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Comité para la
Protección de los Periodistas. (Reporte completo)
CUBA
A lo largo del año 2002, numerosos periodistas cubanos fueron
hostigados, detenidos y amenazados con procesamientos o prisión, o vieron
restringida su libertad de movimiento. A algunos de ellos les confiscaron
materiales periodísticos o les interceptaron las llamadas telefónicas.
Con frecuencia, el gobierno impidió que los periodistas cubrieran las
actividades de la oposición, y los obligó a marcharse o a
permanecer en sus hogares bajo vigilancia. El organismo de Seguridad del Estado
también intentó manchar la reputación de varios periodistas
y dañar las relaciones con sus familias o sus colegas. En algunas
ocasiones, familiares de periodistas fueron objeto de hostigamiento o no
pudieron recibir servicios estatales.
La represión estatal siguió siendo más cruenta en las
provincias, lejos de la mirada de las corresponsalías extranjeras y los
cuerpos diplomáticos con sede en La Habana. Aunque algunos periodistas
independientes huyeron del país para escapar de la represión,
otros permanecieron y continúan trabajando en condiciones muy duras. Pese
a que las noticias de fuentes independientes no pueden circular dentro de Cuba,
donde el gobierno controla todos los medios de difusión, los periodistas
independientes informan a la comunidad cubana que vive en el extranjero y al
mundo en general acerca de los acontecimientos locales que la prensa estatal
decide ignorar.
Muchos medios extranjeros tienen corresponsalías en La Habana, pero
es difícil saber qué efecto ha tenido la presencia de éstas
en las acciones del gobierno en contra de la prensa independiente. Si bien los
periodistas extranjeros pueden informar acerca de las violaciones de los
derechos humanos, el gobierno ha calculado que puede influenciar la cobertura
internacional y beneficiarse al aparentar tolerancia. No obstante, el gobierno a
menudo somete a los corresponsales extranjeros a presiones sutiles y a veces no
tanto. En el pasado, el gobierno ha acusado a periodistas extranjeros de «difundir
insultos y mentiras contra la Revolución» y ha insinuado que podría
cerrar corresponsalías enteras en vez de expulsar a los periodistas de
forma individual. Los funcionarios del gobierno otorgan las visas a los
periodistas extranjeros de forma selectiva, y excluyen a los que pertenecen a
medios considerados hostiles, tales como el diario The Miami Herald. Algo aun más
significativo es que los cubanos no tienen acceso a las noticias procedentes del
exterior sobre su propio país.
En la más importante iniciativa que jamás se haya tomado para
desafiar al régimen, una coalición de grupos de la oposición
presentó en mayo el Proyecto Varela, consistente en una petición
sometida ante la Asamblea Nacional en la cual se solicita la reforma de las
leyes que violan los derechos humanos y otros derechos constitucionales. La
Constitución cubana permite que las peticiones avaladas por las firmas de
por lo menos 10 mil ciudadanos con derecho al voto, se presenten ante la
Asamblea Nacional para su consideración. Los organizadores del Proyecto
Varela reunieron más de 11 mil firmas y solicitaron un referéndum
nacional con cinco propuestas, una de las cuales exigía el derecho a la
libertad de expresión y de prensa. Como respuesta, el gobierno en junio
generó su propia iniciativa en respaldo a una reforma constitucional que
hiciera que el sistema socialista de Cuba fuera «irrevocable».
Mientras que la reforma apoyada por el gobierno fue adoptada con celeridad,
la Asamblea Nacional se ha negado a tratar el Proyecto Varela, el que ha
recibido un generalizado respaldo internacional.
La Sociedad de Periodistas Manuel Márquez Sterling, que fue fundada
en el 2001 y es la más activa de tres organizaciones de periodistas
independientes, siguió con su trabajo en el 2002 a pesar de la intimidación
del gobierno. En marzo, la asociación se vio obligada a suspender
temporalmente sus cursos de periodismo, luego de que a sus miembros se les
impidiera el acceso a las oficinas de la organización. La asociación
condenó el acoso y prometió continuar con las clases, cambiando de
horario y de sede para evadir la vigilancia policial. A fines de diciembre, la
asociación lanzó su revista, De Cuba, que publica artículos
de periodistas independientes.
El periodista Bernardo Arévalo Padrón, en la cárcel
desde 1997 por haber cometido «desacato» al presidente Fidel Castro y
al miembro del Consejo de Estado Carlos Lage en declaraciones dadas a
radioemisoras de Miami, fue trasladado en julio de un campamento de trabajo a la
tristemente famosa prisión de máxima seguridad de Ariza. Arévalo
Padrón continúa en prisión a pesar de que tiene derecho a
la libertad condicional desde octubre del 2000, y su salud se ha resentido como
consecuencia de su prolongado encarcelamiento. Durante un viaje de trabajo a
Cuba en mayo, Clarence Page, miembro del directorio del CPJ y columnista del
diario Chicago Tribune, visitó la Sociedad de Periodistas Manuel Márquez
Sterling y entregó medicamentos para Arévalo Padrón.
Carlos Alberto Domínguez, Léster Téllez Castro y Carlos
Brizuela Yera, periodistas que también son miembros activos de grupos de
oposición, han estado en prisión desde inicios del 2002. El CPJ ha
llegado a la conclusión de que estos periodistas fueron encarcelados
debido a su activismo en favor de los derechos humanos, más que por su
labor periodística. Un fiscal pidió al tribunal que condenara a Téllez
Castro y a Brizuela Yera a seis y cinco años de prisión
respectivamente. Se desconoce si se han formulado cargos en contra de Domínguez.
Los tres periodistas han escrito cartas desde prisión en las que
denuncian las durísimas condiciones carcelarias.
En diciembre, preocupado por la creciente popularidad de la revista
trimestral Encuentro de la cultura cubana, publicada por un grupo de exiliados
cubanos que viven en Madrid, España, el gobierno cubano acusó a la
publicación de ser «una operación política del
gobierno de los Estados Unidos». La revista sirve de foro para el debate
cultural y político a los cubanos de la isla y los que viven en el
exterior. Aunque la revista está prohibida en Cuba, sus ejemplares pasan
de mano en mano y tienen una gran demanda.
El gobierno continúa negando los permisos de salida a los periodistas
que han obtenido visas de gobiernos extranjeros para radicarse en otros países.
A otros periodistas invitados a conferencias y seminarios se les ha dicho que
solamente se les permitirá salir de Cuba si prometen no regresar nunca.
Jesús Joel Díaz Hernández, quien recibió el
Premio Internacional a la Libertad de Prensa del CPJ en 1999 mientras estaba en
prisión en Cuba, finalmente pudo recoger su distinción en la
ceremonia de noviembre del 2002. Díaz Hernández fue sentenciado a
cuatro años de prisión en 1999 por «peligrosidad» y fue
liberado en el 2001, luego de una intensa campaña del CPJ y de otros
grupos defensores de la libertad de prensa. Posteriormente Díaz Hernández
viajó a los Estados Unidos como refugiado político.
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