|
La
vieja Europa, obligada a taparse la nariz para
seguir siendo solidaria
Luz Madroño, Representante del GIRSCC
El pasado 26 de mayo se publicaron en el boletín
oficial del gobierno cubano nuevas disposiciones
reguladoras que, en realidad, entrañan
nuevas amenazas y condiciones contra las ayudas
humanitarias y cooperación económica
en la isla. La ley, promulgada por el Ministerio
de Inversión Extranjera y Colaboración
(MINVEC) supone, en el fondo y en la forma, condiciones
que deberían ser inaceptables para cualquiera
de los organismos afectados ya sean instituciones
privadas, organismos internacionales o gobiernos
extranjeros, pues a todos ellos afecta la pretensión
de no aceptar colaboración o donativo alguno
que impliquen "condicionamientos políticos,
económicos o sociales" que puedan
ser interpretados por las autoridades como de
"injerencia" en sus asuntos internos
o vayan contra "los principios de la Revolución".
Revolución basada en la intolerancia,
en la violación de los derechos fundamentales
de todo ser humano y en el control más
absoluto de cada acto o decisión no sólo
de sus ciudadanos sino también de todo
aquél que ose poner sus pies en una isla
controlada por un solo hombre. Revolución
que ha asistido al paulatino empobrecimiento de
un país antaño próspero y
con futuro, al que acudían emigrantes españoles
en busca de una mejor calidad de vida que en su
país no encontraban.
Castro, irónicamente, habla de "injerencia"
a la par que establece cómo debe ser la
cooperación procedente de países
solidarios y prohíbe, en la práctica
y en la ley, que ésta se vincule a la reclamación
de la dignidad y el respeto a los derechos internacionalmente
reconocidos. Dura ironía que pone en juego
la pervivencia de la cooperación y que
implica la negativa a su recepción. Porque,
repetimos una vez más, son condiciones
inaceptables para los países democráticos
de los que proceden.
No es la primera vez que se niega la cooperación
internacional. Ya el año pasado y tras
el paso del huracán Dennis, Cuba rechazó
la ayuda europea y americana destinada a paliar
los sufrimientos y desastres que el huracán
había provocado. Pero hasta ahora no se
había promulgado una ley que estableciera
las condiciones en que la cooperación puede
ser recibida. No hay país alguno en que
a la cooperación se le pongan trabas y
condiciones. Y entre tanto, el sufrimiento de
un pueblo aumenta exponencialmente.
El pueblo cubano necesita de la cooperación
internacional y de la ayuda proveniente de Europa.
Sus condiciones de pobreza y supervivencia, con
misérrimos sueldos que apenas llegan a
cubrir sus necesidades básicas y con amplios
sectores de población en situación
de riesgo, viviendo en poblados chavolísticos
denominados "llega y pon", con derecho
a recibir leche sólo hasta los siete años
de edad, con un racionamiento de los alimentos
que apenas llegan a cubrir las necesidades básicas
de la población... la ayuda en cooperación
proveniente de la UE supone un respiro, un cierto
alivio para un país cuyos salarios medios
están en torno a los 14 euros mensuales.
Con la nueva ley, es el propio gobierno cubano
quien impondrá las condiciones que rigen
la cooperación económica recibida
del extranjero. Condiciones que no pasan por una
valoración de su efectividad o su necesidad,
sino por desligar la exigencia al respeto de los
derechos humanos, violados sistemáticamente
por Cuba, de la cooperación y que chocan
frontalmente con los principios que rigen el modelo
social que caracteriza a las democracias europeas.
Condiciones que son establecidas en un marco kafkiano
y surrealista, de manera unilateral y exclusiva
por el propio gobierno, en una dialéctica
de aceptar intolerables controles o de cometer,
en caso contrario, "un delito grave"
contra el Estado cubano, tal como fue afirmado
por los ministros Pérez Roque y Marta Lomas.
