LA HABANA.- Los artistas Lía Villares y Luis Trápaga han lanzado una campaña para presionar al Gobierno cubano y les sean devueltos sus medios de trabajo mientras emprenden acciones legales para responsabilizar a los culpables del atropello.
El 2 de febrero de este año, la galería-estudio El Círculo fue allanada por el cuerpo represivo de la Seguridad del Estado cubano, que sometió a los artistas a un registro. Además de los decomisos, el artista Luis Trápaga, dueño del espacio, terminó siendo acusado de “actividad económica ilícita”, lo que para Lía Villares es sencillamente el argumento que utiliza esta vez la teniente coronel Kenya María Morales Larrea, quien los ha interrogado en más de una ocasión.
En este caso, las autoridades utilizan “un supuesto delito común para robarnos”.
“Aquí tú sabes que no se puede hacer mucho, que las acciones legales son simbólicas prácticamente”, sentencia Lía Villares quien, dice además tener “cero esperanza acerca de algún trámite de esos”.
No obstante, los demandantes han ido a “Fiscalía a todos los niveles: municipal, provincial, general y militar. Además de a Atención a la Ciudadanía del MININT (Ministerio del Interior) y PNR (Policía Nacional Revolucionaria)”, comenta a CubaNet la activista.
A su lado Luis Trápaga tiene otras expectativas, sobre todo ahora que está siendo asesorado por el abogado de Cubalex, Julio Ferrer Tamayo.
Las intenciones de Villares es hacer una denuncia internacional, “y para llegar a los relatores especiales de expresión artística y a los de derechos culturales de las Naciones Unidas debemos agotar todos los recursos internos. Aquí nos recogen la denuncia, la archivan y nos dan acuse de recibo”.
Según Trápaga “Julio Ferrer nos dijo que Fiscalía militar era muy raro que no respondiera. Allí nos dijeron que eran dos meses. Si no responde tendremos que insistir”.
Villares ha comenzado una campaña “en www.cauces.com para la comunidad artística, para que todos los artistas que quieran se pronuncien en favor de la devolución inmediata de nuestros materiales de trabajo”.
“Hay un punto interesante que nos hizo ver Julio Ferrer”, analiza Trápaga. “Aquí se aplica la ley de presunción de inocencia al revés: todo lo que yo tengo es legal hasta tanto tú pruebes que no lo es”, y lo que quiere decir es que tiene que haber una acusación de que “mis cosas sean robadas o algo así. Mientras tanto yo obtuve mis cosas por la vía que yo diga y me tienes que demostrar que eso es ilegal. Y la mayoría de mis cosas fueron adquiridas fuera de Cuba”, declara.
“Lo importante no es que nos hayan quitado cámaras o computadoras, sino que nos llevaron todos los archivos de trabajo que veníamos haciendo desde hace mucho tiempo”, denuncia Trápaga. “Es información que no vamos a recuperar ya porque alguna no estaba en ninguna otra parte y no creo que la devuelvan. Sin contar la información privada, la que uno no publica porque no le da la gana”.
“Información personal como las fotos de las niñas de Luis desde que eran bebés hasta la actualidad”, ejemplifica Lía. “Fotos familiares, recuerdos que uno guarda. Es nuestra vida en manos de esa gente, que puede copiarla, analizarla o eliminarla”.
En el acta de registro también constan el decomiso de “1 foto de las Mercenarias del Imperio”, para referirse a las Damas de Blanco, “20 folletos de dos cerdos subversivos”, “4 pegatinas de ‘No estás solo, el cochinito, Miedo’”, “14 impresiones con textos ofensivos al proceso electoral”, “1 foto del General de Ejército”, entre otros materiales.
En el decomiso se incluyó una bandera cubana que perteneció al papá de Luis Trápaga para, según dijeron, “preservarla de nosotros los profanadores de banderas”, dice Villares, para quien ni el cuerpo ni los símbolos tienen un carácter religioso ni moralista, pero sabe que tiene “derecho a la intimidad y el derecho a la privacidad”, aunque según ella “ese no se comprende mucho aquí por la colectividad y el socialismo”.
Con el paso de los días se han dado cuenta de otros detalles que hacen más ilegal aun lo que sucedió en la galería-estudio El Círculo.
“Nos están aplicando métodos de contrainteligencia profunda, acusándonos además de delitos falsos, nosotros que somos civiles. ¿Cómo te defiendes de eso? Es muy difícil”, es la percepción de Luis y Lía cree que “nos quieren relacionar con el mundo de la delincuencia, con un mundo con el que no tenemos nada que ver, cosa de que al final no tengamos ningún tipo de derecho cívico”, y él cuenta cómo fue a votar bajo la vigilancia de un agente de la Seguridad del Estado.
“Me buscan dos testigos del barrio que yo no sé quiénes son y me dicen además que yo no puedo traer a mis propios testigos”, después descubrieron en el acta de entrada de registro que uno de los testigos es del municipio Playa. “La intención no es ocupar objetos ni llevarse las cosas contrarrevolucionarias sino humillarnos, desestabilizarnos, exponernos, de anularnos”, y no le alcanzan los verbos a Lía para definir la represión que han vivido el último año.
“Ni ellos mismos respetan su propia ley y cada uno de estos documentos, como nos dijo el abogado, son la evidencia que fue un registro ilegal”. En el acta de entrega del teléfono, “excepto la Kenia, ninguna firma de las que aparece tuvo que ver con el registro. Del jefe que aprueba no sabemos ni el nombre ni el grado ni el cargo, solo una firma”, que resulta ininteligible y, la testigo, la teniente Yamila Salgado Zamora, “fue una que le dijeron delante de mí en la estación de policías: ‘Fulana, firma aquí’. Ninguno de los autores del registro se hace responsable de la entrega del objeto que fue decomisado”, concluye.
“La Campaña lleva muy poquito tiempo”, según la activista. La semana pasada aún llevaba solo 60 firmas, “y es importante porque además del patrimonio material de la Galería también estamos reclamando el derecho a entrar y salir libremente de Cuba”. Villares lleva 10 meses sin poder viajar y a su pareja lo amenazaron diciéndole: “Se acabaron los viajecitos” a su entrada a Cuba, pocos días antes del registro, pero la Campaña también servirá para que se desestime el delito que quieren imponerle a Luis Trápaga de “actividad económica ilícita”, porque durante la desaparición forzosa de Lía Villares los interrogadores no levantaron ningún cargo, solo estaban preocupados por su participación en Cuba Decide.