Informe
2004: Cuba
60 Asamblea
General de la SIP.
Antigua, Guatemala, 22 - 26 de octubre 2004.
El gobierno ha anulado por 45 años
la libertad de prensa y permanece ajeno
a los reclamos internacionales por la liberación
de los periodistas presos y el respeto a
la dignidad ciudadana en la isla.
No ha habido un solo indicio de sensibilidad
y corrección por parte del régimen
cubano frente a los numerosos llamamientos
de jefes de Estado y gobierno, personalidades
mundiales, organizaciones humanitarias y
religiosas, y entidades profesionales sobre
los 32 periodistas condenados a penas entre
27 y 3 años de prisión, y
el resto de los encarcelados en marzo de
2003.
El pasado 26 de abril, dos periodistas
que permanecían en arresto desde
marzo del 2002 sin ser procesados, fueron
finalmente juzgados por un tribunal de Ciego
de Ávila bajo acusaciones de desacato
a la figura de Fidel Castro, desacato policial
y desorden público. Carlos Brizuela
Yera, del Colegio de Periodistas Independientes
de Camagüey, fue condenado a 3 años
de prisión, y Léster Téllez
Castro, de la Agencia de Prensa Libre Avileña,
a 3 años y 6 meses.
El juicio transcurrió con un sorpresivo
incidente respecto al acusado Téllez
Castro, quien reconoció haber colaborado
como agente de la Seguridad del Estado,
pero dijo sentirse arrepentido y denunció
la manipulación orquestada por la
policía política en torno
al proceso judicial, en lo que activistas
de la oposición consideraron un fiasco
para los fines propagandísticos del
gobierno.
En este período las autoridades
cubanas pusieron en libertad, el 8 de junio,
al periodista Carlos Alberto Domínguez,
de 51 años e integrante de la agencia
Cuba Verdad. Domínguez permaneció
detenido desde el 23 de febrero del 2002
por presuntas actividades de desobediencia
civil, pero fue liberado sin que se le formularan
cargos formales. Está afectado por
una migraña crónica.
Además, fueron beneficiados con
el otorgamiento de licencias extrapenales
por razones humanitarias Carmelo Díaz
Fernández, de 66 años, el
periodista de mayor edad entre los arrestados,
y Manuel Vázquez Portal, de 53 años.
Díaz Fernández presenta graves
problemas cardiovasculares, mientras que
Vázquez Portal tiene serias afectaciones
pulmonares, hipertensión y trastornos
nerviosos.
Para ambos periodistas la licencia extrapenal,
amparada en el Decreto-Ley 62 de 1987, comprende
el cumplimiento de la condena en reclusión
domiciliaria, pero sin suprimirles la sanción
penal.
Sin embargo, el caso de mayor gravedad
entre los periodistas enfermos, Oscar Espinosa
Chepe, de 64 años, no ha sido favorecido
con una licencia humanitaria. Después
de su reclusión por meses en una
celda del hospital militar de La Habana,
el pasado septiembre se le envió
a la sala médica de la prisión
del Combinado del Este.
La obstinación gubernamental apunta
al poeta y periodista Raúl Rivero,
vicepresidente regional de la Comisión
de Libertad de Prensa e Información
de la SIP. Su imagen de intelectual encarcelado
es la más reconocida entre los 75
opositores de la llamada Primavera de Cuba.
Su causa es objeto de campañas internacionales,
sus libros de poemas y crónicas se
traducen y publican en varios idiomas, mientras
que ciudades europeas lo declaran bajo su
protección y hasta le otorgan el
asilo político por adelantado.
Como resultado del hacinamiento por once
meses en una celda húmeda y tapiada,
Rivero, de 59 años, ha sido diagnosticado
con una neumopatía inflamatoria y
una enfermedad pulmonar obstructiva crónica,
con tendencia predominante a enfisema pulmonar.
En varias ocasiones ha tenido que cumplir
tratamiento en la enfermería del
penal de Canaleta, Ciego de Ávila,
o en un hospital cercano. Ha perdido 80
libras de peso y no han faltado hostigamientos,
empujones y hasta golpes de carceleros y
sus enviados.
