LA HABANA, Cuba.- Después de la inyección de poco más de doscientos autos y un centenar de ómnibus ligeros a las cooperativas de ruteros, pertenecientes al sistema de transporte público de la capital, no es difícil hacernos la pregunta sobre lo que sucederá en poco tiempo con los llamados “almendrones”.
A las claras, han sido sentenciados a muerte. La crisis del petróleo, la ofensiva contra los expendedores de combustible clandestinos, más la intervención del gobierno en las regulaciones sobre las rutas y precios hace solo unos meses atrás, comenzaron la batida contra los llamados “boteros” o taxistas particulares.
Sin embargo, el capítulo final de este calvario aún no ha sido puesto en marcha. Se espera que muy pronto la elevación de las exigencias sobre el estado técnico de los automóviles saque de circulación más del 80 por ciento de los vehículos que hoy poseen licencia para el transporte de pasajeros, la mayor parte de ellas obtenidas mediante soborno.
No haría falta una legislación nueva. Las disposiciones recogidas en el actual Código de Vialidad y Tránsito (Ley 60), en sus títulos II y III, serán suficientes para que los inspectores desempeñen bien el papel de verdugos cuando ya todo el parque vehicular que se tiene planificado se encuentre en explotación y haya concluido la fase experimental de las nuevas cooperativas de transporte.
Hasta este punto, pudiera decirse que los planes del Ministerio de Transporte surtirán efecto y que, al final, esos dinosaurios tecnológicos altamente contaminantes y culpabilizados por el gobierno del robo de combustible en las empresas estatales, desaparecerán del cuadro familiar cubano donde son una figura molesta al no proyectar una imagen de prosperidad y sostenibilidad.
Pero la estrategia exterminadora, como suele suceder en Cuba, pudiera resultar fallida y terminar convertida en un catalizador del desastre actual al no ser capaz de articular una maniobra segura contra la corrupción que azota toda la estructura económica estatal vinculada al transporte, los combustibles, la importación y distribución de piezas de recambio, más el sistema de inspección y certificación, terrenos pantanosos donde poco o nada pueden la ingenua o cómplice “voluntad política” de los dirigentes e instituciones encargados del control y fiscalización.
Es como preguntar quién le coloca el cascabel al gato. Combustible y piezas de autos son, quizás, los componentes más complejos de ese entramado de ilegalidades que comienza y termina en las empresas estatales.
Teniendo en cuenta solo aquellos casos que han trascendido a la opinión pública, la mayoría a través de la prensa independiente, tan solo desde el año 2006 hasta la fecha, combustible y piezas han sido los ingredientes principales en nueve de cada diez casos de corrupción donde están implicados altos funcionarios incluso de las Fuerzas Armadas y del propio Ministerio del Transporte.
Los escándalos han dejado en evidencia que existe una línea visible de lo ilegal, muy bien marcada, que viene directamente desde los organismos de dirección estatales y no solo conecta los planos de lo estatal y lo privado en el mercado negro sino que los define e incluso determina en la efectividad de las estrategias de control.
La confianza que existe entre los boteros en que la batalla contra los almendrones no terminará en victoria por parte del gobierno, se basa en que nadie mejor que ellos conoce los intersticios del negocio del transporte privado en Cuba y su conexión con la empresa estatal.
Por ejemplo, es vox populi que las llamadas “bases de transporte” de los ministerios y organismos del gobierno son las mayores proveedoras de combustibles y piezas de repuesto a los particulares. También, que existe una relación directa entre las distribuidoras y comercializadoras estatales y el mercado subterráneo, y que incluso lotes de autos importados, completos, han desaparecido en el trayecto desde el puerto al destino final sin mayores consecuencias que una remoción del cargo para el responsable ya no del atraco sino del “desvío de recursos”.
Aunque algunos boteros han reaccionado con temor ante el incremento de los parques automotores en las bases de ruteros, una buena parte, paradójicamente, ha visto la medida como “esperanzadora” a no muy largo plazo.
Los que llevan más tiempo en el giro son de la opinión de que los cambios recientes en el transporte público jamás superarán la “fase experimental” y que habrá de suceder como cuando a Fidel Castro se le ocurrió sustituir a los pisteros en las gasolineras por trabajadores sociales para acabar con la corrupción. Fue peor el remedio que la enfermedad.
País y políticas incoherentes solo pueden producir risibles o lamentables paradojas. Se espera que, pasado un tiempo prudencial, la inyección de vehículos a las cooperativas de transporte con patrocinio estatal se transforme, por obra y gracia del mercado negro, en beneficio de los particulares. Que las piezas y hasta el combustible de los autos nuevos pasen, como por arte de magia, a formar parte de los almendrones mientras en las cooperativas las montañas de chatarra crecerán hasta tocar el cielo.
