Cuba: ¿"Medidas esenciales"?

Los derechos humanos en peligro en nombre de la seguridad

Cuba adopta medidas drásticas contra la disidencia y reanuda las ejecuciones

Amnistía Internacion. Junio 3, 2003.

A mediados de marzo de 2003, tras un periodo de aparente tendencia más abierta y permisiva, las autoridades cubanas adoptaron medidas enérgicas sin precedentes contra la disidencia cubana en la isla. En un margen de pocos días, las fuerzas de seguridad capturaron a 75 disidentes en redadas dirigidas a objetivos concretos. Con la excepción de un reducido grupo de disidentes muy conocidos por su oposición al régimen, fueron detenidos la mayoría de los miembros de la cúpula de la disidencia, personas que llevaban más de una década en el activismo. Tras someterlos a juicios precipitados y sin las garantías procesales debidas, y apenas pocas semanas después de su detención, les impusieron severas penas de prisión de hasta 28 años.

Al mismo tiempo, a primeros de abril el gobierno cubano puso fin a una suspensión de facto de las ejecuciones que había durado tres años y ejecutó mediante pelotón de fusilamiento a tres hombres implicados en el secuestro de un avión, incidente este que no había ocasionado heridos. Los tres hombres fueron sometidos a un juicio y a un proceso de apelaciones sumario y ejecutados apenas una semana después del inicio del juicio.

Crecen las críticas a Cuba

En Cuba, instituciones como la Conferencia de Obispos Católicos mostraron su preocupación por los acontecimientos y, en la esfera internacional el aumento de la represión fue ampliamente criticado por personalidades destacadas, diversos gobiernos, la Unión Europea, la Organización de los Estados Americanos y numerosos órganos de las Naciones Unidas.

En Estados Unidos, el gobierno del presidente George Bush había demostrado ya que su política respecto a Cuba seguía una línea dura. Pese a la creciente presión interna en favor del levantamiento del embargo estadounidense y demás restricciones impuestas a la isla, el presidente Bush había prometido vetar cualquier intento de modificar la política estadounidense por vía legislativa a menos que se implantara en Cuba un sistema de partidos políticos y se celebraran elecciones. Las relaciones entre ambos países se habían tensado aún más como consecuencia de las acusaciones vertidas periódicamente por Estados Unidos según las cuales Cuba estaba fabricando armas de destrucción biológica, así como por el trato que Estados Unidos había dispensado a cinco hombres condenados en ese país por espiar a favor de Cuba a grupos de exiliados en Estados Unidos.

Tras la acción del gobierno cubano, Estados Unidos impulsó la adopción de una resolución severa de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en contra de Cuba. Pese a todo, sus esfuerzos no tuvieron eco y Cuba no concitó la condena expresa de la Comisión. En Estados Unidos se avivó el debate interno en relación con un posible endurecimiento de las restricciones a Cuba. Paralelamente, las declaraciones de algunas autoridades estadounidenses agudizaron la tensión aún más, y de las declaraciones oficiales se desprendía que las autoridades cubanas sentían, tras la guerra de Irak, una creciente amenaza militar por parte de Estados Unidos.

Disidentes juzgados en virtud de una legislación severa y no utilizada antes

Amnistía Internacional ha estudiado la documentación legal relativa a los juicios de 51 de los 75 disidentes. De estos, 26 fueron condenados en virtud del artículo 91 del Código Penal cubano por "actos contra la independencia o la integridad territorial del Estado". Otras 19 personas fueron condenadas con arreglo a la Ley 88, o Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, y las otras seis recibieron condenas por delitos en aplicación de ambos instrumentos legales.

La Ley 88 es una respuesta cubana explícita a una ley estadounidense de 1996, conocida como Ley "Helms-Burton", que endurecía el embargo contra Cuba y establecía ayudas para los "esfuerzos por la democratización" en la isla. La Ley 88 establece duras penas de prisión para las personas declaradas culpables de apoyar la política estadounidense contra Cuba.

La organización siente preocupación por los efectos que algunas de las disposiciones de la Ley 88 tienen sobre los derechos humanos, por cuanto imponen límites inaceptables a la libertad de expresión, asociación y reunión. A los disidentes se los declaró culpables de haber infringido esa ley, por ejemplo, por haber concedido entrevistas a la emisora de capital estadounidense Radio Martí, que transmite información para Cuba; por recibir materiales o fondos provenientes, al parecer, del gobierno estadounidense, o por mantener contactos con representantes de la Sección de Intereses del gobierno de los Estados Unidos en La Habana, a la que las autoridades cubanas habían acusado de comportamiento subversivo y agitador. De acuerdo con sus motivos de preocupación, Amnistía Internacional insta a las autoridades cubanas a suspender inmediatamente la Ley 88.

El documento proporciona información general y trata la situación actual de cada uno de los 75 disidentes. Hay personas como Héctor Palacios Ruiz, de 61 años, conocido por las críticas que viene vertiendo contra el gobierno desde hace mucho tiempo, al que Amnistía Internacional había declarado preso de conciencia con ocasión de anteriores detenciones, en 1994, 1997 y 1999. También se habla de Marcelo López Bañobre, de 39 años, defensor de los derechos humanos que no había sido procesado antes, y al que se ha impuesto una pena de prisión de 15 años por "enviar información a organismos internacionales como Amnistía Internacional", entre otras actividades.

