LA HABANA, Cuba -“A esconderse que ahí viene la basura”. El estribillo de aquel viejo y famoso chachachá encaja como un guante para plasmar lo que ocurre entre la gente de Cuba cada vez que el régimen anuncia modificaciones para alguna de las leyes dictadas últimamente como parte de eso que llaman las reformas raulistas.
Leemos y escuchamos entre líneas la nueva regulación, intentando descubrir dónde está la trampa, cómo se las arreglaron esta vez los caciques para recuperar la mínima dosis de poder que habían perdido, o sea, con qué contrarreforma han dado dos pasos hacia atrás donde antes dieron uno hacia delante.
Ya que sabemos que su estilo preferido para reformar consiste en tejer por el día para destejer en la noche lo tejido, es natural que busquemos la quinta pata del gato cuando anuncian nuevas medidas, precedidos por los elogios de la prensa oficial.
En este caso se trata de las modificaciones a la Ley General de la Vivienda, dadas a la publicidad hace pocos días. Mientras la Mesa Redonda y otros medios dedicaban sus espacios a sobresaltar los muchos beneficios que aporta, en las calles tomaba fuerza el rumor de que, entre col y col, las nuevas medidas persiguen poner fin a la libre compra-venta de viviendas entre particulares.
Es algo difícil de creer, no sólo porque significaría un gran paso hacia atrás, y no ya únicamente en sus aspectos prácticos, sino en cuanto a elementales derechos humanos. Ser dueño de una casa y no poder venderla a quien quieras y al precio libremente acordado con el comprador, contrae una violación del derecho ciudadano inimaginable en cualquier otro país del mundo civilizado.
Además, al leer de primera vista las modificaciones, en la Gaceta Oficial No. 40, Extraordinaria, uno no encontraba nada en concreto acerca de la compraventa entre particulares. El énfasis informativo ha estado en la redistribución de funciones para organismos que tienen que ver con la vivienda y también en lo recién regulado sobre la venta de terrenos y otros detalles. Apenas resulta sospechosa la advertencia de que entre las nuevas tareas de esos organismos estarán “organizar el control del fondo de viviendas, su estado y evolución”, o “implementar, controlar y coordinar la aplicación de la Ley General de la Vivienda”.
Sin embargo, el rumor ha persistido y muchos aseguran que su fuente procede precisamente de estos nuevos organismos que se ocuparán de “organizar el control”. Así que, como de costumbre, no nos ha quedado sino prestarle oídos y seguir buscando. Hasta dar finalmente con el punto en que quizá veamos saltar la liebre.
En un nombrado Reglamento Complementario a la Ley General de la Vivienda, firmado por René Mesa Villafaña, Ministro de la Construcción -uno de los nuevos organismos en cuestión-, hay un apéndice que trata sobre la compraventa de viviendas entre particulares. Bajo el título “Transferencia a favor del Estado”, este apéndice dispone, en sus artículos 4 y 5, algunas normas del tipo: “La compra se formaliza mediante Resolución administrativa, en la que consta la transferencia del inmueble a favor del Estado y el precio a pagar a los titulares”. O de este otro tipo: “La compraventa de la vivienda se efectúa sin condicionamiento alguno sobre el destino futuro del inmueble, que se integra al fondo estatal y se asigna observando la política y el orden de prioridades vigentes”.
Parece quedar claro que es ahí donde radica el origen del rumor y la inquietud popular. Deseo francamente que todo no pase de ser una falsa alarma.
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