Investigación
: Christian Lionet. Informe de misión en Cuba. Reporteros
sin Fronteras, 17.12.2002
La
información, coto privado del Estado
En
Cuba, las autoridades mantienen a la población en un
bloqueo, prácticamente hermético, de cualquier
información independiente de la de los medios de comunicación
oficiales, con excepción de una prensa católica
que se acantona en la marginalidad de las parroquias, con
una gran prudencia editorial. En cambio, parece que el poder
se ha resignado a la actividad, ilegal a sus ojos, de un centenar
de periodistas independientes que ejercen en el territorio
nacional, y cuyos artículos resultan inaccesibles para
los cubanos. Esos artículos se difunden exclusivamente
fuera de la isla, en sitios de Internet imposibles de consultar
desde Cuba, en publicaciones de la comunidad cubana en el
exilio y en algunas cabeceras de la prensa internacional prohibidas
en la isla, o en las ondas de la emisora federal norteamericana
Radio Martí, cuyas emisiones se interfieren en el territorio.
Equiparados
con "contrarrevolucionarios", muchos de ellos padecen un acoso
constante de la policía y todos pueden, sin preaviso,
caer bajo la férula de una legislación liberticida,
que les amenaza con graves condenas de cárcel. Sin
embargo, en la actualidad parece menos insistente la coerción
que se ejerce contra los periodistas independientes.
Ello
no ha hecho que se modifique el arsenal de la represión
: detenciones que van desde algunas horas a unos días,
secuestro de material, residencia vigilada, presiones sobre
las familias y conocidos, intentos de desacreditar, insultos
y difamaciones públicas, negativa de visados para la
salida del país.
Cuatro
periodistas se encuentran actualmente encarcelados. Uno de
ellos está terminando de purgar una condena de seis
años de cárcel, mientras que los otros tres
fueron detenidos en este año y se encuentran oficialmente
condenados por actos de militancia cívica en favor
de los derechos humanos, y no directamente por sus actividades
al servicio de la información. Naturalmente, desde
la cárcel sólo pueden seguir informando con
dificultades. Por otra parte, todos ellos habían recibido
presiones o fueron detenidos, anteriormente, por sus actividades
periodísticas. Actualmente, para dos de ellos existen
peticiones de cinco y seis años de cárcel. Al
tercero, que se encuentra tras las rejas desde hace diez meses,
no se le ha notificado ninguna inculpación.
Los
propios periodistas independientes creen que actualmente "disfrutan"
de un periodo de represión llamada "de baja intensidad",
mientras que el régimen del presidente Castro mantiene
su presión habitual sobre algunos militantes políticos
de la oposición, y defensores de los derechos humanos.
Sin embargo, los periodistas que trabajan en las provincias
se ven más amenazados que sus colegas de la capital,
donde la presencia policial está relativamente más
diluida y las condiciones materiales son menos problemáticas.
En
este contexto, la actividad de las agencias independientes
de prensa, que hoy son una veintena, no cesa de aumentar en
cantidad, en credibilidad y en profesionalismo, como lo refleja
la producción que se difunde por Internet. El centenar
de periodistas "libres" que en la actualidad ejercen en Cuba,
y que no eran más que un puñado a mediados de
los años 90, ahora ofrece una auténtica información
alternativa, que se ha convertido en fuente indispensable
para los observadores de la actualidad en el país,
pero que está prohibida a sus conciudadanos.
La
cárcel : "reeducar" a los contrarrevolucionarios
Los
cuatro periodistas independientes que actualmente se encuentran
encarcelados son Bernardo Arévalo Padrón, director
de la agencia Línea Sur Press ; Lester Téllez
Castro, director de la Agencia de Prensa Libre Avileña
(Agencia de Prensa Libre de Ciego de Ávila, APLA) ;
Carlos Brizuela Yera, colaborador del Colegio de Periodistas
Independientes de Camagüey (CPIC), y Carlos Alberto Domínguez,
de la agencia Cuba Verdad.
Un
quinto se encuentra inmerso en una denuncia, que podría
costarle de tres a ocho años de cárcel. Se trata
de Jesús Alvarez Castillo, corresponsal en Morón
(provincia de Camagüey, Centro) de la agencia Cuba Press,
que podría acabar en la cárcel por haber relatado
los sucesos que, el 4 de marzo de 2002, terminaron en Ciego
de Ávila con la detención de una decena de militantes
de los derechos humanos, entre los que se encontraban Lester
Téllez Castro y Carlos Brizuela Yera.
Aquel
día, la Fundación Cubana de Derechos Humanos
(FCDH), una asociación ilegal, había convocado
una reunión. Jesús Alvárez Castillo y
Lester Téllez Castro, encargados de cubrir la manifestación
para sus respectivas agencias, fueron detenidos por dos policías,
cuando se dirigían al lugar. Al primero le detuvo un
agente que le dio un golpe en la nuca. Perdió el conocimiento.
Inmediatamente, los dos policías le condujeron al hospital,
donde le diagnosticaron una fisura cervical. Una decena de
militantes de la FCDH, avisados por Lester Téllez Castro,
se dirigieron en manifestación hacia el hospital, distante
un kilómetro, y luego se manifestaron en el vestíbulo
del establecimiento, gritando slogans contra el régimen.
Enseguida fueron detenidos por algunos policías de
la Seguridad del Estado (Departamento de la Seguridad del
Estado, DSE).
Según
Jesús Alvárez Castillo, se trató de un
montaje para detener al grupo en flagrante delito de desacato
y rebelión. El periodista está convencido de
que le agredieron intencionadamente, para atraer a los militantes
a un lugar público, en el que pudieran ser filmados
y detenidos. Quiere destacar la gran cortesía y la
compasión de los policías, que fueron a verle
tras los incidentes. Afirma que dos altos responsables de
la Seguridad del Estado le acompañaron a su domicilio
y que uno de ellos era un tal "coronel Aramis", llegado desde
La Habana. Según el periodista, éste último,
conocido en la capital por ser el encargado de la represión
contra la prensa independiente, fue quien montó todo
el asunto.
