Informe
anual 2004 sobre libertad religiosa en Cuba
(No hubo
cambios en la situación religiosa
imperante)
Servicio
noticioso desde Washington. Departamento
de Estados de Estados Unidos. 15 de septiembre
de 2004.
A continuación una traducción
de la sección sobre Cuba del Informe
anual sobre Libertad Religiosa Internacional
en 2004, publicado por el Departamento de
Estado de Estados Unidos:
(comienza el texto)
Informe anual sobre Libertad Religiosa
Internacional en Cuba en 2004 Publicado
por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos
y Trabajo, Departamento de Estado de Estados
Unidos
Cuba:
La Constitución reconoce el derecho
de los ciudadanos de profesar y practicar
cualquier credo religioso dentro del marco
del respeto a la ley. Sin embargo, en la
ley y en la práctica el gobierno
pone restricciones a la libertad de religión.
Durante el período que abarca este
informe, no hubo cambio alguno del estado
de respeto hacia la libertad religiosa.
La situación general de los derechos
humanos siguió siendo pésima
a raíz del encarcelamiento en 2003
por parte del gobierno de 75 activistas
de derechos humanos y periodistas independientes,
las medidas de castigo más severas
en más de dos décadas. Por
lo general, los grupos religiosos que no
están inscritos siguieron experimentando
la interferencia, el hostigamiento y la
represión oficiales en grados diversos.
Algunos grupos religiosos no inscritos no
sólo fueron objeto de la censura
oficial, sino también enfrentaron
presiones de los grupos religiosos inscritos.
Sigue sin cambios la política del
gobierno cubano de permitir que las actividades
religiosas apolíticas tengan lugar
en lugares autorizados por el gobierno.
Sin embargo, aquellos ciudadanos que rinden
culto en las iglesias oficialmente autorizadas
fueron con frecuencia sometidos a la vigilancia
de las fuerzas de la Seguridad del Estado
y continuaron los esfuerzos del gobierno
por mantener un fuerte control sobre la
religión. Hubo cierta tensión
entre las religiones, a menudo porque algunos
grupos religiosos percibían que otros
estaban demasiado cerca del gobierno. Las
tensiones internas del movimiento pentecostal
siguieron empeorando debido a que se establecieron
casas de culto, paso que algunas iglesias
consideraron divisionista.
El gobierno de Estados Unidos plantea a
funcionarios del gobierno cubano cuestiones
de derechos humanos, inclusive la discriminación
y el hostigamiento por motivo de religión;
sin embargo, el gobierno cubano ha hecho
caso omiso de estas preocupaciones. El gobierno
de Estados Unidos insta continuamente a
la presión internacional para que
el gobierno cubano cese sus prácticas
represivas. La Sección de Intereses
de Estados Unidos en La Habana sigue manteniendo
contacto asiduo con diversos líderes
religiosos.
Sección I. Demografía
religiosa
La superficie total del país es
de 110,860 kilómetros cuadrados,
y su población es de aproximadamente
11 millones de habitantes. No existen fuentes
de información independientes y confiables
sobre el tamaño o la composición
de las instituciones religiosas y sus afiliados.
Una encuesta de 1953 indicaba que el 93
por ciento de la población se identificaba
como católica romana. Según
información más reciente del
Instituto Puebla, con sede en Estados Unidos,
se estima que entre el 40 y 45 por ciento
de la población se identifica, por
lo menos nominalmente, con la iglesia católica.
Un número importante de ciudadanos
comparten o han participado en creencias
sincréticas afrocaribeñas,
como la santería. Algunas fuentes
estiman que hasta 70 por ciento de la población
practica la santería o la regla Lucumí,
ambas con raíces en la religión
tradicional de Africa Occidental.
