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Amnestía
Internacional.
CUBA
República de Cuba
Jefe del Estado y del gobierno: Fidel Castro
Ruz
Capital: La Habana
Población: 11,2 millones de habitantes
Idioma oficial: español
Pena de muerte: retencionista
Tratados
ratificados o firmados en el 2000: Protocolo Facultativo de la Convención
de la onu sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación
de niños en los conflictos armados; Protocolo Facultativo de la
Convención de la onu sobre la Mujer
Continuó la represión contra individuos y grupos
que ejercían pacíficamente su derecho a la libertad de
expresión, asociación y reunión. La concesión
de la libertad condicional a algunos presos de conciencia hizo surgir
la esperanza de que el gobierno estuviera relajando su actitud hacia
los disidentes, pero las nuevas condenas impuestas, unidas a la
intensificación de la represión durante los últimos
meses del año 2000, echaron por tierra ese optimismo. Los
periodistas, los opositores políticos y los defensores de los
derechos humanos sufrieron un fuerte acoso. Varios centenares de
personas, de las que al menos 13 eran presos de conciencia,
permanecían encarceladas por delitos políticos. Las
autoridades siguieron utilizando las detenciones breves, el arresto
domiciliario, las amenazas y el acoso para acallar la disidencia
política y desalentar a los disidentes. Los tribunales
siguieron dictando condenas de muerte.
Información general
En Cuba, la represión de la disidencia está
legitimada por la Constitución y el Código Penal. Se
han utilizado de forma generalizada cargos por delitos contra la
seguridad del Estado, como la «propaganda enemiga», o
delitos contra la autoridad, como el «desacato», para
silenciar a quienes critican al gobierno. Y hay otros cargos, como la
«peligrosidad», que están poco definidos y son
susceptibles de ser utilizados indebidamente por motivos políticos.
Algunos disidentes han sido declarados culpables de delitos comunes
por cargos que, según se cree, eran falsos y habían sido
imputados a los disidentes para desacreditarlos a ellos o a sus
organizaciones, o como represalia por manifestar de forma pacífica
sus convicciones. En ocasiones, los disidentes detenidos han
permanecido recluidos sin juicio durante largos periodos o han sido
declarados culpables tras juicios que no cumplían las normas
internacionales de justicia procesal.
Continuó el embargo estadounidense contra Cuba. El
gobierno cubano siempre ha alegado que privar a los disidentes de
las libertades fundamentales de expresión, asociación y
reunión está justificado, pues es necesario para
mantener la unidad del país frente a las fuerzas extranjeras
hostiles. Aunque el Mandato de Amnistía Internacional no permite
a la organización adoptar postura alguna respecto al embargo de
Estados Unidos contra Cuba o cualquier otro tipo de sanción,
Amnistía Internacional reconoce que el embargo ha aumentado las
penurias en Cuba y ha contribuido, por ejemplo, a que las condiciones
de reclusión sean deficientes. No obstante, la organización
mantiene que todos los Estados, independientemente de las amenazas
exteriores a las que deban hacer frente, están obligados a cumplir
con los deberes expuestos en la Declaración Universal de Derechos
Humanos, incluido el deber de respetar las libertades
fundamentales.
Presos de conciencia
Al concluir el año 2000 había identificados al menos
13 presos de conciencia que permanecían encarcelados. Amnistía
Internacional estaba también investigando los casos de varios
posibles presos de conciencia, incluidos otros 13 individuos que
fueron detenidos durante el periodo de represión a finales de año.
* Ángel Moya Acosta y Julia Cecilia Delgado fueron
declarados culpables de «desacato» y condenados a un año
de prisión. Habían sido detenidos en las redadas masivas
que tuvieron lugar en diciembre, en los días que precedieron al
aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
* Víctor Rolando Arroyo Carmona, periodista, fue condenado en
enero a seis meses de prisión por reunir juguetes que planeaba
regalar a niños. Fue declarado culpable de «acaparamiento».