Amnistía Internacional reconoce que hay 75 nuevos presos de conciencia

A los disidentes no se los acusó de haber cometido un delito común reconocible, pese a que las autoridades cubanas afirmaban que eran agentes extranjeros cuyas actividades estaban poniendo en peligro la independencia y la seguridad de Cuba. No se acusó a ninguno de ellos de espiar ni de revelar secretos relativos a la seguridad del Estado, por ejemplo; tampoco ninguno ocupaba un puesto de responsabilidad que le permitiera haber podido acceder a información privilegiada. Cualquiera que fuera la razón de la controversia del gobierno con Estados Unidos en relación con sus prácticas en Cuba, todo indica, al revisar la información disponible, que la conducta por la que se procesó a los disidentes no había sido violenta y que se ajustaba a los parámetros del ejercicio legítimo de la libertad de expresión, asociación y reunión con arreglo a las normas internacionales.

Por consiguiente, Amnistía Internacional considera presos de conciencia a los 75 disidentes. Sus condenas elevan la cifra total de presos de conciencia en Cuba a 90, por lo que la organización insta urgentemente a su liberación inmediata e incondicional. Igualmente, pide a las autoridades cubanas que reformen la legislación del país que contribuye a "legitimizar" la encarcelación constante de presos de conciencia mediante la prohibición del ejercicio de las libertades fundamentales.

Amnistía Internacional pide a Cuba que detenga las ejecuciones de inmediato

Lorenzo Enrique Copello Castillo, Bárbaro Leodán Sevilla García y Jorge Luis Martínez Isaac fueron ejecutados por un pelotón de fusilamiento el 11 de abril de 2003. Formaban parte de un grupo que secuestró un ferry cubano con varias decenas de pasajeros a bordo e intentó obligar a la tripulación a desviarse a Estados Unidos. El incidente se resolvió sin violencia. Se procesó a todos ellos en virtud de la legislación antiterrorista, que se había modificado para endurecerse en diciembre de 2001. Sus recursos se desestimaron de forma sumaria, y los tres fueron ejecutados por un pelotón de fusilamiento apenas una semana después del inicio del juicio.

A Amnistía Internacional le ha causado honda preocupación la naturaleza sumaria del juicio y el proceso de recursos a los que se sometió a los hombres, así como la reanudación de las ejecuciones tras su suspensión de facto durante tres años. La organización insta a las autoridades cubanas a que se comprometan públicamente a volver a suspenderlas, a conmutar todas las condenas a muerte existentes y a abolir la pena de muerte del sistema penal cubano.

Amnistía Internacional insta al gobierno de los Estados Unidos a revisar su política con miras a poner fin a los perjuicios causados por el embargo

Amnistía Internacional considera que el embargo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos y las medidas derivadas de ese embargo han tenido, sin lugar a dudas, consecuencias negativas en la situación de los derechos humanos en la isla. A la luz de los estudios realizados por diversos órganos de las Naciones Unidas, el embargo ha repercutido perjudicialmente en la alimentación, la salud, la educación y en otros muchos otros aspectos de la vida diaria, causando un enorme daño a las capas más desfavorecidas y vulnerables de la sociedad cubana, no a las autoridades sobre quienes estas medidas pretenden influir.

Además, la organización considera que el embargo ha ido en detrimento del goce de los derechos civiles y políticos fundamentales en Cuba, al avivar un clima en el que derechos fundamentales como la libertad de asociación, expresión y reunión se han negado de forma sistemática. Tal como han puesto de manifiesto las recientes drásticas medidas, el embargo confiere al gobierno cubano un pretexto para ejercer una política represiva. Las simpatías generalizadas que ha concitado Cuba por no plegarse a las exigencias estadounidenses han motivado la reticencia histórica de terceros países a presionar a Cuba para que aborde sus problemas en materia de derechos humanos. Al mismo tiempo, determinadas disposiciones adscritas al embargo, como la asignación de recursos significativos en concepto de ayudas para la "construcción de la democracia" han dado pie a que el gobierno proyectara una imagen de los disidentes como simpatizantes de intereses extranjeros que, en último término, debilita las posibilidades de tejer un movimiento de derechos humanos sólido e independiente. Por estas razones, además de las recomendaciones dirigidas a las autoridades cubanas para que pongan fin a la represión inmediatamente y reformen el sistema legal que la sustenta, Amnistía Internacional pide a Estados Unidos que revise su política en relación con Cuba con miras a poner fin a los perjuicios que ha causado con el embargo y las medidas derivadas de él.

Este texto resume un informe titulado Cuba:"¿Medidas esenciales?" Los derechos humanos en peligro en nombre de la seguridad (Índice AI: AMR 25/017/2003/s), publicado por Amnistía Internacional el 3 de junio de 2003. Si desean más información o emprender acciones sobre este asunto, consulten el documento principal. Pueden encontrar una amplia selección de materiales de Amnistía Internacional sobre éste y otros temas en http://www.amnesty.org, y nuestros comunicados de prensa se pueden recibir por correo electrónico en <http://web.amnesty.org/ai.nsf/news>. Para los documentos traducidos al español consulten la sección "centro de documentación" de las páginas web de EDAI en http://www.edai.org/centro.

2.1. Progresos en materia de derechos humanos 2
2.2. Mejora de las relaciones con la comunidad internacional 2
2.3. Tensiones constantes con Estados Unidos 3
El embargo de Estados Unidos contra Cuba 3
Los derechos humanos y el embargo estadounidense 3
a. Consecuencias del embargo en los derechos económicos, sociales y culturales 4
b. Consecuencias del embargo en el disfrute de los derechos civiles y políticos 5
La situación de los "cinco de Miami" 8
La guerra "contra el terrorismo" 8

3.1. Postura oficial de Cuba en relación con las detenciones masivas 10
3.2. Reacción a las medidas represivas dentro del país 12
3.3. Respuesta internacional 12
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 12
Unión Europea 14
Organización de los Estados Americanos 15
Estados Unidos 16
a. Debate sobre el endurecimiento del embargo 16
b. Intensificación del cruce de acusaciones entre Cuba y Estados Unidos 17
Otras instituciones y organizaciones 18

