OLA
REPRESIVA
Cronología
de la represión
Antecedentes
La
ola represiva desatada contra la sociedad civil
comenzó mucho antes de su golpe más
reciente, las fuertes condenas a los periodistas
independientes y a los activistas de derechos
humanos. En realidad, el tejido económico
independiente, débil pero con tendencia
a crecer y a generar un espacio de economía
propia, se va formando con la autorización
por parte del gobierno de los trabajos por cuenta
propia -conocidos como "cuentapropistas"-
y que después son reprimidos, primero débilmente
y después prácticamente aniquilados.
Los
primeros síntomas comenzaron en abril de
1999, cuando fuerzas combinadas del Ministerio
de Interior decomisaron en la calle Reina varios
rollos de esparadrapo a un anciano de 65 años,
y amenazaron a otro con una multa de l,500 pesos
por vender cajitas de fósforos. También
otros cuentapropistas fueron expulsados por la
policía de la esquina de Monte y Figuras
y fueron amenazados con multas de l,500 pesos
si permanecían en los alrededores del lugar.
A pesar de que estos vendedores cumplen con las
contribuciones establecidas por el gobierno se
les exigió que retiraran sus anuncios y
constantemente se les decomisó las mercancías
sin brindar explicación alguna.
Aunque
el acoso continuó en mayor o menor grado,
ya en julio de 2000 el gobierno toma una medida
más severa al suspender el permiso a más
de cien trabajadores por cuenta propia que operaban
fundiciones privadas de aluminio en el municipio
Placetas, provincia Villa Clara, medida que dejó
sin trabajo a más de 3 mil personas. Estos
cuentapropistas ofrecían un trabajo de
alta calidad y podían emplear a una gran
cantidad de trabajadores.
En marzo de 2001 el gobierno emite nuevas prohibiciones
al sector de los cuentapropistas bajo el nombre
de "Orientaciones a Trabajadores por Cuenta
Propia", firmadas por el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social. Entre esas orientaciones está
la de "no formar cooperativas, asociaciones
o cualquier tipo de organización colectiva
de producción". Violar las prohibiciones
trae como consecuencia la pérdida para
siempre de la licencia de trabajador por cuenta
propia. Otra de las "orientaciones"
establece que los cuentapropistas que venden alimentos
al detalle y en puntos fijos "no pueden utilizar
platos ni cubiertos para ofertar sus producciones".
Los trabajadores por cuenta propia tampoco pueden
utilizar intermediarios para prestar sus servicios
o comercializar su producción, y también
les está prohibido dar empleo a otras personas.
El listado de "orientaciones" gubernamentales
a los cuentapropistas llega a 28.
En
agosto de 2001 el gobierno desató una operación
policíaca contra el mercado ilegal o bolsa
negra en el municipio Arroyo Naranjo de la capital
cubana, bajo el nombre de "Operación
Rastrillo". La fuente aseguró que
la acción policial tendría mayor
incidencia en los lugares con mayor concentración
de trabajadores por cuenta propia y donde se hubieran
reportado informes confidenciales sobre tráfico
ilegal de mercancías. El operativo incluye
registro de domicilios, arrestos, decomisos de
productos y multas. De acuerdo a las declaraciones
de un inspector estatal que participa en la "Operación
Rastrillo", el propósito de la misma
es "reafirmar el control económico
del gobierno e intimidar a la población
que de manera directa o indirecta recurre al mercado
ilegal para mitigar las carencias cotidianas".
En
una información del 19 de mayo de 2002
de Ana Rosa Veitía, del Grupo de Trabajo
Decoro, se dio a conocer que en Ciudad de La Habana
se hizo sentir un operativo de la Policía
Nacional Revolucionaria contra las personas dedicadas
a la venta de artículos y comestibles varios
por cuenta propia. En áreas del mercado
agropecuario "Cuatro Caminos", y en
los alrededores de los hospitales Pediátrico
de Centro Habana, y el Materno de Línea
y H, en El Vedado, se efectuaron redadas contra
estas personas, a quienes se les decomisaron las
mercancías y se les impusieron multas exageradas,
al extremo de que algunos involucrados abandonaron
las bicicletas donde transportaban sus productos,
prefiriendo perderlas a tener que asumir las sanciones.
