Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Informe Anual 2002
Cuba

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 7 marzo 2003.

...continuación  

III.          LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

43.          La Resolución de la Novena Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá, Colombia, en 1948, y que dio lugar a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, señala en sus considerandos, inter alia, que los pueblos americanos “tienen como fin principal la protección de los derechos esenciales del hombre y la creación de circunstancias que le permitan progresar espiritual y materialmente…”.  La Declaración Americana consagra no solamente derechos civiles y políticos, sino también, derechos económicos, sociales y culturales.

44.          Con respecto a los derechos económicos y sociales, la Comisión ha manifestado que “ciertamente, los requerimientos del derecho humano a una vida digna trascienden los contenidos igualmente fundamentales del derecho a la vida (entendido en su sentido mas estricto), del derecho a la integridad personal, del derecho a la libertad personal, de los derechos relacionados con el sistema de democracia representativa y de los demás derechos civiles y políticos”.[37]

45.          La Comisión ha resaltado, asimismo “la estrecha relación que existe entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales y la de los derechos civiles y políticos, por cuanto las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros”.

46.          Con el transcurso del tiempo se ha ido reconociendo la indivisibilidad e interdependencia entre los derechos económicos, sociales y culturales, y los derechos civiles y políticos. Teniendo en cuenta esa indivisibilidad de los derechos humanos, la Comisión desea puntualizar que la violación de los derechos económicos, sociales y culturales generalmente trae consigo una violación de los derechos civiles y políticos.  En efecto, una persona que no recibe adecuado acceso a la educación puede ver mermada su posibilidad de participación política o su derecho a la libertad de expresión. Una persona con escaso o deficiente acceso al sistema de salud verá disminuido en diferentes niveles, o violado de un todo, su derecho a la vida.  Esta situación puede darse en diferentes grados, según la medida de la violación de los derechos económicos, sociales y culturales, pudiendo sostenerse en términos generales que a menor disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, habrá un menor disfrute de los derechos civiles y políticos. En este contexto, una situación de máxima violación de los derechos económicos, sociales y culturales significará una máxima violación de los derechos civiles y políticos. Ello es lo que sucede cuando nos encontramos con una situación de pobreza extrema.

47.          La situación de Cuba desde 1989 se ha caracterizado por una crisis económica que afectó prácticamente a todas las esferas de la vida del país.  Entre 1989 y 1993 el producto bruto interno (PBI) cubano cayó 35% y las exportaciones descendieron 75%.  La desaparición de la Unión Soviética y el embargo económico fueron algunas de las razones que coadyuvaron a esta situación.  Ante esta coyuntura, el Estado adoptó una serie de medidas de ajuste y reestructuración tendientes a frenar el deterioro y reanimar la economía.  En 1994 se revirtió la tendencia descendiente de la economía, registrándose un modesto crecimiento (0,7%) del PBI; en 1995 el crecimiento fue de 2,5%, y en 1996 se produjo un significativo crecimiento de 7,8%.  En 1996, el PBI per cápita aumentó 7,5%, se elevaron el salario medio y los ingresos de la población y mejoró la distribución del ingreso.  Entre otros indicadores positivos, cabe señalar que el déficit presupuestario disminuyó a 2,4% del PBI, las exportaciones totales crecieron 33%, la productividad laboral aumentó 8,5%, las inversiones ejecutadas crecieron 54%, el consumo personal subió 4%, y el consumo social y del Gobierno aumentaron 4% y 2% respectivamente.  Aunque se considera que se ha revertido la tendencia negativa y se está en presencia de un crecimiento, la economía cubana se desempeña en condiciones difíciles por los términos desfavorables de los créditos externos, que fijan altas tasas de interés a corto plazo.[38]

          48.          En lo político, se destacan las acciones dirigidas a profundizar la descentralización del Estado y de los sectores económicos; a promover y desarrollar la participación popular en los procesos decisivos en todos los niveles y a fortalecer el Parlamento.  Las informaciones proporcionadas dan cuenta que entre los principales objetivos de la política social en Cuba están:

-        acceso a una alimentación básica;

-        asegurar el derecho ciudadano a la salud y la educación;

-        ingreso adecuado para quienes se jubilan o requieren de un apoyo económico de la sociedad;

-        fuentes de empleo; protección y descanso del trabajador;

-        una vivienda confortable;

-        lograr una sociedad progresivamente más justa y solidaria.[39]

49.          La Comisión también fue informada que Cuba utiliza las siguientes vías para el logro de los objetivos arriba citados:

-          Distribución de aproximadamente un 55% del aporte calórico de la dieta por vías sociales, como son el sistema de racionamiento a bajos precios; una red de alimentación popular para personas de bajos ingresos; alimentación gratuita o a muy bajos precios a través de los centros de salud, educación y otros.

-          Acceso universal y gratuito a los servicios de salud y educación, incluyendo la enseñanza universitaria; y en el caso de la salud, los tratamientos médicos más complejos y costosos.  Asignación de los recursos financieros y humanos necesarios para asegurar servicios de calidad.

-          Cobertura universal de la seguridad social y de la asistencia social.  En los artículos 47 y 48 de la Constitución se consagra que ningún ciudadano puede quedar desamparado.

-          Impulso al desarrollo económico como fuente principal de creación de empleos; programas de empleo en regiones deficitarias y para personas discapacitadas. Reestructuración gradual del empleo por redimensionamiento de capacidades, con reubicación o garantías de ingresos a los trabajadores excedentes.

