LA HABANA, Cuba. -La orden de desalojar y desmantelar los garajes y cuartos de desahogo que se alzan al fondo de los edificios del Reparto Eléctrico ha evidenciado el rechazo popular frente a la ofensiva del Instituto de Planificación Física de Cuba (IPF) contra las llamadas “indisciplinas constructivas” e ilegalidades en el sector de la vivienda. En los últimos días, mediante reuniones en los llamados “Comité de Defensa de la Revolución” (CDR), algunos funcionarios se han encargado de transmitir un ultimátum para quienes han emprendido transformaciones o ampliaciones en sus viviendas sin contar con un permiso estatal.
Según nos ha informado un dirigente de la Zona de los CDR del Consejo Popular Eléctrico, que no desea ser identificado y que, además, rechaza la ordenanza por ser uno de los afectados, la despiadada acometida comenzará por los edificios del sur del Reparto Eléctrico ―que son los que albergan a las familias con menos recursos y, por tanto, los que mayores ilegalidades constructivas exhiben― y avanzará durante todo este año hasta cumplir los objetivos de eliminar totalmente aquellas máculas que estorban el proceso de maquillaje urbanístico emprendido por Raúl Castro y ejecutado con vehemencia (o desesperación) por el actual presidente del IPF, el General de División Samuel Rodiles Planas, que como todo militar de alto rango, tanto él como su familia cuentan con privilegios a la hora de adquirir una casa y, en consecuencia, jamás se verán en la necesidad de quebrantar las leyes que ellos mismos han promulgado.
A pesar de las amenazas, que contemplan multas que superan los 500 pesos (unos 20 dólares, el equivalente al salario promedio mensual de un trabajador), demoliciones y desalojos forzosos, una buena parte de las numerosas familias afectadas, según opiniones escuchadas en la calle, afirman que se enfrentarán con todos los medios, incluida la violencia, contra las medidas que, analizadas fuera del contexto cubano pudieran parecer sensatas pero que, teniendo en cuenta las carencias y la falta de oportunidades para acceder a una vivienda decorosa cuando no se es militar, dirigente o cómplice de la dictadura, resulta un plan de medidas absurdas, lo que demuestra una vez más que entre el gobierno y los ciudadanos cubanos existe una brecha de discrepancias insalvable.
Los primeros, enajenados de la cruda realidad nacional, ordenan y legislan sin tener en cuenta el caos que ellos mismos han generado; los segundos, están obligados, una vez más, a cargar sobre sus espaldas una culpa ajena, a juzgar por ese discurso que se ha puesto de moda entre los principales dirigentes cubanos donde el pueblo, aunque privado de todas las libertades democráticas durante más de medio siglo, es el único responsable de la incapacidad y la torpeza de todo un sistema político basado en las improvisaciones y los antojos de un dictador.
En Cuba, el derecho a adquirir una vivienda nueva e incluso en mal estado constructivo está vinculado al grado de lealtad al régimen. Aunque en los últimos tiempos se ha permitido la compra-venta de casas y los alquileres, los precios superan en miles de veces el salario anual de cualquier obrero o trabajador profesional. Como resultado, en las familias cubanas, varias generaciones han sido forzadas a compartir el mismo espacio habitacional y, para evitar el hacinamiento, muchos han ampliado sus viviendas del modo que han podido y, en casi todos los casos, traspasando los límites de lo permitido hasta llegar al punto de delinquir en contra la voluntad personal.
Tanto en el Reparto Eléctrico como en otros barrios similares, algunos de los llamados “garajes” o “cuartos de desahogo”, fabricados con desechos y restos de contenedores de metal, funcionan como habitaciones anexas a los apartamentos o como talleres y espacios de trabajo donde se ejercen los más variados oficios, desde la carpintería hasta la cría de cerdos. La eliminación de estos sitios afectaría la economía personal de numerosas familias, así como los obligaría a retornar al hacinamiento.
El paquetazo de medidas que desean poner en práctica en numerosos barrios de la isla, revela la hipocresía de un gobierno que, en sus estrategias de perpetuación a toda costa, insiste en ignorar las penurias de una población cansada de los atropellos. Los actuales dirigentes, incapaces de una alternativa eficaz contra la pobreza que ellos mismos han generado, apelan a un desesperado plan de maquillaje que los ayude a proyectar una imagen de cambio y prosperidad que nada tiene que ver con los actuales tiempos de ocaso político de la “revolución”.