LA HABANA, Cuba, 3 de septiembre (Laritza Diversent, 173.203.82.38) – Las organizaciones de la sociedad civil cubana tienen hasta el próximo 9 de octubre para presentar informes a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), con motivo del Examen Periódico Universal (EPU) a que se someterá Cuba entre el 22 de abril y el 3 de mayo de 2013.
En la 16 ª reunión del Grupo de Trabajo del EPU, que se celebrará en el segundo trimestre de 2013, también se examinaran informes procedentes de Turkmenistán, Burkina Faso, Cabo Verde, Colombia, Uzbekistán, Tuvalu, Alemania, Yibuti, Canadá, Bangladesh, la Federación Rusa, Azerbaiyán y Camerún.
En un ciclo que se repite cada cuatro años y medio, los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas se someten a examen para verificar el cumplimiento en sus territorios de las obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos.
El examen consiste en un diálogo interactivo de más de tres horas entre el Estado examinado y los países miembros y observadores del Consejo de Derechos Humanos. Se basa en tres informes: uno elaborado por el propio Estado y dos por la ACNUDH, basado en una compilación de la información presentada por las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de la sociedad civil y de las Naciones Unidas sobre el país en cuestión.
Cuba fue examinada el 15 de febrero de 2009 y recibió 89 recomendaciones. Aceptó 60, rechazó 12 y presentó por escrito información adicional y observaciones sobre otras 17. El Estado cubano objetó las recomendaciones formuladas por Israel, Reino Unido, Canadá, Austria, República Checa, Eslovaquia, Italia y los Países Bajos.
Según los argumentos del régimen cubano, las recomendaciones que se objetaron resultaban incompatibles con el ejercicio del derecho a la libre determinación, contribuían a poner en práctica la política de una superpotencia extranjera para destruir el orden constitucional o mostraban falta de conocimiento sobre la realidad de la isla.
Las recomendaciones se referían a la explotación sexual de la mujer y niños mediante la prostitución, al ejercicio de la libertad de expresión, asociación, reunión y religiosa, persecución a periodistas independientes, los defensores de los derechos humanos y disidentes políticos, la derogación de la Ley Nº 88 (Conocida como Ley Mordaza) y del artículo 91 del Código Penal, así como de la peligrosidad, la propaganda enemiga y el desacato a la autoridad.
Hasta la fecha las autoridades cubanas no han difundido los resultados del examen anterior, ni han publicado la fecha límite para que las ONG, principalmente formadas por disidentes, presenten sus informes a la ACNUDH.