-          Reducción de los alquileres; adquisición de la vivienda mediante un pago equivalente al alquiler; programas estatales de construcción de viviendas y programas con esfuerzo propio; alternativas de viviendas de bajo costo; reparación de viviendas con apoyo estatal.[40]

50.          Adicionalmente debe agregarse que, en Cuba, el progreso social se concibe de un modo multifacético y amplio, de modo que al mismo contribuyen también el desarrollo y un amplio acceso a la cultura, al deporte, a la recreación y al descanso de los trabajadores.  La Comisión también recibió informes que la política social en Cuba aspira a garantizar no sólo igualdad de oportunidades, sino también la equiparación de resultados. La política social implementada ha considerado un tratamiento específico y diferenciado a determinados segmentos de la población como son las familias de menores ingresos, la mujer, los niños, las madres solteras, los ancianos, los discapacitados, los territorios con menor desarrollo relativo y las personas que en el pasado sufrieron discriminación.  La prioridad conferida al desarrollo social y el carácter activo de la política social aplicada permitió que la sociedad cubana alcanzara en un corto período histórico la eliminación de  grandes diferencias sociales y territoriales; la erradicación de fenómenos negativos como la desnutrición y el raquitismo, el analfabetismo, el desamparo y la pobreza; así como permitió alcanzar elevados índices de desarrollo social en cuestiones esenciales como la salud y la educación.[41]

            51.          A continuación la Comisión considera importante reproducir algunos indicadores sociales actualizados a diciembre de 2001 por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) con relación a Cuba: [42]

INDICADORES DEMOGRÁFICOS

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS

INDICADORES DE MORTALIDAD

Tasa de mortalidad infantil reportada (menores de 1 año).[48]	. . . . . . . . . . 7,2
Tasa estimada de mortalidad de menores de 5 años.[49]	. . . . . . . . . 11,2
Tasa de mortalidad materna reportada.[50]	. . . . . . . . . 34,1
Proporción de defunciones registradas de menores de 5 años por enfermedades infecciosas intestinales (enfermedades diarreicas agudas-EDA).[51]	. . . . . . . . . . . 2
Proporción de defunciones registradas de menores de 5 años por infecciones respiratorias agudas (IRA)[52]	. . . . . . . . . . . 6
Tasa estimada de mortalidad por enfermedades transmisibles[53]	. . . . . . . . . . 51,8
Tasa estimada de mortalidad por enfermedades del aparato circulatorio[54]	. . . . . . . . 293,6
Tasa estimada de mortalidad por enfermedades neoplásicas, todo tipo[55]	. . . . . . . .137,2
Tasa estimada de mortalidad por causas externas[56]	. . . . . . . . . 75,3

INDICADORES DE MORBILIDAD

52.          La Organización Panamericana de la Salud (OPS) otorgó un reconocimiento público al Estado cubano --en el Día de la Medicina Latinoamericana-- por los “significativos avances y resultados alcanzados en la salud pública y en la aplicación de la estrategia de atención primaria, así como en el desarrollo solidario del Programa Integral de la Salud”.[68]  En un reciente informe, esta organización manifestó que Cuba se había propuesto en 1991 una serie de objetivos en materia de salud pública.  En este sentido, señaló que “[l]as estrategias son la reorientación del sistema de salud hacia la atención primaria y su pilar fundamental, el médico y la enfermera de familia; la revitalización de la atención hospitalaria; la reanimación del trabajo de los programas de tecnología de punta e institutos de investigación; el desarrollo del programa de medicamentos y medicina natural y tradicional, y la atención con énfasis en objetivos del sistema tales como estomatología, servicios de óptica y transporte sanitario.  Los programas considerados prioritarios son el maternoinfantil, el de enfermedades crónicas no transmisibles, el de enfermedades transmisibles y el de atención del adulto mayor”.[69]

53.          La Comisión observa como positivos los avances registrados en materia de salud pública en Cuba.  De la exposición realizada puede concluirse que los servicios de salud en la forma de atención médica son un derecho, que se proporciona gratis y bajo la responsabilidad del Estado.  Numerosas medidas se han adoptado para extender este derecho a todos los sectores de la sociedad.  Se ha realizado considerable progreso en la reducción de la tasa de natimuertos, mortalidad infantil y el desarrollo saludable de los niños.  La prevención, tratamiento y control de las enfermedades epidémicas ha avanzado a través de los años, en particular en términos de mortalidad aunque las tasas de morbilidad han aumentado para algunas enfermedades.  La Comisión no puede dejar de manifestar, asimismo, que la Constitución Política cubana es la piedra angular de los avances en el campo médico, por cuanto garantiza --por ejemplo-- que “no haya enfermo que no tenga atención médica”.[70]  El artículo 43, por su parte, estipula que “El Estado consagra el derecho conquistado por la Revolución de que los ciudadanos, sin distinción de raza, color de la piel, sexo, creencias religiosas, origen nacional y cualquier otra lesiva a la dignidad humana….reciban asistencia en todas las instituciones de salud”. Finalmente, el artículo 50 de la Constitución dispone:

Todos tienen derecho a que se atienda y proteja su salud.  El Estado garantiza este derecho:

- con la prestación de la asistencia médica y hospitalaria gratuita, mediante la red de instalaciones de servicio médico rural, de los policlínicos, hospitales, centros profilácticos y de tratamiento especializado;

- con la prestación de asistencia estomatológica gratuita;

- con el desarrollo de los planes de divulgación sanitaria y de educación para la salud, exámenes médicos periódicos, vacunación general y otras medidas preventivas de las enfermedades.  En estos planes y actividades coopera toda la población a través de las organizaciones de masas y sociales.

          54.          El derecho al trabajo se encuentra también dentro de los derechos económicos y sociales a los cuales la Comisión le asigna suma importancia.  El derecho al trabajo está consagrado en el artículo XIV de la Declaración Americana, el cual establece que:

Artículo XIV. Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir libremente su vocación, en cuanto lo permitan las oportunidades existentes de empleo. Toda persona que trabaja tiene derecho de recibir una remuneración que, en relación con su capacidad y destreza le asegure un nivel de vida conveniente para sí misma y su familia.

55.          Tal como puede advertirse, la Declaración Americana especifica las modalidades asociadas al ejercicio concreto del derecho al trabajo: el mismo debe ser realizado en condiciones dignas, de acuerdo con la vocación de quien lo ejecuta y retribuido con una remuneración adecuada. 

