LA HABANA, Cuba, 28 de enero de 2013, 173.203.82.38.- Este último domingo 27 de enero, agentes del Departamento de Seguridad del Estado (DSE) pospusieron un desalojo ante la presencia de opositores y activistas de derechos humanos. Cerca del lugar rondaba una patrulla; dos ómnibus pequeños.
El día anterior, Alcibíades Brizuela Angulo conoció el aviso de “extracción” por una secretaria del Sindicato de la Unidad Municipal de Atención a la Comunidad de Tránsito (UMACT) en Cambute, San Miguel del Padrón. Al día siguiente, sería desalojado del inmueble que ocupa junto a su familia en la Comunidad de Tránsito Cambute.
Andrés Pérez Suarez, delegado de la Comisión de Atención a Presos Políticos y sus Familiares, del municipio San Miguel del Padrón, Hugo Damián Prieto y quien reporta, junto a otros 11 activistas de Derechos Humanos, acudieron al lugar.
Minutos después llegaron los agentes de la Seguridad del Estado que se hacen llamar Alejandro, Brayan y otros, quienes se comprometieron a evitar la “extracción” de esta familia si abandonábamos el lugar.
“No estoy de acuerdo con la “extracción” (término al uso por las autoridades cubanas), no sé cuáles serán los motivos pero hay menores involucrados”, manifestó Alina Rodríguez, presidenta del Comité de Defensa de la Revolución.
Alcibíades, de 50 años, ex recluso sancionado a 47 años de prisión por delitos económicos, egresó el pasado mes de marzo por una licencia extrapenal luego de 23 años de cárcel. Su casa, situada en el Reparto Jacomino, San Miguel del Padrón (SMP) fue vendida por su madrastra cuando cumplía sanción.
“Inconforme con la situación me quejé ante la Dirección Municipal de la Vivienda (DMV), ante la Fiscalía municipal, ante Consejo de Administración Provincial, ante la Asamblea Nacional, el Consejo de Estado, el edificio A del Ministerio del Interior, pues el Estado está obligado a velar por los bienes de un preso”, dijo Brizuela Angulo.
Él y su esposa, para resolver un techo y recuperar a sus hijos, quienes estaban en un hogar de niños sin amparo filial, ocuparon ilegalmente una propiedad perteneciente al Vicepresidente de la Asamblea Nacional. De inmediato, fueron extraídos del lugar y clasificados para ser albergados.
Según Alcibíades, mientras esperaba albergue junto a su esposa y a sus tres hijos menores, durmieron en una presa. “Pasamos hasta 7 días sin comer, la espera duró dos meses”, dijo.
Provisionalmente, les dejaron quedarse en la oficina de la administración de la UMACT, en Cambute.
Según asegura Alcibíades, en ese lugar tuvo acceso a todas las pruebas que incriminaban a Luis García Páez, Jefe de ese organismo, como presunto culpable de vender capacidades de albergue. “Hice pública la acusación contra él y sus subordinados, sin resultados”, comentó.
El Consejo de Administración de la Comunidad de Tránsito inició un proceso de desalojo contra Alcibíades y su familia. No han sido declarados ocupantes ilegales ni tienen otro lugar a donde ir.