Las pequeñas y medianas empresas en Cuba

Vicente Escobal Rabeiro, Instituto Cubano de Investigaciones Sociolaborales y Económicas Independiente

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· Perspectivas de las Pequeñas y Medianas Empresas en Cuba

La nacionalización de la economía cubana, decretada en los primeros años del triunfo de la Revolución fue asumida como la definitiva liquidación del capitalismo en Cuba. Pero la nacionalización, no implicó sólo a cientos de pequeños, medianos y grandes empresarios, sino que sometió a cientos de miles de trabajadores al monopolio del estado.

Se iniciaba una época de dramáticas transformaciones económicas que imprimieron un controvertido sello a las relaciones políticas. El estado, abandonando sus tradicionales roles, se convertía en el propietario de la sociedad, nacía tras un doloroso parto el estado patrón.

El 6 de agosto de 1960, el entonces primer ministro del gobierno revolucionario Dr. Fidel Castro Ruz, en el acto de clausura del I Congreso Latinoamericano de Juventudes, celebrado en La Habana, anunció la nacionalización mediante expropiación forzosa de 26 grandes empresas, propiedad de personas jurídicas y nacionales de los Estados Unidos de América. Aquella medida, adoptada en un momento de particular efervescencia revolucionaria, contó con el respaldo de muchos propietarios de pequeñas y medianas empresas que creyeron ver el inicio de un período de prosperidad para sus negocios.

Empresarios cubanos y de otras nacionalidades interpretaron el proceso de nacionalización, como un mero golpe a los Estados Unidos; creían que sus propiedades no correrían la misma suerte porque ellos habían logrado establecerse sin explotar a nadie, a base de disciplina responsabilidad y talento.

El control estatal de la economía, razonaban, significaba el comienzo de un período de equidad, pues sus relaciones comerciales, crediticias y financieras serían con un gobierno que prometía preservar la pequeña propiedad privada de los abusos de los grandes monopolios yanquis; pero el control estatal de la economía en su etapa embrionaria implicaba un gradual control del mercado laboral y de las relaciones contractuales.

Lentamente se convertían en ficción los sueños de los pequeños y medianos empresarios.

El todopoderoso estado patrón, tenía que dar continuidad a su propia óptica política, tenía que asumir su instructivo papel con increíble e irracional eficacia. En 1968 el estado patrón desarrolló una ofensiva revolucionaria dirigida contra los vicios y deformaciones del capitalismo. El carácter socialista de la Revolución, proclamado siete años antes, no podía contemporizar con ciertas tendencias que minaban la sociedad y conspiraban contra el normal desarrollo y estabilidad de la nación.

La ofensiva significó una intervención de cientos de pequeñas y medianas empresas, propiedad de ciudadanos cubanos y de otras nacionalidades, aquéllos que el 6 de agosto de 1960 dieron su entusiasta respaldo a la confiscación de las empresas norteamericanas. El mero golpe contra Estados Unidos, se volvía contra ellos.

El estado patrón asumía, con grotesca impunidad su anhelada condición de legislador, empleador, gerente y rector de la actividad económica y laboral. Un legislador que ponía a su servicio los cuerpos represivos, un empleador que disponía de un aparato judicial dócil y propio, un gerente que expulsaba a sus subordinados bajo el imperio de la arbitrariedad, y un rector de la actividad económica y laboral que no sólo decretaba despidos, sino también condenaba a la cárcel, el destierro o la muerte.

El estado patrón, depauperó la economía y junto a ella la sociedad, sin tomar en cuenta los elementos que dinamizan y promueven su desarrollo. La gestión económica transcurría utilizando métodos represivos, desatando el terror como sistema de conducción económica y suprimiendo conquistas alcanzadas durante décadas por el movimiento obrero cubano.