El pasado 30
de julio, a Jesús Alvárez Castillo le comunicaron
que tenía una denuncia por haberse negado a ser citado
como testigo en el proceso de los militantes detenidos el
4 de marzo. Las autoridades invocaron el artículo 155
del Código Penal, relativo a la "declaración
falsa" y a la negativa a testificar. Podría caerle
una multa de 300 a 3.000 pesos (de 15 a 150 euros), o una
pena de tres a ocho años de cárcel, dependiendo
de que el tribunal considere el delito como "simple" o "agravado".
Lester
Téllez Castro : "elemento antisocial"
Así
pues, los periodistas Lester Téllez Castro y Carlos
Brizuela Yera fueron detenidos en calidad de militantes de
los derechos humanos. El 27 de agosto de 2002, en su petición
fiscal, el Tribunal Muncipal Popular de Ciego de Ávila
solicitó para ellos seis y cinco años de cárcel,
respectivamente, por "desacato", "desorden público",
"resistencia a la autoridad" y "desobediencia". A sus compañeros
les podrían caer condenas que van de dos años
y medio a siete años de cárcel, y a las dos
mujeres del grupo cuatro años de trabajo correccional
sin internamiento. Su proceso debería celebrarse antes
del final del año.
Lester
Téllez Castro (foto), de 27 años de edad, se
encuentra actualmente encarcelado en la prisión Canaleta,
de Ciego de Ávila, en el bloque 7. Su madre, Hidelisa
Castro Campo (foto), y su cuñada, Mirley Delgado Bombino,
enfermera y también periodista de APLA, pueden visitarle
regularmente. Lester, que perdió la visión del
ojo derecho cuando era un niño, desde hace dos meses
se queja de una opacidad en el otro ojo y sufre de hipertensión
arterial. "Ve todas letras rojas, explica, porque vive en
una celda de aislamiento totalmente pintada de blanco, sin
ninguna abertura, y permanente iluminada por una única
bombilla de 40 vatios. Está muy afectado fisicamente".
A
petición propia, Lester Téllez Castro, vive
desde julio en esta "celda de aislamiento", la única
del establecimiento que, paradójicamente, dispone de
un relativo confort : una tabla de madera (sin almohada) como
colchón, water con agua corriente y un grifo de agua
potable, abierto durante algunas horas al día. De hecho,
desde que un interno, Alberto Delgado Mursuli, le aseguró
que un responsable del establecimiento le había propuesto
que le eliminara, a cambio de algunos favores, tiene miedo
de que otros presos le asesinen.
Desde
el mes de mayo, Lester Téllez Castro se niega a probar
la comida de la cárcel, que considera infecta, limitándose
a los paquetes que, cada tres semanas, le lleva su familia.
Según su madre, no disfruta de ningún cuidado
médico particular. Solamente le dan, de vez en cuando,
una tableta de vitamina A, para sus problemas de la vista.
El periodista,
y militante de los derechos humanos ha denunciado, en varias
cartas, las condiciones en que se encuentran los detenidos
de la cárcel Canaleta. Ha iniciado varias huelgas de
hambre, para exigir mejoras. Alimentado a la fuerza, con inyecciones
intravenosas de suero, a mediados de julio aceptó finalmente
poner fin al último de sus intentos para, a cambio,
poder recibir una visita extraordinaria de su padre, residente
en Miami, que se encontraba en Cuba de paso.
Lester
Téllez Castro se dedica al periodismo y a la defensa
de los derechos humanos, desde hace dos años y medio.
Entonces salió de la cárcel, tras una condena
de seis años, por robo con fuerza. En el momento en
que tuvieron lugar los hechos era un adolescente frágil
y estaba muy influido por dudosas amistades pero, según
sus familiares y amigos, ha llevado una conducta ejemplar
desde que terminó la condena. Pero esa condena figura
en su ficha, lo que le valió una petición fiscal
especialmente dura.
Por
otra parte, las autoridades cubanas no cesan de recordar ahora
esos antecedentes, para desacreditar su actuación e
intentar justificar su encarcelamiento, ante la comunidad
internacional. Preguntadas por el Grupo de Trabajo sobre la
Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, explicaron
que Lester Téllez Castro no era más que un "simple
delincuente (...), un elemento antisocial, impulsivo, irrespetuoso,
provocativo en su actitud hacia las autoridades" y que, en
varias ocasiones, había intentado abandonar ilegalmente
el país.
Actualmente,
ni la madre del periodista, que vive en un suburbio de Ciego
de Ávila, ni su cuñada, se quejan de molestias
particulares. En cambio, la compañera de Lester Téllez
Castro, Daymarelis Pérez, ha perdido su puesto de directora
de programas de Radio Surco, una emisora oficial local. La
joven, que ha ingresado en las filas del APLA, está
viviendo una relación familiar muy tensa en la casa
de sus padres, militantes comunistas.
Carlos
Brizuela Yera : "estoy dispuesto a seguir privado de mis derechos"
Como
su amigo Lester, Carlos Brizuela Yera (foto), de 30 años
de edad, también tiene antecedentes judiciales. Ya
había sido detenido por enarbolar, en una manifestación
callejera, un cartel proclamando "Abajo Fidel". En su respuesta
a Naciones Unidas, el gobierno cubano recuerda que ya cumplió
una condena de cuatro años de cárcel (entre
1994 y 1998), por haber, según afirma, intentado atentar
contra la vida de un policía. Así que también
a él se le acusa de ser un delincuente, "disfrazado
como defensor de los derechos humanos", que actúa como
un "mercenario" al servicio de Estados Unidos.
Carlos Brizuela
Yera se encuentra encarcelado en el Provisional Provincial
de Holguín (Este). Su esposa, Ana Peláez García
, reside en Florida, en la provincia de Camagüey (a unos
80 km. al sudeste de Ciego de Ávila), y como él
militaba en la FCDH. Tras una visita a la cárcel, el
pasado 16 de octubre, disfrutó de una "visita colectiva
extraordinaria" el 27 de octubre, un privilegio concedido
cada mes por los guardias, de forma discrecional, a grupos
de tres detenidos, por buena conducta. Al periodista le negaron
la del mes siguiente por no haber tomado parte en la comida
que la cárcel organiza una vez al mes, y en la que
se sirve pollo. El periodista se negó a asistir por
estimar que ese menú debía ser la regla, y no
una excepción.