4.1. Los cargos presentados contra los disidentes 19
Artículo 91 del Código Penal 19
Ley 88 20
a. Periodo preliminar a la promulgación de la Ley 88 20
b. Disposiciones de la Ley 88 21
c. Aplicación de la Ley 88 en los juicios recientes 23
Motivos de preocupación en materia de derechos humanos suscitados por los cargos 23
4.2. Procedimientos: el caso contra los disidentes 25
4.4. Las condenas 30

8.1. Recomendaciones al gobierno cubano 65
8.2. Recomendaciones al gobierno estadounidense 66

Apéndice 1: copias de "pruebas" distribuidas por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra (sólo disponibles en papel)
Apéndice 2: mapa de Cuba que muestra la localización de las cárceles donde se encuentran recluidos los condenados durante la ola represiva 66

A mediados de marzo, las autoridades cubanas detuvieron a 75 disidentes en tan solo unos días como consecuencia de la aplicación de las medidas más enérgicas jamás adoptadas contra la disidencia desde los años que siguieron a la revolución de 1959. Tras someterlos a juicios sumarios, los condenaron con rapidez a largas penas de prisión de hasta 28 años. Con excepción de un reducido número de disidentes conocidos por su oposición al régimen, las autoridades detuvieron en las redadas a buena parte del nivel intermedio de la dirigencia disidente; muchos de los detenidos llevaban participando en actividades de oposición al régimen al menos una década.

Las medidas represivas, sin precedente hasta entonces, sorprendieron a algunos observadores, por cuanto en los últimos años el régimen cubano parecía mostrar una tendencia más abierta y permisiva. Salvo algunas excepciones, por ejemplo, las numerosas detenciones de disidentes que se produjeron en los días previos y posteriores al intento de irrumpir en el recinto de la embajada mexicana en febrero de 2002, en los últimos años el número de presos de conciencia venía reduciéndose de forma constante. Todo parecía indicar que las autoridades cubanas habían abandonado la política de imposición indiscriminada de penas de prisión prolongadas como medio para reprimir la disidencia, y tendían hacia una política de hostigamiento de menor intensidad, que pretendía disuadir antes que castigar a los detractores del gobierno.(1) Además, en abril de 2000, Cuba empezó a aplicar una suspensión de facto de las ejecuciones que fue muy bien recibida por los observadores de la situación de los derechos humanos en la isla.

Dadas las reiteradas señales a lo largo de los últimos años que, como la suspensión de las ejecuciones, indicaban una disminución de la presión en materia de derechos humanos, la ola de detenciones y juicios sumarios, además de la ejecución de tres hombres condenados por el secuestro de un ferry, suponen un alarmante paso atrás en el respeto a los derechos humanos. No pocas veces, en la historia de unas relaciones bilaterales tensas, las autoridades cubanas han señalado la provocación y la agresión de Estados Unidos como la causa de las tensiones que dieron lugar a la ola de represión.

Al revisar la limitada documentación disponible en relación con estos juicios, todo indica que, cualquiera que fuera el fondo de la disputa entre Cuba y Estados Unidos por la política de éste respecto a la isla, la conducta por la que se procesó a los disidentes no fue manifiestamente delictiva ni violenta, sino que pareció ajustarse a los parámetros del ejercicio legítimo de las libertades fundamentales proclamado en las normas internacionales. Por consiguiente, a la luz de la información disponible, Amnistía Internacional considera presos de conciencia(2) a los 75 disidentes e insta a su liberación inmediata e incondicional.

2. Situación general previa a la ola de represión

2.1. Progresos en materia de derechos humanos

Las limitaciones a la libertad de expresión, de asociación y de reunión siguen codificadas en la legislación cubana; sin embargo, con anterioridad a la ola de represión de marzo, distintas señales pusieron de manifiesto que la represión contra los disidentes estaba disminuyendo.

Se interpretó como positiva la ausencia de represión en gran escala contra una serie de iniciativas emprendidas por organizaciones no oficiales en Cuba. Si bien se registraron varios incidentes de hostigamiento, en muchos casos las autoridades parecieron hacer caso omiso de las actividades de la disidencia. Entre estas iniciativas, el ejemplo más conocido en el ámbito internacional es el Proyecto Varela, una petición de reformas legales. En 2002 se anunciaron otras iniciativas, como la Asamblea para promover la sociedad civil, dirigida por la presa de conciencia Marta Beatriz Roque Cabello, quien fue detenida durante la ola represiva de marzo.

Otro indicador positivo fue la disminución lenta pero constante del número de presos de conciencia a lo largo de los últimos años. Pese a todo, en febrero de 2002 la cifra de presos volvió a sus niveles máximos: tras la detención de varios activistas se produjo un incidente en el que un autobús que transportaba un numeroso grupo de jóvenes irrumpió, derribando la valla, en el recinto de la embajada mexicana. Las autoridades afirmaron que se había tratado de un intento de búsqueda de asilo, y el suceso desencadenó nuevas detenciones de disidentes que provocaron que a finales de 2002 hubiera más presos de conciencia que en cualquier momento del año anterior.

En vísperas del recrudecimiento de la represión contra la disidencia de marzo de 2003, Amnistía Internacional había identificado a 15 presos de conciencia cubanos, detenidos exclusivamente por el ejercicio pacífico de sus libertades fundamentales: Yosvany Aguilar Camejo, José Aguilar Hernández, Bernardo Arévalo Padrón, Oscar Elías Biscet González, Leonardo Bruzón Avila, Francisco Chaviano González, Rafael Corrales Alonso, Carlos Alberto Domínguez González, Emilio Leyva Pérez, Eddy Alfredo Mena y González, Carlos Oquendo Rodríguez, Ricardo Ramos Pereira, Lázaro Miguel Rodríguez Capote, Néstor Rodríguez Lobaina y Jorge Enrique Santana Carreiras.(3)

La suspensión de facto de las ejecuciones en abril de 2000 se contempló como otro signo positivo; aunque se siguieron dictando sentencias de muerte, no hubo noticias que indicaran que se habían producido más ejecuciones. Esta tendencia cambió en abril de 2003 con la ejecución de tres hombres jóvenes, quienes, tras ser sometidos a un juicio sumario, fueron condenados en virtud de nueva legislación antiterrorista por el secuestro de un ferry en el que no se produjeron heridos (véase infra).

