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Reporteros sin Fronteras.
5.02.2003
A pesar de que algunos periodistas independientes no dudan en hablar de la «
tolerancia » de las autoridades para con sus actividades, la política
represiva consigue plenamente sus objetivos : impedirles que difundan entre la
población informaciones no controladas. El encarcelamiento de otros tres
periodistas durante este año también obliga a relativizar esa «
tolerancia ». La aparición en la isla de una revista disidente, a
finales del año, es el primer desafío lanzado al monopolio estatal
sobre la información, después de muchos años.
En Cuba, un centenar de periodistas independientes, agrupados en una
veintena de agencias no reconocidas por las autoridades, intentan ejercer su
derecho a informar, a pesar de la prohibición dictada por las
autoridades. Sus actividades consisten fundamentalmente en la producción
de artículos que envían por fax o por teléfono a Estados
Unidos, para que se publiquen en algunos sitios de Internet, tales como
cubanet.org y nuevaprensa.org, y en Radio Martí, una emisora creada por
el gobierno norteamericano para emitir en la isla, cuyos programas interfieren
las autoridades.
En la primavera de 1999, un año después de la visita del Papa
a La Habana y la relativa calma que hubo a continuación, el régimen
se endureció contra la oposición y la prensa independiente. Tres años
más tarde, y según la opinión de algunos de ellos, los
periodistas independientes disfrutan hoy de un margen de tolerancia con sus
actividades. Pero esta tolerancia hay que relativizarla. En primer lugar porque,
en este año, fueron detenidos otros tres periodistas independientes.
Aunque fueron encarcelados ante todo por actos de militancia política o
de defensa de los derechos humanos, las autoridades también conocían
a los tres por sus actividades periodísticas, que ya les valieron el ser
detenidos o citados por la policía. Y después, porque esa
tolerancia se aprecia poco en las provincias, donde sigue siendo muy fuerte la
represión que ejercen las autoridades.
En virtud de la ley 88, los periodistas se ven frecuentemente amenazados con
ir a la cárcel. El texto, aprobado en febrero de 1999, establece hasta
veinte años de cárcel para cualquier persona que proporcione
informaciones susceptibles de servir a la política norteamericana. Por
otra parte, fueron detenidos una veintena de periodistas. De esta forma, las
autoridades quieren separarles del resto de la sociedad. Están
estrechamente vigilados por los Comités de Defensa de la Revolución
(CDR, organización oficial de barrio). Se ejercen presiones sobre sus
familiares. « He renunciado a cualquier relación sentimental para no
comprometer a nadie, y no ofrecer medios para que me presionen », explica
uno de ellos. Cuando algunos de esos periodistas terminan por resignarse al
exilio, se les presiona de nuevo. Las autoridades les someten a un chantaje
antes de entregarles la « carta blanca », que les permitirá
abandonar el país.
En realidad, esa tolerancia se inscribe en un marco claramente delimitado y,
a pesar de las apariencias, la represión consigue su objetivo : permitir
que el régimen preserve su monopolio, auténtico santuario, sobre
la información que reciben los cubanos. « Los medios masivos son de
carácter público, y no pertenecen, ni pueden pertenecer a
particulares », recordó el Líder máximo durante su
alocución del Primero de Mayo. La información que llega del
extranjero está igualmente controlada. Las antenas parabólicas,
confeccionadas artesanalmente por la población para captar los canales
extranjeros, son confiscadas frecuentemente en el transcurso de operaciones
policiales. Solo los turistas y los diplomáticos tienen acceso a la
prensa internacional. Los despachos y artículos que producen los
corresponsales extranjeros en La Habana se leen después de ser
publicados, y a sus autores se les advierte cuando la cobertura que han hecho no
es del agrado del gobierno.