Los bautistas, representados en cuatro
convenciones distintas, son posiblemente
la denominación protestante más
grande, seguidos de cerca por las iglesias
pentecostales, en particular las Asambleas
de Dios. Veintidós denominaciones,
entre ellas los presbiterianos, episcopales
y metodistas, son miembros del Consejo Cubano
de Iglesias (CCI). Casi todos los miembros
del CCI son reconocidos por el Estado aunque
varios, entre ellas la Iglesia Evangélica
Luterana, no están inscritos y sólo
son reconocidos mediante su condición
de miembros del CCI. Otras 31 denominaciones
oficialmente reconocidas, inclusive miembros
de los Testigos de Jehová y una pequeña
comunidad judía, no pertenecen al
CCI.
Si bien la mayor parte de la población
se considera católica romana, históricamente
el país ha tenido una sociedad mayormente
laica, sin características religiosas
particularmente fuertes. Las autoridades
de la iglesia católica normalmente
estiman que un 10 por ciento de los católicos
bautizados asisten a misa regularmente.
La cifra de miembros en iglesias protestantes
se estima en 500.000. No hay cifras disponibles
sobre el número de pentecostales.
Los adventistas del Séptimo Día
han indicado que sus miembros ascienden
a unos 30.000. En años anteriores
al 2001 la asistencia a las iglesias había
aumentado en algunas denominaciones, y en
la iglesia católica aumentó
bastante después de la visita del
Papa en enero de 1998. Durante por lo menos
seis a ocho meses después de la visita
del Papa la asistencia a las iglesias alcanzó
niveles inusitadamente elevados. Desde esa
fecha se ha estabilizado en niveles menores
del pico de 1999, pero siguen siendo más
altos que antes de la visita.
Actualmente hay unos 320 sacerdotes católicos
en el país, 40 diáconos y
650 monjas, menos de la mitad que antes
de 1960. Las cifras generales de los funcionarios
eclesiásticos son sólo ligeramente
superiores a las de antes de la visita papal,
ya que la mayoría de los recién
llegados reemplazaron a sacerdotes jubilados
o a aquellos cuyo período de ministerio
en el país había terminado.
Los grupos misioneros extranjeros operan
en el país a través de las
iglesias inscritas.
Sección II. Estado
de la libertad religiosa
Marco legal y político
La Constitución reconoce el derecho
de los ciudadanos de profesar y practicar
cualquier credo religioso dentro del marco
del respeto de la ley. Sin embargo, en la
ley y la práctica el gobierno impone
restricciones a la libertad de religión.
La iglesia y el estado han estado separados
constitucionalmente desde principios del
siglo XX. En 1992, se enmendó la
Constitución y se eliminaron las
referencias al materialismo científico
y al ateísmo. El gobierno no favorece
a ninguna religión o iglesia en particular;
sin embargo, parece ser más tolerante
con aquellas iglesias que mantienen relaciones
estrechas con el Estado a través
del CCI.
El gobierno exige que las iglesias y otros
grupos religiosos se inscriban en el Registro
provincial de Asociaciones, del Ministerio
de Justicia, para obtener reconocimiento
oficial. Los procedimientos de inscripción
exigen que los grupos identifiquen donde
realizarán sus actividades, demuestren
que disponen de fondos suficientes para
realizar las mismas y obtengan certificación
del Registro de Asociaciones que demuestre
que no están duplicando las actividades
de algún grupo anteriormente inscrito.
Aunque durante el período que abarca
este informe no se inscribieron nuevas denominaciones,
el gobierno ha tolerado algunas nuevas religiones
en la isla, como la Fe Baha'i y una peque?a
asamblea de la Iglesia de Jesucristo de
los Santos de los Ultimos Días (Mormones).
Sin embargo, en la práctica, el gobierno
parece haber interrumpido la inscripción
de nuevas denominaciones; no obstante, durante
el período que abarca este informe
no se tiene conocimiento de grupos que hayan
solicitado inscribirse y hayan sido denegados.