De
forma paralela a las medidas represivas, el gobierno
ahogó a los cuentapropistas con los impuestos.
En 1997 los cuentapropistas alcanzaron la cifra
de 210.000, la cual se redujo a 150.000 en el
año 2001. El gobierno logró esto
aumentando los impuestos. En 1995 un paladar -pequeño
restaurante con 12 sillas- pagaba 150 dólares
mensuales, y ya a finales del año 2001
la carga fiscal llegaba a los 850 dólares
mensuales.
Un trabajo de Oscar Espinosa Chepe de diciembre
de 2002 confirma la caía de los trabajadores
por cuenta propia, citando los datos oficiales
del Anuario Estadístico de 2001 con las
cifras del año anterior. De acuerdo a este
Anuario, la contribución de los trabajadores
por cuenta propia a los ingresos totales del presupuesto
fue de 123.4 millones de pesos, un 40 por ciento
de disminución con respecto al aporte realizado
en 1997. Estos datos confirman la caída
en el número de cuentapropistas. Si a fines
de 1995 poseían licencia 208,500 personas
(sin incluir los arrendadores de viviendas y otras
actividades aprobadas con posterioridad), al concluir
2001 sólo quedaban 153,800 trabajadores
por cuenta propia, comprendidas todas las categorías,
de acuerdo con informaciones publicadas por el
Banco Central de Cuba.
El
descenso de los cuentapropistas y de su importancia
económica se debe a la política
de asfixia llevada a cabo por el gobierno mediante
la constante elevación de los impuestos,
la aplicación de astronáuticas multas,
el retiro de licencias con el menor pretexto,
la no extensión de nuevos permisos en muchos
oficios, así como la creación de
restricciones y prohibiciones en un clima de total
inseguridad para estos trabajadores.
Tal proceder gubernamental se enmarca en una ofensiva
para llevar el trabajo independiente a niveles
insignificantes. Muestra de ello es también
la recientemente aprobada Ley de Cooperativas
Agrícolas, que tiene por objetivo acrecentar
el control sobre los cooperativistas y los campesinos
privados que aún sobreviven en la isla.
El estado busca la reducción del trabajo
independiente, libre de su tutelaje, para ejercer
un absoluto control sobre la vida económica
de los ciudadanos y así mantener a la sociedad
bajo su total hegemonía política.
Después
la represión continuó bajo el manto
de la lucha contra las drogas. En una operación
que comenzó el 23 de enero de 2003 se calcula
que sólo en Luyanó, ubicada en el
municipio Diez de Octubre, se produjeron alrededor
de cincuenta detenciones como parte del operativo
que se realiza en todo el país contra las
drogas. En otros municipios de la capital los
operativos han sido continuos y se han realizado
con el auxilio de carros patrulleros, perros entrenados
en la búsqueda de drogas, efectivos militares
portando armas largas, protección contra
balas (chalecos blindados) y demás medios
sofisticados. Los operativos afectaron a otros
negocios clandestinos, como la venta de comestibles,
tabaco y cigarrillos, bebidas alcohólicas
y otros productos en el mercado ilegal. Al día
siguiente, el 24 de enero, al menos dos ciudadanos
fueron arrestados durante operaciones policíacas
llevadas a cabo en la Habana Vieja, como parte
de la campaña antidrogas.
Ana Leonor Díaz, del Grupo Decoro, informó
desde La Habana y también en febrero, que
a la sombra de las "razzias" del gobierno
contra lo que se calificó de "incipiente"
mercado de drogas, una operación simultánea
más silenciosa, pero cruel, empleó
la policía contra el comercio informal
que permite sobrevivir a millones de ancianos
desprotegidos. Agentes de la policía política
y tropas de la brigada especial (boinas negras)
tomaron por asalto los solares (ciudadelas) del
barrio Los Sitios, en Centro Habana, y del municipio
Cerro; en viviendas de Camagüey y bohíos
de las afueras de Manzanillo, para llevarse no
sólo paquetes de cocaína o pacas
de marihuana, sino también televisores,
videos, radiograbadoras y algunos dólares.