Su condena parecía estar motivada por su trabajo para la
agencia independiente de noticias Unión de Periodistas y
Escritores Cubanos Independientes y sus presuntos vínculos con
grupos de opositores al gobierno exiliados en Miami, Estados Unidos. Su
detención en enero tuvo lugar durante un periodo de represión
de la disidencia, tras la Cumbre Iberoamericana celebrada en La Habana.
Quedó en libertad en julio tras cumplir su condena.
* En julio, Nestor Rodríguez Lobaina, presidente del grupo no
oficial Movimiento de Jóvenes Cubanos por la Democracia, fue
declarado culpable de «desacato», «desórdenes públicos»
y «daños». Eddy Alfredo Mena y González, otro
miembro del Movimiento, fue juzgado junto con él por los mismos
cargos. Nestor Rodríguez fue condenado a seis años y dos
meses de prisión, y Eddy Alfredo Mena a cinco años y un mes.
* El doctor Oscar Elías Biscet González, presidente de la
Fundación Lawton de Derechos Humanos, organización
humanitaria considerada ilegal por las autoridades cubanas, fue
condenado a tres años de prisión el 25 de febrero. Había
sido detenido inicialmente el 3 de noviembre de 1999 y acusado de «ultraje
a los símbolos de la patria», delito castigado con una pena máxima
de un año de prisión. Según los informes, el cargo
se le imputó porque había colgado de medio lado una bandera
cubana en el balcón de su casa durante una conferencia de prensa
celebrada en su propio domicilio el 28 de octubre de 1999. La petición
fiscal presentada contra él en febrero del 2000 incluía
otros dos cargos: «desórdenes públicos» e «instigación
a delinquir».
Excarcelaciones
A varios presos de conciencia les concedieron la libertad
condicional.
* Marta Beatriz Roque, Félix Bonne Carcasés y René
Gómez Manzano, pertenecientes al llamado «Grupo de los
Cuatro», fueron puestos en libertad condicional en mayo. Los
cuatro miembros del Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna para
el Análisis de la Situación Socio-Económica Cubana
llevaban bajo custodia desde julio de 1997. En 1999 fueron condenados a
penas de entre tres años y medio y cinco años de prisión
por el cargo de «sedición», en virtud de las leyes de
seguridad del Estado. El cuarto miembro del grupo, Vladimiro Roca Antúnez,
continuaba en prisión.
* Orestes Rodríguez Horruitiner, condenado a cuatro años
de prisión en 1997 por «propaganda enemiga», quedó
en libertad condicional en abril tras cumplir parte de su condena.
Fue procesado tras encontrarse en su casa publicaciones que las
autoridades consideraban contrarrevolucionarias.
Disidentes recluidos sin juicio
Varios miembros y partidarios de grupos de oposición fueron
recluidos sin juicio. Más de 100 fueron detenidos en los días
que precedieron al 10 de diciembre y recluidos brevemente.
* Maritza Lugo Fernández, vicepresidenta de la formación
política no autorizada Partido Democrático 30 de
Noviembre «Frank País», fue detenida el 23 de diciembre
de 1999. Tenía previsto participar en una procesión
religiosa para celebrar la Navidad, pero fue detenida junto con otras
seis personas, las cuales quedaron todas en libertad al cabo de unos días.
Maritza Lugo se puso dos veces en huelga de hambre para protestar por su
detención y su reclusión sin cargos. Finalmente fue acusada
de «desórdenes públicos», pero no fue juzgada. La
pusieron en libertad el 1 de junio, más de cinco meses después
de su detención. Maritza Lugo Fernández volvió a
ser detenida el 15 de diciembre y permanecía recluida al concluir
el año.