56.          La Constitución Política de Cuba consagra el derecho al trabajo en su artículo 45:

El trabajo en la sociedad socialista es un derecho, un deber y un motivo de honor para cada ciudadano.  El trabajo es remunerado conforme a su calidad y cantidad; al proporcionarlo se atienden las exigencias de la economía y la sociedad, la elección del trabajador y su aptitud y calificación; lo garantiza el sistema económico socialista, que propicia el desarrollo económico y social, sin crisis, y que con ello ha eliminado el desempleo y borrado para siempre el paro estacional llamado “tiempo muerto”.  Se reconoce el trabajo voluntario, no remunerado, realizado en beneficio de toda la sociedad, en las actividades industriales, agrícolas, técnicas, artísticas y de servicio, como formador de la conciencia comunista de nuestro pueblo.  Cada trabajador está en el deber de cumplir cabalmente las tareas que le corresponden en su empleo.

57.          El artículo 46 de esa Carta otorga, por su parte, al trabajador el “derecho al descanso, que se garantiza por la jornada laboral de ocho horas, el descanso semanal y las vacaciones anuales pagadas.  El Estado fomenta el desarrollo de instalaciones y planes vacacionales”.  También se garantiza un sistema de seguridad social para “la protección adecuada a todo trabajador impedido por su edad, invalidez o enfermedad.  En caso de muerte del trabajador [el Estado] garantiza similar protección a su familia”.[71]  El Estado cubano también “protege, mediante la asistencia social, a los ancianos sin recursos ni amparo y a cualquier persona no apta para trabajar que carezca de familiares en condiciones de prestarle ayuda”.[72]  Asimismo, mediante el artículo 49 de la Constitución se “garantiza el derecho a la protección, seguridad e higiene del trabajo, mediante la adopción de medidas adecuadas para la prevención de accidentes y enfermedades profesionales.  El que sufre un accidente en el trabajo o contrae una enfermedad profesional tiene derecho a la atención médica y a subsidio o jubilación en los casos de incapacidad temporal o permanente para el trabajo”.

58.          En sus artículos 42, 43 y 44, la Constitución cubana proscribe la discriminación en el empleo por sexo o raza; con el objeto de garantizar este principio, promueve la incorporación de la mujer al trabajo mediante el otorgamiento de una serie de facilidades como guarderías infantiles, internados escolares, licencia por maternidad --antes y después del parto--, atención a ancianos, y opciones laborales temporales compatibles con su función materna.  “El Estado se esfuerza por crear todas las condiciones que propicien la realización del principio de igualdad”.

59.          La Comisión toma nota de la vigencia de mecanismos legales, económicos, y sociales para la realización práctica del derecho laboral.  No obstante, la Comisión ha recibido testimonios y denuncias en los que se señala que existen diversas formas de discriminación en el otorgamiento de trabajo por motivos ideológicos u otras razones conexas.  Así, se ha informado a la Comisión que las personas que demuestran discrepancias políticas con el régimen son las que en mayor proporción se encuentran desempleadas.  Asimismo, los familiares de los presos políticos sufren discriminación en el empleo, al igual que éstos una vez que son liberados.  La Comisión también ha recibido denuncias de que ese tratamiento es otorgado a familiares de emigrados cuando éstos han asumido en el extranjero actitudes antagónicas al sistema político cubano.  La discriminación en el empleo resulta un mecanismo fácil de aplicar en una economía en la cual el Estado es el único empleador.

60.          Al respecto, la organización Human Rights Watch ha señalado que “El monopolio virtual del Gobierno cubano del empleo le permite ejercer un control estrecho de la mano de obra nacional.  Las autoridades cubanas mantienen expedientes laborales, en los que se registra cualquier conducta políticamente sospechosa.  Con frecuencia, la primera medida gubernamental contra los posibles disidentes es despedirlos de su trabajo. La mayoría de los disidentes destacados de Cuba perdieron su empleo cuando se involucraron más en organizaciones independientes o se reinsertaron en la sociedad tras cumplir una condena de cárcel impuesta por criticar al Gobierno.  Dado que son escasos los empleos en sectores sin control estatal, y casi nunca incluyen el beneficio de una vivienda, la pérdida de empleo suele resultar económicamente desastrosa para los trabajadores y sus familias.  Los disidentes que no pueden contar con envíos de dinero desde el extranjero lo pasan especialmente mal y corren peligro de tener más problemas con el Gobierno si la necesidad económica les fuerza a violar el reglamento del empleo.  Cuba limita las posibilidades de trabajo independiente, tales como la venta de productos, el trabajo de taxista y pequeños restaurantes, que están fuertemente reguladas”.[73]

          61.          La Comisión considera oportuno citar algunos casos ocurridos durante el período cubierto por el presente informe, donde el trabajador cubano es discriminado por razones políticas:

a.          En el mes de diciembre de 2002, José Luis Blanco fue despedido de su empleo cuando las autoridades descubrieron que en sus horas libres trabajaba como periodista independiente para la agencia de prensa Abdalá.  Blanco trabajaba en el Centro Provincial de Higiene, entidad perteneciente al Ministerio de Salud Pública de Cuba, conocido por las siglas MINSAP, y fue expulsado de su empleo cuando la administración tuvo conocimiento de su labor en la prensa independiente.  Según trascendió, los funcionarios administrativos le manifestaron a Blanco que ellos no aceptaban que él se opusiera al Gobierno cubano.  La Comisión ha sido informada que el procedimiento de dejar sin empleo a quienes ejercen el periodismo alternativo es una práctica usual de las autoridades cubanas.[74]

b.          Dos trabajadores de Guantánamo fueron expulsados en noviembre de 2002 de sus empleos por firmar el Proyecto Varela, una propuesta de consulta popular basada en las leyes vigentes en Cuba.  En efecto, Pedro Luis Rodríguez Lambert, que se desempeñaba como chofer del hospital Agostino Neto, y Arturo Cortina Martínez, que laboraba en la Empresa de Tabaco de Guantánamo, fueron despedidos por las mismas razones.  Según las informaciones proporcionadas, “la medida contó con la aprobación de la sección sindical de la Empresa de Tabaco y del Partido Comunista”.[75] 

c.          Los trabajadores considerados “contrarrevolucionarios” o “no confiables” por los funcionarios que dirigen las empresas cubanas no pueden hacer apelaciones ante los llamados Órganos de Justicia Laboral de Base (OJLB).  Así se lo comunicaron a Mario Yera Sosa en el Centro Unión Eléctrica, empresa donde trabajó como lector-cobrador hasta que lo expulsaron el 4 de julio de 2002 por expresar que la administración, el sindicato oficial, y el partido comunista no velan por los intereses de los trabajadores, contrariamente a lo que aseguran sus voceros.  El trabajador reclamó ante el órgano de justicia laboral, pero las autoridades rechazaron su reclamo porque fue declarado “no confiable” por sus superiores.[76]

