Cierre por obras

William Navarrete

Por vez primera desde su fundación hace sesenta años, en 1946, la Comisión de Derechos Humanos, adjunta al Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC) no se reunirá en Ginebra. Su disolución corresponde a la aspiración del alto ejecutivo de la ONU en materia de Derechos Humanos de crear una nueva estructura, el Consejo de Derechos Humanos (CDH), aprobado el pasado 15 de marzo. Dicho Consejo entrará en vigor a partir del próximo 19 de junio tras las elecciones que para estos efectos se desarrollaron el 9 de mayo en la ciudad de Nueva York, durante el sexagésimo período de sesiones de la institución.

Debilitada en el transcurso de décadas por su ineficiencia y dudosa legitimidad en materia de composición, la antigua Comisión de Derechos Humanos se había convertido en la antesala de un auténtico mercadillo de domingo en que salían impunes aquellos que lograban vociferar más alto su pretendida inocencia, secundados por quienes, como ellos, resultaban los violadores de derechos humanos más connotados del planeta.

En numerosas ocasiones, organizaciones no gubernamentales e incluso representantes de otras instancias públicas relacionadas con los derechos humanos habían destacado el carácter moribundo e incompetente de dicha Comisión, donde países como Sudán, China, Zimbabwe o Siria, violadores permanentes de estos derechos, no sólo salían indemnes en las resoluciones, sino que cabildeaban para que otros Estados cómplices en este mismo ámbito lograran escapar a un dictamen desfavorable de la Comisión.

Visto desde esta perspectiva, la Comisión no tenía, desde hace varios años, razón de ser. De modo que su desmantelamiento y reestructuración en aras de la creación de un nuevo órgano no podía menos que alegrar a los demócratas del mundo que se habían desentendido desde hace mucho tiempo del imbroglio burocrático y fantasioso que representaba la Comisión ginebrina. Más cuando las pocas condenas o resoluciones que advertían a un Estado violador de Derechos Humanos no constituían garantía alguna para que ese mismo Estado enmendara o revisara su política, arrogándose incluso éste (como en el caso de Cuba) el derecho de impedir el ingreso en el país de un observador o relator designado al amparo de la resolución.

El nuevo Consejo de Derechos Humanos

Resultado de una amplia votación a favor, en la cual sólo Estados Unidos, Israel, las Islas Marshall y Palau se opusieron, quedó aprobada la constitución del Consejo de Derechos Humanos que contará con 47 miembros elegidos por tres años (sin posibilidad de ser reelegidos inmediatamente), tras una votación de simple mayoría regida por un sistema de cuotas regionales definido por áreas geográficas continentales.

Dicho Consejo incluye dos novedades: por una parte, dependerá exclusiva y directamente de la Asamblea General de Naciones Unidas, y por otra, prevé la suspensión de un país que cometa violaciones si se obtiene, por votación, una mayoría de dos tercios de sus miembros. En lo restante, las esperanzas cifradas en este nuevo órgano se han desvanecido aun antes de su puesta en funcionamiento.

Irregularidades crónicas

Lo que ha sucedido es que los cambios introducidos en el novedoso CDH no son más que mero maquillaje para, durante el tiempo que se desconozca su verdadera esencia, crear la ilusión de un ajuste positivo en la antigua Comisión que satisfaga las exigencias de la sociedad contemporánea en materia de Derechos Humanos. Por otra parte, es de suponer que su creación (poco importan los magros resultados) ha dado trabajo para justificar salarios a no pocos de los efectivos permanentes de este capítulo en Naciones Unidas.

Se trata, una vez más, de irregularidades crónicas de la Comisión que son justamente las que más sobresalen en sus pretensiones de justicia. Basta con que se analicen superficialmente las cláusulas electorales del CDH para que salte a la vista que su talón de Aquiles continuará siendo el mismo que arriesgaba la existencia de la Comisión anterior.

Ahora, tras el maquillaje operado, los mismos Estados violadores de derechos humanos podrán continuar campeando en el seno de la institución llamada a salvaguardar la aplicación de los derechos humanos en el planeta. Será suficiente que una mayoría de Estados, igualmente violadores de estos derechos los elijan para que tengan, por tres años, la dicha de ser los que lleven la voz cantante en este delicado tema.

A ello se suma el hecho de que la asignación de cuotas por áreas regionales implicará que trece países de Asia formen parte del CDH; o sea, se le ha concedido a esta área del planeta, particularmente afectada por la violación de derechos humanos, dos escaños suplementarios, con lo cual se garantiza que China, Pakistán, Birmania, Corea del Norte, Vietnam o Siria se conviertan en los jueces de Naciones Unidas en materia de estos derechos.

Las nuevas asignaciones incluyen también dos escaños suplementarios para el área de Europa del Este, donde candidatos como Bielorrusia y la propia Rusia podrán afilarse los dientes a la espera de ver satisfechas sus aspiraciones de reguladores de derechos humanos a escala mundial.

Esta nueva distribución escamotea de tres escaños al área de Europa Occidental y países que la propia Comisión cataloga como "el Grupo de los restantes", en los que se encuentran Canadá, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, que ven así reducidos a siete sus diez puestos originales.

Para colmo, en el documento fundacional la noción de libertad de expresión brilla por su ausencia, no así la de respeto y tolerancia ante religiones y creencias religiosas (este último es un aspecto de muy difuso contenido, por cuanto una creencia religiosa puede ser todo y nada a la vez, en dependencia del número de adeptos que logre captar para sus fines, cuales sean estos).