2.2. Mejora de las relaciones con la comunidad internacional

Todo pareció indicar que las relaciones de Cuba con algunos sectores de la comunidad internacional mejoraban a lo largo de 2002 y a principios de 2003. El diálogo político con la Unión Europea, bloqueado durante cinco años en diversas materias, entre ellas la situación de los derechos humanos, se había reabierto con una primera reunión en diciembre de 2001. Posteriormente, en noviembre de 2002, se celebró un segundo encuentro con representantes de la Unión Europea, y en marzo de 2003 se inauguró en La Habana la primera delegación oficial de la Unión Europea en la isla.

En abril de 2002 la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) aprobó una resolución relativamente suave en materia de derechos humanos en Cuba, y en noviembre de 2002, por undécimo año consecutivo, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución en la que se pedía a Estados Unidos que pusiera fin a su embargo contra Cuba.

La visita de un alto cargo canadiense a Cuba en noviembre de 2002 sirvió para mejorar las relaciones de la isla con Canadá, deterioradas en los tres años anteriores, y pareció que las relaciones bilaterales con otros países también se fortalecieron o mejoraron.

2.3. Tensiones constantes con Estados Unidos

Una excepción a esta tendencia fue la tensión constante existente entre Cuba y el gobierno de Estados Unidos. La tirantez de las relaciones entre ambos países se hizo patente desde la revolución de 1959, y se fue incrementando con la adhesión de Cuba al sistema socialista y con la invasión en 1961 de Playa Girón (Bahía de Cochinos), auspiciada por Estados Unidos. Estados Unidos y Cuba no mantienen relaciones diplomáticas, pese a que en 1977 se establecieron Secciones de Intereses en sus respectivas capitales. La tensión existente entre ambos países ha afectado a las relaciones bilaterales e internacionales, hecho este que puede percibirse en numerosas áreas.

El embargo de Estados Unidos contra Cuba

Desde 1962, Estados Unidos mantiene un embargo económico y comercial contra Cuba. El gobierno estadounidense viene arguyendo reiteradamente que sólo cambiará su política si ve que se produce un cambio político sustancial en la isla. Según las autoridades cubanas, el embargo es ilegal y ha causado un enorme sufrimiento al país, por lo que periódicamente piden su levantamiento. También otros organismos han hecho llamamientos reiterados al respecto, como la Asamblea General de las Naciones Unidas (véase infra).

En varias ocasiones desde el inicio del embargo, Estados Unidos ha aprobado nueva legislación con el propósito de reforzarlo. Por ejemplo, en marzo de 1996, el presidente estadounidense Bill Clinton dio su aprobación a la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática con Cuba —conocida también por el nombre de los legisladores que la impulsaron: Ley "Helms-Burton"—, cuyo texto se analiza con mayor detalle a continuación. Sin embargo, en los últimos años han aumentado las voces que dentro del país piden el levantamiento del embargo.

Ya en su toma de posesión, el presidente George W. Bush indicó que vetaría cualquier intento de eliminar por vía legislativa el embargo o cualquier otra restricción impuesta a Cuba, a menos que se implantara en ese país un sistema de partidos políticos y se celebraran elecciones. Esta postura fue criticada por el ex presidente estadounidense Jimmy Carter, cuya visita a Cuba en mayo de 2002 supuso la presencia en la isla del máximo nivel de representación estadounidense desde 1959. También se registró la oposición de otros sectores del país a la política del gobierno de George Bush: en octubre de 2002, el Congreso estadounidense votó por poner fin a las restricciones a los viajes de los estadounidenses que deseaban visitar Cuba, y la isla siguió recibiendo visitas de legisladores estadounidenses locales y nacionales, entre otras personalidades.

Los derechos humanos y el embargo estadounidense

Amnistía Internacional hace un llamamiento en favor del levantamiento de las sanciones allí donde considera que el mantenimiento de éstas puede contribuir a que se cometan abusos graves contra los derechos humanos. A este respecto, resulta muy preocupante el resultado que se obtiene al analizar los efectos del embargo estadounidense contra Cuba y de otras políticas conexas.

a. Consecuencias del embargo en los derechos económicos, sociales y culturales

En noviembre de 2002, por undécimo año consecutivo, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que pedía a Estados Unidos que, refiriéndose al embargo contra Cuba y a otras medidas conexas, se "tomen las medidas necesarias para derogarlas o dejarlas sin efecto".(4) La resolución, titulada "Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba", fue aprobada por 173 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones.

A la votación le sucedió la publicación bajo el mismo título de un informe del secretario general de las Naciones Unidas; la Asamblea General había pedido que se elaborara dicho informe en la resolución de 2001 que condenaba el embargo. En el informe, las agencias de las Naciones Unidas condenaron sin paliativos las consecuencias del embargo en la vida económica, social y cultural de Cuba. La selección de fragmentos que se incluye en el cuadro que figura a continuación pone de manifiesto la forma en que el embargo ha afectado a todos los ámbitos de la vida en la isla.

Una mayoría abrumadora de las evaluaciones llevadas a cabo por los organismos competentes de las Naciones Unidas coincide en afirmar que el embargo estadounidense contra Cuba es enormemente perjudicial para el goce de distintos derechos económicos, sociales y culturales de los cubanos. Es más, buena parte de sus análisis indican que los efectos negativos del embargo se sienten desproporcionadamente, no entre los encargados de la toma de decisiones y las autoridades sobre cuya política el embargo pretende influir, sino entre los sectores más débiles y vulnerables de la población.