El objetivo consistía en que el individuo viviera la tragedia de su debilidad y su aislamiento y creyera realmente que su vida dependía del criterio del estado patrón. Se suprimió el derecho a la huelga y a otras formas de presión social internacionalmente reconocidas y aceptadas. Se creó un sistema especial de regímenes disciplinarios en ciertos sectores claves, el movimiento sindical perdió autonomía e identidad y se parametró cualquier conducta ideológicamente impropia.

Intimidar a la sociedad constituía el supremo objetivo. Los ministerios encargados de ejecutar y diseñar los planes económicos ramales y sectoriales se convirtieron en estados mayores y los organismos de la administración en los niveles intermedios en puestos de mando. Surgía la economía de comando. Tal situación favoreció la aparición de comportamientos cínicos y oportunistas, un comportamiento que nacía de la impotencia, la pérdida de la iniciativa, la suplantación de valores, el temor a la represión o la expulsión del empleo. Las alternativas eran claras: la sumisión o la marginación.

La generalización del oportunismo generó la lenta desaparición de la iniciativa personal, toda acción independiente sucumbía bajo el inexorable peso del estado patrón. Algunas perecieron de manera absoluta, otras adoptaron las formas de organizaciones de masas con un enfoque seudosocial de naturaleza totalitaria. Así desaparecieron las organizaciones de profesionales, los gremios, el movimiento cooperativo, la independencia de tribunales, jueces, fiscales y abogados, la libertad de prensa, de asociación y de expresión. Se sumaron las guías a través de las cuales la sociedad podía expresarse autónoma y democráticamente. Los ideales de los fundadores de nuestra independencia y nacionalidad se convirtieron en desgastadas consignas sin otra alternativa que la callada resignación.

La depauperación progresiva de la economía socavó otros factores: se produjo la censura en los medios sociales de comunicación puestos al servicio del estado patrón, limitándose severamente la libre expresión del pensamiento; se redujo al mínimo la influencia de las viejas generaciones sobre las más nuevas, enajenando a los jóvenes y sometiéndolos a un modelo propagandístico carente de valores; la enseñanza se supeditó a un programa diseñado con el interés de suplantar principios éticos y morales. La cultura nacional se volvió un negocio, sujeto a reglas y mecanismos empresariales integrados en el inflexible campo de las directivas ideológicas.

Para fundamentar históricamente este análisis hemos seleccionado cuatro sectores de la economía cubana antes de 1959, apoyándonos en datos de la época. Esta selección priorizó estos sectores por ser los que actualmente registran un mayor deterioro.

Industria azucarera

Durante los primeros años del periodo republicano la producción azucarera cubana fue aumentando gradualmente. En 1925, Cuba logró por primera vez una zafra superior a los 5 millones de toneladas, cifra que también sobrepasó en 1929. En 1934, se rebajó la cuota azucarera cubana en el mercado estadounidense, a un 28,6 %, contra una participación histórica de más del 50 %.

Pero a partir de 1944, con motivo de la II Guerra Mundial, la producción azucarera cubana inicia una etapa de sostenido florecimiento, alcanzando un nivel máximo de más de 7 millones de toneladas, en 1952, a pesar de que en 1933, los azucareros cubanos habían firmado el convenio de Londres, por el cual se vieron obligados a reducir su producción a menos de 5 millones de toneladas métricas anuales.

En 1958, Cuba tuvo una participación del 12, 3 % en la producción mundial, al procesar sus ingenios más de 5 millones de toneladas en apenas 57 días. En 1959, existían en Cuba 161 ingenios, de los cuales 121 eran cubanos, 26 norteamericanos, tres españoles y uno francés. En 1939, los ingenios norteamericanos produjeron el 55 % del total de azúcar, contra sólo el 22% de los ingenios cubanos. En 1958, sin embargo, los ingenios cubanos produjeron el 62% del total y los norteamericanos sólo el 37 %.

