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Aquel
si convertido en no
Miguel Saludes
El pasado 15 de febrero se cumplieron tres décadas
de existencia de la Constitución Socialista
vigente en Cuba. La prensa cubana reflejó
el aniversario con un editorial breve, pero lo
suficientemente enfático como para la ocasión.
Efectivamente aquel 15 de febrero millones de
cubanos acudieron a votar por la primera carta
que recogía sus deberes y derechos como
ciudadanos de un país integrado al campo
socialista. No creo que fueran muchos los que
en aquel entonces anularan las boletas o miraran
con malos ojos la propuesta de ley de leyes que
ellos iban a refrendar con su voto. No existía
plena conciencia del hecho histórico que
se estaba dando. También se debe tener
en cuenta que hasta ese momento Cuba había
vivido fuera de un formalismo de legalidad constitucional,
regida la vida de los nacionales de acuerdo a
las llamadas leyes revolucionarias. No faltaba
quien miraba confiadamente este paso de institucionalidad
legal que al menos daría ciertas garantías
a la sociedad cubana en cuanto a la aplicación
de las leyes se refiere. Los más inclinados
a la aplicación de un socialismo al estilo
europeo en Cuba tenían la esperanza de
que la influencia del Kremlin terminaría
poniendo un freno a la manera de gobernar de un
Fidel Castro empeñado en aparecer como
un líder independiente que hacía
y deshacía a su antojo sin tener en cuenta
algunos límites reconocidos hasta por la
nomenclatura moscovita.
Por otra parte, no debe resultar extraño
que la convocatoria de referéndum y la
anterior discusión del ante proyecto tuvieran
tan amplia participación, inusitada según
expresa el escrito aparecido en la prensa cubana.
Aún el proceso revolucionario ofrecía
un mundo mejor para las generaciones futuras del
patio y las hendijas que permitirían una
mirada más directa al mundo externo estaban
por abrirse. También hay que sumar a esto
el control absoluto mantenido por el gobierno
sobre el pueblo, ejercido de manera efectiva por
la propaganda y la dependencia al Estado totalitario
que todo lo domina: escuelas, sindicatos, barriadas,
etc. Lo que para esta parte del hemisferio occidental
era un logro ya había dejado de serlo en
Alemania nazi, en la Italia de Mussolini, en el
país de los Soviets o en la China maoísta.
¿Cómo extrañarse entonces
de que un 98 por ciento de votantes participara
en Cuba en la aprobación del conjunto de
leyes que iba a reglamentar el funcionamiento
de la nación?
Tendrían que pasar todavía varios
años, poco más de dos décadas
para que el pueblo y el mundo comprendieran algunas
realidades que entonces eran difíciles
de ver para muchos. La aprobación de la
Constitución del 76 sirvió al gobierno
cubano para legitimizar el sistema político
impuesto por las armas y ahora refrendado en las
urnas. Cualquier mirada más profunda sobre
el verdadero panorama de la Isla era paralizada
con una contundente respuesta enarbolada hasta
hoy por los personeros del régimen: el
pueblo cubano votó por el socialismo en
1976 y el país se circunscribe dentro de
las naciones que cumplen las normas de la democracia
al regirse por una Constitución que estipula
elecciones y libre participación del pueblo
en sus asuntos. Existe pues una legalidad, socialista,
pero legalidad en fin, apoyada de manera popular,
que contiene los derechos y deberes ciudadanos.
Bajo ella los cubanos están libres de ser
excluidos o explotados como ocurre en otras partes
del mundo.
La falsedad de esas afirmaciones tendría
que ser demostrada con hechos. Y éstos
no tardarían en producirse. Cuba había
sido colocada bajo la égida de una potencia,
que después se demostró no tenía
poco de imperialista. Sus hijos, a la vez que
votaban por un conjunto de leyes democráticas,
estaban siendo enviados a lugares lejanos para
asistir en guerras que a la larga se sabría
respondían a intereses geopolíticos
de las potencias. No porque su sangre se vertiera
en aquellos lugares lejanos la vida de los que
supuestamente defendían cambiaría
para mejorar. Los procesos legales seguirían
funcionando con igual dosis de arbitrariedad y
falta de garantías jurídicas, poniendo
una interrogante en el significado de la llamada
legalidad socialista. Los actos de repudio de
1980, cuatro años después de aprobada
la Constitución, las expulsiones de centros
de trabajo y de estudios ante supuestas o verdaderas
contradicciones ideológicas con el sistema,
la prisión de miles de cubanos por el simple
hecho de querer irse del país, la represión
injustificada y la vigilancia organizada por aquéllos
que debían proteger al ciudadano, el inquisitorial
seguimiento de la vida individual de cada persona,
entre tantas irregularidades no dan pie para muchas
celebraciones sobre la democracia existente en
Cuba bajo el amparo de la actual Carta Magna.
El Proyecto Varela, basado en los muy escasos
resquicios legales dejados en esta Constitución
debido a que nadie pensó que alguna vez
pudieran ser utilizados y menos aún logrados,
echó por tierra el mito de la democracia
socialista en la isla antillana. Más de
20 mil cubanos dieron su Sí por un nuevo
referendo, que sin discutir siquiera las bondades
del socialismo, pedía garantías
para que los ciudadanos pudieran elegir directamente
a sus representantes en el parlamento y gobierno;
para que esos mismos hombres y mujeres del pueblo
pudieran establecer sus negocios y establecer
contratos justos con las empresas contratistas
(la mayoría establecidas con capital extranjero);
para que los cubanos radicados en el exterior
pudieran invertir en su propia tierra y dar trabajo
a familiares y compatriotas: para que en definitiva
nadie, o por lo menos muy pocos tuvieran que elegir
el camino del exilio para mejorar su economía
o en la búsqueda de aspiraciones más
elevadas. Los que dijeron sí a la propuesta
ciudadana entregada a la Asamblea Nacional el
12 de mayo de aquel año querían
una modificación de las leyes que mantenían
en prisión a tanta gente por el único
delito de pensar distinto, para que la sociedad
civil pudiera reunirse libremente, tener acceso
a la información sin trabas y poder asociarse
de acuerdo a sus intereses siempre que estos no
fueran contrarios a la dignidad humana. ¿Acaso
esas peticiones contradecían la legalidad
socialista refrendada en la Constitución
del 76?
Desde entonces el gobierno cubano desató
la más terrible campaña represiva
conocida en estos últimos años de
su mandato. Prisión, tratos crueles, persecución,
actos vandálicos auspiciados por los que
dicen ser garantes de la legalidad, procesos judiciales
faltos de todo bagaje legal y para poner el sello
una nueva votación y marcha triunfalista,
pues una vez más se sobre cumplió
la amplia participación popular en la convocatoria
gubernamental, para dar un nuevo Sí al
socialismo, ahora para decir que este sistema
es intangible y para siempre. Increíblemente,
con ese acto el gobierno dio un golpe de estado
contra la propia constitución que lo representó
durante treinta años al burlar uno de los
acápites que daba un derecho al pueblo.
Desde entonces sólo existe el deber servil
ante el poder dictatorial que nunca reconoció
derechos, pero que ahora los anuló completamente.
El Sí del 2002 acabó con lo poco
de legal, constitucional o democrático
que todavía algunos dicen descubrir en
el sistema político vigente en Cuba. No
hay mucho para festejar a treinta años
de establecerse la Constitución Socialista
de 1976.
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