Las consecuencias negativas del embargo estadounidense sobre los derechos económicos, sociales y culturales

El informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) de 2002 describió las consecuencias negativas del embargo indicando: "La isla es uno de los cinco países en que la prevalencia de población desnutrida se incrementó más en el decenio. Según estimaciones de la FAO, la proporción de los sectores desnutridos aumentó del 5% de la población en 1990-1992 al 17% en 1997-1999".(5)

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), fue rotundo al expresar las consecuencias negativas del embargo, indicando que "tiene repercusión en todos los ámbitos de la sociedad de ese país. Afecta en particular la labor del Gobierno de Cuba para proteger a los niños, los adolescentes, las mujeres y la familia, tal como se definen en la Convención sobre los Derechos del Niño".(6)

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) indicó: "En el caso de la educación, ámbito en que Cuba ha alcanzado un grado considerable de desarrollo, se ha agravado la escasez de recursos materiales para la publicación de textos, la falta de material didáctico, el deterioro de muchos centros educativos, la disminución de la calidad de los alimentos y la reducción de los incentivos materiales para el personal docente […] el bloqueo ha retardado el desarrollo científico del país".(7) En sus conclusiones, la UNESCO "subraya la necesidad de poner en vigor el llamamiento al Gobierno de los Estados Unidos de América para que ponga fin a esta política, que viola los derechos del pueblo cubano".(8)

El Fondo de Población de las Naciones Unidas arguyó: "El embargo económico de los Estados Unidos, en vigor desde hace decenios, ha empeorado notoriamente la situación y ha contribuido a que la calidad de vida de la población de Cuba se deteriore aún más. En 2001, los indicadores del nivel de vida estuvieron por debajo de los valores alcanzados en 1990. La escasez de asistencia financiera y la grave restricción de las importaciones debido a las limitaciones financieras han afectado a la prestación de servicios sociales básicos".(9)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) condenó las consecuencias del embargo sobre la salud de la población: "Ante todo, cabe observar que el embargo ha tenido efectos negativos muy importantes en el rendimiento general de la economía nacional, desviando la asignación óptima de recursos de las esferas prioritarias y afectando a los programas y servicios sanitarios, y comprometiendo en última instancia la calidad de vida de la población, en particular de los niños, los ancianos y los enfermos".(10)

b. Consecuencias del embargo en el disfrute de los derechos civiles y políticos

Además de todo lo anterior, Amnistía Internacional considera que el embargo estadounidense ha contribuido a socavar el disfrute de los derechos civiles y políticos fundamentales en Cuba, avivando un clima en el que derechos fundamentales como la libertad de asociación, de expresión y de reunión son negados de forma sistemática. El embargo proporciona al gobierno cubano una excusa para ejercer su política represiva, al tiempo que las simpatías generalizadas que el país ha concitado por resistirse a la presión estadounidense han hecho que terceros países se sintieran reacios a presionar a Cuba para que ésta resuelva su crisis de derechos humanos. Determinadas disposiciones del embargo han socavado además el desarrollo de un movimiento de derechos humanos en la isla, hecho este que, a su vez, mina las posibilidades de consolidación de una sociedad civil independiente.

Las consecuencias del embargo pueden apreciarse claramente en el ámbito jurídico. Las autoridades cubanas han defendido sistemáticamente un sistema legal represivo por considerar que los Estados agredidos tienen derecho a restringir las libertades en interés de la seguridad nacional.

El artículo 1 de la Constitución cubana afirma explícitamente que Cuba es un Estado socialista.(11) La Constitución supedita el ejercicio de las libertades fundamentales al apoyo al sistema:

Ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo.(12)

Además de condicionar de ese modo el ejercicio de los derechos, la Constitución declara específicamente a Cuba como un país "antiimperialista e internacionalista", afirmando que:

[R]epudia la intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de cualquier Estado y, por tanto, la agresión armada, el bloqueo económico, así como cualquier otra forma de coerción económica o política(15)

En un discurso pronunciado en 1995, el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Robaina, puso de manifiesto el vínculo entre ambas tendencias. Sorprendentemente, sus palabras son muy similares a las de declaraciones oficiales efectuadas recientemente:

[Y] sólo podremos avanzar más en la medida que desaparezcan las políticas y conductas contrarias a los intereses de la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Ningún país admite la existencia legal de grupos organizados que pongan en peligro el sistema democrático vigente; mucho menos si éste se ha establecido sobre la base de un consenso como han conocido pocos pueblos del mundo. En otras palabras: en Cuba no es posible hacer contrarrevolución legalmente, mucho menos si las credenciales para ello se obtienen en las oficinas de quien representa a nuestro principal enemigo.(16)

[L]as cláusulas de la Ley Helms-Burton (the Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act), así como la Ley Torricelli (the Cuban Democracy Act), que condicionan el levantamiento del embargo a medidas y plazos específicos, lleva como consecuencia asimismo que los Estados Unidos se arrogan el derecho de ser el actor externo que aspira a imponer las reglas del cambio del sistema actual por otro más pluralista. Esto genera dudas sobre el futuro en vez de confianza y puede infundir en sectores de la disidencia interna el sentimiento de que sus criterios carecen de relevancia ya que, de todos modos, el futuro de Cuba se decidiría al margen de los mismos. La consecuencia directa de esta situación podría ser que la tendencia a la actividad política abierta y a los riesgos que ésta conlleva disminuyen.(17)