d.          Reinaldo Salmón Olivero, de 29 años de edad, fue expulsado del Taller Ferroviario Ramal, Refinería Santiago, donde ocupaba la plaza de Mecánico “B”, ya que fue catalogado de “contrarrevolucionario”.  Salmón Olivero fue dejado sin empleo, al no pagar las cuotas obligatorias de las organizaciones políticas del gobierno (CDR) y no participar en las actividades políticas que convocó el Partido Comunista y por haber faltado al puesto de trabajo justo en la fecha de una citación a comparecer ante la seguridad del Estado para un interrogatorio el 10 de noviembre de 2002.  Fue víctima de un acto de repudio en su propio centro laboral y dejado sin empleo. [77]

e.          Guillermo Paz Pérez, de 45 años de edad, fue expulsado de la Empresa Reconstructora de Camiones de Santiago de Cuba.  Cuando la administración, la sección sindical y el partido comunista conocieron su participación en las actividades convocadas por la oposición en la localidad, fue llamado y comunicado que no podía continuar trabajando allí por su oposición a la revolución, según el lenguaje utilizado en la reunión. No hubo constancia escrita y el trabajador se vio obligado a acatar la decisión sin poder reclamar legalmente.[78]

62.          En relación directa con el derecho al trabajo y a las condiciones en que él debe ser ejecutado, se encuentra el derecho de asociación "para promover, ejercer y proteger (…) intereses legítimos de orden (…) sindical”.[79]  Si bien en el caso de Cuba, en teoría, existe una total identificación de intereses entre los trabajadores y su empleador estatal debido a la naturaleza misma del “Estado socialista”, el análisis de la práctica demuestra lo contrario.

          63.          En la práctica, el Estado ejerce un control absoluto sobre la vida sindical del país a través de la prohibición de sindicatos independientes de la oficial Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y del hostigamiento sistemático contra toda persona que intente formar una asociación para proteger sus derechos laborales.  La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dentro del marco de la aplicación del Convenio Nº 87 (Libertad Sindical y Protección del Derecho de Sindicalización) se ha referido en numerosas oportunidades a las relaciones entre la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y el Partido Comunista, señalando que “la Comisión [de la OIT] insiste en que en un contexto unipartidista y de una central sindical podría favorecer en la práctica injerencias externas en perjuicio de la autonomía sindical.  La Comisión [de la OIT] solicita al Gobierno de Cuba que garantice en la legislación y en la práctica el derecho de todos los trabajadores y empleadores sin ninguna distinción de constituir libremente organizaciones profesionales independientes, y fuera de toda estructura sindical existente si así lo desearen (artículo 2 del Convenio Nº 87), así como la libre elección de sus representantes (artículo 3 del Convenio).[80] 

64.          La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer pudo constatar, asimismo,  esta situación cuando estuvo en Cuba.  Ella manifestó que “[e]l Ministerio de Justicia informó a la Relatora Especial que, para formar una asociación, hay que presentar una solicitud a [ese despacho] en virtud de la Ley de Asociaciones. Luego, se examina el proyecto de estatutos para decidir si los objetivos de la asociación están acordes con la legislación.  A este respecto, a la Relatora Especial le preocupa que la Ley de Asociaciones Nº 54 (1985) y su Reglamento (1986) exigen que todas las asociaciones y organizaciones cooperen y coordinen sus actividades con las organizaciones estatales pertinentes y, (…) prohiben efectivamente la legalización de toda organización realmente independiente, exigen que las asociaciones acepten una amplia interferencia del Estado y disponen la facultad arbitraria de éste de interrumpir sus actividades”.[81]

65.          El hecho de que el Estado cubano prohiba la creación de sindicatos independientes no sólo viola sus obligaciones internacionales[82] contraídas en la materia, sino también sus propios principios consagrados en la Constitución Política, ya que ésta establece el derecho de reunión y asociación de los trabajadores y declara que las organizaciones sociales “gozan de la más amplia libertad de palabra y opinión, basados en el derecho irrestricto a la iniciativa y a la crítica”.[83]  No obstante, la Comisión considera también que el Estado limita y restringe severamente todas las libertades reconocidas en la Constitución a través del artículo 62 según el cual no pueden ser ejercidos “contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo”.  Esta limitación es complementada por el mandato de la única confederación sindical autorizada y controlada por el Estado, la cual estipula “el trabajo político-ideológico para profundizar en la lucha por la defensa del Socialismo y sus principios”.[84]

66.          Pese a que la Constitución reconoce libertades amplias a los sindicatos, la concentración del poder estatal no ha sido posible sin coartar las libertades sindicales.  El derecho de asociación, por otra parte, no puede ejercitarse contra la existencia y fines del Estado socialista; los sindicatos por tanto, no son verdaderamente autónomos ya que están supeditados a los intereses del Estado y guiados por el Partido.  Además, los objetivos principales de los sindicatos están relacionados con la producción y la productividad y no tanto con la defensa de los intereses de los trabajadores.  Estos límites a la actividad sindical han sido puestos de manifiesto por las recientes informaciones que dan cuenta del arresto de trabajadores que intentaban acciones sindicales independientes, con miras a la defensa de sus intereses laborales.[85]

IV.          LAS CONDICIONES PENITENCIARIAS

67.          La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado en anteriores informes su profunda preocupación sobre las condiciones carcelarias y el tratamiento deliberadamente severo y degradante que otorga el Estado cubano a los presos, hechos que constituyen serias violaciones de los derechos humanos.  Los numerosos testimonios que obran en poder de la Comisión registran --también para el año 2002-- la gravedad de la situación de los presos en Cuba, y especialmente de aquéllos que están purgando condena por delitos políticos.  La Comisión lamenta, asimismo, que el Estado cubano no cumpla con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos ni con sus propias normas constitucionales y penales en la materia, ya que éstas en teoría establecen principios --que se si ejercitaran-- podrían llevar a una adecuada salvaguarda de las condiciones de la población penal.[86]

          68.          La situación imperante en las cárceles cubanas es preocupante.  La situación alimentaria e higiénica, así como la deficiencia en la atención médica, continúan ocasionando numerosos problemas de enfermedades entre la población penitenciaria.  Anemia, diarrea, enfermedades de la piel, así como parasitismo a consecuencia de la contaminación del agua, parecen ser enfermedades comunes en la mayoría de las prisiones, mientras que en algunas como la de Manacas y Combinado del Este se han registrado casos de tuberculosis.