La inscripción permite a los funcionarios
eclesiásticos conseguir permiso oficial
para viajar al extranjero y recibir a visitantes
extranjeros, así como recibir impresos
religiosos importados a través del
CCI y reunirse en lugares de culto oficialmente
reconocidos. Por el contrario, los miembros
de los grupos religiosos no inscritos tienen
que pedir permisos de salida individuales,
conseguir sus materiales religiosos por
medios extraoficiales y arriesgar el cierre
de sus espacios de reunión que, técnicamente,
son ilegales.
Junto con las iglesias reconocidas, la
organización humanitaria católica
Cáritas, los masones, los grupos
de derechos humanos y las diversas fraternidades
o entidades profesionales incipientes son
las únicas asociaciones que están
fuera del control o la influencia del Estado,
el Partido Comunista y sus organizaciones
de masa. Las autoridades siguieron ignorando
las solicitudes de otros grupos para ser
reconocidos legalmente y, por lo tanto,
sometieron a sus miembros a posibles acusaciones
de asociación ilegal, aunque no se
registraron acusaciones de este tipo al
finalizarse el período que abarca
este informe.
El principal contacto del gobierno con
las denominaciones religiosas es por medio
de la Oficina de Asuntos Religiosos del
Partido Comunista de Cuba. El ministerio
del Interior sigue participando en tareas
de control y vigilancia de las instituciones
religiosas del país, lo cual incluye
la vigilancia, infiltración y hostigamiento
de profesionales religiosos y de laicos.
En enero, un periodista independiente entrevistó
a un antiguo funcionario del ministerio
del Interior que informó de la infiltración
gubernamental generalizada en las organizaciones
civiles y religiosas. El ex funcionario
reveló que los grupos religiosos
afrocaribeños fueron objeto de una
mayor infiltración aun mayor que
la de las organizaciones políticas
de oposición. Ello se debe a que
algunos estimados indican que el 70 por
ciento de la población practica estas
religiones en alguna de sus formas y, por
lo tanto, estos grupos de base suponen una
mayor "amenaza" de base al gobierno.
El gobierno ha aliviado las restricciones
que pesan sobre la mayoría de las
denominaciones religiosas reconocidas oficialmente.
Los miembros de Testigos de Jehová,
en un tiempo considerados "enemigos
activos religiosos de la revolución",
tienen permitido hacer proselitismo discreto
casa por casa y, por lo general, no son
objeto del hostigamiento gubernamental abierto,
aunque siguió habiendo informes esporádicos
de hostigamiento por parte de funcionarios
locales del Partido Comunista y el gobierno.
El gobierno ha permitido asambleas pequeñas
de Testigos de Jehová y en marzo
de 2003 autorizó una reunión
enorme de casi 7.000 personas. También
ha permitido la apertura de una oficina
central en La Habana y la publicación
de la revista del grupo y otros impresos
religiosos.
Los materiales e impresos religiosos tienen
que importarse a través de un grupo
religioso inscrito y solo pueden ser distribuidos
a grupos religiosos oficialmente reconocidos.
El CCI controla la distribución de
Biblias a sus miembros y a otras denominaciones
oficialmente reconocidas. El CCI informa
que ha distribuido 1,5 millones de biblias
desde 1998. Las biblias se distribuyen entre
las varias denominaciones según la
cifra de miembros de cada iglesia. Varias
diócesis católicas y grupos
laicos publican revistas, entre ellas "Palabra
Nueva", de la arquidiócesis
de La Habana y "Vitral", de la
diócesis de Pinar del Río.
Ninguna de estas publicaciones está
inscrita en el Ministerio de Cultura, como
lo exige la ley. El gobierno no ha impedido
la impresión o distribución
de revistas católicas; no obstante,
el estado impide el acceso a los equipos
tipográficos al encarecer los precios
o restringir su venta. El gobierno acusó
al redactor titular de una revista de exhibir
comportamiento subversivo por escribir sobre
cuestiones políticas y sociales delicadas.
