Humans Rights Watch - La Maquinaria Represiva de Cuba. Los Derechos Humanos Cuarenta Años Después de la Revolución.

VII

El Gobierno cubano mantiene la pena de muerte para varios delitos. Además de la crueldad inherente a la pena de muerte, Human Rights Watch considera que la falibilidad de todos los sistemas de justicia penal plantea el riesgo de que personas inocentes sean ejecutadas incluso cuando se respete plenamente el debido proceso legal. Las graves deficiencias procesales del sistema jurídico cubano y la falta de independencia judicial virtualmente garantizan las injusticias. Las leyes cubanas conceden muy pocas oportunidades a los condenados a muerte para recurrir sus sentencias. El Tribunal Supremo Popular admite las apelaciones de condenas a muerte cinco días después de la sentencia, lo que deja muy poco tiempo para preparar una defensa adecuada a un caso de este tipo, y tiene diez días para emitir un fallo. Si se confirma la sentencia, el tribunal remite el caso al Consejo de Estado.145 El recurso ante el Consejo de Estado-un órgano presidido por el Presidente Castro, con miembros seleccionados por la Asamblea Nacional, y considerado la "representación suprema del Estado de Cuba" en virtud de las leyes cubanas-como arbitro en última instancia de los casos capitales limita toda apariencia de independencia judicial. Si el Consejo de Estado no adopta una decisión antes de diez días, el Código de Procedimiento Penal establece la presunción de que este órgano no aprobó la conmutación de la pena.146 Este procedimiento permite que una ejecución siga su curso aunque el Consejo de Estado no haya revisado el caso.

En mayo de 1995, el Presidente Fidel Castro dijo a una delegación de derechos humanos encabezada por France-Libertés, con la participación de Human Rights Watch, que tenía la intención de introducir un proyecto de ley en la Asamblea Nacional para abolir la pena de muerte. En ese momento, su decisión estaba condicionada por los acontecimientos económicos y el embargo estadounidense, dos asuntos sin relación aparente con la pena capital. Pero el 30 de septiembre de 1997, la delegación cubana ante las Naciones Unidas informó al Secretario General de que "dadas las circunstancias en que se encontraba y seencuentra el país, no resulta posible abolir totalmente esa pena."147 En marzo de 1999, Cuba adoptó la pena de muerte para otros dos delitos, narcotráfico internacional y corrupción de menores.148

El Gobierno cubano todavía no ha ofrecido las cifras de su población penitenciaria total, ni mucho menos del número de presos condenados a muerte. En marzo de 1999, el Gobierno de Cuba anunció que un tribunal de La Habana había condenado a muerte Raúl Ernesto Cruz León por terrorismo, partiendo de su presunta relación con las explosiones en hoteles cubanos.149 Los fiscales cubanos sentenciaron a muerte a un segundo salvadoreño, Otto René Rodríguez Llerena, en abril de 1999.150 En enero de 1999, un tribunal habanero condenó a Sergio Antonio Duarte Scull y a Carlos Rafael Pelaez Prieto a muerte por los asesinatos de dos turistas italianos en septiembre de 1998.151

En marzo de 1999, el tribunal provincial de Granma anunció las ejecuciones de dos hombres, José Luis Osorio Zamora y Francisco Javier ChávezPalacios.152 Se informó de que el Gobierno cubano había ejecutado a dos presos, Emilio Betancourt Bonne y Jorge Luis

Sánchez Guilarte, en mayo de 1998.153 Las entrevistas de Human Rights Watch con ex presos políticos demuestran que hasta principios de 1998, Cuba contaba con varios condenados a muerte en al menos tres prisiones de máxima seguridad. Los ex reclusos, que estaban en general confinados en celdas contiguas a los presos sentenciados a muerte, también creían que el Gobierno había realizado ejecuciones en 1997.