Mantuvimos intensas reuniones con una amplia representación de los disidentes más destacados, todos ellos dirigentes de una organización; muchos habían cumplido condenas por exigir un cambio en el régimen socialista. Fueron unánimes en su apreciación de mi discurso, en su voluntad de arriesgarse a ser objeto de medidas punitivas en vez de mantenerse en silencio, en su deseo de que aumentaran las visitas de estadounidenses a la isla, y en su oposición a que Estados Unidos elevara el tono de sus acusaciones contra Cuba y financiara las actividades de la disidencia. Cualquier informe que revele la existencia de esas ayudas simplemente serviría para dar crédito a las denuncias que viene formulando desde hace tiempo el presidente Castro, según las cuales los disidentes son "lacayos asalariados" al servicio de Washington.(18)

La situación de los "cinco de Miami"

Las tensiones entre los dos países han aumentado en los últimos meses debido a la disputa surgida en torno al trato dispensado por Estados Unidos a cinco hombres cubanos. En 2001, René González, Fernando González, Gerardo Hernández Nordelo, Antonio Guerrero y Ramón Labañino fueron condenados en Estados Unidos por cargos de espionaje a favor de Cuba. Las autoridades cubanas dedicaron una considerable atención al caso, describiendo a estos hombres como héroes, cuyo único objetivo había sido proteger a Cuba de una potencial amenaza terrorista infiltrándose en grupos de exiliados en Miami, y su campaña recibió un importante apoyo internacional.

En noviembre de 2002, los cinco hombres solicitaron un nuevo juicio, alegando que el prejuicio anticubano en Miami les había impedido disfrutar de un juicio justo. Amnistía Internacional escribió a las autoridades estadounidenses en varias ocasiones para expresar su preocupación por el trato que estaban recibiendo estos hombres y por las dificultades que debían salvar sus familias para acceder a ellos.

La guerra "contra el terrorismo"

Las autoridades cubanas han criticado a Estados Unidos por no actuar contra determinados grupos de la comunidad cubana en el exilio en ese país, que, al parecer, están preparándose para llevar a cabo una potencial invasión armada en la isla.(19) Según la información recibida, uno de estos grupos, los Comandos F-4, afirma haber herido mediante disparo a un espía cubano en La Habana a primeros de año.(20)

Por su parte, Estados Unidos también ha formulado acusaciones contra Cuba. El 6 de mayo de 2002 el subsecretario de Estado para el control de armas, John R. Bolton, afirmó que Cuba estaba realizando investigaciones en materia de armas biológicas y que había suministrado tecnología a "otros Estados deshonestos". Esta denuncia coincidió con el periodo previo a la visita del ex presidente Jimmy Carter a la isla, durante la cual Carter mantuvo que las autoridades estadounidenses que le habían informado al respecto antes del viaje le habían asegurado que no existían pruebas que apoyaran esas acusaciones. (21) En una declaración realizada durante su visita al Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de La Habana, Carter aseguró que "de ningún modo se habían formulado esas acusaciones ni se habían planteado dudas al respecto" durante "las intensas sesiones informativas que había mantenido con el Departamento de Estado, las agencias de información [...] y los altos funcionarios de la Casa Blanca" antes de visitar la isla.(22)

Cuba, a su vez, negó rotundamente estas acusaciones. El ex presidente Carter declaró que el presidente Castro, en respuesta a las acusaciones, se había ofrecido a abrir las instalaciones de investigación biotecnológica para su inspección.(23)

Desde entonces, las señales emitidas al respecto por el gobierno estadounidense han sido un tanto contradictorias. Se ha informado de que miembros destacados del gobierno, incluido el secretario de Estado, Colin Powell, se habían distanciado de las acusaciones.(24) Sin embargo, el entonces subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Otto Reich, volvió a ponerlas sobre el tapete.(25) En la edición de 2001 del informe Patterns of Global Terrorism (Patrones del Terrorismo Mundial), del Departamento de Estado estadounidense, no se hacía mención al respecto; lo mismo ocurrió con la de 2002, publicada el 20 de abril de 2003.

Sin embargo, este último informe sí volvía a incluir a Cuba en la lista de los siete "Estados patrocinadores del terrorismo", definidos como Estados que han "apoyado repetidamente la comisión de actos de terrorismo internacional".(26) En lo relativo a la isla, el informe reconocía que Cuba había firmado y ratificado los doce convenios internacionales antiterroristas en 2001 y que "no había protestado contra el uso de la base de la Bahía de Guantánamo para albergar a combatientes enemigos procedentes del conflicto de Afganistán". Sin embargo, el informe continuaba diciendo que "Cuba ha seguido expresando su oposición a la coalición creada para luchar contra el terrorismo mundial, encabezada por Estados Unidos, y se ha mostrado muy crítica con buena parte de las políticas y actividades estadounidenses dirigidas a tal fin".(27)

Las acusaciones concretas contra Cuba eran que ésta "continuó proporcionando puerto seguro a varios terroristas y fugitivos de Estados Unidos" y "envió agentes a misiones de Estados Unidos en todo el mundo para proveer pistas falsas diseñadas para subvertir la investigación acerca de los atentados del 11 de septiembre de 2001".(28)

A mediados de marzo, con el telón de fondo de los preparativos para la invasión militar de Irak por parte de Estados Unidos y las especulaciones generalizadas respecto a que otros Estados acusados de colaborar con el terrorismo podían encontrarse también en el punto de mira, las autoridades de Cuba detuvieron a decenas de disidentes, acusándolos de intentar subvertir el sistema cubano y de conspirar con Estados Unidos.