Desde 1992 el Partido Comunista ha admitido
como afiliados a personas que declaran públicamente
su fe religiosa.
El gobierno no autoriza la educación
religiosa en las escuelas públicas
y no permite que haya escuelas privadas
de ningún tipo, inclusive escuelas
religiosas.
Durante el período que abarca este
informe, el gobierno permitió a 9
sacerdotes y 18 monjas extranjeros ingresar
en el país para reemplazar a sacerdotes
y monjas cuyos permisos de residencia habían
vencido. Sin embargo, las solicitudes de
otros 60 sacerdotes y 130 monjas siguen
pendientes. La Conferencia de Obispos Católicos
calcula que algunas solicitudes han estado
en trámite durante dos o tres años
y con el tiempo algunos nombres se suprimen
de la lista. Al final del período
que abarca este informe quedaba pendiente
un pedido de la Conferencia de Obispos Católicos
al gobierno de permitir que se establezcan
en el país 15 órdenes católicas,
demora que los obispos sostenían
limitaba la formación de los seminaristas
católicos.
En septiembre de 2003, la Oficina de Asuntos
Religiosos del Partido Comunista avisó
a Pablo Fuentes, un cura católico
de nacionalidad española que se encontraba
en la provincial de La Habana, que el gobierno
no prolongaría su autorización
de permanecer en el país. El padre
Fuentes abandonó el país el
30 de septiembre de 2003. A principios de
2003 las autoridades revocaron la autorización
que tenía Fuentes de celebrar una
procesión en conmemoración
de la festividad del santo patrón
de la ciudad de Managua, debido a que Fuentes
era considerado "poco fiable",
debido supuestamente a que sus actividades
religiosas eran demasiado visibles y, por
lo tanto, el gobierno las consideraba polémicas.
Restricciones a la libertad religiosa
A principios de la década de los
sesenta, la ideología marxista leninista
del gobierno provocó fuertes enfrentamientos
con las iglesias institucionales. Durante
ese período muchos líderes
eclesiásticos y profesionales religiosos
abandonaron el país, temiendo ser
perseguidos. Más de 130 trabajadores
religiosos católicos, inclusive sacerdotes,
fueron expulsados, y algunos de ellos sirvieron
prolongadas condenas de prisión.
Entre 1965 y 1967 el gobierno obligó
a muchos sacerdotes, párrocos y otros
"que hacían de la religión
una forma de vida" a cumplir trabajos
forzosos en campos denominados Unidades
Militares de Ayuda a la Producción
(UMAP), junto con homosexuales, vagabundos
y otros considerados como "lacra social"
por el régimen. El sistema UMAP terminó
en 1967; sin embargo, en los 30 años
siguientes el gobierno y el Partido Comunista
discriminaron sistemáticamente y
marginaron a las personas que profesaban
abiertamente su fe, al excluirlas de ciertos
empleos, como la enseñanza. Aunque
a principios de la década de los
noventa el gobierno desistió de su
ateísmo oficial, la mayoría
de las iglesias habían quedado gravemente
debilitadas y la participación activa
en los servicios religiosos había
disminuido drásticamente.
Un manual de 2002 del Ministerio de las
Fuerzas Armadas sobre adoctrinamiento político
describe la iglesia católica como
"instrumento decisivo en la defensa
de los regímenes coloniales y neocoloniales
que gobernaron nuestro país hasta
1959 [año de la revolución].
Este hecho histórico es lo que ocasionó
las condiciones del sentimiento anticlerical
en sectores amplios de nuestra sociedad".
El mismo documento declara que la iglesia
católica está resignada al
"triunfo de la Revolución"
y centra ahora su atención en utilizar
su labor pastoral y ayuda humanitaria para
lograr nuevos adeptos.
