LA HABANA, Cuba. –El control del estado sobre sus ciudadanos en la Isla, es total. Los clasifica según su posición política. Nadie escapa. Y si, en tu expediente, llevas la marca del diablo, tu vida es un infierno.
Hace unos días, Rosa Magdalena Avilés Carballo se personó en la “Empresa de Servicios a la Población” de su natal Camagüey para recoger su expediente laboral, a fin de gestionarse un nuevo empleo como peluquera aquí en la capital Cubana, ciudad donde reside ahora en el hogar de una amiga.
Después de enfrentar las habituales trabas del burocratismo que se manifiesta en todas las entidades estatales, Avilés se llevaría una terrible, e inimaginable sorpresa, al comprobar que en su expediente consta la terrible marca de “desafecta a la revolución”.
En una parte del expediente se puede leer: “La trabajadora se presentó en el mes de octubre del 2013 para incorporarse nuevamente a su trabajo. Pero la misma no es grata en nuestra entidad por no ser confiable, pues tiene problemas políticos”:
“Esto forma parte de una venganza bien concebida contra mí, declaró Avilés Carballo, quien considera que este es el pago por haber presentado ante la policía de San Antonio de los Baños, en la Provincia de Artemisa, una denuncia por estafa contra Enoida Domínguez, oficial del Ministerio del Interior, y ex funcionaria del Departamento de Inmigración en este territorio.
Recuerda Avilés, que esta militar le cobró en el año 2013 una gran suma de dinero por un supuesto contrato de trabajo para México, que finalmente devino en un engaño.
La denuncia fue formulada en el mes de julio de ese mismo año, y según la fuente la misma no prosperó porque la militar se encuentra bajo el respaldo de su esposo que es un teniente Coronel del MININT. Tres meses después (en octubre) ese cuerpo policial de San Antonio le envió una notificación escrita, exonerando a la militar de toda la responsabilidad judicial.
Rosa Avilés antes de ser estafada, y creyendo que viajaría a México, solicitó la baja de su trabajo como peluquera en el Instituto de Belleza de Camagüey perteneciente a la Empresa de Servicios a la Población. Tras este fatídico suceso, intentó recuperar su puesto de trabajo pero le dijeron que esperara al próximo año ya que con las transformaciones económicas que se venían instaurando en el país, se avecinaban algunos cambios para la empresa, pero todo era una jugarreta, ya que le habían excluido por el supuesto problema político mencionado.
Ahora esta camagüeyana, madre de una menor de nueve años, ha quedado pasmada ante el epíteto de “contrarrevolucionaria” que le han plasmado en su expediente, con el que le será difícil, si no imposible buscar un empleo para su subsistencia.
Lamentablemente este tipo de represión quirúrgica ordenada por el gobierno de la Isla, no solo se lleva a cabo contra periodistas, activistas y dirigentes del movimiento opositor. También contra todos los ciudadanos que osen denunciar a cualquier militar, aunque estos hayan cometido actos vergonzosos de corrupción.