          69.          Por otro lado, reclusos que han manifestado alguna forma de protesta con respecto al trato recibido o que rechazan la reeducación, entendiendo por tal, según las informaciones recibidas, formación política e ideológica, han sido objeto de represalias tales como palizas, internamiento en celdas de castigo --de dimensiones extremadamente exiguas, con la puerta clausurada y donde el detenido puede permanecer durante meses sin ver la luz del sol--, traslado de prisión, normalmente lejos del lugar de residencia de su familia, suspensión de visitas familiares, o denegación de tratamiento médico.

          70.          Dentro de ese contexto, la Comisión Interamericana ha recibido numerosos informes de distintas agrupaciones cívicas que describen un panorama desolador de las cárceles cubanas.  Dentro de los testimonios con que cuenta la Comisión está la de Maritza Lugo Fernández, quien se destacó en Cuba como Presidenta del “Partido Democrático 30 de Noviembre Frank País”.  Por sus actividades en defensa de los derechos humanos, cumplió cinco años de prisión de forma intermitente.  Fue declarada presa de conciencia por Amnistía Internacional.  Llegó al exilio el 11 de enero de 2002.  A continuación extractos de este testimonio que obra en los archivos de la CIDH:

CONDICIONES DE VIDA

Las condiciones de vida dentro de las prisiones en Cuba son inhumanas.  Las celdas de castigo, sólo miden un metro de ancho por dos de largo.  Las necesidades fisiológicas hay que realizarlas en un hueco en el piso situado en uno de los extremos de la celda, de unas ocho pulgadas de diámetro, por donde entran las ratas y cucarachas, sobre todo en horas de la noche.  En la parte superior del hueco, hay un tubo de dos pulgadas por donde sale el agua para tomar y también para bañarse.  Las autoridades carcelarias ponen el agua por solo unos minutos y el surtidor es tan fuerte que al dar en la pared lo moja todo, incluyendo el lugar donde se debe acostar la reclusa.  El lugar donde se debe acostar la reclusa no es más que una base de concreto, muy parecido a una tumba, sin un colchón, ni una sábana, ni nada con que taparse durante el día.         

En horas de la noche, a las 11 aproximadamente, le dan un saco de nylon lleno de tiras que sirven de colchón.  También la sábana, propiedad de la reclusa, que su familia se la facilita para tener con que taparse.  De no ser así, la prisionera no tendría con que cubrir su cuerpo para evitar el frío y los mosquitos.  Todo esto se lo retiran a las seis de la mañana.  En tiempo de invierno es terrible el frío en estos lugares.  En el verano el calor es infernal junto a la humedad, además, atacan mucho los mosquitos.

En estas celdas no existen luz eléctrica ni ventanas, sólo hay un respiradero, por donde no entra ni la luz del día, ni ventilación.  En estos lugares no se sabe ni cuando es de día ni de noche.
Sólo se puede calcular un poco el horario por el almuerzo y la comida.  No se puede ni dormir.  A menudo, algunas prisioneras sufrían por las condiciones del lugar.  Otras debutaban con crisis nerviosas como consecuencia de la claustrofobia o el temor al aislamiento.  A las que se les hacía irresistible el lugar, atentaban contra su vida.  A éstas, les quitaban hasta las ropas y las dejaban sin nada en la celda, a que pasaran frío si era en invierno o calor si estaban en el verano.  Además, el efecto de los picazos de los mosquitos en esa época hacía un verdadero infierno para estas mujeres.

En invierno, las ratas buscan el calor del cuerpo de las presas, a las que en ocasiones mordían.  Esto es una forma de torturar a las presas, física y mentalmente.  Por eso, cuando las presas hacían algo que no les gustara a las autoridades o protestaban por algo, las amenazaban con llevarlas para las celdas de castigo y éstas se ponían a temblar.

LA ALIMENTACIÓN

Los alimentos que brinda el penal a las reclusas son pésimos, en pequeñas cantidades, mal elaborados y en ocasiones en estados de descomposición.  La alimentación no es variada, pues repiten lo mismo por varios días hasta que se les agota.  Por ejemplo, cuando es la temporada de la col, este vegetal lo dan en el almuerzo y la comida en diferentes formas, crudo, sancochado y todos los días, mientras les quede.

Muchas son las mujeres que dentro de la prisión, cambian sus pertenencias por alimentos, porque al llegar la hora de dormir el hambre se hace insoportable.  Algo que también afecta mucho es el horario en que dan el almuerzo y la comida, nunca es a una misma hora.  El desayuno, que es un poco de cocimiento y un pedacito de pan, es a las 7 de la mañana aproximadamente, el almuerzo es según la hora en que lo tengan listo, a las dos horas y a veces antes, para terminar temprano y para no apagar los fogones dan la comida casi encima del almuerzo, cuando el sancocho que dieron anteriormente todavía no había hecho digestión.  Pasada 5 o 6 horas, el hambre comienza a hacer su estrago, y las presas casi siempre se acuestan con hambre.  Cuando la comida la dan muy tarde, le dicen a las presas que no tienen combustible para los fogones y que estaban cocinando con leña, ellas tienen que conformarse o, de lo contrario, si protestan las llevan de castigo para las celdas y de todas formas siguen pasando hambre en peores condiciones aun. 

LA ATENCIÓN MÉDICA

A pesar de que el régimen dictatorial que impera en Cuba se proclama ser una potencia médica, la medicina, como la atención médica, es un verdadero desastre en toda la isla y es peor aun en las prisiones.