Un régimen cerrado al diálogo,
impositivo y que muestra, una vez más,
su verdadera cara de prepotencia y desprecio de
las necesidades de un pueblo arruinado, exhausto,
que lucha a diario con la miseria, obligado a
elegir entre el acatamiento o la exclusión,
entre la aceptación de las iniquidades
que los mandatarios imponen o la amenaza permanente
de prisión si osan reivindicar sus derechos
fundamentales, su reivindicación de la
dignidad arrebatada. Un Estado que ignora las
perentorias necesidades de su pueblo en aras a
seguir controlando de manera exclusiva cada movimiento,
cada acción que se realice en la isla.
La nueva disposición obliga, expresamente
y por ley, a los gobiernos de países solidarios,
ONG o instituciones a desligar la ayuda o la cooperación
del requerimiento de obligado respeto y cumplimiento
de los derechos humanos de la población.
Lo que no supone sino una reafirmación
de las prácticas ya establecidas. Hasta
ahora, los organismos de cooperación internacional
podían intentar presionar al gobierno cubano
en aras a exigirle el reconocimiento de los derechos
de la población a cambio de cooperación.
Con la nueva ley, el gobierno cubano no sólo
obliga a desligar la cooperación externa
de los principios básicos que animan las
relaciones sociales o económicas de los
países democráticos de los que proceden,
sino que impone el que éstas estén
en sintonía con las "prioridades"
establecidas por el gobierno. Esto es, la presión
o la exigencia de reconocimiento de los derechos
del pueblo cubano o la demanda de excarcelación
de los presos de conciencia será interpretada
como una falta grave.
Prioridades que en el plano social pasan por
la prohibición del derecho a la libre expresión
y a la libre asociación y reunión
y, en el plano laboral a la prohibición
de sindicatos libres, a la negociación
colectiva en el marco de las empresas inversoras
o al uso de cualesquiera de las armas pacíficas
tradicionales de los trabajadores como es el de
la huelga o la protesta, a la asunción
de que el Estado controla salarios, contrataciones
y despidos y, en definitiva, a la violación
de los Acuerdos Internacionales refrendados o
no por el gobierno cubano y que ahora, en una
nueva vuelta de tuerca más, obliga a los
demás a violar.
Y aún hay más: la nueva disposición
niega la creación de servicios sociales
o de distribución de recursos "paralelos
a los establecidos por el Estado cubano".
La nueva ley, de 15 artículos, establece
rígidos controles a instituciones, fundaciones,
ONG, y otros organismos cubanos receptores de
cooperación extranjera que deberán
someterse a rigurosos mecanismos de control. Todo
atado y bien atado. El gobierno es el único
que decidirá qué recibe, cómo
lo recibe y a quién va destinada la ayuda,
pues la propia ley establece que, en ningún
caso, la cooperación puede "favorecer"
a "sectores de la población por razones
étnicas, religiosas o de nacionalidad".
Nuestra pregunta ahora es ¿hasta cuándo?
¿hasta cuándo el pueblo cubano podrá
seguir soportando tal estado de cosas? Y ¿hasta
cuándo los países democráticos
seguirán aceptando unas condiciones impuestas
unilateralmente por un gobierno absolutista y
tiránico, de todo punto inadmisibles por
sus Estados de procedencia? Diplomáticos
y cooperantes europeos reconocen el acrecentamiento
de las nuevas dificultades para la cooperación
impuestas por el régimen. Y ello en el
reciente marco de la nueva decisión de
la Unión Europea de seguir manteniendo
la suspensión temporal de las sanciones
impuestas a Castro por su violación permanente
de los derechos de la población cubana.
Y frente a tal decisión, en cuyo análisis
ahora no entramos, la decisión firmemente
expresada por Pérez Roque, ministro de
Relaciones Exteriores, y Marta Lomas, ministra
del Minvec, de seguir rechazando la cooperación
oficial europea en castigo por las sanciones diplomáticas
adoptadas en 2003 tras el arbitrario encarcelamiento
de 75 opositores. Aunque nuevamente, la UE ha
decidido dejar dichas sanciones en suspenso. ¿Ironía,
sarcasmo, desprecio? Pongan ustedes el adjetivo
que consideren más adecuado.
|
