una presa de 20 años de edad sancionada en 2015 por ser “cómplice de asesinato”.
“Esta muchacha tiene un bebé que tuvo que entregar a su familia y lleva casi un año sin verlo, y cuando fue a la dirección a pedir que se le ayudara para que su papá pudiera ir”, la respuesta de la directora fue: “A mí no me importa, yo no tengo transporte para ir a tu casa y eso era algo que tu tenías que haber pensado antes de caer presa”.
La abogada calcula que el 40% de la población penal es de profesionales, “y digo este porciento para ser conservadora, porque pudiera ser mayor”.
Cuenta que tiene a una doctora “cirujana, magnífica persona que fue revocada a dos años más además de su sentencia original por una supuesta falsificación de documentos”.
“También tengo a la directora económica de Bucanero, que fue el bombo hasta el otro día”. En este caso se espanta por las sanciones a las que ha sido sometida: “17 años una licenciada en Economía”.
“Para no decirte las notarias de Gilber Man”, el famoso reguetonero, “de las que dijo el Ministerio de Justicia que esas personas no cometieron delito alguno porque lo que hicieron fue incurrir en violaciones administrativas por haber facilitado que el acto notarial saliera en la notaría a firmarse y no con la notaria que le correspondía, y eso es una violación administrativa, pero están cumpliendo 12, 11 y 10 años”.
Todos esos ejemplos le hacen preguntarse a la abogada: “¿De qué justicia estamos hablando”.
Mayi trabaja en la escuela del interior penal, donde “se estudia primaria, secundaria y preuniversitario”.
“Yo atiendo a las iletradas”, relata. Por lo que ve Mayi, “esa pérdida de valores de que tanto se habla trae aparejado que en cualquier momento habrá que hacer una campaña de alfabetización porque el reflejo de la realidad es eso que está allí adentro”.
“Allí se vive de esperanzas, de indultos y amnistías que no existen, en esencia aquello es un cementerio de mujeres vivas”, reflexiona.
Recuerda que, en septiembre de 2015, cuando el indulto del Papa, “del interior penal se fueron 13 mujeres enfermas de difícil manejo”, las que “necesitan psicofármacos fuertes, algún tratamiento que no se le pueda brindar en prisión o mantener la alimentación. No te vayas a creer que enfermo es cualquiera”.
“El hecho de que estemos recluidas no quiere decir que no tengamos derechos”, apunta más tarde. Derechos que con la “entrada de esta nueva directora se han visto más limitados”.
Ahora Mayi está en un espacio semiabierto en el que también hay uniforme y un candado que debiera estar abierto hasta las 10 de la noche porque es mínima seguridad, pero permanece cerrado.
“El tratamiento es otro”, dice, no obstante. Tiene la posibilidad de caminar, leer un libro, “buscar un pomo de agua fría en el comedor y todo eso depende del oficial de guardia que esté ese día”.
Al menos ya no está enrejada como las 28 mujeres en el interior penal quienes, además de los atropellos de las que son víctimas están en constante peligro de comenzar a convivir con mayor hacinamiento del que ya tienen.
Las condiciones de la prisión de mujeres en el Guatao “hay que sentirlas aquí”, dice Mayi y se señala la piel. “Cualquier cosa que te cuente lo he vivido”.
“En un lugar donde tienes que admitir que te avasallen muchas veces porque no saben actuar o porque no tienen el nivel necesario, tienes que aprender a tolerar y a ser humilde con quien cree que está perdiendo autoridad cuando uno reclama algo”, cuenta.
Entre otras historias recuerda el día que se dio un golpe en la cabeza y lo único que pudo hacer fue pedirle a Dios que le contuviera el sangramiento y el dolor para evitarse “un enfrentamiento con la enfermería y los servicios médicos”.
Mayi se ha preguntado qué “debía aprender de esta experiencia”, pero de lo que está segura es de lo que no ha aprendido: “Quedarme con la boca callada ante lo que está mal”. Por eso cuanta reclusa le pide que revise su caso, lo hace sin importar el delito que haya cometido.