En ese contexto, el espacio mediático lo ocupa exclusivamente la
prensa oficial, que solo difunde artículos o reportajes de propaganda,
elegidos, revisados y corregidos en función de los intereses ideológicos
del régimen. El Departamento de Orientación Revolucionaria, que
depende del Comité Central del Partido Comunista, es el autor de la
censura. En mayo, fue todo un acontecimiento la retransmisión de la
alocución de Jimmy Carter, en la que pedía al gobierno cubano la
legalización de la oposición interna y el reconocimiento de las
libertades de expresión y de asociación. Pronunciada en directo en
las radios y televisiones oficiales el 14 de mayo, la reprodujo íntegramente
la prensa escrita, el 16 de mayo. En su discurso, el ex presidente de Estados
Unidos y futuro Premio Nobel de la Paz, mencionaba igualmente la existencia del
proyecto Varela, una iniciativa de la oposición para que los cubanos
puedan pronunciarse sobre una revisión de su Constitución, en un
sentido más democrático. Esa fue una de las pocas ocasiones en que
la prensa oficial mencionó esta iniciativa. Para contrarrestarlo, el
gobierno organizó un gran referendum, que hace « irrevocable »
el carácter socialista de la Constitución. Entre otras cosas, el
proyecto Varela establecía el reconocimiento de la libertad de expresión.
Sin embargo los periodistas independientes, lo mismo que Osvaldo Paya, el
promotor del proyecto Varela que recibió, en diciembre, el Premio Sajarov
del Parlamento Europeo por su actuación en favor de los derechos humanos
y las libertades, se han ganado un reconocimiento en el extranjero. Para los
medios de comunicación internacionales su producción se ha
convertido en una fuente de informaciones sobre la realidad cubana.
El lanzamiento, el 19 de diciembre, del bimestral De Cuba, por la Sociedad
Manuel Márquez Sterling (una asociación ilegal de periodistas), es
un desafío al monopolio estatal de la información. Su difusión
es de momento confidencial, pero la acogida que le dispensen las autoridades
permitirá decir si se ha abierto realmente una era de tolerancia para la
prensa independiente.
A causa de la grave situación en Cuba, Reporteros Sin Fronteras
considera que el presidente Fidel Castro es uno de los predadores de la libertad
de prensa en el mundo.
Cinco periodistas encarcelados
El 23 de febrero de 2002, cuatro agentes de la Seguridad del Estado
detuvieron, en su domicilio de Arroyo Naranjo, un suburbio de La Habana, a
Carlos Alberto Domínguez, de la agencia independiente Cuba Verdad. El
periodista es también director del Instituto del Derecho y miembro del
Partido Democrático 30 de Noviembre, grupúsculos ilegales. Fue
detenido en la víspera de una misa conmemorativa, organizada por la
oposición. Después de haber estado detenido y hospitalizado en La
Habana, por problemas de hipertensión arterial, se encuentra internado,
desde el 29 de marzo, en la cárcel de « máxima seguridad »
de Valle Grande, a sesenta kilómetros de la capital. No se le ha imputado
ningún cargo preciso. Carlos Alberto Domínguez ha denunciado en
varias ocasiones las condiciones de su detención, y la utilización
que hacen las autoridades carcelarias de los presos comunes, para vigilar a los
detenidos políticos. El 2 de diciembre se supo, de fuentes cercanas a su
familia, que el periodista y militante político había sido
trasladado al hospital Salvador Allende de La Habana, a la sección
reservada para los detenidos. Desde hacía algún tiempo padecía
fuertes dolores de cabeza.
El 4 de marzo, Lester Téllez Castro, director de la Agencia de Prensa
Libre Avileña (APLA), y Carlos Brizuela Yera, colaborador de la agencia
Colegio de Periodistas Independientes de CamagŸey (CIPC), fueron golpeados
y posteriormente detenidos por unos agentes de las fuerzas del orden, junto con
ocho militantes de los derechos humanos, en Ciego de Avila (Centro). Ambos
periodistas participaban en una manifestación de protesta contra la
agresión policial a su colega Jesús Alvarez Castillo, de la
agencia Cuba Press. El 27 de agosto, la fiscalía de Ciego de Avila pidió
seis años de cárcel para Téllez Castro, y cinco años
para Brizuela Yera, por « desacato », « desorden público »,
« resistencia a la autoridad » y « desobediencia ». Lester Téllez
Castro se encuentra detenido en la cárcel de Canaleta (Ciego de Avila).