En febrero de 2003, el arzobispo de La
Habana emitió una carta pastoral
en la que lamentaba la disolución
de las familias cubanas y las presiones
exorbitantes por emigrar, y pidió
al gobierno que hiciera el cambio de "políticas
de venganza" a "políticas
de compasión".
En marzo de 2003 la Conferencia Cubana
de Obispos Católicos publicó
una carta abierta en la revista italiana
'30 Giorni" en la que criticó
a la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido
Comunista cubano por ejercer un control
estricto sobre las actividades de la iglesia
católica, en especial las restricciones
de educación religiosa y acceso de
la Iglesia a los medios de comunicación
de masas. En septiembre de 2003, la Conferencia
de Obispos Católicos emitió
un documento en el que acusó al gobierno
de imponer restricciones más fuertes
sobre la iglesia y la sociedad desde la
visita del Papa Juan Pablo II y pidió
al gobierno que mostrara clemencia con los
prisioneros políticos.
Funcionarios del gobierno criticaron a
la iglesia católica por negarse a
inscribir las publicaciones religiosas y
de grupos laicos en el ministerio de Cultura,
como lo exige la ley. La Conferencia Cubana
de Obispos Católicos indicó
que la Iglesia se niega a inscribirse porque
ello le obligaría a ceder control
al Estado del contenido y formato de sus
publicaciones.
La ley permite la construcción de
nuevos templos una vez obtenidos los permisos
necesarios. Sin embargo, el gobierno rara
vez ha autorizado los permisos de construcción,
lo que obliga a muchas iglesias a solicitar
permisos para reunirse en domicilios particulares.
La mayoría de los grupos religiosos
inscritos reciben permiso para rendir culto
en domicilios particulares. Si desean reedificar
y reparar los templos existentes requieren
también un permiso. El trámite
para obtener un permiso y comprar los materiales
de construcción de los centros del
gobierno es un proceso lento y oneroso.
En enero de 2004 el patriarca ecuménico
ortodoxo Bartholomew y Fidel Castro presidieron
la consagración en La Habana de una
iglesia de la pequeña comunidad griega
ortodoxa, acontecimiento que los medios
informativos gubernamentales tildaron de
indicio de la tolerancia religiosa del gobierno.
Un sitio electrónico Web del gobierno
utilizó un informe noticioso sobre
la visita del Patriarca Bartholomew como
"prueba" de que la crítica
de Amnistía Internacional sobre restricciones
religiosas era una "mentira".
En 2001 la agencia noticiosa italiana ANSA
informó que los dirigentes provinciales
del Partido Comunista les habían
pedido a las autoridades que limitaran las
tareas caritativas y donativos de los grupos
religiosos. Por lo visto, los funcionarios
del partido consideraban que las iglesias,
en especial la iglesia católica,
habían logrado el apoyo de la comunidad
por medio de esas actividades, lo que amenazaba
el mandato continuo del Partido Comunista.
Luego de la publicación del artículo,
los dirigentes del Partido Comunista de
La Habana supuestamente pidieron disculpas
a la jerarquía de la iglesia católica.
Luego del reclamo en 2000 por parte los
pentecostales en relación a los misioneros
extranjeros no autorizados (ver Sección
III), el CCI ha seguido pidiendo que las
organizaciones eclesiásticas extranjeras
los ayuden a controlar los misioneros extranjeros
y les prohíban de establecer iglesias
pentecostales no autorizadas. En mayo de
2004, Reineiro Arce, el influyente ex presidente
del CCI, declaró que hasta 70 grupos
religiosos extranjeros se habían
establecido en el país en años
recientes para "aprovechar la difícil
situación económica y dar
a sus párrocos hasta 100 dólares
por mes". Afirmó que estos grupos
nuevos son parte de una estrategia del gobierno
de Estados Unidos de socavar el gobierno
cubano y que los grupos no son iglesias
sino "sectas y grupos que vienen a
destruir la labor de la iglesia".
