LA HABANA, Cuba, 10 de mayo de 2013, Juan Carlos Linares Balmaseda/ 173.203.82.38.- El 11 de abril de 2007, recibí la siguiente misiva del consorcio estatal Financiera Cimex, S.A.:
“…la entidad (Fincimex) decidió la suspensión de los servicios que le venía prestando al tener dudas sobre el origen lícito de los fondos que se les remesaban. Esta suspensión temporal está sustentada de acuerdo a la práctica internacional, las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF por sus siglas en ingles), las resoluciones y Convenciones de la ONU contra el Financiamiento al Terrorismo, el Lavado de Dinero y la Corrupción, y teniendo en cuenta lo dispuesto en las leyes cubanas…”.
La misiva estaba rubricada por la Gerente de Remesas Familiares, Cecilia Pérez Delgado. Días antes, el 16 de marzo de 2007, había recibido otra similar de Nelson Martínez Díaz, Director de la Vicepresidencia de Análisis y Objetivos Estratégicos del Banco Central de Cuba.
Ambas respuestas fueron consecuencia de una serie de reclamaciones de mi parte. Se debían a que en octubre de 2006, una veintena de periodistas independientes (yo incluido) aparecimos en una lista de nombres, la que se le entregó a todos nuestros remisores en el extranjero. Así quedaba prohibido remitirnos los modestos honorarios que cobramos por nuestro trabajo periodístico.
Al indagar el motivo, se supo que nos estaban aplicando “la Instrucción 40”, una regulación del Banco Central de Cuba, según me expresó la Gerente Pérez Delgado, cuyo contenido aun desconozco.
Recibíamos el dinero mediante Transcard, una agencia con sede en Canadá, “asociada” al consorcio Financiera Cimex, al igual que otras que se dedican a lo mismo, como Delivery Card y Caribbean Transfers. Esta última resultó la mismísima ruta por donde sacaban sus robos los citados estafadores al Medicare. Y entre estos, todavía fugitivos de la justicia norteamericana, algunos “remesaron” más de 30 millones de dólares a Cuba procedentes del fraude.
Transcard y Caribbean Transfers son primas hermanas, y sus operaciones las realizaban a través de Canadá y Trinidad -Tobago. Yo era cliente de Transcard desde el 2000, y me atrevo asegurar que la suspensión de mi servicio fue un ajuste de cuentas. Pero no del Banco Central de Cuba, sino del Ministerio del Interior (al final todo es lo mismo), algo que hice saber en distintas entrevistas al asesor jurídico del Banco Central de Cuba, Humberto Guerra Pérez-Cuba, y al Asesor Legal de Financiera Cimex, Jorge Oliver Landa.
Jorge Oliver Landa me reveló que Financiera Cimex es autónoma del Banco Central de Cuba, contradiciendo lo expresado con antelación por la Gerente de Remesas Familiares Cecilia Pérez Delgado. Y además, Oliver Landa me reveló que para asociarse había que tener la autorización de la Cámara de Comercio de Cuba y, si el interesado radicaba en territorio estadounidense, una licencia concedida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
En mi opinión, la estrategia del Ministerio del Interior se cumplió a cabalidad. Sobre todo cuando surgieron dudas entre los periodistas independientes y algunos colegas llegaron a culpar a nuestros emisores amigos, pensado que eran ellos quienes nos engañaban, inventando lo de la misteriosa lista.
Aparte de incentivar la confusión en los colegas, también fue parte del plan despojarnos de la legalidad y la tranquilidad que de ellas se deriva. Y de paso establecieron control y coerción sobre los intermediaros (las mulas) que comenzaron a traernos el sustento mensual ante la imposibilidad de continuar el servicio de Transcard.
Por aquellos meses redacté una serie de tres artículos: La Instrucción 40, publicado el 3 de abril de 2007; Instrucción 40: laberinto financiero, el 30 de abril; e Instrucción 40 en la Fiscalía, del 18 de julio.
Además, dejé constancia de mis reclamaciones en la Fiscalía del municipio Playa, el 5 de mayo, y posteriormente en la Fiscalía Nacional, el 20 de agosto de 2007. Luego acudí a la Asamblea Nacional del Poder Popular, y visité el Comité de Política Monetaria del Banco Central de Cuba, aunque allí se negaron a entrevistarse conmigo. Siempre dejé en claro mi condición de foto-reportero independiente. Y prometí que un día presentaría una inculpación por daños y perjuicios, algo a lo que no he renunciado todavía.
Es irónico que se prohíba enviar remesas desde el exterior a un grupo de periodistas independientes en Cuba, en tanto que una pandilla de estafadores cubanos transfiere tranquilamente desde el extranjero, hacia los bancos en la Isla, millones de dólares robados al Medicare.