Sin
embargo, Ana Peláez García (foto) pudo verle
a finales de noviembre, durante la visita tradicional, y debería
volver a visitarle el 16 de diciembre, y después el
18 de diciembre, fecha de la visita conyugal. "Carlos está
un poco flaco pero tiene moral, asegura, y tiene buena salud.
Comparte una celda con cinco procesados comunes, denunciados
por robos y crímenes, pero no tiene ningún problema
en su relación con ellos. Sin embargo, las condiciones
de higiene son deplorables, y la alimentación infecta.
La visita del médico solo está prevista en casos
de urgencia, no existe un seguimiento rutinario".
Quiere
creer que la visita extraordinaria, concedida a su marido
en octubre, significa el comienzo de un relajamiento de las
presiones ejercidas hasta ahora sobre él, aunque después
de que ha conseguido sacar de la cárcel algunas cartas,
denunciando las condiciones de vida impuestas a los detenidos,
la pareja es el blanco de la hostilidad de los guardias :
"Ambos tenemos que desnudarnos totalmente antes de cada encuentro,
y soportar una investigación corporal a empujones.
Incluso descosen los dobladillos de nuestra ropa, buscando
mensajes. El reeducador no me dirige la palabra". El 29 de
mayo les privaron del "pabellón conyugal" (visita íntima
de tres horas, concedida una vez al mes a las parejas casadas),
porque Radio Martí y la prensa de Internet habían
difundido esas cartas.
Ana
Peláez García no trabaja. Explica que actualmente
no sufre presiones en su existencia diaria, ni tampoco su
hermana Jacqueline, ni la madre de Carlos, empleada como guardiana
en una central azucarera. Confirma que su marido participaba
en la reunión del 4 de marzo en tanto que militante
de la FCDH, y no como periodista, ya que quien tenía
que cumplir esa función aquel día era Lester
Téllez Castro. Sin embargo, manifiesta que todas las
cartas que Carlos ha sacado de la cárcel, desde que
se encuentra internado, son auténticos reportajes sobre
el establecimiento penitenciario. En ellas da pruebas de una
moral excepcional, lo mismo que su esposa. El detenido escribía
el 12 de junio : "Estoy dispuesto a seguir privado de mis
derechos por denunciar las injusticias que se cometen aquí
cada día. Y si es un delito hacer que el mundo las
conozca, entonces aceptaré la sanción con alegría".
Ana
Peláez García fue arrestada el 4 de marzo, y
luego estuvo detenida durante tres días en la sede
de las operaciones judiciales de la Seguridad del Estado,
en Ciego de Ávila, y posteriormente durante nueve días
en una cárcel de Camagüey. En libertad a la espera
de proceso, podría ser condenada a cuatro años
de trabajo correccional sin internamiento, por "resistencia"
y "desobediencia", pero el tribunal podría dictar una
sanción mayor, condenándola a prisión
incondicional.
"En la
cárcel o fuera, no hay una gran diferencia"
El
tercer periodista que actualmente se encuentra encarcelado
en Cuba es también, a la vez, reportero y militante.
Carlos Alberto Domínguez (foto) es director del Instituto
del Derecho y miembro del Partido Democrático 30 de
Noviembre, grupúsculos de oposición. De 46 años
de edad, fue detenido en su domicilio de Arroyo Naranjo, un
suburbio de La Habana, el 23 de febrero de 2002, por agentes
de la Seguridad del Estado.
Periodista
de la agencia Cuba Verdad, frecuentemente asistía las
misas que se celebran los días 11 y 24 de cada mes,
en la iglesia de la parroquia de San Mariano, para conmemorar
los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, y la muerte
de cuatro pilotos de la asociación humanitaria cubano-norteamericana
Hermanos al Rescate, dos de cuyos aparatos civiles fueron
abatidos el 24 de febrero de 1996, por cazas del ejército
del aire cubano. En las dos misas que precedieron a su detención,
los manifestantes habían repetido slogans como "Libertad
para los presos políticos" o "Vivan los derechos humanos".
En
vísperas de una nueva misa le detuvieron en su domicilio.
En el documento enviado a Naciones Unidas, las autoridades
cubanas explican que "su detención no estuvo asociada
con el ejercicio de la libertad de religión o la de
expresión y opinión", sino con el hecho de que
actuaba "con el claro y premeditado objetivo de violentar
el orden público e interrumpir el normal desarrollo
de actividades de interés social". También afirman
que no es periodista y que oficialmente solo dispone "de una
licencia de trabajador por cuenta propia como relojero".
Después
de dos días de interrogatorios en Villa Marista, la
sede de la Seguridad del Estado en La Habana, y de diez días
de detención en una comisaría del DTI (Departamento
Técnico de Investigaciones) de La Habana, Carlos Alberto
Domínguez fue hospitalizado, el 8 de marzo, en el hospital
militar Carlos J. Finlay de Marianao, de La Habana. Padece
hipertensión arterial. Entonces, "teniendo en cuenta
su estado", se le aplazaron todas las visitas. Desde el 29
de marzo se encuentra detenido en la cárcel de "máximo
rigor" de Valle Grande, a sesenta kilómetros de la
capital.
Su
militancia política ya le valió múltiples
detenciones y una prohibición de abandonar el país
a pesar de que es titular, lo mismo que su mujer y sus tres
hijos, de un visado norteamericano, desde junio de 2000. Según
su hermano Armando (foto), de 38 años de edad y también
militante de los derechos humanos y ex detenido, Carlos Alberto
Domínguez llevó a cabo, en septiembre, un ayuno
de dos días, para protestar contra la detención
de los presos políticos.
El
periodista y militante político vive en una barraca,
que alberga a 130 detenidos aunque solo tiene capacidad para
80, con literas superpuestas en tres niveles. Los que no disponen
de una tienen que dormir sobre el suelo de cemento. Hay cuatro
WC "a la turca", y un único grifo, que mana durante
una hora diaria. La comida es infecta : pastas y cereales
fríos, sin sal, carne picada de menudillos en descomposición.