Los funcionarios religiosos tienen permiso
para visitar a los presos, sin embargo los
funcionarios de las cárceles a veces
niegan visitas a ciertos presos políticos.
En septiembre de 2003, los agentes de la
prisión Kilo 8 en la provincia de
Camagüey amenazaron con suspender las
visitas familiares a nueve presos políticos
que se leían la Biblia en voz alta.
Para que pueda haber una visita religiosa
el prisionero tiene que presentar una petición
por escrito, que debe ser aprobada por el
director de la cárcel. Algunos prisioneros
informaron que los funcionarios de la prisión
ignoraron peticiones escritas reiteradas
para visitas religiosas. En las celdas de
castigo los presos tienen prohibido materiales
de lectura, inclusive biblias.
El gobierno siguió aplicando una
norma que le impide a toda empresa cubana
o conjunta, excepto las que tienen autorización
específica, vender computadoras,
máquinas de facsímil, fotocopiadoras
u otros equipos a cualquier iglesia a precios
al por menor que no sean los oficiales,
que son exorbitantes. Además, el
gobierno niega el acceso a la internet a
ciertos grupos religiosos, entre ellos la
iglesia católica, que considera poco
fiable. El gobierno controla la internet
y cualquier grupo que desee acceso legal
está sujeto a los controles del mismo.
Durante los últimos cinco años
la iglesia católica ha pedido al
gobierno permiso para acceder a la internet;
no obstante, siempre se le ha negado el
permiso.
Los miembros de las fuerzas armadas no
asisten a ceremonias religiosas con uniforme,
seguramente para evitar posibles reprimendas
de sus superiores.
La enseñanza es laica y no se permiten
centros educativos religiosos. Tampoco está
permitida la enseñanza religiosa
en escuelas públicas. Anteriormente,
alumnos y maestros infamaban a estudiantes
que manifestaban su creencia religiosa,
y eran castigados por llevar crucifijos
o traer biblias y otros materiales religiosos
a la escuela. En algunos casos, a estos
estudiantes se les prohibía asistir
a instituciones de educación superior
o estudiar ciertas especialidades; sin embargo,
desde hace poco, se les permite a estudiantes
que manifiestan su fe religiosa asistir
a instituciones de educación superior.
Las iglesias ofrecen clases de enseñanza
religiosa a sus feligreses. Los funcionarios
de la iglesia católica informan que
la cantidad de niños que asisten
a clase de catequesis sigue disminuyendo,
en su mayor parte debido a otras actividades
que normalmente programan las autoridades
escolares locales. No hubo ningún
informe de padres de familia que fueron
impedidos en enseñar religión
a sus hijos.
Hay funcionarios eclesiásticos que
conocen casos en que las personas religiosas
han padecido discriminación, debido
a la ignorancia o a prejuicios personales
por parte de un funcionario local. Las personas
religiosas tienen problemas a la hora de
encontrar empleo en ciertas profesiones,
como por ejemplo en la enseñanza.
A los grupos religiosos se les exige presentar
una solicitud pidiendo permiso al dirigente
local del Partido Comunista antes de realizar
procesiones o actos fuera de los edificios
religiosos. En julio de 2003, funcionarios
del Partido Comunista en la ciudad de Habana
Oriental prohibieron una procesión
por motivo de la festividad de la Virgen
del Carmen porque el cura de la parroquia
era amigo de Oswaldo Paya, dirigente del
Movimiento de Liberación Cristiana.
Funcionarios del Partido Comunista dijeron
al cura que debía informar a su congregación
que el gobierno había suprimido la
procesión precisamente por su amistad
con Paya.
En septiembre de 2003, por sexto año
consecutivo, el gobierno permitió
una procesión vinculada a las misas
en honor de la festividad de Nuestra Señora
de la Caridad, en La Habana. Una serie de
activistas religiosos y de otro tipo participaron
en la procesión. Las autoridades
permitieron 50 procesiones en total por
todo país por motivo de la festividad
de Nuestra Señora de la Caridad,
aunque negó permiso a 14 otras procesiones
debido a que éstas últimas
se hacían oir política y socialmente
y, por lo tanto, no seguían los lineamientos
de la política del gobierno.