Reporteros Sin Fronteras, en un comunicado dirigido al CDH, señala que dicha formulación recuerda a la que puede leerse en la Constitución y leyes de prensa de muchos de los países musulmanes más represivos del orbe.

Tampoco contempla el nuevo CDH la acreditación de Organizaciones No Gubernamentales en el foro oficial del Consejo, condenando una vez más la labor —de seguro más eficaz— de cientos de organizaciones que velan por el respeto de los Derechos Humanos a participar indirectamente, a través de Foros Paralelos, en las cartas y actas de denuncia. De una protesta ante esta arbitrariedad se hace eco justamente una declaración del 6 de abril de 2006, encabezada por la ONG cubana M.A.R. por Cuba, durante el V Foro Paralelo de Derechos Humanos, en Ginebra.

Las aspiraciones cubanas

Nadie debe haber olvidado que el pasado año, durante la sesión 59 de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, el gobierno de Cuba, a sabiendas de que su condena resultaría inevitable, expresó mediante una arenga de su máximo representante, Fidel Castro, "que la Comisión le [importaba] un bledo", recordando la poca importancia de esta planta rastrera carente de interés nutritivo.

Ahora bien, si se consulta la lista de Estados que se apresuraron en proponer sus candidaturas, se podrá apreciar que el gobierno de la Isla fue uno de los primeros en hacerlo a través de un documento oficial emitido por su Misión Permanente ante la ONU, en que se aclara que el país "reafirma su voluntad de continuar trabajando sin descanso en la consecución de la meta común del disfrute de todos los derechos humanos por todas las personas y todos los pueblos del mundo, sobre la base del respeto a la Carta de las Naciones Unidas".

En ese mismo documento, fechado en la ciudad de Nueva York, el 4 de abril de 2006, La Habana añade que "Cuba espera que su membresía en el más importante órgano especializado de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, tenga un impacto muy positivo no sólo para su propio pueblo, también para el resto de la comunidad internacional". Para añadir luego: "Compartiremos nuestras experiencias; aprenderemos de todos aquellos que tengan buenas prácticas que transmitir".

Castro no sólo desmiente la declaración anterior de que la "Comisión le importase un bledo", sino que revela el fortalecimiento de la esencia totalitaria del régimen en un contexto regional (América Latina) en que no cesa de aumentar el número de Estados secuaces de la dictadura más antigua del hemisferio occidental.

Esta situación no parece preocupar a la Alta Comisionada de Naciones Unidas en Ginebra, Louise Arbour, quien declaró recientemente, tras los cambios cosméticos de la Comisión, que "nada debía impedir que el nuevo CDH fuera fuerte y robusto". La señora Arbour deberá seguramente entender el concepto de robustez y fortaleza desde la perspectiva de la legalidad para reprimir y violar que legitimará en lo adelante a Estados que, como el cubano, han sido elegidos "democráticamente" para ocuparse de la aplicación en el mundo de los principios que el CDH cree defender.

Kofi Annan, que recomendaba desde inicio de 2005 una reestructuración de
la Comisión, ha pronunciado, ante la evidencia de que el CDH no cumplirá
tampoco el cometido que se espera, la enigmática frase: "no debemos dejar que lo mejor sea enemigo de lo bueno". Evidentemente, a estas alturas, ya ni sabe qué es lo mejor ni qué es lo bueno, pues ninguno de los dos organismos lo han sido ni lo son.

Ante el escepticismo del embajador norteamericano ante la ONU, John Bolton, Annan y la propia Amnistía Internacional se han entusiasmado con la posibilidad de que con el nuevo CDH el historial de un país en materia de derechos humanos pueda ser tenido en cuenta.

Pero, ¿de qué historial se está hablando si las mayores democracias del planeta, las que mejor historial tienen en este sentido, han sido relegadas a un rango participativo inferior con respecto a regímenes totalitarios que ahora tienen vía libre para ocupar la mayoría de los escaños? ¿De qué historial, si países como Canadá, Estados Unidos o la propia Australia aparecen incluidos en un grupo que la misma ONU llama "países restantes"?

Ginebra igual

Si en algo parece no equivocarse la carta geográfica del CDH es en haber incluido, océanos de por medio, a estos "países restantes" en el área de influencia democrática de Europa Occidental. Con lo cual, dicho sea de paso, escamotean asientos a los pocos que pueden dar lecciones en este sentido.

Una vez más, la sección de Derechos Humanos de la ONU deja en manos de los delincuentes el poder para decidir cuáles gobiernos cometen delitos y cuáles no. En estas circunstancias cualquier resolución presentada por un consejo de países que violan sistemáticamente los derechos humanos contra otro que construye con eficacia una democracia justa, podrá tener cabida en el nuevo CDH. Y, por supuesto, el historial delictivo de cualquier Estado miembro contará muy poco si sus aliados en este ámbito le sirven de comodines para escapar de las condenas.

Nada ha cambiado en Ginebra. Por lo pronto, lo único que ha logrado la antigua Comisión ha sido, tras un año de cierre por obras, que en 2006 ningún país sea condenado y que el capítulo de los Derechos Humanos a escala internacional haya quedado reducido a una barahúnda de cotilleos de la que siempre salen victoriosos los más tenebrosos y asalariados, los ineptos funcionarios de siempre. Y lo peor, tras un cierre anual por obras se correrá el riesgo de que las leyes que regirán el Consejo, después de las elecciones del 9 de mayo, queden fijadas por la carta de la ONU justiciera por unos sesenta años más.

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