* Ángel Moya Acosta y los hermanos Guido y Ariel Sigler Amaya,
todos ellos miembros del grupo ilegal Movimiento Opción
Alternativa, fueron detenidos el 15 de diciembre de 1999 tras haber
participado cinco días antes en unas manifestaciones pacíficas
celebradas en el pueblo de Pedro Betancourt, provincia de Matanzas,
para conmemorar el 51 aniversario de la Declaración Universal de
Derechos Humanos. Aunque los acusaron de «resistencia», «desórdenes
públicos» e «instigación a delinquir», no
los juzgaron. Guido Sigler Amaya fue excarcelado y puesto bajo arresto
domiciliario en junio, y en julio quedó en libertad. Ariel
Sigler Amaya y Ángel Moya Acosta quedaron en libertad el 7 de
agosto. Ángel Moya Acosta fue detenido de nuevo en diciembre y
condenado a un año de prisión por «desacato» (véase
supra).
Pena de muerte
Cuba mantiene la pena de muerte para un gran número de
delitos. Al menos ocho personas fueron condenadas a morir fusiladas en
el año 2000, y al terminar el año había al menos
20 presos condenados a muerte. La preocupación por la pena
capital se veía acrecentada por el hecho de que las autoridades
no respetaban sus propias garantías de justicia procesal,
especialmente el derecho a contar con una defensa adecuada. A Amnistía
Internacional le resulta muy difícil mantener bajo observación
la aplicación de la pena de muerte en Cuba, ya que las condenas y
las ejecuciones rara vez se hacen públicas. * Jorge Luis Rodríguez
Mir, que en todo momento ha afirmado su inocencia, fue condenado a
muerte por el asesinato de un policía en noviembre de 1999. Según
informes, sufre esquizofrenia y epilepsia y, durante su estancia en prisión,
se mutiló las manos de tal manera que tuvieron que amputárselas.
Los informes indican que, aunque en el juicio se tomó en
consideración su enfermedad, las autoridades decidieron no
tenerla en cuenta en el momento de dictar sentencia, lo cual es contrario
a las normas internacionales.
* Osmany Brito Cartaya, Alberto Díaz Pérez, Julio
Alberto Morales Montero, Morlaix Nodal Pozo, Reidel Rodríguez
Reyes y Héctor Santana Vega fueron condenados a muerte en un juicio
celebrado en febrero del 2000; en diciembre de 1999 habían
participado en un intento de fuga de la Prisión Provincial de
Ciego de Ávila en el que murieron cinco guardias penitenciarios.
Los seis condenados ejercieron su derecho automático de apelación
ante el Tribunal Supremo Popular, que confirmó las condenas,
y a continuación sus casos fueron remitidos al Consejo de Estado
cubano. Todos ellos permanecían recluidos en la prisión más
segura de Cuba, la Prisión Nacional de Régimen Especial, en
la provincia de Camagüey.
* Edimir Torres Sifonte fue condenado a muerte el 25 de enero por la
violación y asesinato de una joven. En mayó apeló
contra su declaración de culpabilidad, pero, según
los informes, dicha declaración fue confirmada.
* José Hassán Rojas fue condenado a muerte por asesinato
en julio. Al concluir el año aún estaba pendiente su
apelación ante el Tribunal Supremo Popular.
Condiciones de reclusión
Según los informes, las condiciones de reclusión
seguían siendo deficientes, y en algunos casos constituían
trato cruel, inhumano y degradante. Al parecer, muchos presos tenían
problemas de salud a causa de la falta de higiene y la deficiente atención
médica.
Informes y visitas de Amnistía Internacional
Informes
Cuba: Detenciones breves y hostigamiento de disidentes (Índice
AI:AMR 25/004/2000/s)
Cuba: Presos de conciencia. Las nuevas
condenas ensombrecen las excarcelaciones (Índice AI: AMR
25/021/2000/s)
Visitas
Amnistía Internacional visitó Cuba por última vez en
1988. Desde entonces, el gobierno no ha respondido a las
peticiones de la organización para que se le permita entrar en el
país.
Source: Amnesty International, International Secretariat, 1 Easton
Street, WC1X 0DW, London, United Kingdom
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