LA HABANA, Cuba.- El año 2017 ha iniciado con una ofensiva contra los emprendedores cubanos. El colapso de los taxis particulares (almendrones) ha eclipsado otras acciones implementadas por el gobierno para perjudicar a quienes trabajan en el sector privado. Particular controversia generó el caso de los artesanos que, al no tener cabida en los Almacenes San José —sofocante epicentro de la venta de artesanías—, eligieron otras plazas para vender su mercancía.
Desde principios de enero, algunas escaleras de edificios de la Habana Vieja sirvieron como puestos de venta, con la anuencia de todos los vecinos residentes en el inmueble, quienes recibían además un pago diario por el alquiler del área común. Todo fue paz y concordia —con algún que otro resbalón sin consecuencias lamentables— hasta que los inspectores estatales comenzaron a amenazar con poner multas y desmantelar los improvisados tenderetes, bajo el pretexto de que “está prohibido utilizar un área común para negocios privados”.
Myrelis, una de la vendedoras afectadas por el repentino acoso, declaró a CubaNet: “no entiendo por qué se meten en esto si los vecinos están de acuerdo en rentar su escalera (…) Nosotros pagamos todo lo que nos exigen, el Estado nos quiere sacar de aquí pero no nos ofrece ningún local”.
En efecto, los artesanos pagan su licencia, además del impuesto a la ONAT (Oficina Nacional de la Administración Tributaria) y un tributo mensual exigido por la Oficina del Historiador a todos los negocios que operan dentro de los límites del Centro Histórico. A estas contribuciones se añadía la tarifa de arrendamiento por las escaleras, que oscilaba entre 3 y 5 CUC diarios, pagados a cada dueño de apartamento.
Dicho entendimiento entre arrendadores y arrendatarios originó una nueva relación comercial, que proporcionó a varias familias un nuevo método de subsistencia. Lo que parecía un trivial menudeo se convirtió en un monto semanal significativo para la economía doméstica, en un país donde el salario promedio mensual ronda los 20 CUC (14 USD) y una botella de aceite cuesta 2.00 CUC. Pero antes de que ambas partes pudieran adaptarse a las nuevas circunstancias, el Estado dispuso que abandonaran los puestos de venta.
Los comerciantes expusieron su desacuerdo ante las instancias competentes, alegando que cada negocio había contado con la aprobación de los vecinos; pero solo obtuvieron evasivas y la vaga promesa de que les asignarían un espacio colectivo para la venta de sus artículos. A pesar de las gestiones y protestas, a finales de febrero se hizo efectivo el veto del comercio en las escaleras. Hoy se mantienen a la espera de que el local que supuestamente los acogerá —un inhóspito parqueo en la calle San Ignacio— sea reparado con miras a su nueva función.
Mientras tanto, estos hombres y mujeres tienen prohibido vender; no obstante, deben continuar pagando los impuestos reglamentarios. “Si esta semana no dan respuesta vuelvo para la escalera, porque necesito trabajar, tengo dinero invertido en este negocio (…) Raúl Castro dijo que no se podía afectar a los trabajadores por cuenta propia, pero todo es mentira y amenaza. Hasta nos han advertido que no podemos ir juntos a exigir”, comentó a CubaNet un artesano que se hace llamar Fito.
Por otra parte, Ángela, una de las vecinas que consintió en arrendar su escalera, explicó: “Nunca me molestó que estuvieran ahí porque su presencia disuadía a los borrachos que aprovechan el mínimo descuido para orinarse detrás de la puerta de la escalera, sin que la policía haga nada (…) Donde hay un negocio particular siempre hay limpieza y cuidado; ahora hay que volver a lo mismo.”
La situación es tan absurda como perjudicial para estos emprendedores; pero cuando el Estado cubano se impone no hay recurso legal efectivo. Poco importan las pérdidas económicas ocasionadas por un tiempo muerto involuntario. Para colmo, los artesanos tienen prohibido protestar en grupo, una prueba más de que en Cuba los oprimidos no pueden hacer causa común.