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viernes, 24 de octubre 2014

Fantasma de la corrupción persigue a Lula

El escándalo de corrupción brasileño trae a la palestra el tema de la separación de poderes en Venezuela

CARACAS, Venezuela, junio, 173.203.82.38 -Vuelve al primer plano en Brasil escandaloso caso de corrupción ocurrido en el 2005. Conocido con el nombre de “mensalao” (1) consistió en el pago de mensualidades o mesadas entregadas a diputados opositores del Congreso Nacional para que votaran a favor de proyectos del gobierno. Se calcula que en esta operación de corrupción se gastaron alrededor de 3 mil millones de dólares.

Este caso se ha convertido en un fantasma que desde entonces persigue al ex-presidente Lula Da Silva, pues se responsabiliza a José Dirceu como máximo operador del mismo. Dirceu era para aquel momento la mano derecha de Lula en la Presidencia y por estos hechos el Parlamento lo inhabilitó hasta el año 2016.

La razón por la que el famoso “mensalao” regresó a la palestra pública es debido a que el magistrado Gilmar Mendes integrante del máximo tribunal de justicia, que en Brasil se llama Supremo Tribunal Federal, acusó al ex-presidente Lula Da Silva de presionarlo para aplazar el juicio sobre el “mensalao” que debe iniciarse en los próximos meses y en el cual serán juzgadas unas 36 prominentes figuras del mundo político y empresarial. El aplazamiento del juicio evitaría que el debate público perjudique al Partido de los Trabajadores en las venideras elecciones municipales del mes de octubre.

Nuestro país, de manera inesperada, entró en escena en el caso de la mano del Juez Gilmar Mendes y del embajador de Venezuela en Brasil, Maximilien Arveláiz. El juez, para afirmar que en Brasil existe independencia de los poderes, replicó al desmentido que le hizo el ex-presidente Lula señalando que “Brasil no es Venezuela, donde Chávez mete en la cárcel a un juez”. No hay duda de que el magistrado estaba refiriéndose al caso de la jueza Afiuni.

El embajador, por su parte, criticó esa alusión del juez al presidente Hugo Chávez, declarando que con sus opiniones demostraba una profunda ignorancia sobre la realidad del sistema judicial venezolano. Según Arveláiz, “la Constitución venezolana determina la separación de poderes”, y por tanto, “el Presidente no puede ordenar detener a ningún ciudadano, independientemente de su cargo”. A nuestro juicio, en la detención de la jueza Afiuni hubo una inaceptable intromisión del ejecutivo en el poder judicial.

Después de siete años, el “mensalao” ingresó de nuevo en una fase de incertidumbre. La opinión pública brasileña espera que dicha incertidumbre se despeje pronto y que el juicio los hechos de corrupción no se retrase otros siete años.

Artículo relacionado: E rouba mas faz por  Baldomero Vásquez Soto, El Nacional, 26/12/2005, pp. A/7

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