La
ola contra los cuentapropistas continuó,
y en febrero de 2003 un total de 60 bicitaxis
fueron incautados durante un operativo policial
en Centro Habana. La policía confiscó
los medios de empleo sin importar que tenían
la documentación en regla. También
en La Habana, otra recogida se desató contra
los artesanos de la capital y fueron decomisados
todos los artículos que se guardaban en
las casas aledañas a la feria de G y Malecón.
El pretexto para multar con 1,500 pesos a los
propietarios de las viviendas fue que no pagaban
impuestos como almacén. También
en la feria del casco histórico fueron
multados con 1,200 pesos los carretilleros que
transportaban la mercancía de los artesanos,
con la excusa de que las ruedas de las carretillas
eran robadas de los tanques públicos de
basura.
Las
medidas anteriores desplegadas por el gobierno
contra la economía independiente pueden
considerarse como el verdadero antecedente de
la ola represiva que se desató más
tarde y que culminó con el arresto y condena
de 75 periodistas independientes y activistas
de derechos humanos. Se debe señalar que,
para darle cierto viso legal a esto, el gobierno
aplicó la llamada Ley 88 de Protección
de la Independencia Nacional y la Economía
de Cuba, conocida como Ley Mordaza, promulgada
el 16 de febrero de 1999. Esta ley deja las manos
libres al gobierno para imponer condenas que pueden
llegar a la pena capital.
Cronología
18
de marzo
Miembros
del DSE, Departamento de Seguridad del Estado
-policía política del gobierno de
Castro- comienzan la ola de arrestos contra periodistas
independientes, activistas de Derechos Humanos,
miembros de agrupaciones de la sociedad civil
y activistas del Proyecto Varela. El DSE confiscó
durante los arrestos documentos, computadoras,
libros, impresoras y equipos de fax. Reportes
de la isla señalan que los detenidos pasan
de varias decenas.
19
de marzo
La
ola de arrestos, registros y confiscaciones por
parte de la DSE continúa por todo el país.
La cifra de detenidos aumenta sin que se defina
una cantidad precisa.
20
de marzo
El
DSE continúa con su ola represiva por toda
la isla y ya se conoce que se trata de arrestos
masivos que pasan del medio centenar.
21
de marzo
El
DSE concluyó con la ola de arrestos. Entre
periodistas independientes y activistas de diversas
agrupaciones de la sociedad civil, la cifra alcanza
78 detenidos.
2
de abril
El
gobierno de la isla comienza a emitir las peticiones
fiscales contra los activistas arrestados. Algunas
llegan hasta la cadena perpetua.
La
lancha "Baraguá", dedicada al
transporte marítimo de personas en la bahía
de La Habana, es secuestrada y pone rumbo al sur
de La Florida. Queda sin combustible y a la deriva
en alta mar.
3
de abril
Comienzan
los juicios contra los activistas encarcelados.
Se les niega acceso al juicio en el Tribunal Supremo
de La Habana a los diplomáticos que acudieron
a presenciar el proceso. La lancha "Baraguá"
es remolcada al puerto del Mariel por autoridades
cubanas.
4
de abril
Tropas
especiales cubanas abordan la lancha "Baraguá".
Dos turistas francesas que se encontraban a bordo
de la "Baraguá" declararon a
la prensa, una vez liberadas, que el propio Fidel
Castro les aseguró que los secuestradores
no serían fusilados.
En los juicios contra los disidentes son presentados
como agentes del DSE 12 opositores que actuaban
dentro de los grupos civilistas incluso desde
hacía más diez años. Los
agentes declaran contra los detenidos.
7-9
de abril
Los
juicios sumarios contra los activistas concluyen
y comienza un nuevo juicio contra el doctor Oscar
Elías Biscet, detenido antes de la ola
represiva. Los tribunales emiten sus fallos y
la pena más alta, 28 años de privación
de libertad, va contra Luis Enrique Ferrer García,
del Movimiento Cristiano Liberación.
8
de abril
El
gobierno de Cuba informa que celebrará
juicios sumarísimos contra los secuestradores
de la lancha "Baraguá". Ese mismo
día condenan a tres de ellos a la pena
capital.
11
de abril
Lorenzo
Enrique Copeyo Castillo, Bárbaro Leodán
Sevilla García y Jorge Luis Martínez
Isaac, los tres secuestradores de la lancha "Baraguá"
condenados a pena de muerte, son ejecutados en
horas de la madrugada.
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