La Maquinaria Represiva de Cuba / Human Rights
Watch
En un discurso del 4 de abril de 1997, el Presidente Fidel Castro instó
a las masas a combatir la "indisciplina" favorecida por el "enemigo"
y demostrada por la "inmigración ilegal" a La Habana, y anunció
que el Estado estaba planeandodetener dicho movimiento. Justificó dichas
medidas explicando que el libre traslado a la capital podría poner en
peligro la seguridad de Cuba debido a la falta de control estatal de las
identidades de los residentes y huéspedes de La Habana. El derecho
internacional de derechos humanos garantiza el derecho a la libertad de
movimiento dentro de las fronteras de un país y el derecho a entrar y
salir del país natal. El Presidente Castro apeló a los Comité
para la Defensa de la Revolución (CDR), grupos pro gubernamentales que
han participado en intimidaciones de opositores al Gobierno, para que
colaboraran con la policía recopilando información sobre
residentes de La Habana. El Presidente también mencionó los
problemas de hacinamiento, exceso de construcción y delincuencia como
resultado del aumento de la presión demográfica en La Habana. El
22 de abril de 1997, el Presidente Castro firmó el Decreto 217, que
establecía regulación para la emigración interna a La
Habana.
En el texto del Decreto 217 se explica que las restricciones del movimiento
interno se deben a problemas de salud, bienestar y orden público. Aunque,
en ciertas circunstancias, estos problemas justifican restricciones limitadas
del movimiento, las declaraciones previas del Presidente Castro en las que señala
el interés del Gobierno en minimizar la "indisciplina" y
mantener un control estricto del movimiento de ciudadanos por motivos de
seguridad pone en entredicho la motivación del Gobierno al promulgar el
Decreto 217. A finales de abril de 1997, la prensa cubana anunció que más
de 1.600 "residentes ilegales" de La Habana había sido
regresados a sus provincias de origen "utilizando métodos
persuasivos." A mediados de mayo, muchos más residentes de La Habana
habían sido informados por el Gobierno de que contaban con 48 horas para
regularizar su situación en la ciudad o tendrían que pagar multas
y enfrentarse a la obligación deregresar inmediatamente a sus lugares de
origen. El hecho de que el Gobierno concediera plazos sumamente breves a los
residentes de La Habana para demostrar la legitimidad de su presencia en la
capital planteó la preocupación adicional de si las autoridades
cubanas estaban asegurando suficientemente las garantías del debido
proceso. En junio de 1998, el Gobierno de Cuba informó que 27.717
personas habían salido de La Habana desde la entrada en vigor de la ley,
aunque estas salidas no se debían necesariamente a su aplicación,
mientras que 22.560 personas se habían trasladado a La Habana, por lo que
el descenso neto de población era de unos 5.000 residentes menos. Aunque
los diplomáticos señalaron que la ley no había conducido a
redadas y destierros masivos, los emigrantes cubanos a La Habana manifestaron su
frustración al no poder elegir su lugar de residencia y ante el aumento
de las demandas policiales de sus documentos personales y prueba de residencia "legal."
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