Para que una reclusa pueda ser vista por un doctor, tiene que anotarse en una lista con días de anticipación y cuando llegue el momento, si no ha tenido ningún problema, y si hay guardias disponibles para eso, la sacan; no siempre pueden atender a todas las que necesitan de este servicio porque son muchas, y con muchos problemas. (…) Han sucedido varios casos en que han muerto mujeres por no atenderlas a tiempo, sobre todo en casos de asma y suicidios.

En ocasiones hay brotes de diarreas, producido por los alimentos en mal estado, lo que hacen las autoridades del penal en grandes cantidades, y cada cierto tiempo, cocimiento de guayaba.

También las mujeres están todas infectadas por enfermedades parasitarias producidas y desarrolladas por la falta de higiene, la humedad y el agua contaminada y estancada, con la que tienen que tomar y bañarse.

En una misma prisión tienen a las mujeres contagiadas del SIDA, junto a las que no las tienen; esto es un alto riesgo para las sanas debido a la gran violencia que existe en esos lugares, que originan los múltiples hechos de sangre.

Cuando una presa queda embarazada después de las visitas matrimoniales, o entra al penal en estado de gestación, la dirección del penal intenta por todos los medios que la reclusa se haga un legrado.

VEJACIONES Y HUMILLACIONES

Cuando llega el día de la tan deseada visita familiar, las reclusas tienen que soportar degradantes y humillantes requisas y registros corporales, donde las desnudan y entre varias guardias las registran, le revisan el pelo, las mandan a hacer cuclillas desnudas, para comprobar si esconden algo en sus partes; también  registran los zapatos y demás pertenencias.

Las presas son torturadas física y psicológicamente, sobretodo en las celdas de castigo, donde las reclusas están solas y no hay nadie que pueda servir de testigo, las guardias golpean con bastones duros de goma, llamados “Tonfa”.

          71.          La Comisión considera oportuno reproducir, como ejemplo, algunos casos que confirman la situación imperante en las cárceles cubanas:

          a.          El preso político Jorge Luis García Pérez, conocido por “Antúnez”, denunció los malos tratos y abusos a que están siendo sometidos los presos políticos en la cárcel Combinado del Este, ubicada en La Habana.  En una carta dirigida al ex-preso político Héctor Palacio Ruiz, Director del Instituto de Estudios Sociales, Antúnez asegura que ha visto de cerca y sufrido en carne propia el maltrato, la tortura y la sistemática violación de los derechos humanos.  En su misiva, de 27 de octubre de 2002, Antúnez denuncia la negación de asistencia médica al preso político Carlos Oquendo Rodríguez, quien presenta un nódulo en el pecho sin poder determinarse aun si se trata de una tumoración maligna o benigna.  También se refiere al caso del recluso Cecilio Reinoso Sánchez, de 63 años de edad, que padece glaucoma en ambos ojos y cómo las autoridades carcelarias le niegan el auxilio médico que requiere esta enfermedad.[87]

          b.          En el mes de agosto de 2002, 8 funcionarios del orden interior de la cárcel Cerámica Roja desnudaron al preso político Virgilio Mantilla Arango, lo esposaron y luego lo golpearon, y por último lo encerraron en una celda de castigo.  Según trascendió, las autoridades de la prisión se indignaron al ver que cientos de boletines con lemas antigubernamentales fueron lanzados en diferentes áreas de la prisión.[88]

          c.          El prisionero político Francisco Herodes Díaz Echemandía desde la prisión de Boniato, provincia de Santiago de Cuba informó que en el vestíbulo de la oficina del jefe de orden interior existe una columna rectangular que ha sido utilizada para hostigar y torturar a los reos de esta cárcel.  Según sus palabras, “los verdugos, refiriéndose a los funcionarios penales, colocan a los castigados amarrados a la columna con las esposas, a quienes azotan con tonfas y otros objetos contundentes y lo mantienen en esa posición por más de 24 horas”.  También en la prisión de Boniato, el 14 de agosto, fue objeto de una fuerte paliza el recluso Wilfredo Martínez Cordero por acusar a las autoridades penales de la muerte del reo Mariano Rondón.  Martínez se encontraba hospitalizado por tuberculosis cuando sucedió el fallecimiento de Rondón y por la protesta fue remitido a la galera con una nueva causa para su expediente.  En enero de 2002, también en la prisión de Boniato, los reclusos Antonio Naranjo Figueroa y Eduardo Díaz Castellanos fueron duramente golpeados por las autoridades del penal por haber colocado en diversos lugares de la cárcel letreros anticastristas y cívicos como ¡Vivan los Derechos Humanos!.[89]

          d.          En el mes de julio de 2002, en la prisión Kilo 8, Camaguey, fueron reprimidos los miembros del presidio político cubano, Humberto Real Suárez y Ernesto Durán Rodríguez Ponce por conmemorar el 8º aniversario de las personas que perecieron en el hundimiento del Barco Remolcador 13 de Marzo.

          e.          En el mes de agosto de 2002, ocurrieron una serie de hechos violatorios de los derechos humanos en perjuicio del preso de conciencia Néstor Rodríguez Lobaina, en el combinado de Guantánamo.  Las autoridades penales lo mantienen en celda tapiada de castigo, además de ordenarle a los presos comunes para que lo agredan con heces fecales.  El 16 de julio de 2002 trascendió que al preso político José Manuel Pereira lo están acosando en la cárcel de Quivicán por dar vivas a los derechos humanos y exigir la libertad de todos los encarcelados por causas políticas.  Mientras el director del penal le hablaba a los reclusos, Pereira se subió al techo de una de las barracas y comenzó a gritar ¡Vivan los derechos humanos!, ¡Libertad para los Presos Políticos!.  Después de este incidente, agentes de la policía política registraron las pertenencias de Pereira y le decomisaron --por considerarlos subversivos-- tres libros titulados “Las ideas de la Democracia”, “Armas para la Libertad”, y “Cartas desde la Prisión”.  Pereira es miembro de la Liga Cívica Martiana y lo mantienen encarcelado sin juicio desde febrero de 2002.[90]

          f.          En el mes de noviembre de 2002 las autoridades del centro de detención de Pedernales, ubicado en la provincia de Holguín, castigaron al activista invidente Juan Carlos González Leiva por protestar por el encierro arbitrario a que lo mantiene sometido la policía política cubana.  Después que González agregó al ayuno que llevaba a cabo, el rapado de su cabeza, los bigotes y su barba, los funcionarios de esa penitenciaría le quitaron al ciego la máquina de afeitar, le cambiaron la cama por otra más angosta que tiene por bastidor una plancha de madera y pusieron en la celda a otro prisionero que dice ser un pastor religioso, pero que González sospecha podría ser un agente o un colaborador de la policía política.[91]