La zafra de 1999 se prolongó por más de 150 días y apenas alcanzó los 4,5 millones de toneladas de azúcar, con una marcada indiferencia productiva, bajos índices de recobrado, excesivas pérdidas por interrupciones operativas, poco aprovechamiento de las capacidades instaladas y otras irregularidades difíciles de cuantificar por el conocido hermetismo que caracterizan los actos del gobierno cubano y su negativa a hacer públicas las estadísticas oficiales, excepto aquéllas, muy pocas por cierto, que le resultan favorables.

Industria tabacalera

A principios del siglo XIX, en la ciudad de La Habana existían unas 300 fabricas de tabaco y 21 de cigarrillos, una cifra comparativamente superior a la del resto de los países de América Latina. En 1850, Cuba contaba con 38 fábricas de cigarrillos y más de 1,200 de tabacos en rama y torcido. A pesar que la producción cigarrera y tabacalera representaba apenas el 1 % de la producción mundial, la alta calidad del tabaco cubano lo hacía figurar entre los principales países exportadores, tanto de tabaco en rama, como torcidos, considerados los mejores del mundo.

La fabricación del tabaco ofertaba empleos a 200 mil personas y a pesar de la inversión extranjera registrada en los primeros años del siglo XX, predominaba en ella el capital cubano. En 1958 Cuba produjo más de 600 mil toneladas de tabaco, de las cuales 42 mil se lograron en la zona de Vuelta Bajo, provincia de Pinar del Río y en la región de Remedios, provincia de Las Villas. Ese mismo año, Cuba disponía de cerca de mil fábricas de tabaco, de las que 700 empleaban menos de 25 obreros y sólo 25 utilizaban alrededor de 100 torcedores.

Estas fábricas, casi todas pequeñas y medianas, empleaban unos 8 mil torcedores y 525 anilladores, es decir un promedio de menos de 9 obreros por fábrica. La producción de cigarrillos alcanzó en 1939 la cantidad de 9,300 millones de unidades, fabricadas en 24 industrias, que daban empleo a unos 4 mil cubanos.

Ganadería

La ganadería cubana ha transitado por un proceso de franco deterioro en los últimos 40 años. La distribución de carne de res y sus derivados, está sometida a un sistema de racionamiento con 38 años de existencia y la masa ganadera ha decrecido en cerca de un 60 %. Antes de 1959, la ganadería cubana representaba más de la quinta parte del valor total de la producción agrícola de la isla. Unas 20 mil fincas especializadas en la producción ganadera daban empleo a alrededor de 100 mil personas, dos terceras partes de las cuales trabajaban todo el año.

Después del cultivo de la caña de azúcar, la ganadería era la segunda fuente de empleo en el campo cubano. La amplia distribución de la crianza del ganado en 1952, según el censo ganadero de ese año, reportaba 147 mil pequeñas, medianas y grandes propiedades. En unas 300 mil caballerías de tierra, pastaban 6 millones de cabezas de ganado. La mayor concentración del ganado vacuno se localizaba en Las Villas, Camagüey y Oriente, con el 75 % del total nacional.

En 1956, se calculó en 500 mil el número de reses que se sacrificaban anualmente en Cuba. El consumo promedio era de 114 libras per capita anual. En La Habana, este consumo era de 213 libras y de 58 libras en el resto del país.

La industria de los derivados de la ganadería mostraba igualmente impresionantes indicadores. La producción de leche del año 1957 fue de 700 millones de litros. El aumento de la producción de quesos, mantequilla, carnes enlatadas, tasajo, pieles y suelas se estimó entre un 10 y un 25 %, en la década de 1950.

Industria Alimenticia

Grandes, medianas y pequeñas empresas, producían una amplia variedad de productos alimenticios. Unas 350 fábricas de alimentos abastecían el mercado interno de conservas de frutas, mariscos, refrescos, maltas, legumbres, leche fresca, en polvo, condensada y evaporada, confituras, dulces, etc. Más de 50 mil cubanos dependían económicamente de la industria alimenticia. Sólo la industria de conservas del pescado, que inició su comercialización intensiva en 1940, alcanzó 10 plantas procesadoras en 1957. La producción principal era a base de langostas, atún, bonito, sardinas y albacora, todas a precios módicos y de alta calidad.

