Compraventa de viandas: vía crucis para el cubano de a pie

Compraventa de viandas: vía crucis para el cubano de a pie

No pocas personas se llevan las manos a la cabeza cuando tienen que comprar productos agrícolas

Cola en el Mercado Atendido por CCS Antero Regaldo de Artemisa (foto de archivo)
Cola en el mercado atendido por CCS Antero Regaldo de Artemisa (foto de archivo)

LA HABANA, Cuba.- No pocas personas se llevan las manos a la cabeza cuando tienen que comprar productos agrícolas. A priori, los precios de venta que alcanzan muchos de estos alimentos, constituyen una barrera económica de acuerdo al poder adquisitivo del cubano promedio. ¿Estafa? ¿Indolencia generalizada? ¿Complicidad de las autoridades? Son interrogantes por las que el pueblo espera respuestas.

“La botella de puré (de tomate) vale 15 pesos, la libra de tomate está a 16 pesos y la de frijoles a 15. De las especies ni hablar. Una solita libra de esos productos cuesta aproximadamente lo mismo que gano de salario diario, son cosas que uno no se explica y que tampoco a nadie le interesa explicarnos”, expresa con rostro de preocupación Hortensia, joven trabajadora de Cultura.

Por décadas, el estado asumió la comercialización de la gama de alimentos provenientes de la tierra. Los llamados MAE (Mercado Agropecuario Estatal) vendían sin competencia con precios más accesibles, pero el volumen de ofertas cayó considerablemente. En 2010 las reformas raulistas hicieron frente a los problemas de abasto potenciando la actividad privada. Sin embargo, no se crearon bases para el comercio organizado, ni mecanismos de protección al consumidor.

El criterio popular responsabiliza a los “carretilleros” (vendedores ambulantes de productos agrícolas) por los exorbitantes precios.

Mientras vende sus mercancías en una barriada de Arrollo Naranjo, Marcos de la Osa revela algunas de las interioridades que provocan inestabilidad en el negocio.

Según explica, a los amplios gastos en mercancías y fisco, adiciona una cuantía que “semanalmente se paga para poder ‘curralar’ (trabajar) sin contratiempos”.

“Aquí siempre falta algún papel, y aunque son ellos –el gobierno– quienes tienen que otorgarlo, todas las semanas entrego entre 500 y 700 pesos de soborno a los inspectores, para que nadie se meta conmigo. De lo contrario me arriesgo a que se ensañen y cumplan todos los planes de multas conmigo solo. El dinero hay que sacarlo debajo de la tierra si es preciso. Encima tengo que ganarme lo mío, ¿o voy a trabajar por gusto?”, comunicó.

Amplía que las inconformidades apuntan a los “carretilleros” porque son el rostro visible del oficio, “pero detrás hay otro tipo de negociantes que condicionan el último precio que adopta cada producto”.

Donde come uno comen dos, y donde comen dos…

Antes de llegar a manos del cliente, del surco a la tarima los alimentos agrícolas transitan por una pirámide comercial donde interactúan productores, funcionarios del sector, intermediarios, inspectores, policías de carretera y finalmente, los dueños de carretillas o de puntos de venta en los Mercados Agropecuarios de oferta y demanda.

A cargo de las Cooperativas de Crédito y Servicio Fortalecidas (CCSF) corren los controles primarios que regulan las ventas de productores a intermediarios. Para efectuar cualquier gestión de venta, los campesinos necesariamente tienen que afiliarse a las CCSF, y tributar a estas un por ciento (se estima el 30%) del ingreso declarado atendiendo a los precios estatales.

No obstante, muchos campesinos deciden permanecer al margen de lo que se establece. Para ahorrarse unos pesos maniobran por debajo del telón.

En la provincia Mayabeque, un campesino al que todos conocen por Mingo, indicó que cuando planea realizar una venta importante, para no arriesgarse a sufrir multas o decomisos, “cuadro con algún jefe en la cooperativa y por unos cuantos billetes me hace una carta para vender lo que yo quiera. Y si iba a vender la cebolla a 60 pesos la ristra, la ‘clavo’ (vende sobre valorada) a 80, para recuperar el soborno”.

aAsimismo, alega que los costos agregados en la cosecha por la adquisición de pesticidas, fertilizantes y mano de obra, obligan a elevar los precios de la producción.

“Un litro de cualquier veneno para las plagas, cuando aparece, puede valer más de mil pesos”, dijo.

El juego del gato y el ratón

“Ahora les dicen los caza correcaminos (tractor con adaptaciones para incrementar la velocidad, generalmente se utilizan para transportar viandas desde los campos hacia la ciudad), no pueden ver una caja de viandas arriba del tráiler”, relata en tono jocoso Adonis Palma, intermediario, en alusión a las patrullas de Tránsito.

Confirma que, “como si fueran narcos, cuando los saludamos les damos la mano y en el interior ponemos 80-100 pesos para cada uno y ya está, no pasa nada. Tiene que ser que a algún ‘sesudo’ de ‘arriba’ se le ocurra montar un operativo, como hace seis meses, cuando nos decomisaron cerca de 40 mil pesos”.

Los intermediarios son una figura extraoficial dentro del negocio. El estado permite que actúen a la sombra porque desempeñan una importante función que él no puede suplir: poner en los mercados toda la vianda demandada. No se permite que trasladen malanga y frijoles, por pertenecer a la canasta básica, como tampoco ajo.

Sin licencia tipificada para la actividad que desarrollan, ni autorizos para adquirir mercancías al por mayor, son blanco habitual de las patrullas policiales y los inspectores.

“Entonces imagínate, cuando por fin llego al mercado, ¿a cómo tengo que vender lo que traigo para recuperar las pérdidas?”, se pregunta.

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