Human Rights Watch recibió informaciones creíbles indicando que, el 29 de octubre de 1997, un pelotón de fusilamiento había ejecutado a Daniel Reyes, un interno de la Prisión Provincial de Las Tunas. Tras el fusilamiento, uno de los guardias de la prisión que había participado en la ejecución al parecer narró a los otros condenados a muerte horripilantes detalles sobre la muerte y les amenazó con un trato similar. El personal penitenciario de Las Tunas lleva al parecer a cabo las ejecuciones en una colina cercana donde los guardias atan a los presos a un poste alto. Aparentemente, varios vehículos oficiales dirigen sus luces sobre el condenado cuando el pelotón lo fusila.154 Se informó de que Cuba ejecutó a otro preso de la Prisión Agüica en Matanzas en enero de 1997. Un preso político que estaba recluido en esa prisión en esa época recordaba que el nombre del condenadoera Gilbert, que había sido condenado por asesinato y que era ciego.155 El Gobierno cubano ejecutó en diciembre de 1996 a Francisco Dayson Dhruyet, condenado por el asesinato de su esposa.156 También nos informaron de posibles ejecuciones en la Prisión del Combinado del Este en La Habana en 1996 y 1997. Los fusilamientos tienen lugar al parecer, entre las ocho y las nueve de la noche, en un cerro conocido como Las Canteras, que puede verse desde ciertas partes de la prisión.157 Cuando se escribió este informe, el exiliado cubano Humberto Real Suárez, que fue condenado a muerte en 1996, seguía esperando la ejecución en la Prisión Cerámica Roja de Camagüey. En febrero de 1998, había al parecer otros cinco condenados a muerte en Agüica, entre ellos Lázaro Pino López. Se informó de que Erik Martínez estaba condenado a muerte en la Prisión Provincial de Las Tunas.

145 Artículo 89 de la Constitución de la República de Cuba (julio de 1992).

146 Artículo 488 del Código de Procedimiento Penal (1977).

147 Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, "Situación de los pactos internacionales de derechos humanos: cuestión de la pena capital, informe presentado por el Secretario General en cumplimiento de la resolución 1997/12 de la Comisión" (Nueva York: Naciones Unidas, 16 de enero de 1998), E/CN.4/1998/82.

148 "Modificaciones al Código Penal," Granma Diario, 2 de marzo de 1999.

149 Anita Snow, "Cuba Sentences Salvadoran to Death," Associated Press, 23 de marzo de 1999.

150 "Cuba: Cuba Sentences Second Salvadoran Bomber to Death," Reuters News Service, 1 de abril de 1999, y "Cuba: Cuba Seeks Second Death Sentence in Bombings," Reuters News Service, 17 de marzo de 1999.

151 Ni el Gobierno cubano ni la Embajada de Italia en La Habana revelaron los nombres de las víctimas. Reuters informó que las víctimas eran Fabio Usubelli y Michele Niccolai. Andrew Cawthorne, "Cuba: Cuba Hands Death Sentences to Killers of Italians," Reuters News Service, 28 de enero de 1999; y Anita Snow, "Two Sentenced to Death in Cuba," Associated Press, 28 de enero de 1999.

152 En los anuncios no se incluían las fechas de los fusilamientos aunque se señalaba que las sentencias había sido ratificadas por el Tribunal Supremo y el Consejo de Estado. Tribunal Provincial Granma, "Ejecutada Pena de Muerte," La Demajagua: Órgano Informativo de la Provincia de Granma, 13 de marzo de 1999, y Tribunal Provincial de Granma, "Ejecutan Sentencia de Pena de Muerte," La Demajagua: Órgano Informativo de la Provincia de Granma, 6 de marzo de 1999.

Según se informó, Chávez Palacios había asesinado a un funcionario local, Pedro Armando Fonseca Fernández de Castro. Su abogado expresó su preocupación porque carecía de la capacidad mental para ser responsable del crimen, dado que le había diagnosticado previamente problemas de desarrollo y psiquiátricos. Conclusiones Provisionales, Caso No. 511/97, Sala I de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Granma, Lic. David Gasón Rodríguez Mulet, 20 de octubre de 1997.

153 Amnistía Internacional, "Urgent Action: Death Penalty/Imminent Execution: Cuba," 29 de enero de 1999.

154 Entrevista de Human Rights Watch con Marcos Antonio Hernández García, Toronto, 13 de abril de 1998.

155 Entrevista de Human Rights Watch con Víctor Reynaldo Infante Estrada, Toronto, 14 de abril de 1998.

156 Amnistía Internacional, Amnesty International Report 1998 (Londres: Amnesty International Publications, 1998), p. 150.

157 Entrevistas de Human Rights Watch con Marcos Antonio Hernández García, Toronto, 13 de abril de 1998, y Adriano González Marichal, Toronto, 14 de abril de 1998.