La
salud del detenido es mediocre, pero estable. Sufre de migrañas,
hipertensión arterial y gastritis. Por su parte, el
gobierno pretende que "el señor Domínguez recibe
un tratamiento privilegiado, en materia de alimentación
y cuidados médicos". El pasado 2 de diciembre se supo,
de fuentes cercanas a la familia, que al periodista y militante
político se le había trasladado al hospital
Salvador Allende de la ciudad, a la sección reservada
para los detenidos. Desde hacía algún tiempo
sufría de violentos dolores de cabeza.
Su
esposa, María González, está siendo ayudada
materialmente por la familia. Pero, el 25 de junio fue amenazada
por unos policías, que la acusaban de haber sacado
cartas de la cárcel en las que Carlos Alberto Domínguez
denunciaba las condiciones de detención, particularmente
severas, de Villa Grande. Su hijo, de 14 años de edad,
dice que nadie le discrimina en la escuela, donde es un buen
alumno. Armando Domínguez afirma que tanto su hermano,
como él mismo, están decididos a continuar con
su combate : "Para nosotros, no existe la cárcel. Estamos
en la cárcel fuera. Fuera o dentro, no hay una gran
diferencia".
Bernardo
Arévalo Padrón, contagiado de leptospirosis,
una enfermedad de los roedores
De
los cuatro periodistas que actualmente se encuentran encarcelados
en Cuba, Bernardo Arévalo Padrón (photo), de
37 años, es el que lleva más tiempo en prisión.
Detenido
el 18 de noviembre de 1997, Bernardo Arévalo Padrón
fue condenado en apelación, diez días más
tarde, a seis años de cárcel por haber calificado
de "mentirosos" al presidente Fidel Castro, y al vicepresidente
cubano Carlos Lage, en las ondas de Radio Martí (una
emisora financiada por el gobierno norteamericano, que emite
en la isla). El periodista acusó al Presidente de no
respetar la declaración final de la Cumbre Iberoamericana
(que reúne a los jefes de Estado latinoamericanos y
a sus homólogos español y portugués)
de 1996, en la que los firmantes se comprometieron a promover,
en sus respectivos países, la democracia parlamentaria,
las libertades fundamentales y los derechos humanos.
A
finales de 1998, tras la visita del Papa, a Bernardo le redujeron
la condena "por buena conducta" en un mes, de los que se pueden
conceder, por ese motivo y por cada año de detención,
a todos los detenidos. Pero, después, la administración
penitenciaria no le ha concedido la puesta en libertad anticipada,
ni ninguna nueva reducción de condena, "por su falta
de cooperación en el programa de reeducación".
Por tanto, Bernardo no saldrá en libertad hasta el
17 de octubre de 2003.
Por
otra parte, antes de ser detenido, el periodista escribió,
para la agencia Línea Sur Press, de la que es fundador,
un artículo revelando la supuesta participación
de algunos militares en una matanza clandestina de ganado,
en la región de Aguada de Pasajeros (provincia de Santa
Clara, Centro), donde reside. Según sus colegas periodistas,
quizá esta información sea la verdadera causa
de sus problemas judiciales. La matanza clandestina es un
delito que puede ser castigado hasta con diez años
de cárcel.
A
la edad de 23 años, Bernardo Arévalo Padrón
se enroló como policía de la Seguridad del Estado,
con la misión de vigilar a quienes militaban en favor
de los derechos humanos. Pero, a mediados de los años
90, tras la muerte de su hermano que, según él,
falleció por falta de la atención médica
necesaria, juró sobre su tumba que ahora iba a luchar
contra el comunismo y se unió a uno de los movimientos
que estaba encargado de denunciar. Entonces trabajó
como operador ferroviario en los ferrocarriles.
Hoy,
Bernardo se encuentra encerrado en la cárcel de Ariza
(Centro), bloque 2, celda 25. Sus amigos temen que su salud
mental se haya degradado, a juzgar por sus escritos. "Ha cambiado
mucho y sus amistades tendrán dificultades para reconocerle
cuando salga", confía una persona cercana. En efecto,
sus relaciones con los demás detenidos son muy difíciles.
Algunos le hacen la vida imposible para conseguir pequeños
privilegios de la administración penitenciaria. Con
la esperanza de una remisión de condena, recientemente
algunos presos comunes le robaron efectos personales y cartas,
para entregárselos a la policía. Igualmente,
los guardias empujan a los demás detenidos a acosar
al "contrarrevolucionario", argumentando que perjudica a la
buena reputación del establecimiento, y a su calificación
colectiva.
Bernardo
podría estar disfrutando, desde octubre de 2000, de
una libertad anticipada, por haber cumplido la mitad de la
condena. Sin embargo, en 2002 el periodista se negó
a plantear una nueva petición, porque ya no cree en
ella y no quiere sufrir más desilusiones. Sin embargo,
según su esposa, Libertad Acosta Díaz, la administración
penitencia presenta la demanda automáticamente cada
seis meses, conforme al reglamento. Aunque, en este gesto
no ve más que un simple medio de presión psicológica.
¿Una
chispa de esperanza ? Por primera vez desde su detención,
el 18 de octubre pasado Bernardo pudo hablar por teléfono
con su mujer en su lugar de trabajo, a las 10h30 de la mañana,
utilizando una tarjeta telefónica de veinte minutos,
que había cambiado por cigarrillos. El coordinador
le dio autorización (indispensable para acceder a la
cabina), lo que Libertad interpreta como un signo de esperanza.
Preguntó por su madre y sus suegros.
Libertad
puede visitar a su marido cada tres semanas. "Llegamos a las
8 de la mañana. Aguardamos hasta las 8h30 en un refectorio,
en espera de que finalice el meticuloso registro de los paquetes.
Un militar conduce entonces a los visitantes a la sala del
locutorio, una especie de refectorio que en medio tiene una
larga mesa y bancos de cemento. Los detenidos aparecen a las
9 horas, por una puerta de acero. El techo tiene agujeros,
hay que encontrar un lugar al abrigo de las infiltraciones
de la lluvia. Las personas se agrupan por familias, hay mucho
ruido, casi hay que gritar para hablar". El periodista tiene
un hijo de diez años de otra unión, que vive
en Camagüey y que también le visita dos veces
al año.
