LA HABANA.- “¿Cómo es posible que me esté pasando esto a mí?’’, se pregunta la capitalina Odeimy Chirino Cabrera. Las autoridades le han confiscado su vivienda por un presunto tráfico de drogas en el que se encuentra involucrado su hijo mayor. Ya la han declarado ocupante ilegal del inmueble y espera que de un momento a otro la desalojen junto a su familia.
Es propietaria hace 22 años de la vivienda ubicada en calle 304 No.1509B entre 15 y 17, reparto El Roble, Santa Fe, municipio Playa.
Desde que comenzó el proceso contra su hijo, la casa construida con sus propios esfuerzos fue confiscada por la dirección Municipal de la Vivienda, narra la afectada.
Odeimy ya ha realizado varios trámites intentando impedir que la desalojen, pero todos han sido en vano. Cuenta que su ‘’odisea’’ comenzó desde el 1ro de noviembre de 2016, fecha en que resultó arrestado su hijo Franklin Arcia Chirino, acusado de tráfico de marihuana.
“Ese día llegaron aquí en un Lada rojo de chapa particular, varios hombres vestidos de civil, quienes en un principio no se identificaron. Ellos dijeron que estaban buscando a mi hijo y no me querían decir por qué, entonces como me negué a decirles es que se identifican y me dicen los motivos por los que lo estaban buscando, ahí yo accedí y los llevé hasta donde él estaba”, informó.
Agrega que los agentes esposaron a su hijo y lo introdujeron en el auto, donde lo mantuvieron bajo el sol por muchas horas. Ella, mientras tanto, estuvo retenida dentro del inmueble hasta que “llegaron un montón de policías para registrar la casa”.
“Yo no puse reparo alguno en el registro porque yo sabía que él no estaba haciendo eso en mi casa, él sabe cómo yo soy y nunca se lo permitiría. Si lo hacía, era en la calle, pero yo realmente estaba ajena a todo”, apuntó.
Durante el registro, destaca Odeimy que ocuparon una cachimba comprada por ella y un envoltorio vacío. “Allí no se encontró más nada que no fuera eso, y sin embargo, dos meses después de que cogieron a mi hijo, y sin haberle probado nada aún, vienen la gente de la Vivienda con una notificación de que mi casa había sido decomisada”.
La orden fue emitida por el Ministro de la Construcción basado, según señala el documento, en el expediente de fase preparatoria confeccionado por el Departamento Territorial de Investigación Criminal y Operaciones, en específico de la Sección Antidrogas.
“Mi hijo no había sido juzgado todavía, no había pruebas, y ya ellos estaban aplicando medidas severas. Eso fue que a alguno le gustó mi casa y se quieren quedar con ella”, sospecha.
Sin embargo, “no sólo eso” es lo que ha pasado en este caso. “Apelé contra la resolución, y además de que declararon sin lugar la apelación, me dejaron claro que contra lo dispuesto por ellos no había reclamación alguna, ni en lo judicial, ni en lo administrativo, mira lo justo que son en este país”, detalló Odeimy.
En tanto, el 23 de octubre de 2017 Franklin Arcia Chirino resultó sancionado a cuatro años de privación de libertad por el Tribunal Provincial de La Habana por tráfico de Marihuana.
Según detalla la sentencia emitida por el tribunal, otro joven, Jorge Luis Hall Almora, coacusado en el hecho, afirmó que fue Franklin quien le había vendido marihuana en una ocasión. El documento además refleja que Franklin realizaba esta actividad en su casa, y que además, supuestamente, la misma servía de almacén, aunque en el registro no le ocuparon drogas.
Nelson Tanyo Manso, jubilado de las Fuerzas Armadas (FAR), quien fuera uno de los testigos durante el registro, por su parte explicó a este Diario que en la casa de Odeimy no se encontró prueba alguna de que allí se estuviera traficando con drogas.
‘’Yo también tengo una cachimbita aquí en mi casa y nunca he visto un cigarro marihuana, allí no se encontró droga ninguna, ni dinero tampoco, por lo que quitarle la casa no tiene sentido ninguno. Esa sería la arbitrariedad más grande que se pueda cometer. Si él (Franklin) lo hizo fue en la calle, porque en esa casa no se vende drogas… Conmigo no pueden contar para eso, porque yo cuando tenía 15 años, me alcé contra la dictadura de Batista para que esto no pasara, no soporto las injusticias”, enfatizó.
Así mismo, Odilio Delgado Rodríguez, otro de los testigos que participó en el registro de la vivienda, confirmó lo antes expuesto por Nelson.
“Yo estoy convencido de que en esa casa nunca se ha vendido drogas, y no sólo yo, todos los vecinos te van a decir lo mismo, eso es una injusticia, este caso no se ha investigado bien”, apuntó.
En ese sentido, Yaritza Tanyo Bueno, que reside al lado de la casa en cuestión afirma con exactitud que, de estarse traficando drogas allí, habría flujo de personas entrando y saliendo de la casa, pero declara que nunca se ha visto esa situación en la mencionada vivienda.
‘’Si fuera así como dice el Gobierno, pasarían por aquí un desfile de gente, porque la mayoría de los muchachitos hoy día están en eso de la fumadera, así que imagínate, todo el mundo en el barrio lo sabría”, recalcó.
Olga Lidia Infanzón Arse destaca que, a decir por el documento emitido por la vivienda, supuestamente se llevó a cabo una investigación que arrojó indicios probatorios sobre los hechos.
“Habría que preguntarse dónde investigaron ellos, porque aquí a ningún vecino le han preguntado nada, incluso pusieron que ahí se almacenaba droga, que en ningún momento fue así, nadie aquí en la cuadra ha visto nada de eso, ni de venta, ni de almacenamiento, ni de nada; y para que no se sepa lo que se hace en una cuadra, es porque verdaderamente no hay nada, la firma de todos los vecinos confirma lo que te digo”, insistió.
Alfredo Gómez Beltrán comenta al respecto: “Esa casa siempre está cerrada, ahí nunca hay nadie. Entonces yo me pregunto: si dicen que venden drogas, ¿a qué hora la venden? Porque ningún vecino ha visto nada sospechoso. ¿De dónde ellos sacaron eso?”, preguntó Alfredo.
CubaNet consultó al abogado independiente Dr. Rene López Benítez, quien refirió que se necesitan elementos probatorios para llevar acabo la confiscación de la vivienda.
“Primeramente hay que ver dónde la almacenaba (la droga), si (Franklin) la llevaba a la casa, si la gente que convive con él sabía que utilizaba la casa para eso, porque en derecho todo hay que probarlo… Esto se aplica por el decreto ley 232 que se aprobó hace unos cuantos años y eso no se estaba aplicando”, explica.
Según el jurista, “ahora sí” se está aplicando el citado decreto “porque hay una ofensiva contra las drogas que se llama ‘tolerancia cero’ y están llevando todo el proceso. Pero el abogado tiene que fajarse por los palos y le tienen que probar que la casa estaba vinculada a la droga. Si ya dictaron sentencia, contra esa sentencia cabe recurso de casación y, si el fallo es contradictorio, cabe el recurso de revisión ante el Tribunal Supremo, el Fiscal General, y la Ministra de Justicia, o sea, que el abogado ahí tienen que ponerse las pilas y lograr comprobar que la casa no está vinculada a la droga”.
Este diario intentó consultar a las autoridades de la Vivienda, pero estos se negaron a dar declaraciones al respecto.
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