CIENFUEGOS, Cuba, 15 de agosto (Alejandro Tur, 173.203.82.38) -El robo que tuvo lugar el pasado 1 de agosto en la finca “El Perico”, ubicada en el poblado de Guaos, a unos 15 kilómetros de la ciudad de Cienfuegos, pudo haber sido ejecutado, o al menos ordenado, por la Seguridad del Estado, dijo su dueño, el opositor David Cordero Marrero.
Según Cordero Marrero, personas desconocidas entraron a la propiedad en la madrugada del 1 de agosto y sustrajeron tres reses y cinco equinos, hecho que denunció en la unidad provincial de la Policía. Las autoridades tomaron nota de lo acontecido y le recomendaron que emprendiera indagaciones personales. También le sugirieron que ofreciera una recompensa para recuperar los animales robados.
Cordero Marrero sospecha que detrás del hurto pudiera estar la mano de la policía política porque sus problemas comenzaron luego de afiliarse al opositor Partido Liberal de Cuba, tras lo cual recibió amenazas de oficiales de la Sección de Enfrentamiento a la Actividad Enemiga, quienes le dijeron que lo apretarían “hasta que soltara el pistón”, aseguró.
Más tarde inspectores del Ministerio de la Agricultura le retiraron un ternero de su propiedad aduciendo que esa raza sólo se podía encontrar en las granjas estatales.
Una fuente que prefirió el anonimato informó a Cubanet que el viernes 10 de agosto dos oficiales de la Seguridad del Estado visitaron a Jesús Isidrón Herreras, presidente de la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) a la que pertenece Cordero Marrero, para indagar sobre el comportamiento del campesino e informarle que era un “contrarrevolucionario”. Lo instaron además a ordenar el decomiso o venta forzosa de todo el ganado de Cordero Marrero.
Aclara la fuente que el presidente de la cooperativa se negó a adoptar medida alguna y prefirió remitir el caso a la Junta Directiva.
“Es patético que me hayan robado, y en vez de perseguir a los presuntos delincuentes, me quieran castigar por la mi militancia. Esto refuerza mis sospechas de que el robo pudiera responder a una intriga formulada por la Seguridad del Estado para desestabilizarme”, dijo indignado el ganadero.
La militancia en las organizaciones políticas, las creencias religiosas y los nexos con familiares residentes fuera de la isla eran preguntas que se incluían en los formularios de denuncias policiales que debían llenar las víctimas de actos delictivos en la década de los años 60 y 70 en Cuba. Si cualquier víctima de un robo, asalto u otro hecho delictivo declaraba en su denuncia que no pertenecía a las “organizaciones de masas”, que profesaba alguna religión o que tenía familiares en el extranjero, las posibilidades de que el caso fuera resuelto satisfactoriamente eran casi nulas.