Los
paquetes que le lleva Libertad se componen de alimentos que
pueden conservarse : queso, azúcar, bebidas en polvo,
pan. Y muchos cigarrillos : "Bernardo no fuma, pero son una
moneda de cambio".
Las
visitas matrimoniales se han aplazado, a partir del 16 de
julio de 2002, por un tiempo indeterminado, a causa de las
obras en el local. Además del derecho a la visita normal,
la esposa tiene ese derecho una vez al mes. Tiene que pasar
por un registro corporal muy minucioso, que lleva a cabo una
mujer militar que después la introduce en el "pabellón
conyugal", y cierra la puerta desde el exterior. Luego llega
el detenido, a su vez. La visita dura tres horas. La guardiana
golpea la puerta, una vez, para avisar, un cuarto de hora
antes del final. Como mobiliario disponen de una cama, una
mesa y una silla, y un lavabo con un cubo como depósito,
porque solo hay agua durante una hora al día.
Su
estado de salud se ha visto gravemente afectado por las penosas
condiciones de su detención. "Bernardo sufre migrañas
e hipertensión arterial", afirma su esposa, Libertad
Acosta Díaz. A principios de diciembre de 2002 se vio
atacado por unas fiebres violentas, que le hacían temblar
y delirar. Le diagnosticaron una leptospirosis. Se trata de
una enfermedad infecciosa provocada por una bacteria que es
parásita de muchos animales, y en particular de los
roedores. Normalmente el contagio se produce por vía
cutánea, o por contacto con el agua contaminada. Al
periodista le administraron antibióticos. Sin embargo,
Libertad está preocupada. El tratamiento con antibióticos
solo es eficaz si se administra de manera precoz. Y en el
5% de los casos, la enfermedad puede llegar a ser mortal.
Libertad
es ingeniero de transporte marítimo y trabajó
durante nueve años en el puerto de Cienfuegos. Fue
despedida en 1992, en el momento más duro del "período
especial" (un período de restricciones, provocadas
por la desaparición del gran hermano soviético),
con el pretexto de que estaba domiciliada en Aguada de Pasajeros,
y que no se le podía garantizar el transporte. Se le
asignaron un estatuto y un salario inferiores, como agente
de estadísticas en la compañía de autobuses
de Aguada de Pasajeros. Piensa que, en realidad, fue sancionada
por ser católica practicante. Solo trabaja cuando funcionan
los autobuses. Pero, por falta de gasolina, a veces la compañía
se paraliza durante más de un mes. Y entonces no recibe
ningún salario. O, en ocasiones, la mandan a su domicilio
cuando el trabajo no es urgente, y entonces solo cobra el
65% de su salario mensual de 140 pesos (7 euros). Su tarea
consiste en contabilizar el número de pasajeros.
La
represión cotidiana : un acoso constante
Desde
la emergencia de la prensa independiente, a comienzos de los
años 90, las autoridades cubanas siempre han emparejado
los encarcelamientos de larga duración con una política
de acoso constante a los periodistas independientes, para
que no tengan otra elección que la cárcel, el
silencio o el exilio. Incluso aunque ahora se haya atenuado
el acoso, y ninguno de ellos ha sido encarcelado desde el
4 de marzo pasado, continúan las maniobras de intimidación,
las presiones y las amenazas, especialmente en las provincias.
Criticó
al gobierno en voz alta, en su casa...
El
arsenal de las molestias comienza con una vigilancia puntillosa
de los interesados. Los periodistas, espiados por los confidentes
de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR,
organizaciones oficiales de barrio), insultados en público,
controlados por la policía, frecuentemente amenazados
con represalias, padecen presiones casi diarias, que intentan
aislarles en el seno de la sociedad cubana.
Y
así, el pasado 12 de junio, Marvín Hernández
Monsón, corresponsal de la agencia Cuba Press en Palmira
(Cienfuegos), fue el blanco de una sesión pública
de insultos de sus vecinos ("acto de repudio"), convocados
por el CDR situado en frente de su casa.La lluvia interrumpió
la manifestación.La periodista dice que un confidente
la espía frecuentemente, apostado en la calle, y que
la insulta regularmente.
Jesús
Alvárez Castillo también se queja de estar constantemente
observado y difamado.Cuenta que un policíale dijo a
su compañera que él era homosexual. Otro le
dijo a un amigo canadiense que trabajaba para la CIA, mientras
que a un vecino le encargaron que escribiera a la Sección
de Intereses Norteamericanos de La Habana, diciendo que era
un informador de la Seguridad del Estado, infiltrado en la
oposición. "Esos chismes me crean un vacío alrededor,
se lamenta. He renunciado a cualquier relación sentimental
para no comprometer a nadie, y para no darles los medios para
presionarme", explica. En cuanto a Mario Enrique Mayo, director
de la agencia Félix Varela de Camagüey, la policía
le citó el pasado 2 de octubre después de que
una vecina contara al CDR que en su casa, y en voz alta, pronunció
palabras de crítica al gobierno.
Por
otra parte, los periodistas independientes padecen repetidas
detenciones o regularmente son citados por la policía.
En total, en 2001 se contabilizaron 29 detenciones, y ya van
cerca de cuarenta desde el 1 de enero de 2002. Aunque no terminen
en encarcelamientos, esas estancias de corta duración
en las comisarías de la policía sirven para
mantener la presión psicológica.
Y
así, Mario Enrique Mayo fue detenido el 28 de septiembre,
por unos agentes de la Seguridad del Estado que le interrogaron
durante seis horas, amenazando con encarcelarle, acerca de
una información que publicó sobre uno de ellos.
En tres ocasiones en lo que va de año, a Pablo Pacheco,
de la agencia Cooperativa Avileña de Periodistas Independientes
(CAPI, Ciego de Ávila), le detuvieron durante varias
horas por el supuesto delito de "asociación ilícita".
Las
detenciones sirven también para impedir que los periodistas
hagan su trabajo. El 17 de enero de 2002, Omar Rodríguez
Saludes, de la agencia Nueva Prensa Cubana, fue detenido en
La Habana cuando se disponía a cubrir una reunión
entre algunos disidentes y un oficial español.