Durante el presente año sólo
se le permitió acceder al pabellón
conyugal en dos ocasiones. Se le ha impedido
contraer matrimonio por la Iglesia Católica
y adoptar a una menor que se ha criado en
su casa, con el cariño de él
y de su esposa, Blanca Reyes. A Reyes las
autoridades le impidieron viajar a Belgrado
el pasado mayo para recibir en nombre de
Rivero el Premio de Libertad de Prensa de
la UNESCO 2004.
En fecha reciente las autoridades penitenciarias
amenazaron incluso con abrirle una nueva
causa por una supuesta violación
de la disciplina interna y añadirle
cinco años a su condena de 20.
La renuencia del régimen cubano a
liberarlo, ofrecerle una licencia humanitaria
por su estado de salud o trasladarlo a una
prisión más cercana al hogar
tiene razones de alta política. Raúl
Rivero ha sabido llevar la poesía
cívica y el periodismo hasta límites
de compromiso, transparencia y comunicación
que no han conocido otras expresiones literarias
dentro de Cuba en los últimos treinta
años. Para un creador de su estirpe,
la experiencia personal de la cárcel
se transformará sin dudas en una
estación nutricia de sus poemas y
crónicas, y en un testimonio demoledor
sobre el totalitarismo cubano.
Actos de acoso y hostigamiento contra los
periodistas encarcelados suman más
de una decena desde el pasado abril.
A comienzos de año el gobierno cubano
había iniciado el traslado de prisioneros
del Grupo de los 75 a centros penitenciarios
de su provincia de residencia o de provincias
aledañas, lo que a primera vista
pudo interpretarse como una iniciativa humanitaria.
Sin embargo, un mes después el proceso
se paralizó y una veintena de presos
-entre ellos diez periodistas- quedaron
sin beneficiarse de este "acercamiento"
a sus hogares. Curiosamente, la mayoría
de los presos no trasladados son aquellos
cuyas esposas, madres e hijas han estado
más activas en protestas públicas
y denuncias sobre la situación de
sus familiares a través del movimiento
conocido como las "Damas de Blanco"
(identificadas así por el color de
sus ropas).
La Seguridad del Estado busca incluso impedir
la presencia de estas mujeres en sus tradicionales
reuniones dominicales en la Iglesia de Santa
Rita, en La Habana, programando visitas
familiares y llamadas telefónicas
en los mismos horarios que esas manifestaciones
suelen producirse.
Una de las líderes de este movimiento,
Laura Pollán, esposa del periodista
Héctor Maseda, ha sido citada este
año en seis oportunidades por el
jefe del Grupo de Enfrentamiento a las Ilegalidades
del Instituto Nacional de la Vivienda en
La Habana, bajo amenazas de perder el inmueble
si no presenta ciertos documentos exigidos
ahora por ese organismo estatal. La vivienda,
ubicada en una céntrica barriada
habanera, se ha convertido en un espacio
aglutinador de mujeres con familiares presos.
Allí se hospedan las esposas que
vienen del interior para cumplir visitas
y se realiza periódicamente un Té
Literario, donde se actualiza la situación
de los presos a través de cartas,
poemas y testimonios enviados desde las
cárceles. Pollán encabeza
además una campaña de recogida
de firmas para solicitar una amnistía
general de los prisioneros políticos.
Otras denuncias de las prisiones que se
reportaron en el semestre son las siguientes:
El 7 de mayo, Normando Hernández
González, condenado a 25 años,
fue golpeado y arrastrado brutalmente por
agentes de Seguridad del Estado en la prisión
Kilo 5 ½, en Pinar del Río.
Tras la golpiza, Hernández fue confinado
a una celda de castigo por más de
100 días.
El 11 de agosto, Fabio Prieto Llorente,
condenado a 20 años, se declaró
por tercera vez en huelga de hambre, en
protesta por sus condiciones de detención.
El periodista fue trasladado a la Prisión
de Kilo 8, Camagüey. Allí fue
ubicado en una celda con delincuentes comunes.