72.          Los testimonios expuestos en esta sección del informe constituyen sólo un pequeño porcentaje de las denuncias recibidas por la Comisión Interamericana en el año 2002, lo cual demuestra un patrón severo, degradante e inhumano ocasionado por las autoridades penitenciarias del Estado cubano a la población penal.  La Comisión también ha recibido denuncias en el sentido de que los ex-presos y ex-presas políticos una vez que son liberados continúan siendo hostigados por el Estado, lo cual prolonga en el tiempo, bajo otras modalidades discriminatorias, los castigos de que hayan podido ser objeto durante la privación de libertad.  Por ello, la Comisión urge al Estado cubano para que proporcione a las personas excarceladas las mismas condiciones de vida que son concedidas a personas de características profesionales equivalentes, sin hacerlas objeto de discriminación de ningún tipo por el hecho de haber cumplido una condena por razones políticas.

73.          Asimismo, tal como se señaló al inicio de esta sección del informe, la legislación positiva cubana cuenta con mecanismos que, siendo efectivamente aplicados, podrían mejorar las condiciones penitenciarias.  Desafortunadamente, en estos casos, existe una incongruencia entre los hechos y el derecho, por cuanto el Estado cubano no sólo ignora sus propios preceptos constitucionales y penales en la materia, sino que también viola sistemáticamente la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre[92] y las Reglas Mínimas Internacionales de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos.  La Comisión debe reiterar al Estado cubano que resulta fundamental que la privación de libertad tenga objetivos bien determinados, que no puedan ser excedidos por la actividad de las autoridades penitenciarias ni aún bajo el manto del poder disciplinario que les compete y por tanto, el recluso no deberá ser marginado ni discriminado sino reinsertado en la sociedad.  En otras palabras, la práctica penitenciaria deberá cumplir un principio básico: no debe añadirse a la privación de libertad mayor sufrimiento del que ésta representa.  Esto es, que el preso deberá ser tratado humanamente, con toda la magnitud de la dignidad de su persona, al tiempo que el sistema debe procurar su reinserción social.

V.          LAS SANCIONES ECONÓMICAS

74.          La Comisión ha venido siguiendo de cerca las medidas adoptadas a fin de levantar algunas de las restricciones del embargo impuesto a Cuba.  La Comisión confía que se continúen adoptando las medidas que sean necesarias a fin de dar por terminado el embargo comercial contra Cuba, por cuanto las sanciones económicas y las medidas unilaterales tendientes a aislar al régimen cubano generan un grave impacto sobre los derechos económicos y sociales de la población. Estima la Comisión, asimismo, que las reformas internas tanto políticas como económicas se verían facilitadas si se pusiera fin al actual aislamiento de Cuba.  Asimismo, considera que las prolongadas políticas de sanciones económicas se han convertido en una forma de justificar las limitaciones y la falta de apertura del sistema.

75.          Cabe señalar, asimismo, que la comunidad internacional ha expresado en numerosas oportunidades a través de resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y también en el ámbito interamericano, su rechazo a las medidas unilaterales que no ayudan a la instauración de un proceso de transición política pacífica en Cuba.  La comunidad interamericana tiene el deber de velar por que se preste una adecuada asistencia humanitaria a la población cubana que lo necesite y potenciar la cooperación técnica y financiera multilateral y bilateral con Cuba que permita, tanto al Gobierno como al pueblo de ese país, emprender de forma consensuada las reformas políticas y económicas que la situación actual reclama con urgencia.

76.          En el marco de sus funciones y atribuciones, la Comisión continuará observando la situación de los derechos humanos en Cuba y espera que los mismos cobren vigencia efectiva por decisión de las autoridades y pueblo cubano y con el apoyo de la comunidad interamericana de la cual Cuba forma parte.

VI.          CONCLUSIONES

77.          De acuerdo a lo señalado a lo largo de este informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha llegado a las conclusiones que se exponen a continuación:

1.          La Comisión encuentra que el sistema político cubano, en su estructura normativa, establece principios cuya vigencia podría llevar a una adecuada salvaguarda de los derechos políticos.  La Constitución Política garantiza a los ciudadanos el derecho a proponer cambios en el orden jurídico y político.   Sin embargo, las autoridades cubanas no tienen la voluntad política para efectuar esos cambios que llevarían a Cuba por el camino de la democracia, y por ende, hacia una irrestricta vigencia de los derechos humanos en ese país.  La Comisión considera que el sistema político vigente en Cuba continúa otorgando una preponderancia contraproducente al partido de gobierno, constituyéndose en los hechos una fuerza superior al Estado mismo e impidiendo la existencia del pluralismo ideológico,  base del sistema democrático de gobierno.

2.          El Estado cubano persiste en su patrón represivo con relación a la situación de los derechos civiles y políticos.  Toda persona que, en Cuba, desea ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación es reprimida sistemáticamente por el Estado.  El Estado cubano, lejos de promulgar leyes de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos, continúa aplicando normas que restringen y limitan severamente los derechos fundamentales de la población cubana.  El hostigamiento, la adopción de medidas disciplinarias, las acusaciones, las detenciones temporales, las advertencias oficiales, los despidos laborales y las penas privativas de la libertad volvieron a repetirse durante el año 2002.  La Comisión no puede dejar de manifestar su preocupación por las acciones represivas contra opositores pacíficos, periodistas independientes, sindicalistas y defensores de los derechos humanos que sufren por parte de agentes del Estado atropellos y discriminación por razones políticas.  Las violaciones a la libertad de expresión, reunión y asociación tienen un manto de legalidad otorgado por las figuras penales y constitucionales --a todas luces incompatibles con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión--.  El Estado cubano debe reformar su legislación penal y constitucional eliminando figuras tales como “propaganda enemiga”, “desacato”, “asociación ilícita”, “clandestinidad de impresos”, “peligrosidad”,  “actos contra la seguridad del Estado”, “advertencia oficial”, “medidas de seguridad pre-delictivas y post-delictivas”, “vínculos o relaciones con personas potencialmente peligrosas para la sociedad”, “legalidad socialista”, “socialmente peligrosa”.