Hubo otras procesiones vecinales pequeñas
en provincias durante el período
que abarca este informe. Por ejemplo, el
gobierno permitió un procesión
en mayo del 2004 en la ciudad de Managua,
a donde acudieron cientos de participantes.
Abusos de la libertad religiosa
El gobierno vigila a todos los grupos religiosos,
inclusive las instituciones inscritas y
ya establecidas. Las autoridades también
vigilan las publicaciones que administra
la iglesia. Continuó el hostigamiento
gubernamental de las casas de culto particulares,
y las denominaciones evangélicas
denunciaron desalojos de casas usadas con
ese propósito. Según los funcionarios
del CCI, la mayor parte de las casas particulares
de culto clausuradas no estaban inscritas
por lo tanto, técnicamente, eran
ilegales.
El ministerio del Interior sigue realizando
actividades de control y supervisión
de las actividades religiosas y emplea vigilancias,
infiltraciones y hostigamiento contra grupos
y profesionales religiosos y laicos. Continuaron
registrándose informes esporádicos
sobre el acoso por parte de funcionarios
del Partido Comunista y el gobierno contra
Testigos de Jehová. No obstante,
las autoridades eclesiásticas señalaron
que la cifra de incidentes disminuyó.
Funcionarios de seguridad del estado prestaron
visitas a algunos sacerdotes y párrocos
previo a actos religiosos importantes, supuestamente
para advertirles que los disidentes intentaban
"utilizar a la Iglesia". Sin embargo,
algunos críticos afirmaron que estas
visitas se realizaban con el objeto de fomentar
la desconfianza entre las iglesias y los
activistas de derechos humanos o en pro
de la democracia. Durante el período
que abarca este informe, agentes de seguridad
del Estado advirtieron a las esposas de
varios prisioneros políticos que
serían detenidas si asistían
a misa en la iglesia católica de
Santa Rita en La Habana junto con otras
esposas de prisioneros políticos.
Según se informa, funcionarios del
ministerio del Interior se sentaron cerca
de las esposas de prisioneros políticos
durante la misa con el fin de intimidarlas.
Algunas de las mujeres siguieron yendo a
misa juntas cada semana, pero comentaron
que temían represalias del gobierno
contra sus maridos encarcelados o contra
sí mismas. En muchas iglesias, sobre
todo en la iglesia de Santa Rita, la Conferencia
de Obispos Católicos calcula que
el número de agentes de seguridad
del Estado que asisten a misa para intimidar
a las esposas de los prisioneros políticos
ha ido en aumento. También ha habido
informes de funcionarios de prisión
que cambian las fechas y horas en que las
esposas pueden llamar por teléfono
a sus maridos los domingos por la mañana,
obligando de ese modo a las esposas a tener
que elegir entre hablar con sus esposos
o ir a misa.
En junio de 2004 el gobierno le prohibió
a la iglesia católica La Pastora,
en Santa Clara, distribuir medicamentos
y jabón donados. Funcionarios del
gobierno advirtieron a la iglesia que ese
tipo de actividades estaban prohibidas puesto
que daban lugar a reuniones públicas
ilegales.
En el 2000, uno de los directores principales
de una revista de la iglesia católica
fue calificado como "conocido contrarrevolucionario"
en un editorial importante del periódico
del Partido Comunista. En abril de 2003,
durante los juicios sumarios de 75 prisioneros
políticos detenidos en marzo de ese
mismo año, el gobierno calificó
a la misma revista de "literatura subversiva".
No hubo informes de religiosos presos o
detenidos.