El 1ro. de septiembre, el periodista Víctor
Rolando Arroyo, sancionado a 26 años,
fue vejado por oficiales de la prisión
provincial de Guantánamo. Luego lo
internaron en una celda de castigo, donde
permaneció por 15 días.
El 13 de octubre, seis carceleros de la
prisión de Kilo 8, Camagüey,
propinaron una golpiza a Juan Carlos Herrera,
condenado a 20 años, quien reclamaba
sus derechos dentro del penal. Herrera estaba
esposado con las manos en la espalda cuando
fue golpeado. Las contusiones le dejaron
señales visibles en los pómulos,
la boca y la parte posterior de la cabeza.
Es el segundo maltrato físico que
recibe el periodista desde agosto, cuando
fue también golpeado durante el traslado
desde otra prisión de menor rigor.
El movimiento de prensa independiente ha
logrado mantener activos a unos treinta
reporteros en La Habana y otras ciudades
del interior del país, aunque las
condiciones son de precaria sobrevivencia.
Las principales agencias de noticias fueron
desmanteladas tras la ola represiva de marzo
de 2003 y apenas han podido reestructurarse
algunos focos de creatividad profesional.
Los boletines y revistas artesanales que
llegaron a producirse y circular dentro
de la isla, no han podido ver la luz en
el último año. Algunos desafían
las adversidades y hacen llegar sus reportes
a Cubanet, Nueva Prensa Cubana, Encuentro
en la Red y otras paginas digitales especializadas
en asuntos cubanos, así como a Radio
Martí y emisoras locales de Miami.
En septiembre, ocho periodistas de la Agencia
Cubana Independiente de Información
y Prensa Lux Info Press anunciaron la emisión
de un noticiero para prensa digital, con
reportes investigados por el grupo y otras
entregas permanentes de colaboraciones.
Al empeño de revistas como Cubanet
y Carta de Cuba, conformadas con textos
de periodistas independientes, se ha sumado
Enepecé, publicación mensual
que edita desde mayo la agencia Nueva Prensa
Cubana, en Miami, y que también envía
ejemplares para su distribución y
circulación dentro de la isla.
Las advertencias y represalias del aparato
policial son incesantes. Una modalidad represiva
en boga es obligar a los periodistas a firmar
cartas de compromiso abjurando de sus labores
informativas, so pena de ser encausados
bajo la Ley de Protección de la Independencia
Nacional y la Economía de Cuba (Ley
88), la llamada "ley mordaza"
de 1999?.
Jaime Leygonier, periodista de la agencia
CubaPress se ha enfrascado en gestiones
legales ante el Ministerio de Educación
y el Tribunal Supremo de la nación,
reclamando se respete su derecho a la patria
potestad de la hija menor. En virtud de
las posiciones disidentes del periodista,
la escuela primaria donde estudia la niña
ha tomado partido a favor de la madre y
ha relegado la autoridad paterna, prohibiéndole
el acceso al lugar y la comunicación
con su hija.
Otras acciones represivas denunciadas en
el período son las siguientes:
El 22 de mayo, la periodista María
Elena Alpízar fue detenida por agentes
policiales cuando se encaminaba a la Iglesia
de Santa Rita en La Habana para reportar
la asistencia de las Damas de Blanco. Las
autoridades procedieron a deportarla a Placetas,
su ciudad de residencia, y a multar con
500 pesos a una activista que le brindó
alojamiento en La Habana.
El 1ro. de julio, Gilberto Figueredo, corresponsal
de la agencia Lux-Info-Press en La Habana,
fue interceptado por agentes policiales
en plena vía pública y obligado
a abordar un auto patrullero. Fue conducido
a una unidad de la Policía Nacional,
donde se le interrogó sobre sus actividades
disidentes. Luego de cuatro horas de detención,
se le confeccionó un "acta de
advertencia" por supuestos delitos
cometidos en violación de la Ley
88.
También en julio fueron citados
por la Seguridad del Estado de sus respectivas
provincias, Héctor Riverón,
de la agencia Libertad en Las Tunas, y Jesús
Álvarez Castillo, corresponsal de
CubaPress en Ciego de Ávila, para
mostrarles copias de sus informaciones enviadas
al extranjero, con la advertencia de que
podían ser encausados por difundir
"propaganda enemiga".
