LA HABANA, Cuba. – En los últimos tiempos los medios oficialistas cubanos han jugado sucio contra el periodismo independiente más que de costumbre. Las campañas de descrédito mediático y difamación se han convertido en las protagonistas del Noticiero Estelar de la Televisión. La manipulación y tergiversación son el estandarte de muchos periodistas representativos del régimen.
Precisamente, recién se realizó el Sexto Pleno de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC). Entre todos los temas que allí se ventilaron lo que más repercutió y ha sido motivo de polémica en redes sociales fue la propuesta de su vicepresidenta primera, Rosa Miriam Elizalde, acerca de la creación de “un grupo jurídico en capacidad para presentar causas legales contra quienes organizan y ejecutan acciones de acoso e intimidación hacia periodistas cubanos”.
En otras palabras, de concretarse esta idea, el gremio estatal no solo podría aplicar acciones legales contra quienes amenacen, desacrediten o provoquen a los medios del Partido Comunista, sino también a cualquiera que critique un artículo publicado en Granma, por ejemplo.
“En ese sentido creo que, si se deciden a hacerlo, tendrán que aplicar las leyes existentes y, de esa forma, podrían abrir una caja de Pandora, pues lo mismo por lo que se estarían ‘defendiendo’ es lo que hacen ellos todos los días: injuriar y atacar a la dignidad de otro, sin pruebas. Sería interesante ver ese escenario de periodistas oficiales llevando a tribunales a personas por las mismas razones que ellos pueden ser llevados”, declaró a CubaNet el editor general de El Toque, José Jasán Nieves Cárdenas.
Sobre el mismo asunto el periodista de Diario de Cuba Yoe Suárez comentó que cualquier persona, si es calumniada, debería tener derecho a llevar al ofensor hasta los juzgados, pero en la Isla hay desigualdad ante la ley debido a causas ideológicas y políticas, “como mismo ocurría durante el régimen del apartheid en Sudáfrica por motivos del color de la piel”, recordó.
“Ellos (los periodistas oficialistas) podrían hacer eso e incluso ganar ante los tribunales porque les asiste todo el andamiaje jurídico y represivo del régimen comunista; sin embargo, si nosotros presentamos una queja similar no, porque probablemente sería desestimada la causa antes de que llegara a la Corte”, agregó Suárez.
Por su parte, la reportera de CiberCuba Iliana Hernández, blanco de un reciente acto de repudio, cree que las intenciones de la UPEC son “una muestra más de que en nuestro país no existe un gobierno sino una mafia del crimen organizado que, amparada por una supuesta legitimidad a base de engaños, crea todas las leyes para proteger a los que les sirven y no al pueblo cubano. Nunca han creado nada para proteger al ser humano sino a la continuidad de esa casta en el poder”, sentenció.
Otra de las reporteras frecuentemente hostigadas por el régimen, Camila Acosta (CubaNet), cree que “la campaña de linchamientos mediáticos es definitivamente ofensiva. La defensa no tiene por qué recurrir a la difamación y el descrédito, y menos si los ofendidos y atacados no tienen derecho a réplica en los medios oficiales. Para defenderse, solo tendrían que hacer periodismo, es decir, sin necesidad de esos ataques sin pruebas, sin necesidad de infundir el odio”.
“La ofensiva se debe a que se han dado cuenta de que su credibilidad está cada vez más por el piso. Están tratando de recuperarla, pero han logrado el efecto contrario. El respeto se gana, no se impone”, agregó la periodista.
Por su parte, Hernández recuerda que los medios oficialistas responden al Partido Comunista, no al pueblo. Los periodistas de estos medios tienen que hacer lo que les oriente el PCC, por eso los ataques hacia la prensa independiente y principalmente contra los periodistas “incómodos” para el régimen. “Llevamos la verdad que ellos esconden al pueblo cubano. (…) Los ciudadanos se están dando cuenta de la mentira con relación a la oposición en Cuba y al periodismo independiente”.
Nieves Cárdenas apunta que “es conocido (y estudiado hasta por los mismos académicos asociados a las universidades cubanas y medios estatales)” que la agenda de los medios oficiales “está divorciada de los intereses de la sociedad. La ‘brecha’ (como la han nombrado ellos mismos) está descrita y certificada”.
“Ha sido la decisión de ellos seguir ignorando las expectativas de la sociedad y priorizando las indicaciones de sus jefes en el Partido Comunista; lo que ocurre ahora es que ya no están solos y hay todo un abanico de opciones mediáticas para que la gente obtenga los contenidos que desea o busca, y eso es lo que los aterra. Pero ante eso el único camino que les queda es aprender a lidiar con lo diferente o seguirán condenándose a hablarse entre ellos mismos, que son un grupo cada vez más pequeño”.
Del mismo modo, Camila Acosta declara que esa insatisfacción de la audiencia con respecto a los medios de prensa oficialistas ha propiciado, en parte, el surgimiento y promoción de los medios independientes o alternativos, ya que al responder a una ideología, los estatales solo cubren los hechos o sucesos que interesen a ese grupo.
A los periodistas independientes cubanos les asiste la libertad de expresión, no se deben a ninguna organización política o gobierno: son libres y, precisamente, esa libertad se traduce también en que no tienen ningún amparo legal ni constitucional.
“Lamentablemente vivimos en un sistema autoritario, en una dictadura, sufrimos un terrorismo de Estado en un país donde no se respetan las leyes; y quien tiene que protegerte como ciudadano, es quien te ataca”, precisa Hernández.
Acosta puntualiza también que aunque no existe ninguna ley precisa contra la prensa independiente, en la práctica los reporteros y medios padecen todo tipo de ataques por parte de los órganos represivos de la Seguridad del Estado y recientemente por parte de los medios de comunicación masiva, lo que genera un ambiente hostil para el ejercicio del periodismo dentro del país.
Así, el régimen intenta que el pueblo tema a los periodistas independientes, precisamente por ser ellos los atrevidos, los que hacen un periodismo diferente, los que llegan adonde el Gobierno prohíbe llegar, los que publican lo que “alguien” no quiere que se publique (como dicta una frase atribuida al escritor y periodista George Orwell). A esos ningún “grupo jurídico” podrá mutilarlos.
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