Su familia puede visitarle regularmente. Desde el mes mayo se niega tomar ningún
alimento de la cárcel, porque los considera infectos, teniéndose
que contentar con los paquetes que le lleva su familia. En varias cartas ha
denunciado las condiciones de detención en la cárcel de Canaleta.
El periodista ha llevado a cabo varias huelgas de hambre, para exigir mejoras.
Su compañera, Daymarelis Pérez, perdió su puesto de
directora de programas de Radio Surco, una emisora oficial local. Lester Téllez
Castro, que perdió la vista del ojo derecho cuando era niño, se
queja de estar sufriendo una opacidad en el otro ojo. El 12 de diciembre fue
trasladado a un hospital de La Habana. Carlos Alberto Brizuela Yera se encuentra
encarcelado en el Provisional Provincial de Holguín (Este). Tras haber
sacado de la cárcel, a finales de abril, unas cartas denunciando las
condiciones de vida impuestas a los detenidos, el periodista y su mujer, Ana Peláez
García, son víctimas de la hostilidad de los guardianes. «
Los dos tenemos que desnudarnos completamente antes de cada visita en el
locutorio, y nos hacen una minuciosa investigación corporal. Llegan
incluso a descosernos los dobladillos de la ropa, buscando mensajes. El
reeducador ya no me dirige la palabra », explica ella. A pesar de las
reiteradas demandas, al periodista no ha podido visitarle nunca su abogado.
Desde el mes de octubre parece que han mejorado ligeramente sus condiciones de
detención. En un documento, remitido a Naciones Unidas, las autoridades
cubanas subrayan que los dos periodistas tienen antecedentes penales, para
desacreditar su actuación e intentar justificar su encarcelamiento.
El 3 de agosto, Angel Pablo Polanco, de la agencia Noticuba, salió en
libertad tras cinco días de detención. Se encuentra bajo control
judicial y tiene que presentarse dos veces al mes, ante las autoridades
policiales. Angel Pablo Polanco sigue estando procesado por « instigación
a delinquir », « desacato hacia un agente del Estado » y «
ultraje a los símbolos de la nación ». Podrían
condenarle a entre uno y cuatro años de cárcel. No se le ha dado
ninguna explicación sobre el motivo de su proceso, ni tampoco se le ha
indicado la fecha en que se celebrará.
Por otra parte, un periodista detenido antes de 2002 continuaba detenido el
1 de enero de 2003.
Bernardo Arévalo Padrón, director de la agencia Línea
Sur Press, detenido el 18 de noviembre de 1997, fue condenado en apelación,
diez días más tarde, a seis años de cárcel por haber
calificado de « mentirosos » al presidente Fidel Castro, y al
vicepresidente cubano Carlos Lage, en las ondas de Radio Martí, una
emisora financiada por el gobierno norteamericano que emite en la isla. El
periodista les acusó de no actuar de acuerdo con los compromisos democráticos
firmados en una precedente Cumbre Iberoamericana. Después de haber sido
trasladado a numerosos campos de trabajo, Bernardo se encuentra internado, desde
el 16 de julio de 2002, en la cárcel de Ariza (Centro). Por lo que leen
en sus escritos, sus amigos temen que se haya degradado su salud mental. «
Ha cambiado mucho y sus relaciones tendrán dificultades para reconocerle,
cuando salga », confía una persona cercana. Sus relaciones con los
demás detenidos siguen siendo muy difíciles. Algunos de ellos le
hacen la vida imposible, para conseguir pequeños privilegios de la
administración penitenciaria. Su esposa, Libertad Acosta Díaz,
puede visitarle cada tres semanas. Su estado de salud se ha visto gravemente
afectado por las penosas condiciones de su detención. A principios de
diciembre de 2002 le diagnosticaron una leptospirosis, una enfermedad infecciosa
provocada por una bacteria que es parásito de muchos animales, y en
especial de los roedores. Desde octubre de 2000, Bernardo podría
disfrutar de una liberación anticipada, por haber cumplido la mitad de la
condena. Pero la administración penitenciaria se la niega « por su
falta de cooperación en el programa de reeducación ».