En la década de los años 50 se introdujo una novedosa tecnología para la congelación de colas de langosta y ancas de rana. Entre 1950 y 1954, la producción anual de esos productos alcanzó las 25 mil toneladas, de las cuales el 70 % se destinó al mercado interno.

Durante casi 30 años, la industria cubana sufrió los reveses de un proyecto económico voluntarista y disparatado que en términos absolutos redujo la producción del país a niveles que apenas llegaron a satisfacer el 20 % de la demanda nacional. Fueron desapareciendo del mercado muchos productos que históricamente se ofertaban a precios accesibles y de óptima factura en una amplísima red de pequeños, medianos y grandes establecimientos comerciales.

La agricultura y las industrias y transformativas del vestido, la gráfica, del papel y el plástico, de la construcción, del calzado, la textil y la química, entre otras, redujeron producciones y surtidos bajo la rectoría de un plan elaborado centralizadamente, que modificó no sólo las técnicas de gestión empresarial, sino que alteró sustancialmente los hábitos de consumo de la población.

La experiencia de la Unión Soviética y demás países socialistas de Europa del Este se introdujo en Cuba de manera absoluta, todos los sectores civiles y militares recibieron asesoramiento de la URSS y sus aliados. Pero no sólo se aplicaron fórmulas de esos países en el terreno económico. La cultura, el arte, la educación, la salud, el deporte, la administración del estado, el cine, la radio y la televisión también fueron literalmente invadidos por experiencias y prácticas soviéticas.

El ingreso de Cuba al Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) representó uno de los capítulos más desafortunados de nuestra breve pero fructífera historia económica republicana. Al desaparecer la Unión Soviética y sus aliados, Cuba perdió el 80 % de su mercado exterior, la obsoleta tecnología de esos países, incluyendo al nuclear, se convirtió en un montón de chatarra.

Es difícil, al menos por ahora, evaluar los resultados de aquel gigantesco experimento que increíblemente funcionó por más de 30 años. El impacto que produjo en la economía es palpable, sus consecuencias sociológicas y sociales conforman una difícil tarea para el futuro.

En 1991, el estado patrón estaba ante una difícil y dramática disyuntiva, se adaptaba a la idea que su soporte financiero e ideológico había desaparecido, adecuándose a las realidades de un mundo que avanzaba aceleradamente hacia la globalizacion o sencillamente desaparecía. Se iniciaba una nueva etapa de nuestra retorcida historia, el Período Especial en Tiempo de Paz y la eventualidad de la temible Opción Cero.

El Período Especial redujo aún más la producción de bienes y servicios, sometiendo a la economía a un modelo sin antecedentes en nuestra historia. Un nuevo experimento se elaboraba, la consigna de Socialismo o Muerte trató de acallar el ruido que produjo el estrepitoso derrumbe del Muro de Berlín.

El dólar estadounidense se instaló como moneda, patrón referencia de las transacciones comerciales internas. Tener un dólar en el bolsillo llegó a ser más importante que un carnet de militante del Partido Comunista de Cuba (PCC). La pureza revolucionaria se disolvía bajo los efectos de un extraño diluente. El jineterismo, ese neologismo surgido en Cuba al no querer llamar las cosas por su verdadero nombre, el proxenetismo y la criminalidad asociada a tales lacras impusieron sus reglas. Comenzaba una etapa en la cual el estado patrón, con lacerante reticencia abrió sus puertas a la cambiante realidad internacional.

