LA HABANA, Cuba.- Tenía razón la abogada Laritza Diversent, mi colega del periodismo independiente, cuando expresó en enero de 2009 que “aún siguen sin estar bien definidos los propósitos de fortalecer la institucionalidad a la que se refería Raúl Castro en la VII Asamblea Nacional”.
El Palacio de Convenciones de La Habana cumplía su aniversario 35, pero aún los derechos de la sociedad cubana plenamente instituidos brillaban por su ausencia.
En 1975 se aprobó el Código de Familia, pero se olvidó, por ejemplo, el respeto a la libre orientación sexual e identidades de género como ejercicio de justicia y equidad social, algo que comenzó a analizarse más de dos décadas después.
Hoy, cuando el abstencionismo se hace más evidente en las urnas, se habla de muy pocos Decretos Ley aprobados en papel como, por ejemplo, una regulación contra el maltrato y en favor del bienestar animal, solicitado durante muchos años por la Asociación Nacional Independiente para la Protección de Animales y plantas.
Ahora, luego de sesenta años de chapucería y pésimos productos alimenticios de producción nacional, tenemos por primera vez un Decreto Ley de 2020 sobre Inocuidad Alimentaria, publicado en la Gaceta Oficial el pasado 30 de octubre.
Hay varios decretos sí, pero sigue el modelo socialista que no da pie con bola. Por ejemplo, este de la alimentación del pueblo, según la Oficina Nacional de Normalización (ONN), “se trata de un documento jurídico que da respuesta a esa necesidad, dotando al país, por primera vez, de disposiciones que deben garantizar alimentos inocuos y nutritivos”.
Sin embargo, ¿acaso un decreto puede lograr que después de sesenta años de una pésima producción de alimentos se cumplan dichas reglas, sobre todo bajo la actual crisis alimentaria, la más grave de la historia cubana, ya que la población ha perdido el derecho a comer porque las tiendas donde se expenden los alimentos están vacías por largos períodos de tiempo?
Ahora surge este Decreto, ¡qué casualidad!, cuando en 2019 se publicaron en la Gaceta Oficial determinadas normas jurídicas para el trabajo por cuenta propia ante el fracaso de la producción estatal.
Se trata de miles de trabajadores independientes que se especializan en diversas ramas de la producción alimentaria, junto a cientos de pequeños e improvisados restaurantes —a los que el gobierno llama despectivamente “paladares” —, que intentan convertirse en el relevo de aquellas fondas y cafeterías humildes —anteriores a 1959—, limpias y de bajo costo, que tenían almuerzo o cena bien elaborados, y aquel desayuno tradicional de café con leche fresca y pan tostado con mantequilla; o una merienda: emparedados conocidos como “media noche”, a base de pan, excelente jamón, queso, etc.
Pero la realidad es otra, y serán las autoridades del propio régimen quiénes controlarán las disposiciones jurídicas a seguir mientras continúe la venta a la población de productos de pésima calidad, sin etiquetas que señalen sus componentes, fecha de vencimiento, o la presencia de algún alérgeno.
Si esto ha ocurrido a lo largo de sesenta años, ¿de qué manera se multa hoy al propio Estado ante sus obligaciones a seguir: situaciones de alerta, emergencias sanitarias y fraude alimentario? ¿Acaso el mismo gobierno se impondrá multas o responsabilidad penal?
En muchos momentos el país recibió productos alimenticios que carecían de certificados del Registro Sanitario, capaces de propagar plagas ya sea por malas materias primas u otros, como aquellas latas búlgaras de coles fermentadas, o carnes en agua, de la URSS, suspendida su venta mucho antes del desplome político del Kremlin; o las célebres croquetas cubanas de “ave”: “averigua”, que resultaban explosivas al cocinar, acompañadas de un pan siempre de mala calidad porque o la harina no llegaba a tiempo o las cuatro ruedas que lo llevaban a la bodega se rompían.
Sufríamos los cubanos de discursos y alimentos inocuos, sosos y anodinos, fabricados en la isla siempre por el Estado cubano, porque, “en materia de inocuidad, —así lo publicó Granma en días recientes— nos seguía faltando una disposición que agrupara todos esos saberes y regulara otros tan necesarios para hacer valer el derecho de la sociedad y los ciudadanos a disfrutar de una alimentación saludable”.
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