Veintitrés periodistas detenidos
El 13 de enero de 2002, Jorge Olivera Castillo, director de la agencia
Havana Press, y su esposa, fueron detenidos por la policía después
de haberse entrevistado con un funcionario de la Sección de Intereses
Norteamericanos, la representación oficial de Estados Unidos en La
Habana.
El 17 de enero, Omar Rodríguez Saludes, director de la agencia Nueva
Prensa, fue detenido cuando salía de la embajada de España, donde
había cubierto una reunión entre disidentes y un funcionario español.
Un agente de la Seguridad del Estado le interrogó acerca de sus
actividades, calificando su trabajo de « contrarrevolucionario ». Quedó
en libertad seis horas más tarde.
El 24 de febrero, María Elena Alpizar, corresponsal de la agencia
Noticuba en la provincia de Villa Clara (Centro-Oeste), fue detenida cuando iba
a cubrir una manifestación de una organización, no reconocida por
las autoridades. La periodista fue conducida, en automóvil, a una decena
de kilómetros de su domicilio, y posteriormente liberada.
El 28 de febrero, Lester Téllez Castro, director de la agencia APLA,
fue detenido en su domicilio, en Ciego de Avila (Centro), en compañía
de Carlos Brizuela Yera, colaborador de la agencia CIPC. Según la madre
de Lester Téllez Castro, los policías golpearon a ambos
periodistas en la cara. También se incautaron de algunos documentos y de
material perteneciente a su hijo. Carlos Brizuela Yera quedó en libertad
el 2 de marzo, y Lester Téllez Castro, al día siguiente por la
tarde.
El 3 de marzo, Mirley Delgado Bombino, de la agencia APLA, fue detenida en
las calles de Ciego de Avila, por dos policías que la llevaron a la sede
de la Seguridad del Estado, y amenazaron con hacer que la despidieran de su
empleo de enfermera en una consulta médica de la ciudad, si no ponía
fin a sus actividades periodísticas. Quedó en libertad tras dos
horas de interrogatorio.
El 18 de marzo, dos agentes de la Seguridad del Estado detuvieron a María
del Carmen Carro, colaboradora del sitio cubafreepress.org, cuando acompañaba
a su hermana al hospital. La periodista fue trasladada a una comisaría,
donde le interrogaron durante varias horas y le amenazaron con represalias, por
sus actividades disidentes. Oficialmente está procesada por «
instigación a delinquir ».
El 28 de abril fue detenido Miguel Galván Gutiérrez, de la
agencia Havana Press. Los policías montaron al periodista en un furgón
y le abandonaron a treinta y ocho kilómetros del pueblo de GŸines
(provincia de La Habana), donde reside. La víspera, un oficial de la
Seguridad del Estado advirtió a Miguel Galván Gutiérrez de
que podría « pasarle algo » si salía del pueblo.
El 3 de mayo, fue detenido Juan Carlos Garcell, corresponsal en Holguín
de la Agencia de Prensa Libre Oriental (APLO), una agencia de Santiago de Cuba
(Sudeste), cuando realizaba una entrevista, en un hospital de Holguín,
con la madre de una mujer embarazada que estaba a punto de morir. Le pusieron en
libertad una hora más tarde, después de haberle golpeado. Por la
noche, le detuvieron de nuevo, registraron su domicilio y se incautaron de
varios documentos. En el puesto de policía golpearon de nuevo a Juan
Carlos Garcell, y le amenazaron, antes de que quedara en libertad al día
siguiente por la tarde. El periodista fue detenido en otras tres ocasiones más
durante 2002, los días 11 de julio, 5 de agosto y 9 de diciembre.