El 8 de septiembre de 1993, fue promulgada la Ley 141, que autorizó el Trabajo por Cuenta Propia y la Resolución Conjunta 1, de los Ministerios de Trabajo y de Finanzas, que complementaban los enunciados de la Ley. El 19 de febrero de 1994, el Consejo de Ministros promulgó el decreto 186, sobre Contravenciones Personales, para el sector por cuenta propia y en noviembre de 1995, el Ministerio del Trabajo a través de la resolución 10, autorizó a los graduados universitarios ejercer labores por cuenta propia que no guardaran relación con sus correspondientes profesiones. Ese mismo año es promulgada la resolución conjunta 4, suscrita por los Ministerios de Trabajo y de Finanzas, que amplió el número de oficios y actividades a ejercer por cuenta propia.

Legalmente están autorizadas 117 actividades y oficios, 16 de ellas relacionadas con el transporte y aseguramiento y apoyo; con la reparación de viviendas, 12; con la agricultura, 16; con las necesidades personales y familiares, 39; con las necesidades del hogar, 12, y bajo el título de otros se incluyen 22 oficios y actividades.

Para cualquier observador foráneo este trabajo de legalización del trabajo por cuenta propia, podría interpretarse como una apertura del gobierno cubano, pero la realidad es otra. Hablar de un surgimiento de pequeñas y medianas empresas en Cuba es un tapujo limítrofe con el sarcasmo.

En diciembre de 1995, estaban registrados en todo el país alrededor de 208 mil trabajadores por cuenta propia incluidos los transportistas. Cálculos conservadores sitúan esa cifra en unos 150 mil para finales de 1999. Se trata de los efectos de una política generalizada contra toda actividad económica independiente, incluyendo las agrícolas, que apunta hacia la desaparición del sector cuenta propista. La publicitada recuperación de la economía cubana, podría significar una reconsideración de la apertura, que permitiría al estado patrón reasumir su protagonismo en la esfera de la producción, la distribución y los servicios.

No puede olvidarse que la lógica totalitaria se debilita ante la posibilidad de la independencia económica, generadora de independencia política, que a los fines del estado patrón es muy riesgosa.

El llamado sector cuentapropista no dispone de adecuadas condiciones técnicas, financieras y materiales para su desarrollo. Su desventaja frente al sector estatal es enorme y mucha más con aquél donde interviene la inversión extranjera, que paradójicamente disfruta de innumerables privilegios vedados a los empresarios cubanos.

Cuando comparamos el cúmulo de regulaciones legales dictadas por los casi 10 organismos estatales que controlan y fiscalizan a los trabajadores por cuenta propia comprendemos el poco interés del estado patrón por propiciar su desarrollo. Para los que prefieren creer que efectivamente se trata de pequeños y medianos empresarios es útil que repasen estas consideraciones:

Primera: Los Paladares o restaurantes privados, sólo pueden poseer 12 sillas.

Segunda: Los transportistas son considerados personal contratado por el Ministerio de Transporte sujeto a sus disposiciones administrativas y metodológicas.

Tercera: Las personas que rentan habitaciones a extranjeros no pueden ofertar simultáneamente servicios gastronómicos o de transporte.

Cuarta: Los oficios que requieren de piezas de repuesto, accesorios, materias primas, materiales intermedios, etc. no cuentan con un adecuado aseguramiento. Las pocas tiendas habilitadas por el estado con ese objetivo sólo venden por dólares.

Quinta: Está legalmente prohibida la contratación de personal de apoyo para las actividades y oficios por cuenta propia. El rudimentario registro contable de sus operaciones corre a cargo de personas con conocimientos de contabilidad, pero sin autorización para ejercerlo legalmente.

Sexta: Está prohibido ejercer actividades por cuenta propia en determinadas zonas porque el estado fija la ubicación de los cuentapropistas.

Séptima: Los trabajadores por cuenta propia no pueden establecer negociaciones independientes entre ellos, ni asociarse en organizaciones autónomas para defender sus intereses. La oficialista Central de Trabajadores de Cuba, ha intentado afiliar en los sindicatos nacionales a los trabajadores por cuenta propia, pero la cifra de afiliados es ínfima. Tal vez la ilusión de ser propietarios los aleja de la realidad de ser proletarios.