El 22 de julio en Isla de la Juventud,
el periodista Carlos Serpa Maceira fue visitado
en su casa por un agente de la Seguridad
del Estado que lo conminó a subir
en su motocicleta. Fue conducido hasta una
zona rural apartada, a varios kilómetros
de su hogar, donde el agente lo amenazó
con "meterle dos tiros si continuaba
difundiendo mentiras" hacia el exterior.
El 5 de agosto, Isabel Rey, de la agencia
CubaPress, fue citada por la Seguridad del
Estado del poblado La Esperanza, Villaclara.
Se le acusó de "repartir propaganda
enemiga" y se le obligó a firmar
un documento en el que se comprometía
a dejar sus actividades periodísticas
y reportes a la radio en Miami so pena de
ser encausada.
Una citación similar recibió
el 24 de septiembre en Aguada de Pasajeros,
Cienfuegos, el subdirector de la agencia
Línea Sur Press, Juan González
González. Un oficial lo amenazó
con encarcelarlo y, tras una hora de interrogatorio,
fue advertido de un virtual encausamiento
penal si continuaba enviando informaciones
a Radio Martí y otras emisoras radicadas
en Miami.
El 2 de septiembre, las autoridades impidieron
a última hora la salida de Cuba de
la periodista María Elena Rodríguez,
quien tiene visa para emigrar con su hijo
de 12 años a EE.UU. El niño
está perdiendo paulatinamente la
visión como consecuencia de una negligencia
médica en Cuba, y recibirá
tratamiento especializado en un hospital
infantil de Miami.
El periodista Bernardo Arévalo Padrón,
de 39 años, fundador de la agencia
Línea Sur Press en la provincia de
Cienfuegos, quien cumplió una condena
de seis años por acusaciones de desacato
a la figura de Fidel Castro y del vicepresidente
Carlos Lage, salió en libertad en
noviembre del 2003 y poco después
obtuvo una visa de refugiado político
para viajar con su esposa a Estados Unidos,
adonde planificaba arribar el pasado 25
de agosto. Sin embargo, la Sección
de Intereses de EE.UU en La Habana les revocó
los visados en los días previos a
la fecha de viaje, sin derecho a apelar
el caso.
En una carta fechada el 6 de julio, firmada
por un funcionario estadounidense de seguridad
interna, se le informó al periodista
que la Sección de Intereses había
recibido información sobre presuntos
actos de "persecución política"
cometidos por él contra un ciudadano
cubano opuesto al régimen. Arévalo
asegura que las autoridades estadounidenses
se han dejado arrastrar por "infundios
de la Seguridad del Estado" contra
su persona, dañando su reputación
como ex prisionero de conciencia. Es impreciso
si la cancelación está motivada
por el cargo de sargento del Ministerio
del Interior cubano que Arévalo ostentó
entre 1987 y 1990, antes de romper con el
régimen y sumarse a las filas opositoras.
El disidente afirma que nunca ha ocultado
ese dato biográfico.
Arévalo padece actualmente de un
enfisema pulmonar y trastornos cardíacos,
y tiene pendiente una operación del
tabique nasal, fracturado durante una golpiza
en la cárcel. Tras la negativa estadounidense,
también Francia rechazó su
petición de una visa humanitaria.
El 21 de agosto, el gobierno de EE.UU comenzó
a transmitir las señales de Radio
y Televisión Martí mediante
el uso de un avión C-130 de las Fuerza
Aérea norteamericana. Las transmisiones,
que se realizan semanalmente por varias
horas, tienen lugar desde el espacio territorial
de EE.UU y buscan romper el bloqueo impuesto
por Cuba a las señales de esas emisoras,
dirigidas a informar a la población
de la isla. El gobierno cubano calificó
este hecho como parte de "una escalada
en la agresión radioeléctrica
contra el pueblo cubano" y plasmó
su queja en un reciente informe a la Asamblea
General de Naciones Unidas.
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