Conversión religiosa obligatoria
No hubo informes acerca de conversiones
religiosas obligatorias, inclusive de ciudadanos
estadounidenses menores de edad secuestrados
o sacados ilegalmente de Estados Unidos,
ni informes acerca de que el gobierno rehusara
permiso a dichos ciudadanos de regresar
a Estados Unidos.
Abusos por parte de organizaciones
terroristas
No hubo informes sobre abusos contra religiones
determinadas por parte de organizaciones
terroristas durante el período que
abarca este informe.
Sección III.
Posturas sociales
Por lo general, las personas que se reconocen
religiosas se definen como católicas
romanas, aunque pocas asisten habitualmente
a misa. El catolicismo sigue siendo un referente
cultural importante desde la época
colonial. Tras 40 años del régimen
vigente las posturas sociales, incluido
el modo de concebir la religión,
se ven fuertemente condicionadas por la
postura de Fidel Castro y otros dirigentes
del gobierno y del partido en el poder.
La decisión del gobierno de permitir
e incluso ofrecer cierto apoyo a la visita
papal de 1998 realzó considerablemente
la percepción pública de que
manifestar la fe religiosa era de nuevo
una postura aceptable. Fidel Castro afianzó
aun más este punto de vista, sobre
todo entre los partidarios del Partido Comunista
y funcionarios de gobierno, al afirmar de
modo insincero en discursos televisados
y transmitidos por radio que la revolución
cubana "nunca" había acosado
a creyentes religiosos.
Hubo cierta tensión entre las religiones,
a menudo porque algunos grupos religiosos
percibían que otros se arrimaban
demasiado al gobierno. Las tensiones internas
del movimiento Pentecostal empeoraron debido
a que se establecieron casas de culto particulares,
medida que algunas iglesias consideraron
divisoria, y que resultó en medidas
gubernamentales contra los fieles pentecostales.
Además, los miembros pentecostales
del CCI se han quejado de que las actividades
de predicación de los misioneros
extranjeros no autorizados han motivado
a algunos miembros de sus iglesias a establecer
denominaciones nuevas sin los permisos necesarios.
(véase la Sección II).
El CCI es el único cuerpo ecuménico
reconocido por el gobierno. Consta de varias
denominaciones protestantes, incluida la
pentecostal, y participa en diálogos
con la iglesia católica y la comunidad
judía. El CCI y el gobierno por lo
general mantienen una relación de
apoyo mutuo.
Sección IV. Política
del gobierno de Estados Unidos
La política del gobierno de Estados
Unidos hacia Cuba consiste en alentar una
transición rápida y pacífica
a la democracia y el respeto a los derechos
humanos, entre ellos la libertad religiosa.
El gobierno de Estados Unidos fomenta también
el desarrollo de la sociedad civil, lo que
incluye el fortalecimiento de las instituciones
religiosas. La Sección de Intereses
de Estados Unidos en La Habana mantiene
contacto regular con los diferentes líderes
y comunidades religiosas del país,
y apoya las iniciativas de ayuda de organizaciones
no gubernamentales a favor de grupos religiosos.
El gobierno de Estados Unidos procura periódicamente
facilitar los viajes de personas religiosas
al país y del mismo y el reparto
de bienes y materiales donados que a veces
se entregan a las instituciones religiosas.
La Sección de Intereses de Estados
Unidos ha planteado ante funcionarios del
gobierno cuestiones relativas a los derechos
humanos, entre ellas la discriminación
y el hostigamiento religiosos; sin embargo,
el gobierno cubano ha desestimado estas
preocupaciones. La Sección de Intereses
informa sobre casos de discriminación
y hostigamiento por motivo de religión
y el gobierno de Estados Unidos sigue instando
presión internacional a que el gobierno
cubano cese sus prácticas represivas.
15 de septiembre de 2004
(termina el texto)
(Distribuido por la Oficina
de Programas de Información Internacional
del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Sitio en la Web: http://usinfo.state.gov)
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