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jueves, 17 de abril 2014

El parlamento ficticio

Hablar de un Parlamento en Cuba es hablar de una fantasía

SAN JUAN, Puerto Rico, septiembre, 173.203.82.38 -Cuando se habla de parlamento, pensamos en el organismo legislativo de un país, usualmente compuesto por personas electas por la población votante, y los cuales en mayor o menor grado contienen un ingrediente de heterogeneidad resultante de la participación de las diversas corrientes de ideas políticas y sociales que pugnan en unas elecciones por alcanzar escaños en dicho foro legislativo.

Dentro de su funcionamiento se produce el debate como fundamental y usual proceder del foro parlamentario, como consecuencia de la participación de las líneas de pensamiento político encontradas, dando como resultado natural y frecuente la votación dividida sobre los proyectos de ley presentados ante el foro, siendo vencedor el voto mayoritario entre los parlamentarios, que surge como producto del consenso, o por las coaliciones de distintos partidos tras un propósito común o por razón de la victoria por quienes tienen la mayoría parlamentaria.

El debate y el intercambio libre de ideas está siempre presente en la política y la sociedad cuando se trata de países democráticos donde se respeta y se garantiza la libertad de expresión de cada ciudadano. Incluso, existen países que otorgan variados grados de inmunidad a los parlamentarios para garantizar la libertad de su función legislativa. Sin libertad de expresión todo parlamento pierde su sentido y razón de ser.

En muchas ocasiones, los proyectos de ley, abierta y libremente debatidos, resultan con enmiendas que los hacen diferir de sus textos iniciales al convertirse en leyes por el voto de los políticamente heterogéneos legisladores.

La sociedad, siempre es heterogénea, y queda así representada en mayor o menor grado cuando se trata de una sociedad democrática. Sin la diversidad representativa del espectro social y político del país, se anula la representatividad que le otorga la legitimidad de la voluntad del pueblo y la participación ciudadana en la elaboración de las leyes.

Pero desgraciadamente, las asambleas legislativas han sido usadas por los dictadores  en  distintos países, bajo diferentes sistemas y en diferentes épocas, para proyectar una imagen engañosa de democracia, legitimidad y separación de poderes.  Cuba no es la excepción.

El próximo 21 de octubre tendrán lugar las “elecciones” en Cuba, para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Una simple mirada a los integrantes de dicho parlamento nos demuestra que todos provienen de una “elección” sin  alternativas electivas, pues los candidatos son seleccionados entre personas afines a la línea de pensamiento político que respalda el oficialismo. Esto hace que dicha legislatura no sea en nada representativa del espectro social y político del pueblo cubano. La falta de representatividad de la legislatura cubana la hace ilegítima, por carecer de ciudadanos opuestos al gobierno.

Otras de las características del funcionamiento cotidiano del llamado cuerpo legislativo de Cuba, es que, consistentemente, casi todas las decisiones se toman por unanimidad. No hay discrepancias, no hay debates de posiciones encontradas, no hay disidencia de las mayorías. Lo cual revela que la función de dicha Asamblea Nacional del Poder Popular no es más que crear un  paripé  para  ofrecer a los incautos la falsa imagen de que en Cuba existe una “legislatura”.

La otra característica del susodicho “parlamento” cubano es que sesiona dos veces al año por unas escasas semanas, que en suma apenas llega a un mes. Es imposible que en un mes se discutan, enmienden y aprueben un sinnúmero de leyes en un país de once millones de habitantes. Esto deja de manifiesto el propósito de simulacro que tiene, mas enmarcado en la parodia teatral que el verdadero procedimiento parlamentario. Por todo lo anterior, podemos señalar que no existe una verdadera legislatura en Cuba, sino un seudo parlamento.

Una de las funciones de cualquier parlamento es fiscalizar la obra del ejecutivo. Sin embargo, la libertad del acción de los diputados cubanos está limitada a los lineamientos y políticas del ejecutivo y, además, por la coacción generalizada impuesta a todos ciudadanos por el Estado, a pesar de que el Artículo  83 de la Constitución cubana garantiza que los diputados no sean sometidos a procesos penales sin autorización de ese foro. Esta falta de libertad de acción quedó recientemente evidenciada cuando la Delegada por  las Tunas  Sirley Avila León, expresó públicamente sus críticas al gobierno relacionadas con el cierre de una escuela en la localidad de Limones de esa provincia y otras sobre la situación de maltrato gubernamental a los campesinos del área. La legisladora ha sido víctima de represión, censura y hasta amenazas. Esto prueba la coacción a que están sometidos los diputados, a quienes se les coarta el derecho a fiscalizar y actuar a favor de sus representados, derrotando el propósito legislativo, pues convierte a los 600 diputados en un rebaño de corderos.

La separación de poderes es cuestionable. No existe una legislatura autónoma como poder independiente del ejecutivo y el judicial. Sobretodo del ejecutivo. De acuerdo al Artículo 89 de la impuesta constitución vigente: “El Consejo de Estado es el órgano de la Asamblea Nacional del Poder Popular que la representa entre uno y otro período de sesiones, ejecuta los acuerdos de ésta y cumple las demás funciones que la Constitución le atribuye. Tiene carácter colegiado y, a los fines nacionales e internacionales, ostenta la suprema representación del Estado cubano.” O sea, la máxima función ejecutiva. Por cuanto, dicho parlamento es un apéndice del Consejo de Estado y por ende, del dictador de turno que lo preside.

Hablar entonces de la existencia de un Parlamento o Legislatura en Cuba es como si habláramos de las fantasías de Alicia en el País de las Maravillas. Las elecciones para delegados a la Asamblea Nacional del Poder Nacional  resultan un ejercicio fútil, pues el organismo no es mas que una artimaña para crear  una ficción parlamentaria  y si, por casualidad, algún legislador se sale valientemente de las amarras impuestas, para defender los derechos de los ciudadanos, honramos su excepción.

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