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viernes, 18 de abril 2014

Menos trabajo para la Fiscalía y más para la policía

Modificaciones del Código Penal cubano aumentan de forma alarmante facultades de agentes del orden

LA HABANA, Cuba, 28 de junio de 2013, Yaremis Flores/ www.cubanet.org.- El pasado 25 de junio, la Gaceta Oficial de la República de Cuba finalmente publicó el Decreto Ley 310, con las anunciadas modificaciones al Código Penal y a su Ley de Procedimiento.

Según el Consejo de Estado, la necesidad de procurar mayor efectividad en la prevención y el enfrentamiento al delito demanda la actualización de las disposiciones legales vigentes.

Sin embargo, esto resulta contradictorio si analizamos el aumento de facultades de los policías, aún y cuando no demuestran en su trabajo diario, ni capacidad ni preparación alguna en materia de derechos humanos; desconocen los principios elementales del derecho y los estándares de conducta de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Con las nuevas disposiciones, los policías están facultados para resolver administrativamente, mediante la imposición de multas, delitos que antes eran tratados por jueces y con penas hasta 3 años de privación de libertad.

Tal y como se publicó en la Gaceta Oficial, un policía podrá conocer de esos asuntos siempre que “del hecho se evidencie escasa peligrosidad social, tanto por las condiciones personales del infractor como por las características y consecuencias del delito”. Aunque aclara que en “los delitos sancionables de uno a tres años de privación de libertad, se requiere la aprobación del Fiscal”.

En la práctica, la fórmula menos trabajo para la Fiscalía y más para la Policía, no asegura que el requisito de aprobación del Fiscal no sea un “mero trámite”.

Entre los delitos más alarmantes que posiblemente no llegarán a conocimiento de los tribunales se encuentran los de lesiones graves, cometidos por conductores de vehículos; la simple tenencia de drogas como cocaína y marihuana, y  la tenencia de explosivos y amenazas con armas de fuego.

También podrán ser únicamente castigados, con multa, delitos en los que por lo general las víctimas son mujeres, vulnerando sus derechos. Entre ellos, podrán quedar impunes los que ejerzan violencia sobre una embarazada y ocasionen aborto y los que comentan abusos lascivos o tocamientos sexuales en otra persona.

Además, los agentes resolverán delitos que afectan directamente los derechos del ciudadano, como el de libre emisión de pensamiento (libertad de expresión y prensa), libertad de cultos (derecho a la libertad religiosa) y discriminación por motivos de raza, sexo, orientación sexual y otros.

Modificaciones estimulan la corrupción en uniformados

Con la reforma, los uniformados también están facultados para decidir en asuntos en los que existe conflicto de intereses. No se puede asegurar su imparcialidad cuando el infractor es un funcionario público o un propio colega. Así sucede en el supuesto de que un agente no ponga en libertad a un detenido en el  plazo legal, o cuando un funcionario abuse del cargo.

El Consejo de Estado no enunció, como uno de los motivos de la reforma, la necesidad de “aliviar” la carga de trabajo de los tribunales ante el aumento de competencia dispuesto. Pues ahora los tribunales municipales populares son competentes para conocer, además de los índices de peligro, los delitos sancionables desde tres hasta ocho años de prisión, que antes resolvía el Tribunal Provincial.

Al gobierno cubano se le ha recomendado en organismos internacionales, como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que atempere su ley penal con las normas internacionales.

No obstante, las modificaciones, lejos de cumplir con expectativas de la disidencia y población en general, estimulan la corrupción en la Policía y la impunidad de hechos graves tipificados como delito. No se hizo ninguna mención a la tardía intervención del abogado en los procesos penales, ni se derogó ningún delito de los que contravienen los estándares internacionales y el respeto de los derechos humanos.

Aún el diario Granma, principal medio de prensa en la isla, no ha informado esos cambios, aunque afectan directamente a los ciudadanos.

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Acerca del Autor

Yaremis Flores
Yaremis Flores

Yaremis Flores. La Habana, 1983. Abogada independiente. Ejerció como jueza y fue Presidenta de Sección Penal de delitos del Proceso Sumario, y Presidenta de Sección Territorial de Delitos Económicos en el Tribunal Municipal de San Miguel del Padrón. Es miembro de la ONG Asociación Jurídica Cubana (AJC)

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