El 12 de junio, Carlos Serpa Maceira, de la agencia Unión de
Periodistas y Escritores Cubanos Independientes (UPECI), fue detenido por la
Seguridad del Estado en una localidad de la Isla de la Juventud (Sudoeste),
mientras cubría una manifestación organizada por unos opositores.
Le interrogaron durante más de ocho horas y le amenazaron con la cárcel.
El 19 de junio, unos agentes de la Seguridad del Estado retuvieron de nuevo al
periodista, durante tres horas, en Nueva Gerona (Isla de la Juventud).
El 21 de junio, Yoel Blanco García, de la agencia independiente
Colegio de Periodistas Independientes de CamagŸey (CPIC), fue detenido en
su domicilio por unos agentes de la Seguridad del Estado, sin que le precisaran
el motivo de la detención. Interrogado durante cerca de tres horas, fue
amenazado con represalias si continuaba visitando a disidentes. A Yoel Blanco
García ya le habían detenido el 10 de julio, y amenazado con la cárcel
por « propaganda enemiga », cuando se disponía a cubrir un
meeting organizado por la disidencia.
El 24 de julio, tres agentes de la Policía Nacional Revolucionaria
detuvieron a Ernesto Roque Sintero, de la agencia Grupo de Trabajo Decoro, con
la excusa de que vivía ilegalmente en casa de su esposa, en La Habana.
Estuvo detenido durante todo el día y le amenazaron con mandarle a la cárcel.
En Cuba, todo el mundo tiene que vivir en la dirección que le asignan las
autoridades.
El 10 de agosto, Adela Soto Alvarez, corresponsal de la agencia Nueva Prensa
en Pinar del Río (Oeste), fue detenida por dos agentes de la Seguridad
del Estado, cuando se disponía a cubrir una manifestación de
opositores. Los policías subieron a la periodista en un vehículo y
después la abandonaron veinticuatro kilómetros más lejos.
Era la tercera vez, en dos meses, que detenían a la periodista.
El 16 de agosto, el periodista independiente Jesús García
Leyva fue detenido por la Seguridad del Estado en La Habana, cuando se disponía
a cubrir una manifestación organizada por la oposición. Al
periodista le amenazaron con un proceso judicial. Antes de dejarle en libertad,
le pusieron una multa de 30 pesos (1,5 euros).
El 28 de septiembre, Mario Enrique Mayo, director de la agencia Félix
Varela, con sede en CamagŸey (Centro), fue detenido en su domicilio por
unos agentes de la Seguridad del Estado, y posteriormente interrogado sobre una
información que publicó acerca de un ex militar. Interrogado sobre
sus fuentes, al periodista le amenazaron con la cárcel por «
ejercicio ilegal del periodismo », y después de seis horas le
dejaron en libertad.
El 10 de noviembre, fue detenido Pablo Pacheco, de la agencia Cooperativa
Avileña de Periodistas Independientes (CAPI). Durante el interrogatorio
le insultaron y amenazaron, por haber intentado filmar la detención, por
la policía, de dos mujeres en estado ebrio. Pasadas algunas horas, al
periodista le pusieron en libertad y le devolvieron su cámara, pero habían
borrado las imágenes del incidente.
El 7 de diciembre, Ana Leonor Díaz Chamizo, de la agencia Grupo de
Trabajo Decoro, recibió una citación de la Seguridad del Estado.
Durante diez horas, a la periodista la amenazaron con represalias, por sus
colaboraciones en Radio Martí. Un mes antes, fue citada por la policía
que amenazó con aplicarle la ley 88.
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