Por
su parte, Isabel Rey Rodríguez, corresponsal de Cuba
Press en Villa Clara (Centro-Oeste), fue citada por la policía
el 30 de septiembre. Durante el interrogatorio le amenazaron
con una multa de 600 pesos (30 euros), por "violación
del secreto de instrucción". En un artículo,
recogió una acusación de "corrupción"
presentada contra un oficial militar retirado... por las instancias
locales del Partido Comunista.
"Buenos
consejos" y presiones sobre las personas cercanas
Parece
que se está propagando una variante de la detención
: la visita al domicilio. Algunos policías van a casa
de los periodistas independientes y, en un registro que va
del interrogatorio informal a la "conversación cortés",
les amenazan con denuncias penales por sus actividades, o
les prodigan "amistosamente" buenos consejos que deben seguir
"por su propio interés". Este género de contactos
pretende alimentar la sospecha de que existe un compromiso
entre los periodistas objeto de tanta solicitud y la policía.
Raúl
Rivero, fundador y director de la agencia Cuba Press, recibe
frecuentemente estas visitas, generalmente en su versión
cortés. Se le recomienda, por ejemplo, que no exponga
a tal o cual periodista de su agencia, para "evitarle problemas"
en el contexto del momento. En Ciego de Ávila, Pedro
Argüelles Morán, de la agencia CAPI, recibe la
visita frecuente de dos oficiales de la policía, que
van a "conversar" sobre la situación en la ciudad y
se declaran interesados en conocer su punto de vista. Con
alusiones, le previenen sobre el riesgo que corre asegurando
que no se trata, en absoluto, de "amenazas".
Frecuentemente,
a los periodistas independientes les ponen multas, o intentan
cargarles con acusaciones que pueden desembocar en graves
condenas.
Pedro
Argüelles Morán (foto) esta acusado, desde hace
cinco años, de "desacato". Se le imputa haber intentado
sacar informaciones sobre violaciones de los derechos humanos
en el establecimiento en que entonces se encontraba detenido
por su actividad como opositor. Nunca se ha celebrado el proceso,
pero al periodista podrían condenarle a dos años
de cárcel "de un día para otro", como le ocurrió
a su colega Jesús Joel Díaz Hernández,
que fue detenido el 18 de enero de 1999 y condenado, al día
siguiente, a cuatro años de cárcel por "peligrosidad
social". Finalmente quedó en libertad dos años
más tarde, sin explicaciones.
Las
personas cercanas y las familias de los periodistas independientes
no escapan a las molestias de todo tipo, tanto en su vida
privada como profesional, como lo demuestra el caso de la
esposa de Víctor Rolando Arroyo, corresponsal de la
agencia Unión de Periodistas y Escritores de Cuba Independientes
(UPECI), en Pinar del Río (a 150 kilómetros
al sudoeste de La Habana). Perdió su empleo de profesora
en la ciudad y fue destinada, como maestra, a un pueblo de
difícil acceso y con el salario reducido en dos tercios.
En 2001, al hijo de Pablo Pacheco no le aceptaron en la guardería
"por falta de sitio", a pesar de que era prioritario en la
lista porque la mujer del periodista es médico.
La
prohibición de organizarse
Los
periodistas independientes intentan organizarse, a pesar de
la represión. Tarea difícil. Desde 1995, sus
agencias caen sistemáticamente en la ilegalidad porque
las autoridades se niegan a reconocerlas, a pesar de las demandas
presentadas en el Ministerio del Interior. En lugar de responder
con una negativa, las autoridades prefieren dejar sus peticiones
sin respuesta. Lo que les permite pretender, en la carta dirigida
a Naciones Unidas, que las agencias para las que trabajan
los periodistas encarcelados "no existen" o "no aparecen registradas
ante las autoridades competentes".
Desde
hace dieciocho meses, la prensa independiente cubana, constituida
por un centenar de miembros agrupados en una veintena de pequeñas
agencias, intenta federarse. Actualmente existen tres organizaciones
de periodistas independientes : la Federación de Periodistas
Cubanos (FEPEC), la Federación de Periodistas Asociados
(FPA) y la Sociedad Manuel Márquez Sterling.
Esta
última es sin duda la más dinámica, a
juzgar por la represión de que es víctima. Entre
sus actividades está el intento de denunciar la represión
de que es objeto el conjunto de periodistas independientes.
Sus comunicados, ignorados por la prensa oficial, los reproducen
las oficinas de las agencias internacionales, presentes en
La Habana. La organización intenta promover la profesionalización
de los periodistas independientes. En primer lugar, porque
la mayoría de ellos no tienen ninguna formación
periodística ; después, porque el gobierno utiliza
esa falta de formación para desacreditar su trabajo.
Pero
ese mismo gobierno es el que ahora reprime los intentos de
formación. Ultimo ejemplo en el tiempo : el 21 de marzo
de 2002, unos agentes de la Seguridad del Estado interceptaron
a tres periodistas que acudían a unos cursos de periodismo
que se impartían en el domicilio de Ricardo González
(foto), presidente de la asociación, en La Habana.
Otros dos periodistas que se encontraban en su casa fueron
interceptados al salir. Un sexto fue interrogado por la policía,
por la noche, sobre sus actividades en la asociación.
En octubre de 2001, una operación de policía
similar impidió la celebración de las clases.
Ricardo González recuerda que, sin embargo, ningún
artículo del código penal impide enseñar
libremente en Cuba.
Para
salir, el chantaje
En
el capítulo del acoso hay que mencionar también
la "política del visado". Desde 1995, forzados al máximo
por este acoso constante, un total de cincuenta y seis periodistas
independientes emprendieron el camino del exilio. Y cerca
de una decena más son actualmente candidatos a marcharse.
Pero,
para abandonar el país, cualquier ciudadano cubano
tiene que conseguir previamente el visado del país
de destino y luego, en el departamento de inmigración
del Ministerio del Interior cubano, una autorización
de salida (la "carta blanca"), así como una autorización
de regreso al territorio cubano, en el caso de que el interesado
quiera volver al final de su viaje.
El
primer obstáculo es el coste. El del pasaporte cubano
y el de esas autorizaciones se eleva a varios cientos de dólares,
sin contar el coste del visado del país de acogida.