3.          Con respecto al derecho a la justicia y al debido proceso, la Comisión encuentra también que el Estado cubano no ha realizado ningún cambio que permita, en los hechos y en el derecho, una vigencia irrestricta de las garantías judiciales y del derecho de los procesados a un tribunal competente, independiente e imparcial.  Subsiste, por lo tanto, la subordinación de hecho y de derecho de la administración de justicia al poder político, con lo cual se afecta la vigencia práctica de esos derechos.  Al no existir en Cuba una división de poderes que garantice la independencia de la administración de justicia, se vulnera gravemente el derecho de los inculpados --y especialmente aquéllos por delitos políticos-- a un juicio justo, con lo cual también se pueden conculcar otros derechos esenciales de la persona humana, tales como la vida, la libertad individual, la libertad de expresión, reunión y asociación.

4.          En el campo laboral, la Comisión observa que el Estado persiste en utilizar diversas formas de discriminación en el otorgamiento de trabajo por motivos ideológicos u otras razones conexas.  Las personas que demuestran discrepancias políticas con el régimen son las que en mayor proporción se encuentran desempleadas.  La discriminación en el empleo por razones ideológicas resulta un mecanismo fácil de aplicar en una economía en la cual el Estado es el único empleador.  Ese control del Estado también se manifiesta a través de la prohibición de sindicatos independientes y del hostigamiento sistemático contra toda persona que intenta formar una asociación para proteger sus derechos laborales.  Estos hechos constituyen no sólo violaciones de convenios internacionales suscritos por el propio Estado cubano en el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sino también del derecho de asociación consagrado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

5.          Con respecto a las condiciones penitenciarias, la Comisión considera que éstas continúan siendo muy graves.  El tratamiento deliberadamente severo, degradante e inhumano que otorga el Estado cubano a los presos, --comunes o políticos--, constituyen serias violaciones de los derechos humanos.  Los numerosos testimonios que obran en poder de la Comisión confirman la gravedad de esta situación, y especialmente de aquéllos presos que están purgando condena por delitos políticos.  La Comisión lamenta, asimismo, que el Estado cubano no cumpla con sus propias normas constitucionales y penales en la materia, ya que éstas establecen principios --que si se ejercitaran-- podrían llevar a un adecuado tratamiento de la población penal.  La Comisión debe reiterar al Estado cubano que resulta fundamental que la privación de libertad tenga objetivos bien determinados, que no puedan ser excedidos por la actividad de las autoridades penitenciarias ni aún bajo el manto del poder disciplinario que les compete y por tanto, el recluso no deberá ser marginado ni discriminado sino reinsertado en la sociedad.

VII.          RECOMENDACIONES

78.          La persistencia de las violaciones de los derechos humanos durante el año 2002 obliga a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a reiterar, básicamente, las mismas recomendaciones al Estado cubano que el año anterior.  Se trata de medidas que mejorarían sustancialmente la situación de los derechos humanos y que, en muchos casos, requieren decisiones puramente administrativas.  Así, de conformidad con el artículo 63(h) de su Reglamento, la Comisión formula las siguientes recomendaciones al Estado cubano:

1.          Cesar el hostigamiento y sanción de los ciudadanos por motivos vinculados al ejercicio de la libertad de expresión, reunión y asociación.

2.          Adoptar medidas urgentes a fin de continuar dejando en libertad --sin condiciones-- a los presos de conciencia.

3.          Eliminar de la legislación penal toda figura delictiva que sancione en contra de los estándares democráticos internacionalmente aceptados, la libertad de expresión, asociación y reunión.  En materia de libertad de prensa, dejar sin efecto toda norma y acto que tienda a crear mecanismos para la autocensura o censura previa.

4.          Eliminar del Código Penal las disposiciones sobre el estado peligroso, las medidas de seguridad pre-delictivas y los términos “legalidad socialista”, “socialmente peligrosa”, “normas de convivencia socialista”, y “moral socialista”, ya que su imprecisión y subjetividad constituyen un factor de inseguridad jurídica que crea las condiciones para que las autoridades cubanas cometan arbitrariedades.  Asimismo, eliminar la norma penal referente a la “advertencia oficial” mediante la cual se amenaza con sancionar a los individuos que tengan “vínculos o relaciones con personas potencialmente peligrosas para la sociedad”.

5.          Adoptar medidas urgentes a fin de realizar una reforma del sistema penitenciario del país, todo ello con el objeto de mejorar las condiciones de vida de la población penal.  El Estado cubano debe realizar un exhaustivo examen de los antecedentes de las autoridades penitenciarias antes de ubicarlas en los distintos penales del país, a fin de evitar los maltratos y abusos contra los reclusos.  En este sentido, sería importante que el Estado cubano creara un reglamento con lineamientos a seguir por dichas autoridades para que no se sobrepasen en el cumplimiento de sus funciones.

6.                 Adoptar las medidas necesarias, a fin de que se permita el pluralismo ideológico y partidario para el pleno ejercicio del derecho a la participación política, de conformidad con el artículo XX de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

VIII.          TRÁMITE DEL INFORME

          1.          El 27 de diciembre de 2002 el proyecto de informe sobre la situación de los derechos humanos en Cuba fue transmitido al Estado conforme a lo establecido en el artículo 57(2) del Reglamento de la Comisión, a fin de que presentara sus observaciones en el plazo de un mes.

          2.          Expirado el plazo, el Estado cubano se abstuvo de presentar observaciones sobre el contenido del informe.         

3.          El 7 de marzo de 2003, la Comisión aprobó el informe en forma definitiva, así como su publicación en el Capítulo IV del presente Informe Anual.

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