Octava: En los polos turísticos, la actividad por cuenta propia está rigurosamente controlada. En la playa de Varadero, por ejemplo, está prohibido el alquiler de casas, apartamentos o habitaciones y la instalación de paladares.

Novena: Está prohibido el acceso a los medios de comunicación social y la difusión comercial de las actividades por cuenta propia.

Décima: En el sector agropecuario, no se garantiza el aseguramiento de instrumentos de labranza, semillas, abonos, plaguicidas, equipos, etc.

Oncena: Los impuestos y las licencias son excesivamente altos en todas las actividades y oficios por cuenta propia.

Duodécima: Las multas que se imponen por las más leves transgresiones de la voluminosa legislación vigente son exageradas y abusivas.

Decimotercera: A los elaboradores vendedores de alimentos les exigen el cumplimiento de normas higiénicas y sanitarias desproporcionadas, que no se corresponden con el ambiente insalubre que rodea sus modestas instalaciones.

Decimocuarta: Los transportistas son sistemáticamente asediados por inspectores estatales y agentes de la policía de tránsito, los cuales le plantean exigencias casi siempre descabelladas. La mayoría de los transportistas viajan acompañados de una enorme cantidad de documentos, que de no poseerlos, incluso por involuntario olvido, puede significarle la suspensión de la licencia o la imposición de una fuerte multa.

Decimoquinta: Actividades y oficios que en otros tiempos gozaban de la mayor atención del estado y de un justo tratamiento impositivo, hoy son sometidas a un método que no favorece su desarrollo y generalización.

Un estudio realizado en la Ciudad de La Habana, sin todo el rigor que las investigaciones sociales y económicas demandan, pero acomodado a las realidades de una sociedad totalitaria reveló lo siguiente:

La cifra originalmente reportada en 1995, de 170 paladares, se redujo en abril del 2000 a 127. Su estructura por municipios se detalla a continuación:

Fuente: Instituto Cubano de Investigaciones Socio Laborales y Económicas Independientes.
Federación Sindical de Plantas Eléctricas, Gas, Agua y anexos de Cuba.

Seleccionamos las paladares, por tratarse de la actividad más representativa del sector cuneta cuentapropista en la Ciudad de La Habana y posiblemente a nivel nacional, dado el volumen de sus ingresos y la satisfacción de una necesidad muy demandada.

Se estima que los ingresos netos de los propietarios de las paladares que continúan funcionando se han reducido más de un 30 %, tanto en moneda nacional como en dólares, mientras que los impuestos se mantienen inmóviles, así como los precios en el mercado interno.

Un Estudio del Instituto de Investigaciones Económico (INIE), estatal, reveló que en 1999 el nivel general de los precios en moneda nacional era de un 140 % superior a los de 1989. Pero si se incluye el índice de precios del mercado en dólares, el incremento sería del 180 %. Contradictoriamente, desde 1989 el promedio salarial no se ha movido.

No existen indicios de un programa estatal dirigido al fomento de las pequeñas y medianas empresas. El protagonismo del estado ha aplastado literalmente la iniciativa empresarial independiente excepto aquélla donde el estado es contra parte. Es igualmente oportuno subrayar que la inversión de capital extranjero en la economía cubana no ha estado dirigida hacia sectores vinculados directamente al incremento de la calidad de vida de la población.

El sector turístico e inmobiliario y en menor cuantía el de las industrias extractivas, están apoyando financieramente servicios claves para el pueblo, aunque los 800 millones de dólares que se estima ingresan anualmente al país por concepto de remesas familiares no son una cifra nada despreciable.

El principal obstáculo que se interpone en el camino de las pequeñas y medianas empresas cubanas no es otro que la obstinada política del estado de no perder el control de la economía, bajo los efectos de una desfasada ortodoxia marxista, con sus naturales incongruencias económicas, sus incoherencias sociales y sus innumerables contradicciones políticas y filosóficas.