Por otra parte, la obtención de las autorizaciones
de salida y regreso está sometida a la arbitrariedad
de las autoridades. El gobierno hace uso de este procedimiento
para jugar "al ratón y al gato" con los periodistas
independientes que quieren o bien emigrar definitivamente,
o bien viajar al extranjero.
Y
así es como, tras haber conseguido un visado de emigración
de Estados Unidos, se les niega la autorización para
salir del territorio. Generalmente, los interesados terminan
por conseguir la autorización, pero la espera impuesta
equivale a un acoso psicológico. Cuando no es éste
el caso, el postulante pierde casi automáticamente
su empleo en el momento que es titular de un visado de emigración.
Le pueden quitar la vivienda, y vive en una situación
de no derecho, en la que cualquier actividad legal le está
prácticamente prohibida. Sobre todo se le desestabiliza
en relación con su entorno, al transformarse en "persona
non grata" en su medio social. Incluso sus amigos sienten
la tentación de desconfiar, haciéndole inevitablemente
sospechoso de poder sucumbir a un chantaje de las autoridades,
para conseguir la autorización que desea.
Varios
periodistas se encuentran actualmente en esta situación.
Es el caso, entre otros, de Milagros Beatón Betancourt,
de la Agencia de Prensa Libre Oriental (APLO), José
Luis García Paneque de la agencia Libertad, Jorge Dante
Abad Herrera, de APLO, y Jorge Oliveira Castillo y Dorka de
Céspedes, director y reportero respectivamente de la
agencia Habana Press. En cambio, parece que es inminente la
partida de Manuel Vázquez Portal, de la agencia Grupo
de Trabajo Decoro. Después de dos años de espera,
acaba de conseguir una autorización para salir del
territorio. Normando Hernández González, director
de la agencia Colegio de Periodistas Independientes de Camagüey
(CPIC), está en la misma situación. En cuanto
a Edel José García Díaz, de la agencia
Centro Norte Press (CNP), le han prometido la autorización
para enero de 2003.
Como
variante de este acoso, a otros reporteros que simplemente
quieren viajar, se les autoriza a salir del país pero
se les niega la autorización para regresar, imprimiendo
en su pasaporte la siguiente mención : "permiso en
calidad de salida definitiva, por un término de definitivo".
Abandonar el país en esas condiciones equivale, por
tanto a condenarse al exilio.
Raúl
Rivero (foto) está acostumbrado a esta sutil invitación
a marcharse definitivamente, que le han propuesto cada vez
que ha sido invitado a recibir en el extranjero alguno de
los numerosos premios que ha conseguido, como recompensa por
su obra literaria o por su actividad de periodista independiente.
El pasado 28 de octubre, las autoridades volvieron a negarle
un visado para viajar a México, donde estaba invitado
por una revista literaria para presentar su último
libro de poesía.
La
"línea roja"
A
pesar de estas maniobras intimidatorias, los periodistas independientes
piensan que actualmente disfrutan de una relativa tolerancia
para sus actividades. Destacan especialmente que, hasta el
día de hoy, no se ha aplicado nunca la ley 88, llamada
"ley mordaza", aprobada en marzo de 1999, y que establece
hasta veinte años de cárcel para los periodistas
cuyas actividades hagan el juego a los Estados Unidos.
Por
otra parte, y garantizando su absoluta solidaridad con los
cuatro colegas encarcelados, manifiestan que los tres últimos
detenidos de este año lo han sido por su militancia
cívica o política, y no directamente por su
trabajo de periodistas.
Atribuyen
esta tolerancia a cuatro factores. El primero se refiere al
hecho de que los periodistas independientes no consiguen transgredir
la prohibición de editar publicaciones, o de difundir
emisiones audiovisuales en el territorio nacional. Privados
de cualquier medio de edición o de difusión
allí, de hecho se ven impotentes para eludir el monopolio
informativo impuesto por el gobierno, que controla los medios
de comunicación oficiales y domina totalmente la comunicación
pública en el interior del país. Los periodistas
independientes están convencidos de que franquear esa
"línea roja" de la información interna les expondría
a las peores represalias, y en especial a la aplicación
de la ley 88.
Después
estiman que la solidaridad de las organizaciones internacionales
de defensa de la libertad de prensa, que sistemáticamente
hacen público, en el panorama internacional, cualquier
atentado contra sus actividades, les protege de las represalias
: el gobierno evita ennegrecer su "balance", por consideraciones
de política exterior.
En
efecto, el régimen comunista se encuentra en un particular
contexto diplomático y económico. Los periodistas
citan, entre otros, los intentos de seducción de Fidel
Castro, dirigidos a Estados Unidos para consolidar los intercambios
comerciales, tras la reciente autorización concedida
a Cuba para comprar productos agro-alimentarios en aquel país.
Por ejemplo, el presidente cubano está evitando debilitar,
mediante represalias demasiado ostentosas, la posición
de Jimmy Carter, que recientemente pidió que se levante
el embargo económico norteamericano. Los periodistas
citan también la feria comercial norteamericana, que
se celebró en La Habana en el pasado septiembre ; o
la Conferencia Internacional sobre la crisis de los misiles,
organizada en octubre en La Habana. Por otra parte, a principios
de diciembre, Fidel Castro anunció que su país
iba a solicitar entrar a formar parte de los acuerdos de Cotonu,
que permiten a 77 países de Africa, Caribe y Pacífico
(Grupo ACP) disfrutar de una ayuda económica, y de
un régimen de preferencia comercial de la Unión
Europea.
Finalmente,
mencionan el desarrollo de los medios de telecomunicaciones,
que las autoridades no consiguen controlar al 100%. A pesar
de su coste, el teléfono nacional e internacional es
cada vez más accesible. Es muy difícil, pero
no imposible, navegar por Internet con conexiones clandestinas.
Piensan que es ineluctable que se introduzcan, cada vez más
ampliamente, los portales de la web y del correo electrónico.
