MAYABEQUE, Cuba.- Un numeroso grupo de familias continúa sin esperanzas de resolver un sitio donde construir su vivienda, luego que el gobierno municipal en Batabanó retirara en las últimas jornadas los terrenos que les había asignado y también cobrado. La mayoría de los desplazados residen en condiciones míseras, algunos a la intemperie.
Santa Virgen Fuentes, entre los perjudicados, cuenta que la orden de abandonar los terrenos se notificó sin explicaciones y por el momento nada se ha declarado acerca de la devolución del dinero abonado al Estado en la compra de las parcelas. La suma en cuestión varía en dependencia del caso, pero todas exceden los 700 pesos.
“Se creen que somos muchachos, te dan una cosa y luego te la quitan así como así. Cuando los quitaron (los terrenos) ya mucha gente había comenzado la cimentación de la casa y aquí todos somos muy humildes como para estar perdiendo, ni siquiera han dado una respuesta sobre el dinero que nos cobraron”, comentó.
Mediante el arquitecto encargado de trabajar los planos de las viviendas, confirma Fuentes, conocieron que la invalidación de las propiedades se originó debido a que este detectó en la medición de los terrenos, que no cumplían con los requisitos exigidos por el Instituto de la Vivienda y de Planificación Física en cuanto a dimensiones mínimas y regulaciones urbanísticas.
Los solares, cerca de treinta, se otorgaron durante los meses de julio y agosto distribuidos en las localidades de La Julia y El Sopapo. En la asignación se “priorizaron casos sociales con expediente”, con la condición de que deberían levantar una construcción habitable en el plazo de un año. De lo contrario, se retiraría la parcela vendida.
Un túnel sin luz al final.
A inicios de año las autoridades llevaron a cabo el tercer operativo de desalojo contra un grupo de familias sin hogar que ocupan desde 2012, con pequeños tinglados, una porción de tierra yerma perteneciente a la empresa de Cultivos Varios en El Sopapo.
Tras las repercusiones del hecho, que desató una oleada de protestas hacia todos los niveles estatales y la desaprobación de la comunidad en general, el gobierno prometió facilitar sitios para que legalizaran su estatus y levantaran una vivienda. Según comentan varios involucrados, con la entrega de los terrenos pensaron que habían finalizado los años de altas multas, desalojos y amenazas de todo tipo.
Elianis Rojas Durán, junto a su esposo Nelson Lovaina y su hijo menor de edad Bryan, ha sufrido reiteradamente los maltratos y engaños de funcionarios. Asume el reciente episodio de expropiación como “la culminación de una maniobra” creada para amortiguar las demandas.
“No hay otra forma de interpretar lo que pasó, nadie puede creer que después de tanto tiempo tengan que virar los terrenos porque desconocían las medidas que debían tener, o detalles técnicos de ese tipo”, asevera Rojas, quien además relata cómo anteriormente ya habían sido manipulados por los inspectores de Vivienda.
“Nos pusieron una multa (los inspectores) de mil pesos por estar ilegales. La protesta fue fuerte. Al ver la reacción (…) dijeron que teníamos que pagar esa multa, luego una segunda de 1500 pesos por haber construido sin autorización y cuando hubiésemos terminado la casa, otra más de 1500 que nos daría el derecho a legalizar. Para que así constara nos dieron a firmar un documento. Cuando vino la policía a desalojarnos por primera vez, resulta que ese documento lo que decía era que aceptábamos que éramos ilegales y también el desalojo”, expuso.
Rojas se encuentra en estado de gestación, con fecha de alumbramiento para los primeros días de noviembre. Reside bajo un techo improvisado, sin paredes, puertas o servicios de electricidad y agua potable, expuesta junto a su familia a las inclemencias del tiempo.
Con un hijo menor de un año en los brazos, Denia Serrano refiere que su pequeña casa fue la única no derribada durante el último desalojo, a causa del menor. Antes de marcharse, las autoridades advirtieron que contaba hasta que el niño alcanzara el primer año de vida para resolver a donde mudarse, luego regresarían a arrasar el lugar.
En espera a que pase lo peor, expone: “Mi esperanza estaba en poder levantar una casita en el tiempo que me daban, pero si quitaron el terreno la única opción que me queda es seguir aquí. Ya Elianis y yo hemos ido varias veces al Partido (sede municipal del Partido Comunista de Cuba), y nos dicen lo de siempre, que no pueden hacer nada para mejorar nuestra situación. Me van a tener que matar aquí, porque no tengo para donde ir con mis hijos (tiene otra hija de nueve años)”.