3. Las detenciones masivas: unas medidas represivas repentinas y sin precedentes

Estoy convencido de que informar a otros de forma objetiva y profesional y hacer públicas mis opiniones sobre la sociedad en la que vivo no puede ser un delito muy grave […] ninguna persona ni ninguna ley podrá hacerme creer que me he convertido en un gángster o en un delincuente sólo por informar de la detención de un disidente, o por elaborar una lista con los precios de los alimentos básicos en Cuba, o por escribir que me parece espantoso que más de 20.000 cubanos se exilien en Estados Unidos cada año y que otros cientos intenten llegar allí donde puedan.(29) Raúl Rivero Castañeda, en 1999. Fue detenido durante la última ola represiva y condenado a una pena de 20 años de prisión.

3.1. Postura oficial de Cuba en relación con las detenciones masivas

Tal como venía ocurriendo en el pasado, las autoridades cubanas justificaron inmediatamente las medidas represivas afirmando que había sido una respuesta inevitable a la agresión estadounidense. Mantuvieron que la conducta de James Cason, director de la Sección de Intereses del gobierno de Estados Unidos en La Habana, había sido el catalizador directo de la ola de represión.

Según la información recibida, desde su llegada a Cuba en septiembre de 2002, James Cason(30) había dado más relevancia a las críticas al sistema cubano, adoptando al respecto una postura pública más activa que la de sus predecesores en el cargo. Según un artículo de una periodista que lo entrevistó en enero: "desde que llegó, afirma Cason, ha hecho más de 6.400 kilómetros en su vehículo para visitar 9 de las 14 provincias cubanas, ha hablado con los autoestopistas que encontró en el camino y cenado con los disidentes y dirigentes religiosos del interior de la isla".(31) Según los informes, en el periodo inmediatamente anterior a la ola represiva, Cason realizó una visita muy destacada a un grupo de disidentes que mantenían una reunión, habló con los periodistas extranjeros allí reunidos, y permitió a los disidentes utilizar su residencia oficial para celebrar actos.

En los días previos a la represión, el ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Pérez Roque, describió lo que él denominó "un comportamiento realmente sin precedentes, algo nuevo para nosotros desde que se creó la Sección", y afirmó que el gobierno cubano creía que era parte de un plan deliberado para tensar las relaciones.(32) El presidente Castro indicó que el 17 de marzo, día anterior al inicio de la represión, las autoridades cubanas habían presentado una nota por escrito a la Sección de Intereses del gobierno de Estados Unidos para protestar por lo que consideraban la violación por parte de James Cason de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de 1961.(33)

La nota oficial que anunciaba las detenciones se iniciaba con una condena de:

Las desvergonzadas y reiteradas provocaciones del Jefe de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en Cuba, obviamente concebidas y llevadas a cabo como parte de la política hostil y agresiva de la actual Administración hacia nuestro país, con la estrecha cooperación y apoyo de la mafia terrorista de Miami y la extrema derecha de Estados Unidos.(34)

Ningún país por poderoso que sea tiene derecho a convertir su representación diplomática en organizadora, financista, jefa y cuartel general de actividades para desestabilizar, subvertir el orden constitucional, violar las leyes, conspirar contra el desarrollo social, sabotear las relaciones económicas, amenazar la seguridad y destruir la independencia de otro país.(35)

No quepa la menor duda de que la Revolución aplicará con el rigor que sea necesario, y en la medida en que las circunstancias lo demanden, las leyes creadas para defenderse de nuevas y viejas tácticas y estrategias contra Cuba.(36)

Estos arrestos se produjeron antes del comienzo de la guerra en Irak […] fue antes cuando se produjo la decisión y se produjeron los arrestos como consecuencia de la situación insostenible en que habíamos sido puestos por las provocaciones y la actuación irresponsable del señor Cason.(37)

Sabemos que esa es la aspiración, el sueño dorado de los que sostienen el bloqueo y la política de agresiones contra Cuba; quizás es también el sueño del Sr. Cason, su regreso heroico expulsado de Cuba. Sabemos bien quiénes celebrarían y a quiénes les encantaría esa decisión; pero, en todo caso, cerrar la Sección de Intereses en La Habana y pedirle al Sr. Cason que abandone el país, es un derecho que nosotros nos reservamos.(38)

El presidente Castro fue incluso más allá, y acusó a Estados Unidos no sólo de provocar una inmigración masiva, sino de hacerlo como excusa para una intervención armada: "la idea siniestra es provocar un conflicto armado entre Cuba y Estados Unidos. En eso ponen la esperanza de liquidar la Revolución". (40)

3.2. Reacción a las medidas represivas dentro del país

Las medidas adoptadas por el gobierno provocaron importantes reacciones dentro de la isla. En un gesto significativo, el Comité Permanente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba emitió un comunicado de prensa el 11 de abril, en el que expresaba su preocupación por lo acontecido.

Según los informes recibidos, el 22 de abril, un grupo de mujeres cubanas, entre las que se encontraban las esposas y las madres de los condenados, presentó ante el edificio del Consejo de Estado una carta dirigida a Fidel Castro pidiéndole que pusiera fin a la represión y las ejecuciones en Cuba:

Demandamos la anulación de la pena de muerte por constituir un crimen con ropaje judicial. Asimismo, la eliminación de las excesivas condenas de cárcel impuestas a 75 pacifistas defensores de los derechos humanos: periodistas y economistas independientes y opositores por el solo hecho de expresar sus opiniones abiertamente.(41)

3.3. Respuesta internacional

La condena internacional de la represión en Cuba no ha tenido precedentes, lo cual indica que buena parte de la comunidad mundial no aceptaba la justificación que el gobierno cubano había dado con relación a sus acciones, o consideraba que su respuesta había sido excesiva e injustificada. Con todo, Cuba eludió la condena específica de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

Tal como venía ocurriendo cada año desde 1992, la cuestión del historial de derechos humanos de Cuba se planteó durante el periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos que la ONU celebró en Ginebra en abril de 2003.(42) La votación se aplazó un día tras proponerse dos enmiendas al texto original, presentado por Costa Rica, Nicaragua, Perú y Uruguay antes de la ola de represión. Una de las enmiendas, presentada por Costa Rica, añadía un comentario de condena a las entonces recientes medidas represivas; fue rechazada por 31 votos en contra, 15 a favor y 7 abstenciones.

