LA HABANA, Cuba. — En los estados de corte comunista, como Cuba, se rechaza el libre ejercicio de las profesiones liberales. Esto también es cierto, de manera particular, en el caso de la abogacía. En nuestro país, de acuerdo con la mejor tradición estalinista, es en los llamados “bufetes colectivos” que se encuentran los profesionales del derecho autorizados para representar a las personas.
Los pasados días 11 y 12 de febrero, el programa Mesa Redonda de la Televisión Cubana estuvo consagrado precisamente a ese conjunto de entidades y al aparato burocrático supuestamente autónomo que desde 1984 las engloba y regentea a todas ellas: la ONBC (Organización Nacional de Bufetes Colectivos).
La ocasión fue propicia para que el conductor habitual de ese medio propagandístico, Randy Alonso, invitara a un trío de dirigentes de la referida estructura. Tal y como nos tienen acostumbrados en ese programa, los comparecientes se consagraron a pintar con color rosa tanto ese sector de la vida nacional como la actuación de los profesionales incluidos en él.
Si creemos a esos tres burócratas, entonces tendremos que admitir la existencia de relaciones armoniosas y constructivas entre fiscales, de una parte, y acusados y defensores, de la otra. También veremos en el jurista de bufetes a un “consultor familiar”, y aceptaremos a pie juntillas que un trabajador, antes de acudir a un abogado laboralista, debe confiar en las gestiones del inoperante sindicato oficial CTC.
De igual modo, si aceptamos los dichos de los jefes de la ONBC, desconoceremos las carencias de todo tipo que confrontan sus subordinados, comenzando por las de carácter material. La lista interminable de medios y recursos a los que esos empleados no tienen acceso pudiera resumirse en un solo dato objetivo: hoy mismo esa organización no es capaz de suministrarles a sus trabajadores ¡ni siquiera papel!
En lo tocante a la ética profesional, no se dijo una palabra sobre los abogados expulsados por defender a opositores, como Amelia Rodríguez Cala, por sólo citar el caso más reciente. O sobre otros encarcelados en su momento por la omisión de los jerarcas de la ONBC, que son incapaces de sacar la cara por sus subalternos perseguidos arbitrariamente. Después, tras cumplir éstos una injusta prisión, se niegan a readmitirlos en la organización; es el caso del jurista guantanamero Roberto de Jesús Quiñones Haces.
Por supuesto, menos aún escucharemos de esos señores una crítica a la pretensión de las autoridades castristas (plasmada en la Resolución Número 175, dictada por la Ministra de Justicia en agosto del pasado año) de convertir a los hombres de leyes en vulgares delatores. Esto es así porque esta alta funcionaria, mediante esa disposición, dispuso que los abogados y otros técnicos del derecho informen a las autoridades sobre las actividades de sus representados que pudieran considerarse ilegales.
Al igual que sucede en otras facetas de la vida nacional, la mención de todos esos y otros numerosos problemas que se confrontan en el sector jurídico estuvieron ausentes de las peroraciones de Lizette María Vilá, vicepresidenta primera de la ONBC, Lilia María Hernández Doejo, secretaria del propio organismo, y Alberto Miguel Gómez Pérez, director provincial en La Habana.
Ellos fueron los encargados de adoctrinar a los oyentes. Aunque ninguno de los tres habló con claridad, al menos el hombre demostró estar mejor informado acerca de las realidades de la práctica profesional. Las intervenciones de todos nos documentaron sobre las últimas actividades realizadas por el oficialismo dentro del foro cubano.
Lo anterior incluye la entrega de la medalla por el Aniversario 50 de los bufetes colectivos y de 80 “togas de honor” a integrantes de la ONBC que supuestamente se han destacado en su trabajo. Este proceso ha generado injusticias clamorosas. Letrados que han laborado con excelencia durante decenios fueron ignorados, mientras que los reconocimientos han llovido sobre burócratas, mediocres, aprovechados e intrigantes de todo tipo.
Pese a todas esas tergiversaciones, el programa del miércoles terminó con una nota jocosa. Fue cuando el moderador —el inefable Randy Alonso—, al referirse a la “comunicación con el pueblo”, planteó que ella constituye “el principal objetivo de los bufetes colectivos hacia los próximos 50 años”.
¿Creerá de verdad ese señor que el actual desastre nacional perdurará otro medio siglo!