El desarrollo de las pequeñas y medianas empresas requerirá de un profundo desmontaje de toda la plataforma legal que lo frena, que implica desde la Constitución de la República hasta el Código del Trabajo.

La libertad empresarial requiere de otras libertades civiles y políticas, requiere en primer lugar de una declaración oficial que reconozca el interés del estado por promover empresas pequeñas y medianas con amplias garantías legales, éticas y morales. Pero más que declaraciones, resultan impostergables las acciones concretas en esa dirección.

Cuba, como todos los países, necesita desarrollar y explorar todas sus potencialidades económicas. Aparte de las acciones políticas que se emprendan, el desarrollo perspectivo de las pequeñas y medianas empresas cubanas encara los siguientes retos:

Primero: Dictar medidas de protección para todas las actividades y oficios por cuenta propia.

Segundo: Rescatar para el país las tradiciones de su sector empresarial, adecuándolas a las exigencias, necesidades y realidades de un mundo interconectado e interdependiente.

Tercera: Renunciar al monopolio del poder político, como requisito básico para la renuncia del poder económico.

Cuarto: Promover con ayuda oficial directa o mediante la iniciativa privada, toda empresa capaz de prosperar y desarrollarse en Cuba, priorizando a los ciudadanos cubanos, aun aquéllos que residen en el exterior.

Quinto: Estimular la orientación del crédito, con bajos intereses y elevados plazos, hacia el fomento de pequeños y medianas empresas, en sectores, ramas y servicios deficitarios del comercio, la gastronomía, los servicios personales, la agricultura, el transporte y las telecomunicaciones.

Sexto: Liberar el mercado interno de las trabas burocráticas que lo entorpecen y adulteran, reduciendo a lo mínimo posible la intervención del estado.

Séptima: Revisar la política de comercio interior y exterior, de precios, de salarios, de impuestos y de empleos, para ponerlas al servicio de los intereses sociales.

Octavo: Autorizar la importación con bajos aranceles de medios, equipos, materias primas, productos intermedios, accesorios, piezas de repuesto y otros recursos materiales destinados al fomento de las pequeñas y medianas empresas.

Novena: Permitir la creación de pequeñas y medianas empresas que brinden servicios paralelos a los del estado, explorando incluso el sector educacional y de la salud.

Décima: Revisar las leyes relativas al sector agropecuario y proveerlo de fórmulas que garanticen su pleno desarrollo en áreas tan sensibles como la libre elección de los cultivos, la participación directa en el mercado y la fijación de precios más flexibles.

Oncena: Protección de los artesanos, favoreciendo el mejoramiento e incremento de sus producciones y la creación de diversos tipos de cooperativas.

Duodécimo: Permitir la asociación libre, con intereses ramales, sectoriales, territoriales o profesionales, favoreciendo el intercambio y transferencia de tecnología, créditos y recursos dentro del sector por cuenta propia.

Decimotercero: Saneamiento y descentralización de la administración pública, no sólo eliminando la corrupción, el soborno y otras deformaciones, sino también el burocratismo, el papeleo, los trámites innecesarios en los asuntos que interesan a los pequeños y medianos empresarios y a toda la sociedad.

El poder político y administrativo debe dejar de ser un instrumento de coacción y un medio para obtener prebendas y beneficios, para convertirse en servicio a la nación, instrumento de soberanía y garantía del bien común.

Disfrutar del desarrollo es ofrecerle al ser humano la posibilidad de disfrutar de la libertad y de la democracia en su más genuina y amplia manifestación. Las libertades civiles, políticas y culturales, entre otras, deben presidir cualquier intento de renovación económica. Las libertades de organización, de asociación con fines pacíficos, de palabra, de religión, etc., deberán ser no sólo respetadas, sino ampliadas, mejoradas, protegidas y garantizadas, para que la República logre al fin la anhelada meta, inconclusa aun, de ser verdaderamente de todos y para el bien de todos.

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