La
actividad de los periodistas independientes se desarrolla
en Cuba en este estrecho margen de relativa tolerancia. En
el extranjero, su producción, cada vez más profesional
y más creíble se ha convertido, para los medios
de comunicación internacionales, en una fuente ineludible
de informaciones sobre la realidad cubana. En la propia isla,
los periodistas independientes ocupan una franja cada vez
más sólida en el bosquejo de una sociedad civil,
que escapa a la empresa totalitaria del régimen. Participan,
a ese título, en las primicias indispensables para
la transición pacífica hacia una sociedad democrática
y liberal.
Conclusiones
y recomendaciones
En
la primavera de 1999, un año después de la visita
del Papa a La Habana y la relativa calma que le siguió,
el régimen se endureció contra la oposición
y la prensa independiente, provocando que 32 periodistas independientes
se fueran al exilio, en 1999 y 2000. Dos años más
tarde, el "endurecimiento" se ha convertido en "represión
de baja intensidad" y, según piensan los propios periodistas
independientes, hoy disfrutan de un margen de tolerancia para
sus actividades.
Una
tolerancia que, sin embargo, es muy relativa. En primer lugar,
porque a tres de ellos los han detenido este año. Incluso
aunque estén encarcelados sobre todo por actos de militancia
política o de defensa de los derechos humanos, los
tres eran conocidos por las autoridades también por
sus actividades periodísticas, que ya les habían
llevado a ser detenidos o citados por la policía. Por
otra parte, desde la cárcel continúan ejerciendo
su derecho a informar. Después, porque continua el
acoso cotidiano contra la prensa independiente, para recordar
a los periodistas que en cualquier momento pueden ser detenidos,
y condenados a una grave pena de cárcel.
Finalmente,
parece sobre todo que el régimen ha logrado conservar
su monopolio sobre la información que llega a los cubanos,
un verdadero santuario. En realidad, no existe tolerancia.
La política de represión ha cumplido sus objetivos
: mantener a los periodistas independientes a este lado de
la "línea roja", que representa la difusión
a la población de informaciones no controladas por
el Estado. En una entrevista concedida en 1997, Raúl
Rivero afirmaba que estaba dispuesto a abandonar todas sus
actividades en la prensa independiente a cambio de cinco minutos
de antena en los canales públicos de televisión.
Eso es precisamente lo que no quieren las autoridades.
En
ese contexto, el conjunto de la prensa oficial no publica
mas que artículos o reportajes de propaganda, elegidos,
revisados y corregidos en función de los intereses
ideológicos del régimen. El Departamento de
Orientación Revolucionaria, que depende directamente
del Comité Central del Partido Comunista, es el artífice
de esta censura. Y el código "ético" de los
periodistas oficiales establece claramente que "con su trabajo,
[el periodista] contribuye a promover el perfeccionamiento
constante de nuestra sociedad comunista".
De
hecho, la prensa oficial no difunde prácticamente ninguna
información sobre el proyecto Varela. Por el contrario,
esa iniciativa de la oposición para que los cubanos
puedan pronunciarse sobre una revisión de su Constitución
en un sentido más democrático, llevó
al gobierno a organizar un amplio referendum que ha consagrado
el carácter "irrevocable" de la Constitución.
El proyecto incluía, entre otras cosas, el reconocimiento
de la libertad de expresión.
Reporteros
Sin Fronteras pide :
A
las autoridades de La Habana :
-
El reconocimiento de la libertad de prensa y de palabra sin
restricciones, así como la legalización de las
agencias de prensa, por el Ministerio de Justicia.
-
La liberación de los cuatro periodistas encarcelados,
la desestimación de las denuncias contra los periodistas
y que se ponga término a las detenciones.
-
La abrogación de los artículos de la ley 88
que atentan contra las libertades. La organización
recuerda que, en un documento del 18 de enero de 2000, el
Relator Especial de las Naciones Unidas para la promoción
y protección del derecho a la libertad de opinión
y de expresión, afirmó que "la pena de prisión
por la expresión pacífica de una opinión
vulnera gravemente los derechos humanos".
-
El fin del acoso y los intentos de intimidación de
los periodistas independientes.
-
El sometimiento a referendum del proyecto Varela
-
La firma y la ratificación del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo
19 garantiza la libertad de prensa.
A
los países miembros de la Unión Europea :
-
Que la adhesión de Cuba a los acuerdos de Cotonu esté
sometida a la abolición del monopolio estatal sobre
la información, la legislación de las agencias
de prensa, la liberación de los cuatro periodistas
que actualmente se encuentran encarcelados y la firma y la
ratificación del pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos. Reporteros Sin Fronteras subraya que las
violaciones masivas de los derechos humanos en Cuba supondría
inmediatamente sanciones para el país, en virtud del
artículo 96 de los acuerdos de Cotonu.
-
Que se proporcione un apoyo concreto efectivo a las agencias
independientes de prensa.
A
las autoridades de Washington :
-
Que levanten el embargo impuesto a Cuba desde hace más
de cuarenta años. En el plano de la defensa de los
derechos humanos, esta medida resulta contraproducente porque
sirve de pretexto a las autoridades cubanas para reprimir
cualquier oposición, y burlar las libertades fundamentales.
Al despertar simpatía en el seno de la comunidad internacional,
su carácter unilateral da legitimidad a un régimen,
en el que las violaciones de los derechos humanos forman parte
de una política deliberada.
Reporteros
Sin Fronteras recomienda igualmente a la prensa de los países
democráticos :
-
Que colabore con los periodistas independientes, entre otras
cosas publicando sus crónicas y artículos. Esa
colaboración, aparte de una ayuda económica,
significaría un reconocimiento de su trabajo y permitiría
romper el aislamiento en que se encuentran confinados.
Reporteros
sin Fronteras (RSF) defiende a los periodistas encarcelados
y la libertad de prensa en el mundo, o sea el derecho de informar
y estar informado, en conformidad con el artículo 19
de la Déclaración Universal de Derechos Humanos.
RSF cuenta con nueve secciones nacionales (Alemania, Austria,
Bélgica, España, Francia, Reino Unido, Italia,
Suecia y Suiza), con representaciones en Abidyán, Bangkok,
Buenos Aires, Estambul, Montreal, Moscú, Nueva York,
Tokio, y Washington, y con un centenar de corresponsales en
el mundo.
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Reporteros sin fronteras 2002
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