GUANTÁNAMO, Cuba.- La Fiscalía General de la República (FGR) es el órgano encargado del control y la preservación de la legalidad, sobre la base de la vigilancia del estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales por los organismos del Estado, entidades económicas y sociales y por los ciudadanos, según dispone el artículo 127 de la Constitución comunista.
En una entrevista concedida al periódico Granma el pasado 10 de diciembre, el Fiscal General de la República, Darío Delgado Cura, declaró que la Fiscalía debe actuar ante las violaciones de los derechos constitucionales y las garantías legalmente establecidas, atender las reclamaciones de los ciudadanos, investigarlas, resolverlas, y cuando detecte violaciones ordenar el restablecimiento de la legalidad quebrantada.
Sin embargo, Cuba es un país dicótomo. De un lado está la sociedad que proyecta la prensa oficialista, dizque revolucionaria; en el otro, el que esa prensa evade, el país real. Mi caso y otros que por razones de espacio no abordaré ahora, así lo confirman.
Últimos detalles de otro abuso policial
Mi domicilio fue registrado el 5 de octubre del 2015. El objetivo fue ocupar bienes subversivos. No soy un terrorista sino un escritor y periodista independiente que jamás ha asesinado por la espalda a un policía ni ha puesto una bomba en un parque o un cine, actos terroristas que sí realizaron muchos de los que hoy ocupan posiciones de poder en Cuba. Pero la Seguridad del Estado fue a mi casa con la encomienda de ocupar objetos subversivos y los halló : Una laptop, una PC, un teléfono celular en uso, otro celular roto, una cámara fotográfica nueva, varios casetes, discos de música de jazz y cubana (entre ellos uno del “subversivo” Compay Segundo, ¡qué diría el cubanísimo compadre!), libros, mi agenda y dinero fruto de mi trabajo y de remesas enviadas desde los Estados Unidos por mis hijos y otros familiares que llevaba meses ahorrando para el arreglo de mi casa.
No me entregaron constancia de la ocupación. Estuve detenido más de doce horas y fui acusado por la presunta comisión de un delito de difusión de noticias falsas contra la paz internacional. Hasta hoy no he sido citado ni me han devuelto ningún bien. Lo expuesto constituye una violación de la Constitución de la República y de la Ley de Procedimiento Penal.
El 9 de octubre del 2015 presenté una queja ante la Fiscalía Provincial de Guantánamo. La fiscal Vilda Delgado Noa se negó a darme una constancia de la presentación de mi queja aunque me aseguró que a más tardar en treinta días hábiles sería citado.
No lo hicieron, así que el 3 de diciembre llamé por teléfono a dicha Fiscalía y a la FGR. En ambos lugares me aseguraron que ese mismo día me llamarían informándome de la situación. Tampoco lo hicieron.
El 4 de diciembre del 2015 me presenté en la Fiscalía Provincial y fui atendido por la fiscal Karelia Suárez Manso, quien me aseguró que en una semana me citaría. No lo hizo. Por tal razón solicité a un vecino que iba a La Habana que presentara en mi nombre una nueva queja ante la FGR, lo cual hizo el día 16 de diciembre del 2015, siendo recibida con el Acuse de Recibo número 19.
El 29 de diciembre del 2015 fui citado por la Fiscalía Provincial. Allí me recibió nuevamente la fiscal Karelia Suárez Manso, quien me dijo que había trasladado mi queja a la jefatura de la Delegación Provincial del Ministerio del Interior (MININT) y que debía dirigirme al Delegado. Al preguntarle cuándo lo había hecho y por qué, me respondió que esa información era confidencial.
Le pregunté sobre la segunda parte de mi queja, relacionada con el hecho de que la Dirección Provincial de Justicia me inició en enero del 2014 un expediente para anular mi inscripción en el Registro de Juristas y no acaba de pronunciarse, lo cual es una violación del artículo 10 de la Constitución, e igualmente me respondió que debía dirigirme a esa entidad.
Es decir, acudí a la FGR pidiendo amparo jurídico y que se restableciera la legalidad, y la respuesta de la entidad encargada de imponer la ley y proteger los derechos de los ciudadanos me sumió en un desamparo aún mayor al indicarme que debo entenderme con los violadores de la ley, ahora convertidos por ella en jueces y partes. ¿De qué respeto a la Constitución puede hablarse cuando la propia Fiscalía actúa así?
¿Qué hacer?
A pesar de lo narrado es necesario que ante cualquier violación de sus derechos los perjudicados presenten una queja ante la Fiscalía de su provincia y que si transcurren sesenta días hábiles sin recibir respuesta o si ésta evidencia complicidad, también se quejen ante la Fiscalía General de la República. Si la respuesta definitiva ratifica la anterior ambas quejas deben reproducirse y ser remitidas a la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional que dirige Elizardo Sánchez Santa Cruz, a embajadores de países realmente comprometidos con el respeto a los derechos humanos, a la OEA y al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU. Es importante que al dirigir esos documentos a las personas mencionadas se expongan claramente las violaciones de la legislación cubana y la internacional para que los foros internacionales conozcan el desamparo en que se halla la oposición pacífica y cómo el gobierno cubano discrimina por razones políticas a sus ciudadanos, así como viola de forma sistemática su propia Constitución y derechos humanos elementales.
La Corriente Agramontista de Abogados Independientes de Cuba, que dirige el Dr. René Gómez Manzano, y Cubalex, dirigida por la Dra. Laritza Diversent, están en condiciones de asesorar a todos los ciudadanos que lo necesiten sin costo alguno.
He enviado dos correos electrónicos sobre mi caso a la secciones Acuse de Recibo y Cartas a la Dirección, de los periódicos Juventud Rebelde y Granma respectivamente. Dudo mucho que los publiquen. Sólo sé que el silencio y la apatía consolidan la discriminación y terminan socavando valores imprescindibles para cualquier sociedad.