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Optar
por la espada de la justicia frente a la hoz del
totalitarismo
Miguel Saludes
MIAMI - Ser abogado en Cuba y representar a los
que son encausados por su oposición al
gobierno no es una tarea fácil. Quienes
han ejercido la defensa de alguno de estos casos
han debido pensarlo más de dos veces antes
de aceptar el contrato. Mientras el representante
legal de un delincuente común, tal vez
un asesino, puede hacer galas de su pericia en
el proceso sin levantar las suspicacias de los
jueces y fiscales, no ocurre lo mismo cuando en
el banquillo se encuentra uno de los defensores
de los derechos humanos o un disidente.
Si la actuación del jurista tuvo un airoso
desempeño, no obstante que su labor no
rindiera los frutos esperados, ello le atraerá
la mala voluntad de la policía política
que no ve con buenos ojos que esas personas, a
las que ellos califican de mercenarios, sean beneficiados
por la llamada justicia revolucionaria y menos
si ese beneficio se recibe con dignidad. No son
pocos los abogados que después de ser incluidos
en el círculo de sospechosos por su comportamiento
ante el tribunal, terminaron en las filas de la
oposición.
Durante los procesos del 2003, varios de los
encausados se negaron a contratar los servicios
de la defensa. Además de los gastos que
esa gestión implicaba (tomando en cuenta
la situación específica de Cuba)
ellos no querían darle visos de legalidad
a aquella caricatura de juicios. Sabían
que poco podrían obtener los encargados
de su defensa. No obstante varios familiares decidieron
acudir a los bufetes colectivos para demostrar
la falta de garantías e irregularidades
de aquellos sumarios. No obstante algunos de los
representantes legales se destacaron con brillo.
Tales fueron los de Regis Iglesias y Antonio Rodríguez.
Según testigos que estuvieron presentes
en la sala, el abogado de Antonio se enfrascó
en una discusión sobre la legalidad del
proyecto Varela, uno de los elementos que se presentaban
en contra de su defendido. Cuentan que el pasillo
aledaño al local donde sesionaba el tribunal
tuvo que ser desalojado ante la cantidad de personas
que escuchaban con atención al encargado
de la defensa. Si no todos estuvieron al mismo
nivel de actuación, el gesto de pocos valió
por los que no se comportaron igual.
Cuando se escriba la historia de la abogacía
en Cuba durante los años del castrismo,
puede que muchos nombres queden relegados al olvido.
Solo algunos, aquellos que tuvieron parte en los
casos más notorios de esta larga pesadilla,
aparecerán en las memorias escritas. Pero
sería bueno tener presente que el número
de los honestos ha sido mayor. Ana María,
fue la representante legal de una querella contra
la Empresa Nacional de Astilleros donde se aplicó
una sanción de expulsión basada
en la violación de la moral socialista.
Grande fue la frustración de aquella mujer,
secretaria del núcleo del Partido Comunista
del bufete colectivo donde laboraba. Tanto que
lloró de impotencia. Sus lágrimas,
además de ser causadas por la falta de
respeto de un juez sin ética y los ridículos
testimonios aportados por los grotescos testigos
de la parte demandada, tenían el lustre
de la honradez.
No menos destacada fue la posición de
Roberto, abogado de la empresa demandada, al negarse
a acudir en varias ocasiones a las citas del juzgado
por considerar injusta la medida aplicada contra
el trabajador. Su excusa era que no existían
fundamentos para explicar lo indefendible. Poco
tiempo después tuvo que abandonar su puesto
de trabajo y aceptar uno de menor categoría
donde ha permanecido durante años. Allí
ha desarrollado sus habilidades como escritor.
Falsas acusaciones, abuso de la autoridad, confesiones
arrancadas bajo presión, juicios de carácter
sumarísimo, condenas dictadas por la llamada
convicción moral de los hechos. Son barbarismos
comunes con los que han tenido que lidiar los
abogados cubanos. Profesionales como Amelia, Ana
María, Pablo, René, Roberto y muchos
más, han prestigiado con su actuación
el cometido que escogieron para sus vidas. Estas
actitudes pudieran parecer infructuosas ante el
imperio del poder ilimitado. El reconocimiento
internacional conferido a René Suárez
Manzano a través del premio Ludovic Trarieux
indica que esto no es así.
Igualmente resulta esperanzadora la voz de la
joven Laritza Diversent Cambara, estudiante de
Derecho. No es casual que las alarmas se hayan
disparado ante la fuerza de sus escritos publicados
en Cubanet. Los veladores del sistema totalitario
decidieron detener a Laritza. Debe haber sido
duro para esta muchacha y su familia enfrentar
los embates de la policía política.
Ella afronta el peligro de que le invaliden la
culminación de sus estudios universitarios.
Lo único que no podrán quitarle
es su vocación por la justicia. Lo demostró
con un nuevo artículo de su autoría.
El compromiso con la justicia es la cualidad
que debe distinguir a quien opta por el ejercicio
de la abogacía. En estos oscuros años
de dictadura no han sido muchos los que se han
atrevido a hacerlo, pero resulta suficiente el
ejemplo de los que asumieron el reto. La Cuba
democrática que se avizora necesita de
verdaderos protectores del derecho y la ley. Algunos
ya están formados. Otros, como Laritza
Diversent, están en camino. Es bueno saber
que desde ahora contamos con ellos.
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