SANTIAGO DE CUBA. – Ha pasado casi un mes desde que la directora de la iniciativa ciudadana Cuba Decide, Rosa María Payá, anunció que la ayuda humanitaria recogida en Miami el pasado 16 de mayo ya estaba en puerto cubano.
En ese entonces, la activista cubana anunció en redes sociales que dicha carga ―acopiada por cubanos y organizaciones del exilio para el beneficio de más de 15 000 familias en la Isla―, se encontraba en la terminal de contenedores del puerto del Mariel, y que ya estaba lista para ser recogida y distribuida.
“Las iglesias en Cuba, encargadas de recoger la ayuda, ya han cumplido con todos los requerimientos establecidos, y también ya han terminado todos los procesos regulares”, aseguró en aquella ocasión.
Aunque todavía se desconoce la identidad de tales instituciones ―titulares de la carga―, Payá aseveró que se encuentran legalmente registradas en el país, y que no forman parte del oficialista Consejo de Iglesias, el cual hace poco intentó deslegitimar la ayuda.
“Dichas iglesias se comprometieron a gestionar el envío y recibimiento de la carga, no a tener un rol público. Por lo tanto, nosotros (los organizadores) no vamos a revelar los nombres porque esos no fueron los acuerdos previos”, aclaró el pasado viernes la activista mediante Facebook Live.
Sin embargo, a pesar de la regularidad del proceso, hasta hoy la Aduana del Puerto se niega a entregar el cargamento. Ni siquiera ha notificado a los destinatarios la negativa a entregar el cargamento, para que estos puedan tomar los pasos legales correspondientes.
“Los titulares de la ayuda tienen el derecho de solicitar a la Aduana que notifique mediante resolución su negativa de entregar la mercancía”, declaró vía telefónica a CubaNet la abogada Laritza Diversent, directora del Centro de Información Legal Cubalex.
Ya con la resolución, el titular podría presentar un recurso de apelación a la Aduana del Puerto por la vía administrativa, dentro de los 30 días posteriores a la fecha del decomiso.
Esta solicitud puede ser manuscrita o impresa y no exige representación letrada, pero en todos los casos, el documento debe contener todos los datos personales del reclamante.
Con más detalles, la disposición sobre Apelación por decomiso de mercancías de la Aduana establece que “el recurso debe incluir: nombre y apellidos, dirección particular, teléfonos, correo electrónico, carnet de identidad, fecha de decomiso y cuando se interpuso la apelación. Además, es necesario agregar una descripción breve pero clara de lo acontecido, así como los argumentos que el peticionario considera están a su favor”.
Después “la Aduana tendrá el mismo plazo de 30 días naturales para responder. En caso de que no lo haga e insista en no liberar la ayuda; entonces los reclamantes deberán entregar una copia de la solicitud ante la Aduana General de la República”.
“Si en el mismo tiempo, esta entidad superior no responde, entonces queda como expedita la vía judicial y los titulares tienen derecho de iniciar una demanda ante el Tribunal Provincial de Artemisa (provincia donde se encuentra el Mariel)”, apuntó Diversent.
En este caso, los demandantes sí tendrían que contratar un abogado que los represente, pues habrá un juicio y se dictará una sentencia al final.
Ahora bien, como consta anteriormente, no cualquiera puede presentarse en el Puerto para reclamar la ayuda. Solamente deben hacerlo los propietarios de la carga.
“Estoy dando por sentado que cada contenedor tiene un titular, pues si estuvieran todos a nombre de una sola persona, lo más probable es que decomisen la carga. En Cuba nadie ―que no esté relacionado de alguna manera con el Gobierno― puede justificar tanta mercancía”, agregó la abogada.
Con respecto a este tema, Payá explicó que en un primer momento la plataforma “Cuba en Crisis” donó la ayuda a iglesias en Estados Unidos y estas, a su vez, la enviaron a las mencionadas iglesias radicadas en la Isla.
Dichas organizaciones religiosas fueron notificadas por la naviera de que la carga ya había llegado a puerto cubano. Luego, los representantes fueron hasta el Puerto para pedir que fuese liberada y la solicitud fue aprobada. sin embargo, poco después todos los reclamos dejaron de ser respondidos.
No obstante, como este “silencio” solo puede durar 30 días, la Aduana del Puerto tendría hasta el próximo día 9 de septiembre para pronunciarse, si se toma como fecha inicial el 10 de agosto.
Por otra parte, Diversent hizo hincapié en la importancia de no saltar ningún paso en las reclamaciones: “primero los procesos administrativos y si no hay respuesta o se consideran ‘sin lugar’ las peticiones, entonces recurrir a la vía judicial”, zanjó.
En último lugar, la abogada de Cubalex compartió sus reservas en cuanto a realizar protestas multitudinarias para reclamar la ayuda humanitaria, en medio de la contingencia del coronavirus.
“Salir a protestar en estos momentos, cuando se vive un rebrote de la COVID-19 en unas 10 provincias de la Isla es un gran riesgo. En la manifestación no se puede mantener el distanciamiento social, y de seguro las personas serían enjuiciadas y llevadas a prisión”, alertó.
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