La segunda enmienda, propuesta por la propia Cuba, exigía el inmediato levantamiento del embargo estadounidense y pedía al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que llevara a cabo un estudio sobre la repercusión que tenían sobre los derechos humanos "los continuos actos terroristas cometidos impunemente contra el pueblo de Cuba desde el territorio de los Estados Unidos".(43) Esta enmienda fue asimismo rechazada por 26 votos en contra, 17 a favor y 10 abstenciones. El 17 de abril se aprobó la resolución original, anterior a la ola de represión: en ella simplemente se hacía referencia a la resolución del año precedente, en la que se invitaba al gobierno cubano a realizar avances en materia de derechos civiles y políticos similares a los que se habían realizado en materia de derechos sociales. Se instaba asimismo a Cuba a recibir la visita de Christine Chanet, la representante personal para Cuba del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que fue designada en el cargo en enero de 2003.(44) La resolución fue aprobada por 24 votos a favor, 20 en contra y 9 abstenciones.

En una rueda de prensa celebrada el 18 de abril, el ministro de Relaciones Exteriores cubano, Felipe Pérez Roque, expresó su satisfacción por el fracaso de la enmienda presentada por Costa Rica, pero dejó claro que eso no implicaba la aceptación de la resolución en sí misma:

queremos decir que ello no quita, sin embargo, el hecho de que rechacemos también la resolución finalmente adoptada. La rechazamos porque, aunque no es un texto condenatorio, es un texto que no tiene justificación […] es un texto norteamericano, que responde al interés norteamericano.(45)

Cuba no se niega a cooperar con el Alto Comisionado, todo lo contrario; ni con los mecanismos no selectivos y no discriminatorios de la Comisión o de la Oficina del Alto Comisionado, todo lo contrario. Cuba lo que no está dispuesta es a aceptar la manipulación de este tema; el empleo sin escrúpulos, incluso, de esta figura de Naciones Unidas, para justificar la campaña contra Cuba […] por tanto, por esa razón es que no aceptamos el mandato de esa resolución.(46)

Unión Europea

Las medidas represivas impuestas por el gobierno cubano sucedieron a una etapa en que las relaciones de Cuba con Europa habían mejorado significativamente. El 12 de marzo, pocos días antes del inicio de la ola de detenciones, la Unión Europea (UE) abrió su primera oficina en Cuba. Poul Nielson, Comisario para el Desarrollo y la Ayuda Humanitaria de la UE, visitó la isla para inaugurar la sede de la nueva delegación y afirmó públicamente que la UE pretendía reforzar sus relaciones con Cuba.(48) Asimismo, manifestó su satisfacción por la solicitud de adhesión de Cuba al Acuerdo de Cotonú.(49)

Tras la ola de represión, en la conferencia de prensa que el ministro de Relaciones Exteriores, Enrique Pérez Roque, concedió el 9 de abril en relación con los juicios, abordó la cuestión de las relaciones de Cuba con la UE. Se mostró crítico con los paralelismos que podían establecerse entre la postura de la Unión Europea y la de Estados Unidos:

La Unión Europea no ha tenido capacidad para proyectar una posición independiente hacia Cuba, y eso explica su tibia reacción contra el bloqueo hacia Cuba; explica su alineamiento con la posición norteamericana contra Cuba en Ginebra; explica el hecho de que no han sido capaces de formular una posición europea sobre Cuba, que defienda el derecho internacional […] debo recordar que ya una vez Cuba retiró su solicitud del Convenio de Cotonú, y que si tuviera que hacerlo otra vez, lo haría.(50)

Estos últimos acontecimientos, que marcan un nuevo deterioro de la situación de los derechos humanos en Cuba, afectarán a las relaciones de la UE con Cuba y a las perspectivas de una mayor cooperación. El Consejo seguirá atentamente la evolución de la situación.(51)

El 23 de abril, la Comisión Europea organizó para la semana siguiente una reunión para debatir su postura ante la situación de Cuba; según la información recibida, varios Estados miembros estaban considerando la idea de reducir su nivel de cooperación con la isla.(53) El 30 de abril, la Comisión anunció su decisión de congelar el proceso de consideración de la solicitud de Cuba. El 16 de mayo, el ministro de Relaciones Exteriores cubano informó al responsable de la delegación de la Unión Europea en La Habana que Cuba quería retirar su solicitud de adhesión al Acuerdo de Cotonú. La declaración oficial que el Ministerio emitió al día siguiente decía:

Cuba ha resistido más de 44 años de bloqueo, agresiones y amenazas de Estados Unidos sin rendirse, y no ve razón alguna para aceptar presiones de cualquier otro.(54)

Organización de los Estados Americanos

El relator especial para la libertad de expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó su preocupación por las detenciones y los juicios sumarios, e instó "una vez más a las autoridades cubanas a que cambien su postura respecto de la prensa independiente y que reconozcan a todos los habitantes el derecho a la libertad de expresión e información".(55) El 3 de mayo de 2003, Día Mundial de la Libertad de Prensa, el relator especial se unió a su homólogo en las Naciones Unidas, el relator especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, para manifestar su grave preocupación ante las penas dictadas contra los disidentes cubanos.(56)

Paralelamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó las ejecuciones de los tres potenciales secuestradores de ferrys(57) y expresó su grave preocupación por la detención y el juicio de los disidentes.(58)

Los intentos de aprobar una resolución de condena de las violaciones de derechos humanos cometidos en Cuba por parte de los 34 miembros de la OEA se vieron frustrados por la falta de apoyo. El 19 de mayo, Canadá, Ch